WASHINGTON – Un gerente de sala de un centro de llamadas de telemercadeo con sede en Costa Rica fue sentenciado hoy a 11 años en prisión por su participación en un ardid de fraude de telemercadeo masivo, contra miles de residentes de EE.UU., resultando en pérdidas de más de 10 millones de dólares para las víctimas, anunció hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División Criminal.
Juan Luis Llamas, 33, de Yuba City, Calif., fue sentenciado hoy por el Juez Federal de Distrito Frank D. Whitney del Distrito Oeste del Distrito de Carolina del Norte. El Juez Whitney también ordenó que Llamas pagara una restitución de 4.2 millones de dólares en forma conjunta y solidaria con sus co-conspiradores.
Llamas es el 30° demandado a ser sentenciado por cargos de conspiración y fraude electrónico provenientes de una serie de acusaciones formales emitidas por grandes jurados federales en Charlotte y Asheville, N.C. Llamas se declaró culpable el 26 de noviembre de 2007.
Las acusaciones formales en este caso acusan a los demandados de conspirar para defraudar a residentes de EE.UU., la mayoría de más de 55 años de edad, en millones de dólares, al hacerles creer que habían ganado un gran premio monetario en un "sorteo". De acuerdo con las acusaciones formales, se realizaron llamadas a las víctimas desde Costa Rica utilizando "Voice over Internet Protocol" (VoIP), el cual utiliza computadoras para realizar llamadas telefónicas por Internet, disimulando el origen geográfico de las llamadas. Se les informó a las víctimas que los llamantes eran, supuestamente, de una "Comisión de Seguridad de Sorteo" y que, para recibir su "premio", debían girar miles de dólares a Costa Rica para pagar un supuesto "cargo de seguro reembolsable". De acuerdo con la acusación formal, siempre y cuando las víctimas siguieran pagando, los co-conspiradores seguían pidiéndoles que enviaran más dinero.
Hasta la fecha, 33 demandados se han declarado culpables y tres han sido condenados en juicios con jurado. El 24 de septiembre de 2008, el propietario de la sala de telemercadeo Giuseppe Pileggi, 48, de Montreal, Canadá, fue sentenciado a 50 años en prisión y a la confiscación de 8.3 millones de dólares.
Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable.
La investigación está siendo realizada por una fuerza de tarea multi-agencias compuesta por autoridades de las fuerzas del orden público de Costa Rica, el Servicio de Investigación Postal de EE.UU., los Departamentos de Justicia y Comercio, junto con la División de Control de Inmigración y Servicios de Aduana del Departamento de Seguridad Nacional.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal de la Sección de Fraudes Peter B. Loewenberg y el Consejero en Litigios Principal Patrick M. Donley, con asistencia de la Especialista Paralegal Oneika Duncan y la Especialista Administrativa Legal Pamela Washington.
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