WASHINGTON – Una médica y una enfermera de Miami fueron sentenciadas hoy a 30 años y siete años de prisión, respectivamente, por su papel en un ardid fraudulento de infusiones para pacientes con VIH de 11 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División Criminal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida. La sentencia de prisión de 30 años es una de las condenas más largas aplicadas a un médico en un caso federal de fraude contra Medicare.
Ana Álvarez-Jacinto, 54, y Sandra Mateos, 44, fueron sentenciadas hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida por el Juez de Distrito Principal Federico Moreno. Además de sentencias a prisión, el Juez Moreno ordenó que tanto Álvarez-Jacinto como Mateos cumplan un período de tres años de libertad bajo supervisión después de su condena a prisión y paguen 8,289,286 en restitución al programa Medicare.
Álvarez-Jacinto y Mateos fueron halladas culpables por un jurado de Miami el 17 de octubre de 2008, después de un juicio de dos semanas por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, presentación de reclamos falsos y pago de comisiones ilícitas asociadas a la atención médica y un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica. Álvarez-Jacinto también fue condenada por tres cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare.
Evidencia presentada en el juicio estableció que las demandadas trabajaban en Saint Jude Rehab Center, Inc. (St. Jude), una clínica que alegaba especializarse en tratar a pacientes con VIH/SIDA. Evidencia presentada en el juicio estableció que St. Jude era operada y propiedad de Carlos y Luis Benítez, y administrada por las coconspiradoras condenadas Aisa Pereira y Mariela Rodríguez.
Según evidencia presentada en el juicio, en un período de cinco meses entre junio y noviembre de 2003, Álvarez-Jacinto, con asistencia de Mateos, solicitó cientos de tratamientos de infusión por VIH médicamente innecesarios en la clínica. La evidencia también probó que pacientes de Medicare VIH positivos eran llevados a la clínica por Carlos y Luis Benítez con el propósito de obtener pagos en efectivo a cambio de permitir a la clínica facturar tratamientos innecesarios. Los testimonios revelaron que Mateos y otros coconspiradores pagaron a los pacientes comisiones ilícitas en efectivo de aproximadamente 150 dólares por visita. Después de recibir su pago, los pacientes aceptaron permitir que Álvarez-Jacinto y sus coconspiradores prescribieran tratamientos innecesarios de infusión. Luego St. Jude facturó a Medicare aproximadamente 11 millones de dólares por los servicios innecesarios durante ese período de cinco meses. Por esos reclamos, Medicare pagó más de 8 millones de dólares a St. Jude.
"Este es un caso en que un médico brindó servicios médicos innecesarios en forma de infusiones a ‘pacientes’ reales simplemente para estafar a Medicare y ganar dinero fácilmente", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich. "Esta sentencia debe transmitir con claridad el mensaje de que los proveedores de atención médica que cometen fraude no escaparán a su responsabilidad por su estatus profesional".
"La facturaciones falsas a Medicare por servicios no brindados son un delito grave que diezma nuestros fondos limitados de Medicare. Y, lo que es aún peor es el hecho de que profesionales médicos como la médica y la enfermera sentenciadas hoy soliciten y realicen tratamientos médicamente innecesarios para rellenar facturas y ganar más dinero. Este tipo de conducta es imperdonable y será enjuiciada", dijo el Fiscal Federal R. Alexander Acosta.
"Se considera a los profesionales médicos como miembros respetados de la comunidad, pero cuando se rompe esa confianza, no son inmunes a tener que responsabilizarse por su conducta delictiva", dijo el Agente Especial a Cargo Jonathan I. Solomon de la Oficina en Miami del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. "Este caso demuestra que quienes eligen cometer fraude asociado a la atención médica, sin importar su estatus o puesto, serán responsabilizados por sus acciones".
"La Oficina del Inspector General está muy complacida con la sentencia de hoy y seguirá investigando activamente a quienes defraudan al sistema Medicare. No se tolerará este tipo de codicia, a expensas de los ciudadanos más vulnerables", dijo Christopher B. Dennis, Agente Especial a Cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Oficina del Inspector General – región de Miami.
Después del juicio, un anuncio publicado en El Nuevo Herald proclamó la inocencia de Álvarez-Jacinto y una carta firmada por la demandada incluida en el anuncio alentaba a miembros de la comunidad médica a escribir al tribunal en apoyo a su liberación de prisión. En la emisión de la sentencia, el Juez de Distrito Principal Moreno determinó que su testimonio había incurrido en el delito de perjurio, por lo que se incrementó su sentencia por obstrucción de la justicia.
Carlos Benítez, Luis Benítez y José Benítez fueron acusados formalmente el 11 de junio de 2008 por su papel en un ardid de infusiones para VIH y lavado de dinero que superó los 100 millones de dólares en reclamos presentados por St. Jude y otras clínicas. La acusación formal alega que Carlos, Luis y José Benítez fueron los autores intelectuales de un fraude a gran escala de infusión para VIH en todo el sur de Florida en el que participaron al menos 11 clínicas, entre ellas St. Jude, y que lavaron las ganancias de sus delitos. Los tres hermanos Benítez siguen fugitivos.
Una acusación formal es apenas un cargo y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable.
Este caso fue enjuiciado por el Abogado Litigante Principal Charles E. Duross y los Abogados Litigantes John K. Neal y Laura Perkins de la Sección de Fraude de la División Criminal. El caso fue investigado por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.
El caso fue entablado por la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare [Medicare Fraud Strike Force (MFSF)] La MFSF es un equipo multiagencia de fiscales y agentes federales, estatales y locales, diseñado para combatir el fraude contra Medicare. Las operaciones de la Fuerza de Ataque comenzaron en la zona de Miami el 1 de marzo de 2007. La MFSF está encabezada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División Criminal en Washington D.C., y la oficina del Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales han emitido acusaciones formales en 106 casos con 188 demandados, tanto en Los ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.
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