WASHINGTON – Jesús Pérez-Laguna, un ciudadano de México, fue sentenciado el 17 de julio de 2008 en un tribunal federal en Columbia, S.C., por cargos que surgen de una red de tráfico sexual que incluyó a por lo menos una adolescente. Pérez-Laguna fue sentenciado a más de 14 años en prisión y se le ordenó pagar una restitución de 52,500 dólares a sus víctimas. Después de haber sido liberado de la prisión, Pérez-Laguna estará en libertad bajo supervisión federal el resto de su vida.
Como condición de la libertad bajo supervisión, el Juez Federal de Distrito Joseph F. Anderson Jr. ordenó que Pérez-Laguna fuera entregado a agentes de inmigración para la realización del proceso de su deportación y que no regrese a los Estados Unidos durante su libertad bajo supervisión.
En abril, el codemandado de Pérez-Laguna, Ciro Bustos-Rosales, fue sentenciado a 70 meses en prisión, se le ordenó pagar restitución, y se le ordenó cumplir con términos y condiciones de liberación similares a los que incluye la sentencia de Pérez-Laguna.
Durante su audiencia de declaración de culpabilidad en septiembre de 2007, ambos hombres reconocieron haber estado involucrados en el transporte de una niña de 14 años de edad a través de la frontera entre los Estados Unidos y México y la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, con la finalidad de que la niña se dedicara a actividades de prostitución. Asimismo, ambos hombres admitieron haber refugiado a extranjeros ilegales para fines de prostitución.
"Los traficantes sexuales acechan a niñas jóvenes y mujeres vulnerables que son traídas a los Estados Unidos, mantenidas lejos de sus hogares y obligadas a ejercer la prostitución", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "La sentencia del tribunal demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de enjuiciar a quienes explotaron a está víctima joven, quien esperamos pueda pasar a tener una vida mejor".
"Se trata de un final adecuado para un caso perturbador. El Sr. Pérez-Laguna no tuvo la menor consideración con las jóvenes que esclavizó y victimizó", dijo W. Walter Wilkins, Fiscal Federal para el Distrito de Carolina del Sur. "Aplaudo la dedicación y el trabajo arduo de los agentes de investigación que expusieron a esta red y a los fiscales que aseguraron sus condenas".
"Los traficantes sexuales representan uno de los segmentos más perturbadores de la actividad de delincuencia organizada", dijo Gretchen C.F. Shappert, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. "El daño que causan a sus víctimas es incalculable. Agradecemos a nuestros colegas en las fuerzas del orden público estatales y federales que han llevado a estos predadores ante la justicia".
"Pérez-Laguna y Bustos Rosales cruelmente robaron a niñas de su inocencia, lucrando con su explotación", dijo Kenneth Smith, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Atlanta. "No hubiera sido posible llevar a estos delincuentes ante la justicia sin la colaboración conjunta de agencias internacionales, federales, estatales y locales de las fuerzas del orden público".
Pérez-Laguna y Bustos-Rosales son dos de tres demandados acusados formalmente en agosto de 2007 por un gran jurado federal en Columbia, después de una investigación federal de tráfico sexual. La tercera codemandada, Guadalupe Reyes-Rivera, también conocida como "Mama Martina", se encuentra fugitiva.
Este caso fue investigado por agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] y el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] e investigadores del Departamento de Policía de Columbia (SC). Debido a que las actividades ilegales descubiertas en esta investigación estaban asociadas a incidentes tanto en Carolina del Sur como Carolina del Norte, casos relacionados a esta investigación fueron enjuiciados en forma conjunta por los Fiscales Federales Auxiliares Mark C. Moore y Tara L. McGregor de la Fiscalía Federal para el Distrito de Carolina del Sur, el Abogado Litigante de la División de Derechos Civiles Ryan McKinstry, y los Fiscales Federales Auxiliares Kimlani M. Ford y Kenneth M. Smith de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
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