WASHINGTON – Residentes en Miami, Dilcia Marínes, Juan Carlos Castañeda y Luis Frías fueron sentenciados a prisión hoy por sus papeles en defraudar al programa de Medicare y lavar las ganancias ilegales en conexión con un ardid de fraude de inyecciones para el VIH de 14 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División Criminal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
Marínes, quien se declaró culpable el 15 de septiembre de 2008 de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para cometer lavado de dinero, fue sentenciada a 57 en prisión, tres años de libertad condicional y el pago de una multa de 24,000 dólares. También se ordenó la confiscación de 43,000 dólares contra Marínes. Castañeda, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero el 27 de agosto de 2008, fue sentenciado a 87 meses en prisión, tres años de libertad condicional y el pago de un cargo especial de 100 dólares. Frías, quien también se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero el 23 de septiembre de 2008, fue sentenciado a 27 meses en prisión, tres años de libertad condicional y el pago de un cargo especial de 100 dólares. Los tres demandados se declararon culpables ante el Juez Federal de Distrito Federico Moreno en Miami, quien los sentenció.
En su declaración de culpabilidad, Marínes admitió que era presidente y directora de G&S Medical Center Inc. (G&S), una clínica de servicios médicos en Miami. G&S alegaba proveer servicios de inyecciones para los beneficiarios discapacitados de Medicare. Marínes admitió que, entre mayo de 2003 y enero de 2004, conspiró con terceros para defraudar al programa de Medicare, haciendo que G&S presentara reclamos fraudulentos por servicios para el VIH que no eran una necesidad médica o jamás fueron provistos.
De acuerdo con la información contenida en los documentos de declaración de culpabilidad, Marínes admitió que firmó un contrato, aproximadamente en mayo de 2003, con Carlos Benítez, Luis Benítez, Thomas McKenzie y otros para que G&S operara como clínica de inyecciones para el VIH. Se alega que los hermanos Benítez remitían a beneficiarios de Medicare VIH positivos a la clínica y mandaban a McKenzie instruir a médicos clínicos con respecto a cómo aparentar que se estaban proporcionando servicios legítimos. Marínes también admitió que, entre junio de 2003 y diciembre de 2003, la clínica presentó aproximadamente 14 millones de dólares en reclamos al programa de Medicare por servicios de inyecciones de VIH que nunca fueron provistos o no eran una necesidad médica. De acuerdo con la información en los documentos de declaración de culpabilidad, Medicare pagó aproximadamente 9.6 millones de dólares de reclamos fraudulentos en el caso. Asimismo, Marínes admitió haber ayudado a lavar aproximadamente 4 millones de dólares en producto fraudulento a través de la emisión de cheques a empresas fraudulentas de mercadeo y administración que pertenecían y eran controladas por los hermanos Benítez.
En conexión con su declaración de culpabilidad, Castañeda admitió que, aproximadamente en junio de 2003, realizó un acuerdo con Marínes y otros para ayudar a lavar el producto del fraude contra Medicare obtenido en G&S. Castañeda reconoció que sabía que G&S presentaba reclamos fraudulentos al programa Medicare para servicios para el VIH supuestamente proporcionados a beneficiarios de Medicare. También admitió que acordó ayudar a Marínes y otros a ocultar su control del producto obtenido fraudulentamente de Medicare por G&S, a través de la emisión de cheques contra una cuenta de G&S y la devolución del dinero a Marínes.
Castañeda admitió que instruyó a Marínes que emitiera cheques contra las cuentas bancarias de G&S en nombre de diversas compañías, muchas de las cuales eran empresas falsas, por sumas inferiores a 10,000 dólares. Castañeda admitió que sabía que los cheques emitidos en nombre de empresas y cobrados por sumas inferiores a 10,000 dólares no estarían sujetos a exigencias de informe de transacción de moneda. Castañeda luego cobrara los cheques de G&S, típicamente con compañías falsas figurando como beneficiarias, en un establecimiento de cobros de cheques de Miami, a la cual pagaba una tarifa del dos por ciento. Luego, Castañeda cobraba a Marínes una tarifa total del 10 por ciento de los fondos lavados, con lo cual Castañeda se quedaba con el ocho por ciento del valor de los cheques cobrados. En total, Castañeda lavó aproximadamente 1.8 millones de dólares del producto del fraude contra Medicare en G&S. En su declaración de culpabilidad, Castañeda también admitió haber lavado 2 millones de dólares adicionales para Best Medical Inc., otra clínica fraudulenta de inyecciones del VIH en Miami.
En su declaración de culpabilidad, Frías admitió que era un agente registrado de G&S y signatario en las cuentas bancarias de la compañía. Asimismo, Frías admitió que sabía que G&S presentaba reclamos fraudulentos al programa Medicare y acordó asistir a Marínes en dispersar y lavar aproximadamente 550,000 dólares del producto del fraude. Frías admitió que firmó cheques por un valor de más de 10,000 dólares contra la cuenta bancaria de G&S, emitidos en nombre de empresas que él y Marínes controlaban, a sabiendas de que los fondos provenían de reclamos fraudulentos presentados a Medicare por G&S. Frías también admitió haber emitido varios cheques por sumas importantes contra la cuenta bancaria de G&S, en nombre de empresas fraudulentas de mercadeo y administración controladas por los hermanos Benítez.
En un caso relacionado, Carlos, Luis y José Benítez, así como Thomas McKenzie, fueron acusados formalmente el 11 de junio de 2008 por sus papeles en un ardid de fraude y lavado de dinero asociado con inyecciones a pacientes con VIH por un valor de 110 millones de dólares. La acusación formal alega que los hermanos Benítez fueron los autores intelectuales de un gigantesco fraude de inyecciones para VIH en todo el sur de Florida con al menos 11 clínicas y que habían lavado las ganancias de sus delitos. Asimismo, de acuerdo con la acusación formal, Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de G&S. Los tres hermanos Benítez permanecen fugitivos. McKenzie se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y presentación de reclamos falsos al programa Medicare. La lectura de la sentencia de McKenzie fue programada para el 11 de diciembre de 2008.
Los casos fueron enjuiciados por Hank Bond Walther y John K. Neal de la Sección de Fraude de la División Criminal e investigados por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La demanda fue entablada como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Acosta del Distrito Sur de Florida. Los fiscales federales han emitido 82 acusaciones formales en 82 casos con 142 demandados en el sur de Florida desde que las investigaciones se iniciaron durante el periodo de las operaciones de la fuerza de ataque entre marzo y octubre de 2007. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 492 millones de dólares.
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08-1024