WASHINGTON – Un jurado federal en Los Ángeles condenó hoy al propietario de Serv-Ease Office Systems Inc., una empresa de Glendale, Calif., por su papel en un ardid de 1.3 millones de dólares para defraudar al First International Bank de Connecticut (FIB) y al Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank), anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal Matthew Friedrich y el Fiscal Federal para el Distrito Central de California Thomas P. O’Brien.
Después de un juicio de cuatro días de duración, el jurado encontró a Carlos Serrano, 63, de Glendale, Calif., culpable de ambos cargos de la acusación formal: conspiración para cometer fraude bancario y fraude bancario. Se ha programado la lectura de la sentencia para el 26 de enero de 2009. En dicha ocasión, Serrano enfrenta una pena máxima de 35 años en prisión.
En el juicio, el jurado oyó testimonios de que, aproximadamente en noviembre de 2000, Serrano se reunió con sus coconspiradores Marilyn G. Ong e Ildefonso Ong Jr., y acordó actuar como exportador en una transacción de préstamos entre una compañía en las Filipinas y el FIB, en la cual el Ex-Im Bank era el garantizador. De acuerdo con los testimonios en el juicio, la única función de Serrano en la transacción era obtener una entrada de 200,000 dólares de la empresa filipina, comprar 1.3 millones de dólares en mercaderías estadounidenses en nombre de la compañía filipina, enviar la mercadería comprada a la compañía filipina y certificar al FIB y al Ex-Im Bank que había comprado y enviado la mercadería. El jurado oyó testimonios de que Serrano se comunicó con proveedores estadounidenses utilizando un nombre falso con la finalidad de obtener cotizaciones de precios, pero que, en realidad, nunca compró la mercadería. El jurado también oyó testimonios de que Serrano certificó en documentos enviados al FIB y al Ex-Im Bank, y en cuya veracidad confiaron estos últimos, que había comprado 1.3 millones de dólares en mercadería estadounidense y enviado dicha mercadería a las Filipinas. Confiando en las declaraciones falsas de Serrano, al recibir las certificaciones de Serrano, los testimonios revelaron que el FIB envió a Serrano 1.1 millones de dólares en producto del préstamo. Al recibir el producto del préstamo, testimonios revelan que Serrano se pagó a sí mismo aproximadamente 28,000 dólares, envió aproximadamente 949,000 dólares a su coconspirador Ildefonso Ong Jr., y envió aproximadamente 160,000 dólares a una empresa en Singapur. Las pruebas indicaron que, como resultado del fraude, el Ex-Im Banco perdió aproximadamente 960,000 dólares.
El caso es parte de una investigación más amplia de un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Ex-Im Bank entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Hasta la fecha, seis personas - Serrano, Daniel Curran, David Villongco, Edward Chua, Robert Delgado, Christina Song, Edward Javier y Jaime Gálvez - se declararon culpables de su participación en el fraude. Curran fue sentenciado el 23 de abril de 2008 a 41 meses en prisión; Villongco fue sentenciado el 29 de febrero de 2008 a 33 meses en prisión; Chua fue sentenciado el 14 de mayo de 2008 a 37 meses en prisión; Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 a 24 meses en prisión; Javier fue sentenciado el 18 de julio de 2008 a seis meses en prisión y Gálvez fue sentenciado el 7 de enero de 2008 a 12 meses en prisión. La lectura de la sentencia de Song está programada para el 2 de octubre de 2008. La asistencia significativa proporcionada por Curran, Villongco y Chua en investigaciones en curso fue tenida en consideración por el tribunal al emitir sus sentencias.
Además, otras cuatro personas - Marilyn Ong, Ildefonso Ong Jr., Nelson Ti y Joseph Tirona - fueron acusadas formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su supuesta participación en el ardid.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y Jason P. González de la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California. El caso fue investigado por el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
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