RESUMEN DE LA SECCIÓN DE DERECHOS DE INMIGRANTES Y EMPLEADOS

RESUMEN DE LA SECCIÓN DE DERECHOS DE INMIGRANTES Y EMPLEADOS

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N.B.: A partir del 18 de enero del 2017, al Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas con la Inmigración se conocerá como la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés), de la División de Derechos Civiles, es responsable de ejecutar la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), Sección 1324b del Código VIII de los EE. UU., la cual protege a ciudadanos estadounidenses y a ciertos otros individuos con autorización para trabajar[1] de la discriminación en el empleo por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía. Asimismo, la INA protege a todo individuo con autorización para trabajar de la discriminación por motivos de su nacionalidad de origen, prácticas documentales injustas relacionadas con el proceso de verificación de la elegibilidad para trabajar, y represalias.


La ejecución

Las partes que creen haber sido víctimas, o los representantes autorizados de las mismas, deben presentar una denuncia directamente ante la IER dentro de los 180 días del presunto incidente (o los presuntos incidentes) de discriminación. Las denuncias que no se pueden resolver de manera informal serán procesadas ante un Juez de Derecho Administrativo (ALJ, por sus siglas en inglés) en la Oficina del Oficial Principal de Vistas Administrativas (OCAHO, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia. Los ALJ de OCAHO son especialistas en oír casos de discriminación en el empleo relacionada con la inmigración.

Una vez recibida una acusación que es suficiente como para ser denuncia, la IER comenzará su investigación. Si la IER no llega a presentar una denuncia ante un ALJ dentro de los 120 días de su recepción de la denuncia, enviará a la parte perjudicada o representante autorizado, notificándole de su derecho a presentar una demanda administrativa en contra del demandado e indicando si la IER seguirá con su investigación. Asimismo, la IER notificará al demandante de su decisión a continuar con una investigación. La IER también puede presentar una demanda ante un ALJ después de este período investigativo de 120 días.

Los asuntos previos al juicio generalmente se gestionan según las normas aplicables de prácticas y procedimientos y suponen una revelación de pruebas, declaraciones juradas y escritos procesales. Las decisiones tomadas por el ALJ se podrán apelar directamente ante los tribunales de apelación del circuito federal. Resoluciones o adjudicaciones exitosas podrán resultar en la aplicación de sanciones civiles, la concesión de pagos retroactivos, ordenes de contratación o la imposición de medidas cautelares para acabar con las prácticas discriminatorias.

Asimismo, la IER tiene la competencia para iniciar investigaciones independientes con base en información desarrollada durante investigaciones de denuncias individuales o información proporcionada por otras entidades gubernamentales y el público en general. Las investigaciones independientes suelen suponer políticas, prácticas o procesos discriminatorios que pueden llegar a afectar a muchos empleados o postulantes.

Educación

La IER dirige un programa educativo y de promoción cuyo objetivo es orientar a empleadores, posibles víctimas de discriminación y el público en general acerca de sus derechos y responsabilidades al amparo de las disposiciones antidiscriminatorias y sobre sanciones para empleadores de la INA. El personal de la IER se ofrece para participar en seminarios y conferencias. Para ver si se va a celebrar algún seminario o conferencia en su zona, o si desea organizar su propio evento en el cual presenta un ponente de la IER, favor de comunicarse con el personal de Asuntos Públicos de la IER a IER@usdoj.gov o (202) 616-5594. La IER evaluará solicitudes para mandar a algún miembro de su equipo desde su sede en Washington a eventos por todo el país para grupos de 50 asistentes o más.

Otros componentes del programa de promoción incluyen una campaña de concientización pública, que distribuye materiales educativos de forma amplia, y, a veces, comunicados de interés público. Además, la IER opera líneas telefónicas directas para empleadores y empleados cuya función es contestar preguntas y resolver problemas de manera oportuna. El programa de intervención precoz de la IER ha resultado ser una forma exitosa y rentable de resolver problemas en el lugar de trabajo antes de que se presenten denuncias. De acuerdo con este programa, el personal de la IER contesta preguntas acerca de los procedimientos apropiados de verificación de la elegibilidad para trabajar y asegura que a los trabajadores no se les niegue la contratación –o, por el contrario, que no se les despida– a causa de una mala interpretación de esta ley.

 

[1] Discriminación por motivos del estatus migratorio o de ciudadanía en la contratación, el despido o el reclutamiento o la recomendación por comisión por parte de empleadores con cuatro empleados o más, estándose sujeto a ciertas excepciones.

Discriminación por motivos del estatus migratorio o de ciudadanía en la contratación, el despido o el reclutamiento o la recomendación  por comisión por parte de empleadores con cuatro empleados o más, estándose sujeto a ciertas excepciones. Los empleadores no deben tratar a  los individuos de una forma distinta por ser o no ser ciudadanos de los EE. UU. o contar con autorización para trabajar.

Ciudadanos de los EE. UU., residentes permanentes recientes, residentes temporales, asilados y refugiados quedan protegidos de la discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía. Las excepciones incluyen a: aquellos residentes permanentes que no solicitan la naturalización dentro de los seis meses de ser elegibles para la misma no disfrutarán de protección de la discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía. La discriminación por motivos del estatus de ciudadanía que de otra forma es requerida para cumplir con la Ley, un reglamento, una orden ejecutiva o un contrato gubernamental es permitida al amparo de la Ley.