Derechos de Menores

La Sección de Litigios Especiales trabaja para proteger los derechos de menores internados en centros de detención de menores e instituciones de salud mental administrados por o en nombre del gobierno local o estatal. Investigamos si tales menores están en riesgo de reclusión innecesaria en estas instituciones y examinamos si los sistemas de justicia juvenil respetan los derechos civiles de menores. Si vemos que un sistema de justicia juvenil o un gobierno local o estatal priva de forma sistemática a los jóvenes de sus derechos, podemos intervenir.

Resumen

Nos valemos de información proveniente de varias fuentes, incluyendo de miembros de la comunidad que han sido impactados por la vulneración de sus derechos civiles, para presentar y procesar causas. Nos importa mucho la voz de la comunidad. Estos datos nos informan sobre nuestra selección de casos. A veces los utilizamos como pruebas en casos ya en curso, pero no podemos presentar una denuncia para cada aviso que recibimos.

Nuestro trabajo incluye una amplia gama de actividades, entre ellas: hablar con familias, niños y otros grupos interesados de la comunidad, revisar e investigar quejas, presentar denuncias ante tribunales federales de ser necesario y ejecutar órdenes que obtenemos de las cortes. Asimismo, colaboramos en casos presentados por partes privadas y trabajamos estrechamente con expertos reconocidos a nivel nacional para ofrecer capacitación y apoyo técnico.

Descripción de las leyes que empleamos en nuestro trabajo con menores

La ley de los Derechos Civiles de las Personas Internadas (CRIPA), Sección 1997a del Título 42, nos permite revisar las condiciones y prácticas dentro de instituciones de justicia juvenil. Al amparo de CRIPA, carecemos de jurisdicción para ayudar con demandas individuales, ni tampoco podemos corregir problemas dentro de instalaciones federales o acciones tomadas por funcionarios federales. Igualmente, no podemos ayudar en casos penales, ni con demandas por la adjudicación errónea del caso de un menor.

Tras una investigación de CRIPA, podemos tomar medidas si identificamos prácticas o patrones sistémicos de provocar daños. No basta tener pruebas de daños causados a un único individuo, ni siquiera si dichos daños son graves. Si hallamos problemas sistémicos, puede que enviemos una carta al gobierno local o estatal describiendo tales problemas e indicando las medidas que se deberán tomar para remediarlos. Si no podemos llegar a un acuerdo, es posible que el Procurador General presente una denuncia ante un tribunal federal.

Además de las acciones amparadas en CRIPA, la Sección podrá emplear la ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, Sección 14141 del Título 42. Esta ley nos permite llevar a cabo investigaciones y presentar demandas para proteger los derechos de individuos que forman parte de sistemas de justicia juvenil y detención. En virtud de esta ley, podemos determinar si en las detenciones de menores, los tribunales de menores, los sistemas de libertad condicional de menores y los centros de detención están respetando los derechos civiles de los jóvenes.

Resultados de nuestro trabajo con menores

Nuestro trabajo con menores aborda una amplia gama de asuntos, entre ellos: atención médica, atención de salud mental, protección contra la agresión física o sexual, igualdad de trato para menores independientemente de su raza o etnia y procedimientos judiciales justos. Por ejemplo, en la Parroquia de Terrebonne en el Estado de Luisiana, llegamos a un acuerdo integral sobre la prevención del suicidio, la forma de disciplinar a los jóvenes, la protección de menores contra abusos físicos o sexuales y la rendición de cuentas por parte del personal.

En muchos casos obtenemos una compensación cuyo propósito es reformar los sistemas de detención de menores y eso tiene un impacto importante en una multitud de menores. Por ejemplo, tenemos acuerdos relacionados con siete centros de menores en Puerto Rico, otros siete en Ohio y 14 en el Condado de Los Ángeles en California.

El trabajo de la Sección ayuda a garantizar que los niños que antes vivían en condiciones pésimas que en muchos casos suponían una amenaza grave para sus vidas ahora reciban la atención médica y de salud mental que necesitan, estén a salvo de la explotación y violencia entre menores o entre adultos y menores y tengan acceso a los servicios educativos correspondientes y a programas eficaces que animan a menores a controlar su comportamiento, entre otras protecciones. Asimismo, estamos colaborando con las jurisdicciones para investigar alternativas al encarcelamiento para menores.

Nuestro trabajo con otras áreas del Gobierno federal en nombre de los menores

Trabajamos de cerca con otras áreas del Departamento de Justicia, así como con órganos federales que regulan, financian y proveen apoyo técnico a los gobiernos locales y estatales. Colaboramos con la Oficina de Justicia de Menores y Prevención de la Delincuencia, el Instituto Nacional de Justicia, la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Además, nuestro personal participa en el Grupo de Trabajo para Eliminar las Violaciones en las Cárceles, del Departamento de Justicia, así como en otros equipos de tareas.

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