Departamento De Justicia De Los Estados UnidosDivision De Derechos CivilesDivision De Apelaciones

Sello del Departamento de Justicia ACERCA DE LA DIVISIÓN DE APELACIONES La División de Apelaciones es la principal responsable del manejo de casos de derechos civiles en los tribunales de apelaciones y, en cooperación con el Abogado General de la Nación, en la Corte Suprema. La División proporciona, además, consejo legal sobre la ley de derechos civiles y los litigios de apelaciones a otras partes del Departamento de Justicia.

La mayoría de las apelaciones de la División proviene de fallos de tribunales de distrito en casos manejados inicialmente por las secciones de procedimientos judiciales dentro de la División. La carga de trabajo de apelaciones corresponde a casos de defensa tanto afirmativa como defensiva. Por lo tanto, la División maneja todas las apelaciones de fallos favorables y adversos en los que participe el gobierno.

Un porcentaje significativo del trabajo de la División comprende la participación como amicus curiae (amigo del tribunal), en casos que tienen capacidad potencial de afectar las responsabilidades de coacción de la División. En dicha capacidad, la División de Apelaciones controla de cerca los casos de tribunales federales en los que los Estados Unidos no sean parte. En muchos de estos casos, especialmente aquellos relacionados con áreas en desarrollo o problemáticas de la ley de derechos civiles, la División usa la autoridad del gobierno federal para presentar un informe como amicus curiae para registrar la posición del gobierno.

Los siguientes son resúmenes de casos en la Corte Suprema y Tribunales de Apelaciones en los que la División participó recientemente en nombre de los Estados Unidos bien como parte o como amicus curiae.

En la Corte Suprema:

Meyer contra Holley, Nº 01-1120 [Meyer v. Holley, 01-1120]. Esta es una acción bajo la Ley de Vivienda Justa [Fair Housing Act (FHA)]. Los demandantes buscaban hacer responsable al presidente, único accionista y "funcionario/corredor" autorizado de una empresa de bienes raíces, por acciones discriminatorias por parte de un agente de bienes raíces. La Corte Suprema sostuvo de manera unánime y compatible con la posición de los Estados Unidos como amicus curiae, que la FHA impone responsabilidad sin culpa sobre el empleador, de acuerdo con los principios tradicionales de agencia, esto es, que habitualmente impone responsabilidad indirecta sobre la corporación, pero no sobre sus funcionarios o propietarios. De forma coherente con estos principios, la Corte notó que el tribunal de apelaciones puede, bajo devolución al tribunal inferior, considerar (1) si las leyes estatales que norman la relación entre un corredor de bienes raíces y un vendedor crean una relación de mandato; y (2) si los demandantes alegaron suficientemente que el demandado puede ser declarado responsable indirecto como agente del vendedor bajo la teoría del velo.

Ciudad de Cuyahoga Falls contra la Fundación Hope de la Comunidad Buckeye, Nº 01-1269 [City of Cuyahoga Falls v. Buckeye Community Hope Foundation, No. 01-1269]. Buckeye presentó esta acción alegando contravenciones a la Ley de Vivienda Justa, la cláusula de igualdad de protección y el debido proceso, luego de que la ciudad denegara un permiso de construcción de viviendas económicas, como resultado de un referéndum en oposición a su construcción. La Corte Suprema revirtió por unanimidad el fallo del Sexto Circuito, debido a la existencia de cuestiones de hecho genuinas como para excluir el fallo sumario en favor de la Ciudad. De acuerdo con la posición del gobierno como amicus curiae, la Corte concluyó que Buckeye no había ofrecido prueba alguna para demostrar que los motivos privados detrás del referéndum pudieran ser atribuibles al Estado y, consecuentemente, Buckeye no pudo demostrar la discriminación intencional requerida en sus reclamaciones según la FHA y la igualdad en la protección. La Corte también sostuvo que la reclamación sustancial de debido proceso de Buckeye carecía de mérito, ya que el proceso de referéndum de la ciudad no constituyó una conducta arbitraria del gobierno, y abandonó la parte de la decisión del Sexto Circuito con respecto a la reclamación de Buckeye de impacto desigual de la FHA, que Buckeye había abandonado.

Branch contra Smith, Nº [Branch v. Smith, Nos]. 01-1437, 01-1596. Este caso surge de la incumplimiento del Estado de Mississippi en adoptar un plan de redefinición de distritos para las elecciones parlamentarias, después de haber perdido una banca en la Cámara de Representantes de EE.UU. luego del censo de 2000. Un tribunal compuesto por tres jueces federales emitió su propio plan de redefinición de distritos cuando determinó que un plan desarrollado por un tribunal estatal requería autorización previa bajo la Sección 5 de la Ley de Derechos Electorales, que no se obtuvo a tiempo para la puesta en práctica en las elecciones parlamentarias siguientes, en noviembre de 2002. La Suprema Corte ratificó. La Corte coincidió con el gobierno en que el tribunal federal emitió de manera apropiada su propio plan debido a que el plan del tribunal estatal no había sido previamente aprobado. La Corte mantuvo que la solicitud de información adicional por parte del Departamento no fue frívola ni injustificada y, por lo tanto, interrumpió el período reglamentario de 60 días para fallos sobre presentaciones. De forma consecuente con la posición del gobierno, la Corte mantuvo, además, que el tribunal del distrito había emitido de manera correcta su propio plan de redefinición de distritos, en vez de ordenar que se realizaran las elecciones federales de manera general.

Comunidad de Virginia contra Black Nº 01-1107 [Commonwealth of Virginia v. Black, No. 01-1107]. Este se refiere a la constitucionalidad de una ley de Virginia que considera delito criminal quemar una cruz con la intención de intimidar a una persona o grupo de personas, y estipula que la quema de una cruz es, prima facie, evidencia de un intento de intimidación. La Corte Suprema de Virginia mantuvo que la ley era realmente inconstitucional. La Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó en parte y anuló en parte. De forma compatible con la posición de los Estados Unidos como amicus curiae, seis miembros mantuvieron, en cuatro opiniones separadas, que un Estado puede, de acuerdo con la Primera Enmienda, prohibir la quema de cruces realizada con el intento de intimidar. Una mayoría separada concluyó, en cuatro opiniones, que la disposición en la ley de Virginia que trata cualquier quema de cruces como prueba prima facie de intento de intimidación era inconstitucional, al menos según su aplicación en uno de los casos citados a continuación. Los Estados Unidos no consideraron la validez de la disposición prima facie.

Grutter contra Bollinger Nº 02-241 [Grutter v. Bollinger, No. 02-241], y Gratz contra Bollinger Nº 02-516 [Gratz v. Bollinger, No. 02-516]. Los Estados Unidos alcanzaron resultados diversos en estos casos que cuestionaban la constitucionalidad de una acción afirmativa en los estudios superiores. En Grutter, la Corte mantuvo que el programa de ingreso a la Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan, que toma en consideración la raza y etnias y fue diseñado para admitir a una "masa crítica de estudiantes preferentes pertenecientes a minorías", es constitucional debido a que el interés de la Escuela de Leyes en obtener beneficios educacionales que fluyen de un cuerpo estudiantil diversificado es convincente y que su uso de la raza fue definido con precisión. En Gratz, la Corte mantuvo que el programa de ingreso a la Universidad de Michigan que toma en consideración la raza y etnias no fue definido con precisión, ya que no logró disponer de un proceso de selección individualizado como resultado del otorgamiento de un número predeterminado de puntos para cualidades específicas, sin importar la naturaleza del solicitante y la amplitud de sus habilidades específicas. La Corte señaló además, que la distribución automática de 20 puntos por pertenecer el solicitante a ciertos grupos raciales logró que la raza fuera un factor decisivo para casi cualquier solicitante con calificaciones mínimas perteneciente a minorías poco representadas. Los Estados Unidos arguyeron, como amicus curiae, que tanto los programas de ingreso para la escuela de leyes como para estudiantes universitarios deberían ser considerados inconstitucionales, ya que no fueron definidos con precisión.

Siga este enlace a la Oficina del Abogado General de la Nación [Office of the Solicitor General] para ver informes presentados a la Corte Suprema.

En los tribunales de apelación:

Downing contra el Consejo de Fiduciarios de la Universidad de Alabama en Birmingham Nº 00-10481 [Downing v. Board of Trustees of the University of Alabama at Birmingham, No. 00-10481]. De acuerdo con los Estados Unidos, el Undécimo Circuito defendió la constitucionalidad del Título VII y su disposición contra represalias. tal como se aplica a un caso de acoso sexual entre personas del mismo sexo. La Corte mantuvo que el Título VII simplemente codifica la prohibición de la Constitución contra la discriminación sexual que, según la Corte, incluye una prohibición contra el acoso sexual entre personas del mismo sexo. La disposición contra represalias logra ese derecho constitucional al remover un impedimento potencial para los empleados que realicen y litiguen reclamaciones de acoso sexual bajo el Título VII.

Peters contra el Consejo Escolar de la Ciudad de Virginia Beach Nº 01-2413 [Peters v. School Board of the City of Virginia Beach, No. 01-2413]. Coincidiendo con el argumento de los Estados Unidos como amicus curiae, el Cuarto Circuito mantuvo que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 [Civil Rights Act] prohíbe las represalias y, por lo tanto, las personas pueden iniciar una demanda en una corte federal bajo el Título VI, en busca de indemnizaciones contra aquellas entidades que intencionalmente tomaron represalias en su contra por oponerse a la discriminación racial.

ProEnglish, et al. contra Bush, et al. Nº 02-2044 [ProEnglish, et al. v. Bush, et al., No. 02-2044]. Esta demanda judicial fue presentada en nombre de ProEnglish, un grupo nacional de defensa que sólo utiliza el idioma, el director ejecutivo del grupo y varios médicos que reciben asistencia financiera del Departamento de Salud y Servicios Humanos [Department of Health and Human Services (HHS)]. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la Orden del Ejecutivo 13.166 y varios documentos de orientación de políticas redactados por el Departamento de Justicia y el HHS, en los que se clarificaba la obligación de los beneficiarios de subsidios de dichas agencias de disponer asistencia idiomática para garantizar el acceso significativo a programas y actividades por parte de personas con conocimiento limitado del inglés, evitando, así, la discriminación con base en nación de origen en contravención al Título VI y los reglamentos que implementan dicha ley. El tribunal del distrito rechazó la denuncia por motivos de legitimación activa y madurez, y el Cuarto Circuito lo ratificó.

Hogar de la Fe de Bronx contra el Consejo de Educación de la Ciudad de Nueva York Nº 02-7781 [Bronx Household of Faith v. Board of Education of the City of New York, No. 02-7781]. El Hogar de la Fe de Bronx [Bronx Household of Faith] intentó alquilar propiedad de una escuela pública para sus reuniones semanales de culto, de acuerdo con la política de uso comunitario de la escuela. El distrito escolar denegó el acceso, afirmando que sus reglamentos no permitían servicios "de culto" en la propiedad escolar. Al otorgar la moción al Hogar del Bronx para un mandamiento judicial preliminar, el tribunal del distrito mantuvo que la escuela había realizado una discriminación de punto de vista, ya que las reuniones del Hogar del Bronx cumplían con los criterios imparciales para actividades permisibles. La División mantuvo como amicus curiae que la inclusión de elementos religiosos en las reuniones no impedía el cumplimiento por parte del Hogar del Bronx de los criterios para el acceso a la propiedad escolar, y que permitir al Hogar del Bronx alquilar propiedad escolar no contraviene la Cláusula de Establecimiento [Establishment Clause], ya que el acceso a organizaciones religiosas y no religiosas se evaluaría con criterios imparciales. El Segundo Circuito lo ratificó, manteniendo que a la luz de la opinión de la Corte Suprema en el Club de las Buenas Noticias [Good News Club], el Hogar del Bronx muy probablemente prevalecerá de acuerdo con lo que manda la ley.

Los Estados Unidos contra Mohr Nº 01-5002 [United States v. Mohr, No. 01-5002]. El Cuarto Circuito ratificó la condena de Stephanie Mohr, una ex oficial de policía del Condado de Prince George. Mohr fue condenada por contravenir el Código de Estados Unidos [18 U.S.C. 242] al hacer uso irracional de la fuerza contra un hombre sin techo que se había rendido a la policía. Hizo que su perro de policía atacara al hombre, causando al hombres lesiones graves, a pesar de que el mismo había obedecido las órdenes de la policía, en ningún momento había intentado huir, y en momento alguno había representado un peligro para la policía o el público. El Cuarto Circuito mantuvo que el tribunal del distrito no había abusado de su facultades al: (1) admitir pruebas bajo la reglamentación federal de pruebas [Fed. R. Evid. 404(b)] de otros dos incidentes en los que Mohr intencionalmente realizó uso indebido de su perro al atacar o intimidar a personas que no estaban resistiéndose y que no representaban amenaza alguna; (2) permitir a un experto testificar que la versión de Mohr de lo que ocurrió durante el incidente no era compatible con las prácticas policiales vigentes; y (3) admitir la declaración previa compatible de un testigo y permitirle testificar que su motivo para realizar la declaración fue su temor de fallar en una prueba poligráfica.

Los Estados Unidos contra Rayborn Nº 01-5632 [United States v. Rayborn, No. 01-5632]. Rayborn fue acusado por dos cargos de fraude postal y uno de incendio intencional, en contravención del Código de Estados Unidos [18 U.S.C. 844(i)], en relación con el incendio de la Iglesia Misionaria Bautista del Nuevo Monte Sinaí [New Mount Sinai Missionary Baptist Church]. El tribunal del distrito rechazó el cargo de la Sección 844(i), fallando que la iglesia no era un edificio utilizado en actividades que afectaran al comercio interestatal, según lo requiere la ley. Los Estados Unidos apelaron, y el Sexto Circuito revirtió el fallo. El tribunal de apelaciones concluyó que un jurado racional podría determinar que la iglesia tenía participación activa en actividades comerciales con efecto sobre el comercio interestatal, incluyendo la recolección de contribuciones semanales de los miembros residentes en varios estados, emisión de sus servicios y publicidad en estaciones de radio interestatales, patrocinio de conciertos de música gospel para los que se aceptaban donaciones y en los que participaban cantantes de otros estados, pago a empleados y compra de bienes en el comercio interestatal para proveer servicios a sus miembros y al público.

Murphy contra el Distrito Escolar Central de Arlington Nº 00-7358 [Murphy v. Arlington Central School District, No. 00-7358]. Este caso trata de las disposiciones de "mantener la posición [stay-put]" de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], que establece que, mientras exista un cuestionamiento sobre una ubicación propuesta, el niño debe permanecer en la última ubicación apropiada, o en la ubicación en la que los padres y el sistema escolar hayan acordado que era apropiada. El Segundo Circuito mantuvo que, una vez que un funcionario de audiencias estatal emite una decisión en una audiencia de debido proceso a favor del estudiante, la ubicación que ordene el funcionario de audiencias se convertirá en la ubicación que los padres y el sistema escolar hayan acordado para propósitos de aplicación futura de la disposición de "mantener la posición". El tribunal mantuvo, asimismo, que no es necesario que los estudiantes agoten los recursos administrativos al valerse de las disposiciones de la ley de "mantener la posición". La División y el Departamento de Educación presentaron un informe conjunto como amigos del tribunal, ratificando las posiciones adoptadas por el tribunal de apelaciones.

Girty contra el Distrito Escolar de Valley Grove Nº 01-3934 [Girty v. School District of Valley Grove, No. 01-3934]. Este es un caso presentado de conformidad con la Ley para la Educación de Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act] del Código de Estados Unidos [20 U.S.C. 1400-1419]. Un funcionario de audiencias estatal falló que el programa de educación personalizada [individualized education program (IEP)] desarrollado para el niño, el mismo no recibiría educación en el ambiente menos restrictivo. Un panel estatal de apelaciones revirtió este fallo y, los padres pidieron pidieron la revisión al tribunal federal del distrito mantuvo que, con el IEP propuesto, el niño no recibiría educación en el ambiente menos restrictivo y devolvió el caso para que el distrito escolar reconsiderara el IEP. El distrito escolar apeló esta decisión ante el Tercer Circuito. La División presentó un informe como amigo del tribunal en apoyo a los padres, sosteniendo que el panel de apelaciones había utilizado un criterio legal incorrecto al revertir el fallo del funcionario de audiencias, que la decisión del tribunal del distrito no era claramente errónea, y que el amparo ingresado por el tribunal del distrito era adecuado. El Tercer Circuito ratificó, "sustancialmente, por las razones propuestas en el Memorando de Opinión considerado del tribunal del distrito.".

Siga este vínculo para ver informes y opiniones de los tribunales de apelaciones.

Volver a la página principal de la División de Apelaciones

Volver a la página principal de la División de Derechos Civiles

Updated August 6, 2015

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No