| Subvenciones a agencias comunitarias Todos los años la OSC otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro en todo el país que realizan campañas educativas sobre la discriminación laboral por estado migratorio o por origen nacional, cómo reconocerla y cómo evitarla, y los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. Intervenciones telefónicas El equipo de abogados e investigadores de la OSC interviene telefónicamente con empleadores y trabajadores a fin de orientar y, de ser posible, resolver rápida y extrajudicialmente los malentendidos que con frecuencia surgen sobre la discriminación por estado migratorio o por origen nacional. Dicha intervención del equipo de la OSC puede resultar en la contratación del trabajador o evitar un despido. Talleres y presentaciones Además de intervenir e investigar oportunamente, los abogados de la OSC participan en numerosas sesiones de orientación al público, a menudo en colaboración con agencias comunitarias, para compañías y otros grupos interesados en ampliar sus conocimientos sobre las leyes aplicables. La OSC publica materiales educativos en varios idiomas, así como anuncios en los medios de comunicación nacionales. Hasta la fecha, la OSC ha organizado talleres, en conjunto con otras agencias federales, dirigidos a comunidades de inmigrantes en Chicago, Los Angeles, Phoenix, Dallas, Houston, Miami, Nueva York, Denver, Minneapolis, Las Vegas, y Washington, DC, y se está extendiendo a las zonas de rápida expansión demográfica de inmigrantes. Cooperación interinstitucional Entre las agencias federales que colaboran estrechamente con la OSC se encuentran la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales (EEOC), la Oficina para el Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP) y la División de Horas y Salarios, ambas pertenecientes al Departamento del Trabajo, así como las demás dependencias de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los EE.UU. En su empeño por ampliar el acceso a sus servicios y recursos a la nación, la OSC ha firmado acuerdos de colaboración con unos cuarenta y seis organismos estatales que abogan por los derechos humanos. |