Otras Areas Importantes Del Cumpliento De La Ley De Los Derechos Civiles

Un Tema de Importancia Pública : El Departamento de Justicia vela por el Cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa

Bill Lann Lee

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica

Introducción

En la tarde del día 28 de abril de 1966, el Presidente Lyndon B. Johnson se reunió en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca con un grupo de ciudadanos preocupados por los derechos civiles. Entre los asistentes se encontraba el reverendo Martin Luther King, Jr.1.En su presencia, el Presidente firmó un mensaje dirigido al Congreso en el cual solicitaba la aprobación de la "primera ley federal vigente contra la discriminación en la venta y alquiler de vivienda en los Estados Unidos". El mensaje del Presidente indicaba que "mientras que el color de piel de un individuo determine su opción de vivienda, ninguna inversión en la reconstrucción física de nuestras ciudades liberarà a los hombres y a las mujeres que viven aquí."2 ."Como era de esperarse, el Congreso no aprobó dicha ley en 1966 ni en 1967. Efectivamente, el Presidente Johnson luego observó, "Pocos en la Nación -- y los antecedentes demostraràn que muy pocos en esa sala aquella tarde-- creyeron que la vivienda justa se convertiría--en nuestra época-- en nuestro derecho común inobjetable."3

Dentro de 2 años, sin embargo, después de un acto de violencia indescriptible, el impasse legislativo finalmente llegó a su fin.  El 4 de abril de 1968, el Dr. King fue asesinado de un impacto de bala en Memphis. Siete años después, el Presidente Johnson firmó la Ley de Vivienda Justa como el Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968.4  Al hacer esto, el Presidente reconoció la" indignación del país .... por el asesinato" de King, "quien había estado presente en la reunión de esa tarde en la Casa Blanca en 1966." El Presidente luego manifestó que "los momentos de màs orgullo de mi presidencia han sido momentos como éste cuando he convertido en ley las promesas de un siglo"5 ."

La aprobación de la Ley de Vivienda Justa en 1968 trajo una señal de esperanza que las divisiones raciales atroces en este país,6 reflejadas en la violencia que envolvió a la nación después de la muerte de King, podrían desaparecer. Al declarar que es "política de los Estados Unidos proporcionar, dentro de los límites constitucionales, vivienda justa en todo los Estados Unidos,"7 la Ley prohibía la discriminación en vivienda por motivo de raza, color, religión, u origen étnico.8 En ese entonces, la Ley fue aclamada como "una ley de vivienda detallada, aplicable a una serie amplia de pràcticas discriminatorias concernientes a la vivienda y cuyo cumplimiento estaba en manos de un arsenal completo de autoridades federales." Ver Jones v. Alfred H. Mayer Co., 392 U.S. 409, 417 (1968) (que contrasta las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1866, 42 U.S.C. §1982, con la Ley de Vivienda Justa).9

Treinta años después de la aprobación de la ley de 1968, la vivienda justa -- el derecho de vivir donde uno quiera y pueda -- sigue siendo el espíritu del sueño americano. Para mí, luchar contra la discriminación en la vivienda, no es simplemente un interés abstracto. Es una pasión producto de la experiencia personal. Soy hijo de inmigrantes chinos que llegaron a este país antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, a la edad de 35, se ofreció como voluntario en el Cuerpo de Aviación del Ejército de los Estados Unidos durante dicha guerra. En el ejército experimentó, por primera vez, igualdad de oportunidades y tolerancia .  Sin embargo, cuando regresó a la ciudad de Nueva York después de la guerra, mi padre encontró que nada había cambiado. Lo llamaban chino "estúpido" y cosas peores. En su búsqueda de departamento, mientras que todavía vestía el uniforme, lo rechazaban por ser chino.

Como abogado de derechos civiles desde hace 24 años, sé bien que, a pesar de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa de 1968 y sus modificaciones de 1988, la discriminación en el acceso a la vivienda sigue siendo un problema apremiante que continúa oprimiendo nuestra tierra.10 Esa es la razón principal por la que el cumplimiento enérgico de la Ley de Vivienda Justa es una de mis mayores prioridades en mi calidad de jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Este artículo se centra en la función del DOJ de velar por el cumpliento de la Ley de Vivienda Justa y asegurar que la vivienda justa no solo sea un sueño, sino una realidad para todos los norteamericanos.

Actividades del DOJ que velan por el cumplimiento de la ley  Esfuerzos tempranos 

El Departamento de Justicia inició casos precedentes importantes en conformidad con la Ley de Vivienda de 1968. Por ejemplo, en United States v. West Peachtree Tenth Corp., 437 F.2d 221, 228 (Cir 5. 1971), el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estableció un decreto de reparación judicial modelo para los casos de vivienda.11  En  United States v. City of Black Jack, 508 F.2d 1179 (Cir 8. 1974), los Estados Unidos objetó las pràcticas de zonificación discriminatorias por motivo de raza que habían excluído el desarrollo de viviendas para diferentes razas de bajos ingresos en un suburbio de St. Louis. Ademàs, los Estados Unidos objetó las pràcticas discriminatorias en el uso de tierras en casos tales como United States v. City of Parma, 661 F.2d 562 (Cir 6. 1981), cert. negado , 456 U.S. 926 (1982); United States v. City of Birmingham, 727 F.2d 560 (Cir 6), cert. negado, 469 U.S. 821 (1984); y  United States v. Yonkers Board of Education, 624 F. Supp. 1276 (S.D. N.Y. 1986), aff'd, 837 F.2d 1181 (Cir 2. 1987), cert. negado, 486 U.S. 1055 (1988). Otros casos importantes interpuestos por los Estados Unidos durante este período incluyen  United States v. Bob Lawrence Realty, Inc., 474 F. 2d 115 (Cir. 5), cert. denegado,414 U.S. 825 (1973) (donde se objetó las acciones de empresas de bienes raíces por las que las últimas vendían o alquilaban casas a afroamericanos en un barrio habitado exclusivamente por blancos con la finalidad de depreciar las propiedades); United States v. Hunter, 459 F.2d 205 (Cir. 4), cert. negado, 409 U.S. 934 (1972) (donde se sostuvo que la Sección 804(c), 42 U.S.C. §3604(c), prohibió la publicación de un aviso sobre un departamento en una "casa de blancos" sin violar la primera modificación); United States v. Youritan Construction Co., 370 F. Supp. 643, 649 (N.D. Calif. 1973), aff'd y modificada según reparación judicial, 509 F. 2d 623 (9th Cir. 1975) (donde se sostuvo que el deber de cumplir con la Ley de Vivienda Justa es no delegable);  United States v. Northside Realty Associates, Inc., 605 F.2d 1348 (Cir 5. 1979) (donde se sostuvo la legalidad de la prueba para el cumplimiento de la vivienda justa); y United States v. American Institute of Real Estate Appraisers, 442 F. Supp. 1072 (N.D. Ill. 1977), apelación rechazada, 590 F.2d 242 (7th Cir. 1978) (donde se sostuvo que era ilegal, en conformidad con la Ley, la pràctica de considerar a la raza como un factor negativo en las apreciaciones de bienes raíces)

Como se mencionó anteriormente, la Corte Suprema en  Jones caracterizó la Ley de Vivienda Justa como "ejecutable por un arsenal de autoridades federales."12 Esta caracterización era verdadera solo cuando se comparaba la Ley de Vivienda Justa con otra ley existente. El "arsenal de autoridades federales" dispuesto por la Ley de 1968 estaba lejos de ser poderoso o completo. En efecto, la Corte Suprema indicó solo algunos años después de  Jones que la Sección sobre Vivienda de la División de los Derechos Civiles contaba con menos de dos docenas de abogados," y llegó a la conclusión que "las demandas de la personas particulares [eran] el método principal para hacer cumplir la Ley."13   Como se indicó anteriormente, el Ministro de Justicia interpuso algunos casos importantes. Sin embargo, la autoridad responsable de iniciar las acciones para el cumplimiento de la ley estaba limitada a situaciones donde existiera un modelo o pràctica discriminatoria o donde se había negado a un grupo de personas los derechos concedidos por la Ley y tal negación "produjera un tema de importancia para el público general." Ademàs, la Ley limitó al Ministro de Justicia a buscar "reparación judicial preventiva", que los tribunales interpretaban como limitada a la reparación equitativa.14 Aunque que la Ley de 1968 facultaba al HUD a recibir e investigar las demandas individuales sobre discriminación, ni el HUD ni el DOJ tenían la autoridad de iniciar acciones para velar por el cumplimiento de la ley tomando como base tales demandas. La Ley exigía que los individuos interpusieran sus propios litigios si deseaban una solución judicial para sus demandas.

El Efecto de las Modificaciones de 1988 a la Ley de Vivienda Justa 

Con el tiempo el Congreso reconoció los impedimentos del gobierno para velar por el cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa de 1968 de manera eficaz y los superó al aprobar la Ley de las Modificaciones de la Vivienda Justa (FHAA, por sus siglas en inglés) de 1988. Con la aprobación de la ley de 1998, el Congreso reconoció que "la función federal para el cumpliento de la ley [había estado] extremadamente limitada" según el esquema original establecido por ley.15 Ademàs de ampliar la Ley para incluir la discriminación contra personas con incapacidades y familias con hijos16 , las modificaciones de 1988  cambiaron fundamentalmente y ampliaron la función del gobierno federal en lo que al cumplimiento de la Ley de Vivienda Justa se refiere. Primero, las modificaciones le dieron al HUD y al DOJ la autoridad de solucionar las demandas sobre discriminación presentadas por los individuos.17 Segundo, la Ley modificada le otorgó al Departamento de Justicia la autoridad específica para buscar indemnización de daños y perjuicios y daños punitorios para las personas perjudicadas por discriminación en casos de modelo-o-pràctica discriminatoria y casos individuales. En los casos de modelo o pràctica discriminatoria, la Ley permite que el DOJ busque penalidades civiles de hasta 50.000 dólares por una primera violación y hasta 100.000 dólares por violaciones subsiguientes al estatuto.18 Esta capacidad de obtener reparación judicial monetaria mejora significativamente la autoridad del DOJ al concentrarse en sus actividades que velan por el cumplimiento de la ley . Los demandados ahora tienen conocimiento que un litigio interpuesto por el DOJ (o una acción administrativa entablada por el HUD) puede significar una indemnización costosa por perjuicio y penalidades civiles ademàs de los gastos del litigio.

Esfuerzos del DOJ para velar por el cumplimiento de la ley en conformidad con la Ley Modificada 

Las modificaciones de 1988 a la Ley de Vivienda Justa tuvieron un efecto dramàtico en las actividades que realiza el DOJ para hacer cumplir la ley . La Sección sobre Cumplimiento de la Ley de Vivienda y Derechos Civiles de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ubicada en Washington, D.C., tiene la responsabilidad principal en el litigio civil del gobierno en conformidad con la Ley de Vivienda Justa. Después que la Ley modificada entrara en vigencia, el número de casos civiles sobre vivienda justa interpuestos por el DOJ se incrementó de aproximandamente 15 a 20 casos en los años previos a las modificaciones de 1988, a 194 casos en 1994. Desde 1988 la Sección sobre  Cumplimiento de la Ley de Vivienda y Derechos Civiles se ha casi triplicado para asumir la mayor responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Ademàs, para colaborar con esta tarea, el Ministro de Justicia ha delegado la responsabilidad de litigar la mayoría de los casos sobre "elecciones" -- casos interpuestos por los Estados Unidos en representación de las personas agraviadas en virtud de la Sección 812 (o) de la Ley -- a los abogados de los bufetes estadounidenses en todo el país.19 Dicha delegación de responsabilidades ha permitido que la Sección concentre sus esfuerzos en casos civiles de modelo o pràctica discriminatoria autorizados por la Sección 814 de la Ley modificada.20 Ademàs de este litigio civil, la División de Derechos Civiles, a través de su Sección Penal y con ayuda de los abogados estadounidenses, entabla juicios en conformidad con la Sección 901 de la Ley, 42 U.S.C. § 3631. Esta disposición considera crimen federal hacer uso de la fuerza o amenazar usar la fuerza para interferir voluntariamente en el ejercicio de los derechos de vivienda.

La Ley de Vivienda Justa se aplica a acciones realizadas por :

  • Proveedores directos de vivienda, como constructores, arrendadores, y empresas de bienes raíces. 
  • Municipalidades, bancos, compañías de seguro, y otras entidades cuyas pràcticas discriminatorias no permiten el acceso a viviendas a ciertas personas debido a su raza, color de piel, religión, sexo, origen étnico, incapacidad, o condición familiar.
  • Individuos cuyos actos insensatos de violencia interfieren con el ejercicio de derechos garantizados por la Ley.

Los esfuerzos de la División de Derechos Civiles para velar por el cumplimiento de la ley civil y penal han sido amplios y estàn diseñados para alcanzar tales pràcticas. El siguiente es un resumen de las actividades màs recientes e importantes de la División que velan por el cumplimiento de la ley : 

Iniciativas que velan por el cumplimiento de la ley civil.

En un esfuerzo para mejorar el cumplimiento de la Ley modificada, el DOJ anunció la creación de dos iniciativas importantes en noviembre de 1991. Estas iniciativas continúan siendo centrales para el programa del Departamento de Justicia que vela por el cumplimiento de la vivienda justa, e incluyen el primer programa de prueba de vivienda justa del gobierno federal y el cumplimiento màs estricto de las leyes de préstamo justo.

Iniciativa de prueba de vivienda justa. 

Treinta años después de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa, aquellos protegidos por sus disposiciones con mucha frecuencia escuchan que una vivienda no està disponible en la fecha deseada, en el tamaño deseado, o en el precio apropiado. Estos solicitantes decepcionados se retiran, a menudo sin saber que el color de su piel hizo que la vivienda "no esté disponible". Para detectar esta clase de "discriminiación disimulada", la División de Derechos Civiles ha establecido un programa de prueba de vivienda justa. Este programa ha mejorado significativamente nuestra habilidad para descubrir y combatir las pràcticas de vivienda discriminatorias que, de lo contrario, no podrían haber sido detectadas o castigadas. Para probar la discriminación racial en el alquiler de vivienda, por ejemplo, parejas de personas de raza blanca y de afroamericanos, que han sido capacitados por el personal de la Sección, fingen ser presuntos arrendatarios e intentan alquilar un departamento en un complejo particular. Al comparar cómo se les trata, la Sección puede evaluar si el arrendador los ha discriminado por motivo de raza. Se diseñan pruebas similares para descubrir discriminación por motivo de origen étnico y condición familiar. Recientemente, ampliamos nuestro uso de investigaciones con pruebas para determinar si viviendas multifamiliares nuevas han sido construidas y diseñadas en conformidad con las disposiciones de accesibilidad de la Ley de Vivienda Justa.21

La prueba de vivienda justa ha sido desde hace tiempo una herramienta importante para recolectar evidencia en la discriminación de vivienda.22  Al crear su propia prueba, la Sección ha mejorado significativamenye su capacidad para velar por el cumplimiento de la Ley de una manera màs proactiva y dirigida. Ademàs, se ha demostrado que el programa es muy exitoso. La evidencia recogida en virtud del programa de prueba desde su creación en 1992 y hasta julio de 1998 se ha traducido en la demanda de 48 casos de modelo o pràctica discriminatoria. Para agosto de 1998, 41 de estos casos habían sido resueltos satisfactoriamente, ya sea mediante la presentación de un decreto judicial o el fallo de responsabilidad.23 La reparación judicial monetaria concedida en estos casos incluye aproximadamente 1,2 millones de dólares en penalidades civiles y 6.3 millones de dólares en daños y perjuicios para las víctimas individuales de discriminación y para actividades diseñadas para promover la vivienda justa. Esta última reparación judicial ha sido particularmente importante y beneficiosa ya que tiene un impacto màs amplio en los esfuerzos contínuos para asegurar la vivieda justa en las comunidades afectadas por la discriminación.24

Nuestro programa de prueba ha sido reconocido como una iniciativa para el cumplimiento de la ley especialmente eficaz. Fue resaltado en el Informe de 1997 de la Comisión de Ciudadanos para los Derechos Civiles, una organización privada, bipartidaria. establecida en 1982 para supervisar la función del gobierno federal de velar por el cumplimiento de la ley de los derechos civiles. La Comisión describió el programa de prueba como una "historia de éxito remarcable" que ha proporcionado una sucesión constante de casos de modelo o pràctica discriminatoria interpuestos por el Departamento de Justicia en todas las zonas del país (Ladd, 1997). Por otro lado, este programa se ha convertido en modelo para la creación de programas federales similares. Mucha agencias han consultado la Sección y buscado su experiencia con respecto a los procedimientos de prueba.

Iniciativa de préstamo justo.

Después de reconocer que la discriminación con mucha frecuencia limita las oportunidades para tener acceso a la casa propia, la Sección ha establecido recientemente una iniciativa màs grande para velar por el cumplimiento de la ley, la cual se centra en las actividades discriminatorias de las instituciones de préstamo, especialmente en lo referente a los préstamos hipotecarios. La importancia de la casa propia nunca debería subestimarse porque brinda al individuo sentimientos de autoestima, una sensación de seguridad, y estabilidad económica. La casa propia crea un compromiso con la comunidad y es vital para el desarrollo económico de la misma. Ayuda a construir vecindarios màs fuertes y promueve calles màs seguras y mejores colegios. Es por ello que la casa propia es central para el sueño americano.

Para construir una vivienda se requiere màs que un sueño -- y màs que ladrillos y mortero/argamasa. Se necesita capital y acceso a crédito, el elemento vital de la oportunidad económica. Con crédito, se puede comprar una casa, empezar un negocio, reconstruir vecindarios, y revitalizar las comunidades.

Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Concesión de Crédito prohíben la discriminación en el préstamo.25 La Sección ha interpuesto 13 casos sobre préstamo desde 1992 y ha conseguido casi 33 millones 400 mil dólares en reparación judicial monetaria.26 Con igual importancia, la reparacion judicial equitativa que hemos conseguido ha requerido que las instituciones de préstamo adopten políticas y procedimientos que garanticen la igualdad en el trato de sus clientes. Estos casos de préstamos, que se encuentran entre los màs complejos litigados por la División de Derechos Civiles, han objetado las pràcticas discriminatorias adoptadas por las instituciones de préstamo en el proceso de evaluación de solicitud de crédito, en el mercadeo y la fijación de precios .27Recientemente, hemos puesto mayor énfasis en las instituciones que se especializan en el préstamo a prestatarios, que cuentan con un crédito menos perfecto, y lo hacen de manera discriminatoria.28

Sin embargo, nuestra iniciativa sobre préstamos no se ha limitado a los litigios. La educación ha sido un primer paso crítico en el proceso de velar por el cumplimiento de la ley. En los últimos 4 años, hemos progresado a grandes pasos al desarrollar relaciones de cooperación con la industria y al incentivar el cumplimiento voluntario de las leyes de préstamo justo. En muchas ocaciones, los abogados de la División de Derechos Civiles han dado discursos en seminarios, reuniones y conferencias para informar a los prestamistas sobre las obligaciones del préstamo justo y responder sus inquietudes. Ademàs, nuestra iniciativa sobre préstamo ha centrado la atención de las agencias regulatorias de instituciones bancarias y otras agencias sobre el cumplimiento del préstamo justo.

Indudablemente esta iniciativa ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la discrimanción en la concesión de préstamos. Un artículo de Wall Street Journal de 1996 informó el aumento " repentino" en el préstamo hipotecario a minorías en los últimos años y atribuyó mucho de este  progreso a la "tarea ardua del Departamento de Justicia de velar por el cumplimiento del préstamo justo (Wilke, 1996)."29. El informe de la Comisión de Ciudadanos de 1997 también concluyó que la iniciativa sobre préstamos de la División ha rendido dividendos extraordinarios (Ladd, 1997).

Otras àreas en las que el Departamento de Justicia ha buscado velar por el cumplimiento de la ley incluyen seguros, municipalidades, accesibilidad, y acoso sexual.

Casos de Seguros.

Un complemento importante de los casos de préstamos de la Sección ha sido nuestro esfuerzo para combatir la discriminación en la provisión de seguro de propietario. Como el Tribunal de Apelaciones para el Séptimo Circuito observó en NAACP v. American Family Mutual Insurance, 978 F.2d 287, 297 (Cir 7. 1992), cert. denegado , 508 U.S. 907 (1993): "Los prestamistas exigen a sus prestatarios que garanticen su seguro de daños a bienes materiales. Sin seguro no hay préstamo; sin préstamo no hay casa. Por lo tanto, la falta de seguro hace que la vivienda no esté al alcance."30 La Sección ha desempeñado un papel sobresaliente al establecer que la Ley de Vivienda Justa cubre la venta y los términos y condiciones del seguro de propietario. Esto se ha logrado a través de nuestro litigio y defensa favorables de los reglamentos del HUD en conformidad con la Ley, los que prohíben la discriminación en la provisión de dicho seguro .31 Por ejemplo, hemos interpuesto dos casos importantes que involucran este tipo de discriminación, uno contra Nationwide Insurance Company, el quinto proveedor màs grande de la nación de seguro de propietario,32 y el otro contra American Family Insurance Company.33 Resolvimos ambos casos mediante decretos judiciales nuevos que incluyeron una reparación judicial monetaria significativa estimada en 13 millones de dólares en el caso Nationwide y màs de 16 500 mil millones en el caso American Family. El decreto judicial también contenía un desagravio por mandato judicial importante, el cual exigía que estas dos compañías de seguros grandes modifiquen sus políticas del proceso de evaluación de solicitud de crédito de tal manera que el seguro de propietario estuviera a disposición sin demora para los invididuos que fueron previamente excluídos.34

Casos que involucran a demandados municipales.

Cuando las municipalidades hacen uso de pràcticas discriminatorias el impacto puede ser particularmente devastador. Si la discriminación es por motivo de raza u origen étnico, la acción de una ciudad puede originar o perpetuar la segregación residencial, que repercute de manera adversa en la vivienda, en el empleo, y en las oportunidades educativas. Los casos que combaten esta clase de discriminación han sido desde hace tiempo la prioridad de la División de Derechos Civiles35 Nuestro litigio reciente ha incluído discriminación por motivo de incapacidad, raza y origen étnico.

Por ejemplo, en 1997 la Sección resolvió tres litigios en contra de suburbios de Chicago, alegando que las acciones de las municipalidades que velan por el cumplimiento de las regulaciones discriminaron a personas hispanas que residen o se mudan a dichas jurisdicciones. En  Hispanics United of DuPage County v. Village of Addison, 988 F. Supp. 1130 (N.D. Ill. 1997),36 el Tribunal (Castillo, J.) aprobó una conciliación resolviendo las demandas sobre violación a la Ley de Vivienda Justa al demoler ilegalmente los vecindarios hispanos como parte del programa de renovación urbana.37 Entre otras cosas, la conciliación exigió que el minicipio pagara 1 millón 400 mil dólares para colaborar con la construcción de viviendas asequibles, desarrolle programas de reubicación, construya parques, y compense a las familias que se vieron afectadas por plan de renovación urbana. Al aprobar la conciliación, el tribunal "elogió expresamente al Departamento de Justicia por su rol crucial en la resolución de este litigio."38

En mayo de 1997 la División resolvió un litigio contra la ciudad Waukegan, Illinois, en el que Estados Unidos alegó que los funcionarios de la ciudad habían llevado a cabo una conducta discriminatoria contra los hispanos. El litigio alegó que los funcionarios de la ciudad aprobaron y hiceron cumplir una nueva ordenanza que restringía el número de personas que podían vivir en una casa, a pesar que tenían conocimiento que los hispanos que se mudaban a comunidades a menudo eran familias numerosas.39 En diciembre de 1997 la División resolvió un litigio que había interpuesto contra Town of Cicero, Illinois, alegando que el pueblo había violado la Ley de Vivienda Justa al aprobar y hacer cumplir de manera selectiva una ordenanza sobre ocupación de territorio restringida con la intención de disminuir la afluencia de familias hispanas a Cicero.40

Desde la aprobación de las modificaciones de la Ley de Vivienda Justa en 1988, una parte principal del programa de la Sección que vela por el cumpliento de la ley se ha centrado en objetar las políticas municipales que impiden que viviendas grupales para personas con incapacidades se ubiquen en una jurisdicción particular.41 Estos casos surgen típicamente cuando el patrocinador de vivienda busca autorizaciones, permisos para apartarse de normas, y otras aprobaciones en lo referente a zonificación que le permita tener una vivienda grupal en el vecindario.Subrayamos con éxito dos teorías de responsabilidad civil. En algunos casos alegamos que una unidad gubernamental participó en una discriminación intencional.42 Con màs frecuencia, persuadimos la teoría que la municipalidad se había "rehusado a hacer cambios razonables necesarios en las normas, pràcticas, o servicios para que un individuo goce de las mismas oportunidades para usar y disfrutar una vivienda." 42 U.S.C. §3604(f)(3)(B).43

Una serie de casos recientes ilustra el tipo de litigio que hemos interpuesto. En  United States v. City of Fresno , CV-F-97-5360 (E.D. Calif.), resolvimos un caso en el que alegamos que la ciudad de Fresno había violado la Ley de Vivienda Justa al no permitir que los fondos para la remodelación de la ciudad se usaran para un edificio que tenía la intención de albergar a arrendatarios con incapacidad mental. En conformidad con la orden por consentimiento que resolvió el caso, se le exigió a la ciudad el pago de 535.000 dólares, incluyendo 445.000 dólares en donaciones para ayudar a pagar la remodelación del edificio.44 En United States v. City of Creve Coeur, C.A. No. 4:96CV01106JCH (E.D. Mo. 9 de setiembre de 1997), la corte (Gunn, J.) decidió que la ciudad había violado la Ley de Vivienda Justa al no cumplir con proporcionar alojamiento razonable a los demandantes privados que habían intentado establecer una vivienda grupal para las personas que padecen de la enfermedad de Alzheimer en la ciudad. La ciudad afirmó que como la vivienda iba a ser administrada con fines de lucro, constituía un negocio, y por ello, no estaba permitida en un vecindario residencial. Nosotros argumentamos, y la corte estuvo de acuerdo, que las viviendas grupales con o sin fines de lucro tienen el mismo efecto en sus alrededores. Finalmente, en  United States v. City of Jackson, C.A. No. 3:96-cv-419WS (S.D. Miss. Oct. 14, 1997), prevalecimos en una moción para una sentencia sin apertura de la causa a prueba estableciendo que la ciudad había violado la disposición sobre alojamiento razonable de la Ley de Vivienda Justa al rehusarse a autorizar el funcionamiento de una vivienda pequeña, sin fines de lucro, destinada a brindar cuidado personal a las personas de la tercera edad que sufren de Alzheimer en una zona residencial de viviendas unifamiliares. Al final los asuntos de reparación judicial se resolvieron mediante un decreto judicial que exigía a la ciudad modificar su ordenanza sobre zonificación y pagar 230.000 dólares a las personas afectadas por sus acciones discriminatorias.

Casos sobre accesibilidad

Cuando el Congreso modificó la Ley de Vivienda Justa en 1988 para prohibir la discriminación por motivo de incapacidad, definió discriminación  para los fines de la Sección 804(f), con la finalidad de incluir el incumplimiento de diseñar y construir ciertas viviendas multifamiliares nuevas con características específicas de accesibilidad (42 U.S.C §3604(f)(3)(C)(I)­(iii)).45 Debido al incumplimiento contínuo propagado, la Sección recientemente ha tomado acciones màs enérgicas para velar por el cumplimiento de dichos requisitos. Según la evidencia recogida por nuestro programa de prueba , 46 el año pasado hemos entablado una serie de casos alegando que los arquitectos y constructores de nuevas viviendas multifamiliares en Chicago no cumplieron con los requisitos. En uno de estos casos, obtuvimos un fallo importante que trataba de la cobertura de dichas disposiciones. Ver United States v. Hartz Construction Co., 1998 WL 42265 (N.D. Ill. 28 de enero de 1998) (en donde se sostuvo que una firma de arquitectos podría ser responsable por no diseñar las viviendas en conformidad con la Ley de Vivienda Justa ).47 En julio de 1998 la Sección llegó a un  acuerdo extrajudicial con Pulte Home Corporation, la constructora màs grande de vivienda de la nación, resolviendo las alegaciones que involucraban algunas de sus propiedades en Chicago, Florida and Virginia.48 Ademàs de los casos basados en Chicago, recientemente hemos llegado a acuerdos extrajudiciales con proveedores de vivienda en  Georgia y hemos entablado casos que presentan problemas de accesibilidad similares en Nevada.

Acoso sexual y vivienda.

Una modificación de 1974 a la Ley de Vivienda Justa estipuló que era ilegal discriminar en el acceso a la vivienda por motivo de sexo.49 Muchos de nuestros casos recientes han alegado que los arrendadores acosaban sexualmente a los arrendatarios mujeres. En algunos de estos casos, los arrendadores fueron acusados de exigir favores sexuales a cambio de prolongar el alquiler o proporcionar términos de arrendamiento màs favorables, en otros casos, alegamos que crearon un ambiente hostil para las mujeres las cuales vivían con temor constante o se sentieron obligadas a buscar un nuevo lugar dónde vivir. Tràgicamente muchas de estas mujeres también eran pobres y tenían acceso limitado a otra vivienda decente para ellas y sus familias.

Por ejemplo, en  Krueger v. Cuomo, 115 F.3d 487 (Cir 7. 1997), recientemente defendimos los fallos de un miembro de un tribunal administrativo (ALJ, por sus siglas en inglés) del HUD quien concluyó que el arrendador había violado la Ley de Vivienda Justa al acosar sexualmente a un arrendatario femenino que había hecho uso del título de legitimación de vivienda de la Sección 8 50 para conseguir un departamento. El Tribunal de Apelaciones ratificó dichos fallos observando que  se necesita ya sea empatía o imaginación para valorar la situación difícil de una mujer a quien se le acosa delante de sus hijos, cuya casa no se convierte en santaurio sino en el lugar de origen de su tormento, y quien concluye que no tiene màs alternativa, sino salir a una larga búsqueda de departamento. 51

En enero de 1995 resolvimos  United States v. Langford , C.A. No. J92:0673 (S.D. Miss.), un caso que alegaba que uno de los proveedores de vivienda màs grandes de la Sección 8 en la región delta del Mississippi había acosado sexualmente a sus arrendatarios femeninos, algunas de las cuales eran menores de edad. La conciliación exigió que el demandado indemnizara a las víctimas, pagara una penalidad civil a los Estados Unidos, y cesara su participación en la administración de propiedades de alquiler. También resolvimos United States v. Nedialkov, C.A. No. 93C-1794 (N.D. Ill.), un caso que alegaba que el demandado había expuesto a los arrendatarios femeninos a un acoso sexual prolongado, contínuo, e indeseado, que había condicionado el arredamiento a cambio de favores sexuales, que había creado un ambiente hostil para los arrendatarios femeninos, y había tomado represalias en contra de mujeres que habían presentado demandas de acoso sexual en contra de él. Como parte de la conciliación, el arrendado acordó pagar 150.000 dólares en daños y prejuicios a seis mujeres agraviadas, pagar una penalidad civil de 30,000 dólares a los Estados Unidos, y vender su edificio (Jet Magazine, 1994).

Cumplimiento del derecho penal 

Aunque este artículo se ha centrado principalmente en la actividad de la División que vela por el cumplimiento de la ley de derechos civiles en conformidad con la Ley de Vivienda Justa, no exageramos al mencionar la importancia  de las acciones judiciales penales de actos de violencia que tienen relación con la vivienda. Los crímenes de odio, incluyendo aquellos que tienen como objetivo evitar que las personas ejerzan los derechos garantizados por la Ley de Vivienda Justa, son las señales màs visibles que la promesa de igualdad comprendida en esta Ley todavía no es una realidad. Los crímenes de odio puede aruinar vidas, dividir nuestras comunidades, y arrebatar la esencia nacional. La Sección 901 de la Ley de 1968, 42 U.S.C. §3631, prohíbe tales actividades. Por muchos años, la Sección Penal de la División ha enjuiciado activamente tales casos con la ayuda de abogados estadounidenses.

Las estadísticas recientes reflejan la prioridad que le hemos dado a tales acciones judiciales penales y el hecho que el rostro del racismo es todavía, demasiado a menudo, la violencia. Desde el año fiscal 1996 al 31 de mayo de 1998, los Estados Unidos enjuició a màs de 80 entidades en casos que involucraban alegaciones de interferencia penal con los derechos de vivienda protegidos federalmente. Estos casos típicamente involucraban actos de fuerza o violencia, como por ejemplo quema de cruces, invasiones de casas, disparos, o bombas incendiarias dirigidas a afroamericanos que habían escogido vivir en comunidades integradas. Algunos de estos casos son especialmente urgentes. Por ejemplo, en United States v. DeRosia and Reiman, Crim. No. 96-CR-81040 (E.D. Mich.), dos demandados se declararon culpables de escribir con pintura mensajes racistas en una vivienda ubicada en Mount Morris, Michigan, que Habitat for Humanity estaba construyendo para una mujer afroamericana y sus hijos. En  United States v. Demuro, Crim. No. 97-310 (E.D. Pa.), seis demandados fueron condenados en un juicio mientras que el otro demandado se declaró culpable de realizar vandalismo en una propiedad que alquilaba una mujer afroamericana en un vecindario del sur de Philadelphia donde predominaban personas de raza blanca. Dicho vandalismo ocasionó que se derrumbara el techo de la cocina debido al agua de las cañerías del segundo piso que fueron dañadas, que se rompieran los vidrios de las ventanas por el impacto de una escopeta de aire comprimido, y que las puertas quedaran atascadas por el uso de macilla. En United States v. McKay, Crim. No. 1:96-CR-304 (N.D. Ohio), el acusado se declaró culpable de construir y arrojar una cruz de madera en el césped de la casa de una familia afroamericana. Esta familia justo había resuelto un juicio sobre discriminación que les permitía mudarse a una vivienda en White Parma, Ohio, donde predominaban las personas de raza blanca. Los Estados Unidos había entablado una acción judicial contra esta municipalidad en 1970 por violar la Ley de Vivienda Justa. Ver  United States v. City of Parma, Ohio, 661 F.2d.562 (Cir. 6 1981 ), cert. denegado, 456 U.S. 1049 (1982). Cada vez que tales incidentes de intimidación o violencia ocurran, entablaremos una acción judicial penal con rigor.

Esfuerzos futuros 

La División de Derechos Civiles del DOJ ha establecido dos prioridades para el cumplimiento de la ley a las que dedicarà mayor atención : casos de crímenes de odio, muchos de los cuales involucran violencia o amenazas de violencia relacionada con la vivienda ; y casos de modelo o pràctica discriminatoria que incluyen, entre otras àreas esenciales, vivienda justa y préstamo justo.

Nuestros esfuerzos que velan por el cumplimiento de los derechos civiles continuaràn centràndose en casos de modelo o pràctica discriminatoria desarrollados mediante nuestras iniciativas de prueba y de préstamo hipotecario. En estos casos haremos mayor hincapié para obtener reparación judicial, ya sea a través de juicios litigados o conciliaciones negociadas, que prohíba una conducta discriminatoria futura, que indemnice apropiadamente a las víctimas de tal discriminación, y que requiera que se tomen acciones relevantes que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso a vivienda en las comunidades afectadas por discriminación. Cuando el Congreso aprobó la Ley de Vivienda justa en 1968, uno de sus primeros objetivos fue reemplazar los barrios pobres habitados por minorías étnicas "con modelos de vivienda verdaderamente integrados y balanceados"52 Esta reparación judicial amplia està diseñada para alcanzar este objetivo.

Aunque hemos conseguido una repación judicial amplia en muchos casos entablados a consecuencia de nuestro programa de prueba,53 también estamos intentando conseguirla en casos de modelos o pràcticas discriminatorias. Dos de las conciliaciones recientes son ilustrativas. En 1980 en la Ciudad de Parma, Ohio-- se descubrió que un suburbio de Cleveland que està habitado por personas de raza blanca en 99 por ciento había violado la Ley al participar en una serie de acciones  que se habían realizado con la finalidad de perpetuar la imagen de la ciudad de ser habitada solo por personas de raza blanca. 54 Recientemente negociamos una conciliación con la ciudad diseñada a promover mudanzas integrativas en la comunidad que pondría fin a años de supervisión de la corte federal de las políticas de vivienda de la municipalidad. Entre otras cosas, dicha conciliación requiere que Parma abra una nueva oficina que cuente con dos empleados a tiempo completo de Cuyahoga Plan of Ohio, una agencia local de vivienda justa; que ejecute un programa de mercadeo favorable para las minorías; y que proporcione aproximadamente 1 millón de dólares en ayuda hipotecaria y préstamos para la remodelación de departamentos con la finalidad de atraer a los residentes de minorías a Parma (The Columbus Dispatch, 1997).55

Dichos esfuerzos favorables también son un componente importante de una conciliación que alcanzamos en mayo de 1998 para resolver nuestro litigio contra First Real Estate Corporation, la compañía de bienes raíces màs grande en Alabama. En dicho litigio, los Estados Unidos alegó que la compañía consideró la raza de clientes potenciales para determinar la asignación de agentes de ventas, dirigió o alejó a los presuntos compradores hacia viviendas particulares por motivo de su raza y usó una estrategia publicitaria que variaba dependiendo de la composición racial de varios vecindarios 56 El decreto judicial exige que la compañía:

  • Revise sus pràcticas de ventas para asegurar que la decisión de mostrar una vivienda no se basa en la raza ya sea del cliente o de los residentes del vecindario donde està ubicada la vivienda.
  • Asigne los clientes a los agentes, independientemente de su raza.
  • Establezca un fondo de 100.000 dólares para compensar a las personas que pueden haber resultado perjudicadas a consecuencia de las supuestas pràcticas discriminatorias de la compañía.
  • Lleve a cabo un programa para educar a sus agentes y empleados sobre sus responsabilidades en conformidad con la Ley de Vivienda Justa.
  • Promueva la vivienda justa en Birmingham al auspiciar seminarios para los supuestos compradores de casas, y desarrolle un plan de mercadeo para promover que todas las comunidades del àrea metropolitana estén abiertas a todas las razas y nacionalidades.
Conclusión

La corte en nuestro caso reciente contra el pueblo de Addison observó que "el distintivo de una gran sociedad -- una comunidad verdadera integrada racial y étnicamente -- es un objetivo difícil que lamentablemente no se ha alcanzado en la mayoría de las comunidades urbanas y suburbanas."57 Treinta años después de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa, la discriminación solapada continúa impidiendo que muchos estadounidenses-- ya sea por motivo de raza, religión, sexo, condición familiar, origen étnico, o incapacidad --conviertan en realidad sus sueños de vivir en la casa de su elección. Cuando los Estados Unidos realiza una acción para velar por el cumplimiento de la Ley busca hacer esos sueños realidad. La Ley de Vivienda Justa y sus modificaciones de 1988 le ha proporcionado a la División de Derechos Civiles un arma muy efectiva en esta búsqueda, y seremos firmes en nuestros esfuerzos para promover el compromiso de la Nación con "una vivienda justa en todos los Estados Unidos."58

Autor

Bill Lann Lee ha sido el  Procurador General Interino de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia desde el 15 de diciembre de 1997.


Notas

1. Comentarios del presidente al covertir el proyecto en Ley, 4 Compilaciones Semanales de Documentos Presidenciales 673, 674 (11 de abril de 1968).

2. Mensaje del presidente al Congreso, 2 Compilaciones Semanales de Documentos Presidenciales 581, 588 (28 de abril de  1966) y comentarios del presidente al firmar el proyecto de ley en Ley, 4 Compilaciones Semanales de Documentos Presidenciales 673

(11de abril de 1968). Este mensaje decía:

Ha llegado el momento que el Congreso declare énfaticamente que la discriminación en la vivienda y todo el mal que produce son una negación de justicia y representan una amenaza para el desarrollo de nuestras àreas urbanas en crecimiento.

Ha llegado el momento de combatir las restricciones irracionales sobre la libertad de cualquier familia de vivir en la vivienda y en el vecindario de su elección.

3. Una Compilación Semanal de Documentos Presidenciales en 673. Antes, la autoridad judicial, legislativa, y ejecutiva había prohíbido algunas pero no todas las pràcticas discriminatorias en la concesión de vivienda. Por ejemplo, en Buchanan v. Warley, 245 U.S. 60 (1917), la Corte Suprema sostuvo que una ordenanza municipal que prohibía a los afroamericanos comprar una casa en una manzana donde la mayoría de viviendas eran ocupadas por personas de raza blanca violaba la modificación 14. En 1948, la Corte Suprema en  Shelley v. Kramer, 334 U.S. 1, 18 (1948), sostuvo que la aplicación judicial por parte del estado de los convenios restrictivos con respecto a la raza  violaban la modificación 14. En Hurd v. Hodge, 334 U.S. 24 (1948), la Corte sostuvo que el Distrito de Colombia, de la misma manera, no podía hacer cumplir dichos convenios sobre la base de la Ley de Derechos Civiles de 1866, 42 U.S.C. §1982. En noviembre de 1962 el presidente Kennedy emitió el mandato ejecutivo 11063, 27 Fed. Reg. 11,517 (20 de noviembre de 1962), ordenando a todos los departamentos y agencias federales evitar la discriminación en la venta, alquiler, o uso de toda propiedad residencial administrada, finaciada o perteneciente al gobierno federal. El título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964,  42 U.S.C. §2000d, en general prohibía la discriminación en programas y actividades que recibían asistencia financiera federal. Poco después de la aprobación de la Ley de Vivienda Justa, la Corte Suprema sostuvo que la Ley de Derechos Civiles de 1866,  42 U.S.C. §1982, como un ejercicio vàlido del poder del congreso en conformidad con la modificación 13, influyó en las pràcticas privadas de vivienda de discriminación racial.  Jones v. Alfred H. Mayer Co., 392 U.S. 409, 410, 443 (1968).

4. Pub. L. 90­284, Título VIII, 11 de abril de 1968, 82 Stat. 81.

5. 4 Compilaciones Semanales de Documentos Presidenciales en 674.

6. Ver la Comisión Nacional Consultiva sobre Desórdenes Públicos , pàgina1 (1968), que encontró que el país se estaba "moviendo hacias dos sociedades, una afroamerica, y una de raza blanca -- independientes y desiguales."

7. 42 U.S.C. §3601. Pub. L.90­284, Título VIII, §801, 11 de abril de 1968, 82 Stat. 81. La política nacional aprobada por el Congreso en la Ley de Vivienda Justa representó un cambio de las pràcticas gubernamentales anteriores que habían contribuído a la vivienda segregada del país. En efecto, "por un período de casi 20 años, el gobierno federal, a través de la [Administración Federal para la Vivienda] fue el exponente líder de la discriminación racial en la vivienda y de la segregación residencial." Reed v. Rhodes, 422 F. Supp. 708, 789 (N.D. Ohio 1976), aff'd , 607 F.2d 714 (Cir.6 1979), cert. denegada, 445 U.S. 935 (1980) (con énfasis) (elimimación de citas internas). Muchas otras cortes han reconocido las pràcticas discriminatorias de las agencias federales. Ver por ejemplo,  Hills v. Gautreaux, 425 U.S. 284, 286 (1976); Young v. Pierce, 628 F. Supp. 1037 (E.D. Tex. 1985); United States v. City of Parma, Ohio, 494 F. Supp. 1049, 1058 (N.D. Ohio 1980), aff'd as modified , 661 F.2d 562 (Cir.6 1981), cert. denegado, 456 U.S. 926 (1982); Evans v. Buchanan, 393 F. Supp. 428, 434­435 (D. Del. 1975) (corte de tres jueces); Oliver v. Kalamazoo Bd. of Educ., 368 F. Supp. 143, 182­184 (W.D. Mich. 1973), aff'd , 508 F. 2d 178 (Cir.6 1974); Heyward v. Public Housing Administration, 238 F. 2d 689 (5th Cir. 1956).

8. 42 U.S.C. §3604 (1968). El congreso modificó la Ley en 1974 para prohibir la discriminación por motivo de sexo, Pub. L. 93­383, Título VIII, §808(b)(1), 22 de agosto de 1974, 88 Stat. 729, y en 1988 para prohibir la discriminación por motivo de condición familiar e incapacidad, Pub. L. 100­430, §6, 13 de setiembre de 1988, 102 Stat. 1619, 1620­21.

9. En Jones, 392 U.S. en 413, la Corte Suprema observó:

Cualquier otra cosa que fuere, 42 U.S.C. §1982 no es una ley amplia sobre vivienda abierta.  En contraste claro con [la Ley de Vivienda Justa recientemente aprobada], el estatuto en este caso solo se encarga de la discriminación racial y no se encarga de la discriminación por motivo de religión u origen étnico. No se encarga específicamente de la discriminación en la provisión de servicios o instalaciones relacionadas con la venta o alquiler de una vivienda. No prohíbe la publicidad u otras representaciones que indiquen preferencias discriminatorias. No se refiere explícitamente a la discriminación en los arreglos financieros o en la prestación de servicios de corretaje. No le otorga la autoridad a la agencia administrativa federal para asistir a las partes agraviadas. No dispone la intervención del Ministro de Justicia, y aunque se puede aplicar por mandato judicial, no contiene ninguna disposición que autorize expresamente a la corte federal a solicitar el pago de daños y perjuicios.

10. Muchos estudios han documentado el trato discriminatorio que las minorías continúan recibiendo en el mercado de bienes raíces. Por ejemplo, el Consejo de la Vivienda Justa de la gran àrea de Washington (1998) indicó los siguientes resultados de una auditoría sobre las pràcticas de venta y alquiler en Washington, D.C. realizada en 1997:

En 1997, el Consejo de Vivienda Justa divulgó las auditorías que documentaban la magnitud de la discriminación que experimentaron los afroamericanos y latinos en el mercado de alquiler de viviendas de la región  (44 por ciento y 37 por ciento, respectivamente) y en el mercado de venta de viviendas (33 por ciento y 43 por ciento, respectivamente). También se documentó el trato que recibían las personas con incapacidades en el mercado de bienes raíces (el 50 por ciento recibió un trato discriminatorio y en 100 por ciento de los casos las construcciones nuevas no cumplían con las disposiciones sobre accesibilidad).

A la vez que se advierte la auditoría sobre el alquiler y venta de vivienda de 1997, un estudio realizado en 1998 se centra principalmente en el trato significativamente diferente que reciben las minorías al obtener hipotecas. Este estudio muestra que, 30 años después de la aprobación de la Ley Federal de Vivienda Justa, los afroamericanos y los latinos que buscan hipotecas en el àrea de Washington, D.C todavía encuentran discriminación en el 41 por ciento de los casos. Los ejemplos de conducta discriminatoria citados en esta auditoría incluyen: tasas de interés màs altas; opciones de préstamo limitadas; diferencias en tasas de interés, puntos, y plazos; y la incapacidad de obtener información y/o citas; el uso de verificación crediticia como pretexto; un trato descortés. Estudios como éste ayudan a explicar por qué los índices de negación de hipotecas difieren significativamente entre las razas y los grupos étnicos. Según los datos recientemente recogidos por el Consejo Federal de Supervisión de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés), "los índices de negación de préstamos convencionales (no gubernamentales) en lo que la compra de vivienda se refiere en 1997 fueron 53 por ciento para los solicitantes afroamericanos, 52 por ciento para los solicitantes indígenas americanos, 38 por ciento para los solicitantes hispanos, 26 por cierto para los solicitantes de raza blanca, y 13 por ciento para los solicitantes asiàticos." (Consejo Federal de Supervisión de Instituciones Financieras, 1998.)

11. Un número de cortes han visto la reparación judicial ordenada en West Peachtree como un modelo para la reparación judicial equitativa en los casos de Vivienda Justa. Ver, por ejemplo,  United States v. Hunter , 459 F.2d 205, 214 (Cir.4 1972), cert. denegado, 409 U.S. 934 (1972); y  United States v. Real Estate Development Corp. , 347 F. Supp. 776, 785 (N.D. Miss. 1972). La reparación judicial incluyó un decreto judicial que prohibió cierta conducta y una reparación judicial obligatoria. Exigió una publicidad favorable de las unidades para alquiler, la adopción de estàndares de alquiler objetivos, la instrucción de empleados en lo que respecta a los requisitos de un decreto, y la presentación de informes regulares de cumplimiento a los Estados Unidos.

12. 392 U.S. en 417.

13. Trafficante v. Metropolitan Life Insurance Co., 409 U.S. 205, 209, 211 (1972). Ver también Schwemm, (1998) para la revisión de la función limitada del gobierno para velar por el cumplimiento de la Ley original .

14. Ver, por ejemplo, United States v. J.C. Long , 537 F.2d 1151, 1155 (Cir.4 1975), cert. denegado, 429 U.S. 871 (1976) (donde se sostuvo que en un litigio interpuesto por el Ministro de Justicia no se puedieron otorgar compensaciones monetarias por daños a las víctimas de discriminación); United States v. Northside Realty Associates, Inc. , 605 F.2d 1348 (Cir. 51979) (lo mismo).

15. La aprobación de la Ley de Vivienda Justa y sus Modificaciones de 1988 puso término a un largo proceso que había comenzado en el Congreso 92, que realizó una serie de audiencias de vigilancia sobre vivienda justa. En 1980 la Càmara de Representantes aprobó la Ley de Vivienda Justa y sus modificaciones de 1980, que estipulaba la aplicación administrativa de la ley y la cobertura de personas con incapacidades. Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado en el Senado. Ver H.R. Rep. No. 711 en 14­15, Cong. 100, Segunda Sesión. (1988), impreso nuevamente en 1988 U.S.C.C.A.N. 2173, 2176 ("Informe de la Càmara") (describe los antescedentes históricos de las modificaciones de 1998).

16. Ver 42 U.S.C. §3604. El Congreso reconoció que las personas con incapacidades y las familias con hijos, "como las demàs clases protegidas por [la Ley de Vivienda Justa] han sido víctimas de pràcticas discriminatorias y desleales en el acceso a la vivienda." Informe de la Càmara, en 13. Al incluir la prohibición de la discriminación por motivo de incapacidad, el Congreso se "pronunció claramente sobre el compromiso nacional de poner fin a la exclusión innecesaria de personas con [incapacidades] del estilo de  vida americano."  Id., en 18. Al incluir la prohibición a la discriminación por motivo de condición familiar, el Congreso reconoció que "la discriminación a familias con hijos impide que millones de familias estadounidenses "alcacen el objetivo de la nación de proporcionar una vivienda decente y un ambiente apropiado para cada familia estadounidense. Id., en 19. También reconoció que la "discriminación a familias con hijos a menudio tiene un efecto discriminatorio racial ...." Id., en 21.

17. Esta autoridad es importante. La Ley modificada :

  • Requiere que el HUD investige y alcance la conciliación de todas las demandas, tal como lo hizo la Ley de 1968. Sin embargo, la Ley modificada requiere que el HUD determine si existe una causa razonable para creer que se ha producido una pràctica discriminatoria en el acceso a vivienda. Si el HUD realiza tal determinación, debe presentar un cargo administrativo formal de discriminación. Ver la Sección 810, 42 U.S.C. §3610. Si, durante el curso de la investigación, el HUD concluye que es necesario entablar una "pronta acción judicial" para cumplir con los fines de la Ley, podrà autorizar al Ministro de Justicia a comenzar y mantener una acción civil en busca de una reparacióm judicial temporal o preliminar apropiada mientras se emite la disposición fnal de la demanda administrativa. Ver la Sección 810(e), 42 U.S.C. §3610(e).
  • Crea un nuevo mecanismo de derecho administrativo, incluyendo ALJs y procedimientos de derecho administrativo formales, para escuchar tales cargos. Ver la Sección 812, 42 U.S.C. §3612.
  • Incluye una disposición por la cual ya sea el demandante o el demandado por un cargo administrativo podrà elegir que el cargo se haga conocer en la corte federal. Si hace tal elección, se exige al Ministro de Justicia que comience una acción civil en la Corte Distrital de los Estados Unidos en representación del demandante (s) agraviado(s). Ver la Sección 812(o) de la Ley, 42 U.S.C. § 3612(o).
  • Autoriza al Gobierno Federal a buscar indemnización monetaria para las personas en cuya representación se entablan las acciones, ya sea que la acción de cumplimiento de la ley sea escuchada por un ALJ o una corte federal.
  • Requiere que el HUD derive al DOJ los asuntos concernientes a la legalidad de cualquier zonificación local o estatal y cualquier otra ordenaza o ley sobre el uso de tierras que impliquen una pràctica discriminatoria en el acceso a vivienda. Sección 810(g), 42 U.S.C. §3610(g). La ley modificada crea una autoridad específica para el Ministro de Justicia para iniciar juicios civiles sobre la base de tales casos derivados. Ver la Sección 814(b)(1), 42 U.S.C. §3614(b)(1).
  • Le otorga a DOJ la autoridad de entablar acciones civiles, después de recibir los casos del HUD, por cualquier incumplimiento de un acuerdo de conciliación del HUD. Ver Sección 814(b)(2), 42 U.S.C. §3614(b)(2).
  • Le otorga al DOJ la autoridad de intervenir en acciones civiles privadas, en las que el Ministro de Justicia certifique que la acción es de "importancia pública general." 42 U.S.C. §3613(e).

18. En conformidad con la Ley modificada, el DOJ està autorizado a buscar una indenminización compensatoria y punitiva para las personas en cuya representación el Departamento de Justicia inicie un juicio en los casos de "elección", ver 42 U.S.C. § 3612(o)(3), así como para cualquier persona identificada como perjudicada en los casos amplios de modelo o pràctica discriminatoria interpuestos en virtud de la Sección 814. Ver 42 U.S.C. §3614(d)(1)(B). Ademàs de dichas indemnizaciones, el Departamento de Justicia està autorizado a buscar penalidades civiles en los casos entablados en conformidad con la Sección 814. Ver 42 U.S.C. §3614(d)(1)(C).

19. El Ministro de Justicia formalmente delegó la responsabilidad de litigar casos de "elección" a los abogados estadounidenses en noviembre de 1993.  Estas oficinas trabajan con abogados de la Sección sobre Cumplimiento de la Ley Vivienda y Derechos Civiles, quienes ofrecen apoyo en este litigio. Esta medida ha sido beneficiosa para el Departamento de Justicia al permitirle hacer uso de recursos de la oficinas de abogados estadounidenses para colaborar con el cumplimiento de la ley en cuanto a los derechos civiles se refiere en mayor grado que en el pasado, dando por resultado un programa para el cumplimiento de la ley muy exitoso y bien coordinado. A partir de agosto de 1998 dichas oficinas han entablado màs de 220 casos de elección. Dichos casps pueden dividirse aproximadamente por clase amparada :

  • Condición familiar: 40 por ciento.
  • Raza: 37 por ciento.
  • Incapacidad : 16 por ciento.
  • Sexo: 9 por ciento.

Algunos casos pueden haber incluido alegaciones pertinentes a màs de una clase amparada.

21. Ver la subsección titulada "Casos de accesibilidad" de este artículo para tener màs detalle sobre este tipo de caso.

22. Ver, por ejemplo, Havens v. Coleman , 455 U.S. 365 (1982). En los primeros años de sus esfuerzos que velan por el cumplieneto de la ley, el Departamento de Justicia a menudo dependía de la evidencia de prueba proporcionada por grupos locales de vivienda justa. Ver, por ejemplo,  United States v. Northside Realty Associates, Inc., 605 F.2d 1348 (Cir.5 1976) (donde se afirma la legalidad de la evidencia obtenida por los ejecutores de las pruebas y que depende de los Estados Unidos).

23. Los Estados Unidos no logró conseguir una reparación judicial en solo 2 de los 48 casos de prueba. Ver United States v. Telegraph Park, C.A. No. 4:94CV00758LOD (E.D. Ohio abril 1998 (fallo del jurado); United States v. Lorrantffy Care Center, C.A. No. 5:97CV00295 (N.D. Ohio abril 1998) (fallo del jurado).

24. Por ejemplo, en un grupo de 8 casos interpuestos en South Florida en virtud a la evidencia recogida por el programa de prueba, la Sección consiguió un total de 1.725.500 dólares mediante sus conciliaciones. Ver United States v. Natura, Inc., C.A. No. 94­6955­CIV­Lenard (S.D. Fla. 8 de noviembre, 1995); United States v. Jacobson, C.A. No. 95­1238­CIV­Ferguson (S.D. Fla. 30 de mayo, 1996); United States v. Joseph Skilken Revocable Trust, C.A. No. 95­8353­CIV­Hurley (S.D. Fla. 25 de octubre, 1996); United States v. Araich Anstalt Corp., C.A. No. 95­8355-CIV­Hurley (S.D. Fla. 11 de noviembre 1996); United States v. Kendall House Apartments, C.A. No. 95­2050­CIV­Kehoe (S.D. Fla. 13 de noviembre, 1996); United States v. Rosemurgy, C.A. No. 95­8351­CIV­Gonzalez (S.D. Fla. 18 de noviembre, 1996); United States v. Langlois, C.A. No. 95­8352­CIV­Hurley (S.D. Fla. 12 de diciembre, 1996); United States v. Gordon , C.A. No. 95­8354­CIV­Ryskamp (S.D. Fla. 8 de abril, 1997). Se pagó a un grupo privado de vivienda justa cerca de 500.000 dólares de conciliaciones monetarias para promover la vivienda justa a través de consejería sobre vivienda y un mercadeo favorecedor en las comunidades que experimentan discriminación. Dicho mercadeo incluyó la elaboración de videos promocionales y tours en la comunidad en Kendall y Boca Raton, Florida. De la misma manera, se designó 500.000 dólares de 1 .500.000 dólares de una conciliación contra propietarios y gerentes de un complejo de departamentos de 1.142 unidades en New Jersey para actividades diseñadas para una mayor vivienda justa. United States v. Chandler Associates , C.A. No. 97­3114 (D. N.J. 18 de junio, 1997). Dicha reparación judicial para colaborar con los esfuerzos privados para una vivienda justa se ha convertido en un componente notable de nuestras conciliaciones, incluyendo aquellas alcanzadas en casos que no han dependido de una evidencia de prueba. Estos esfuerzos nos han permitido trabajar màs cerca con grupos locales de vivienda justa. En efecto, se designó 250.000 dólares de una conciliación de 1.800.000 dólares de un caso importante de modelo o pràctica discriminatoria para crear el primer grupo privado de vivienda justa en Mobile, Alabama. United States v. Mitchell Brothers, Inc., C.A. No. 95­0694­RV­S (S.D. Ala. 13 de junio de 1996).

25. La Ley de Igualdad de Oportunidades en la Concesión de Crédito estipula, inter alia , que serà ilegal "discriminar a cualquier solicitante con respecto a cualquier aspecto de una transacción de crédito -- por motivo de raza." 15 U.S.C. §1691(a)(1). El Minsistro de Justicia està autorizado a iniciar casos de modelo o pràctica discriminatoria en conformidad con ese estatuto. 15 U.S.C. §1691e(h).

26. Estos casos son : United States v. Decatur Federal Savings and Loan Association No. 1, C.A. No. 92­CV­2198 (N.D. Ga. 17 de setiembre de 1992); United States v. First National Bank of Vicksburg, C.A. No. 5:94 CV6(B)(N) (W.D. Miss. 21 de enero de 1994); United States v. Blackpipe State Bank, C.A. No. 93­5115 (D. S.D. 16 de noviembre de 1993); United States v. Chevy Chase Federal Savings Bank, C.A. No. 911824 JG (D. D.C. 22 de agosto de 1994); United States v. The Northern Trust Co., C.A. No. 95­CV­3239 (N.D. Ill. 1 de junio de 1995); United States v. The Huntington Mortgage Co., C.A. No. 1:95 CV 2211 (N.D. Ohio, 18 de octubre de 1995); United States v. Security State Bank of Pecos, C.A. No. SA 95­0996 (W.D. Tex. 18 de octubre de 1995); United States v. Fleet Mortgage Corp., C.A. No. CV96­2279 (E.D. N.Y. 7 de mayo de 1996); United States v. Long Beach Mortgage Co., C.A. No. 96­6159 DT (CWX) (C.D. Cal. 5 de setiembre de 1996); United States v. First National Bank of Dona Ana County, C.A. No. 97­0096 (D. N.M. 28 de enero de 1997): United States v. First National Bank of Gordon, Nebraska, C.A. No. 96­5035 (W.D. S.D. 7 de mayo de 1997); y  United States v. Albank FSB y Albank Financial Corp., C.A. No. 97­CV­1206 (N.D. N.Y. 13 de agosto de 1997).

27. Los tres casos resueltos en 1997 (ver la nota 26) ilustran nuestro litigio en esta àrea. El primer caso fue interpuesto contra First National Bank de Condado Dona Ana, Nuevo Méjico, alegando discriminación contra hispanos en el proceso de evaluación de solicitud de crédito para la concesión de préstamos.  El decreto judicial incluyó una reparación judicial monetaria de 585.000 dólares. El segundo decreto judicial resolvió el litigio contra First National Bank of Gordon, Nebraska, alegando discriminación contra clientes indígenas americanos a quienes se les había cobrado tasas de interés significativamente màs altas en los préstamos personales que a los clientes de raza blanca. El decreto judicial en dicho caso incluyó una reparación judicial monetaria de 275.000 dólares. El tercer caso resolvió demandas en contra de Albank Federal Savings Bank de Albany, New York, alegando que el banco se rehusó a otorgar préstamos en las àreas de minorías de los condados Connecticut y Westchester, Nueva York.  Esto recibe el nombre de redlining (en inglés) y se refiere a la discriminación practicada por instituciones financieras respecto de las condiciones de sus créditos. El decreto judicial incluyó una orden judicial permanente contra los programas de mercadeo discriminatorio y el suministro de préstamos descontados en àreas geogràficas anteriormente ignoradas. Esta reparación le costarà al banco casi 9 millones de dólares en préstamos con tasas de interés por debajo del mercado.

28. Estos prestamistas por lo general cobran precios màs elevados para dichos préstamos, lo cual no està mal. Sin embargo, es ilegal cobrar precios que tienen caràcter discriminatorio. Nuestro litigio de 1996 contra Long Beach Mortgage Company (ver la nota 26) fue nuestro primer caso en contra de un prestamista que otorga la mayoría de sus préstamos a prestatarios de crédito menos solvente. Alegamos que la compañía había permitido a sus empleados encargados de los préstamos y a sus agentes de préstamos independientes cobrar a los prestatarios, a su discreción, hasta 12 por ciento de la cantidad del préstamos por encima del precio base del prestamista. El precio por encima del precio base no guardaba relación con las calificaciones del prestatario ni el riesgo del prestamista. Por el contrario, a los afroamericanos, a los hispanos, a las mujeres, y a las personas de la tercera edad se les cobró tasas màs elevadas que a las otras personas. Según la conciliación que conseguimos, la compañía pagarà 3 millones de dólares a 1.200 víctimas de sus pràcticas discriminatorias.

29. La tendencia de préstamos hipotecarios incrementados para las minorías continúa. Por ejemplo, los datos recientemente divulgados por FFIEC muestran que, durante 5 años, de 1993 a 1997, el número de préstamos ampliados para la compra de vivienda se ha incrementado en 62 por ciento para los afroamericanos, 58 por ciento para los hispanos, 29 por ciento para los asiàticos, 25 por ciento para los indígenas americanos, y 62 por ciento para las personas de raza blanca (Consejo Federal para la Supervisióm de Institucipones Financieras, 1998).

30. Dicha discriminación ha sido documentada. Por ejemplo, un estudio reciente realizado por el Departamento Estatal de Seguros de Missouri informó que "los residentes de vecindarios con una proporción alta de minorías tiene menos acceso a agentes, se les ofrece políticas menos restringidas, y tienen índices màs altos de demandas."(Semana del Seguro Estatal y Federal, 1998.)

31. Ver  Nationwide Mutual Insurance Co. v. Cisneros, 52 F.3d 1351, 1360 (Cir.6 1995), cert. denegado 516 U.S. 1140 (1996) (juicio de defensa); NATIONAL ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE v. American Family Mutual Insurance Co., 978 F.2d 287, 301 (Cir.7  1992), cert. denegado,  508 U.S. 907 (1993) (juicio favorable); Canady v. Allstate Insurance Co., PH Fair Lending Rptr. ¶16,120 (W.D. Mo. 1996); McDiarmid v. Economy Fire and Casualty Co., 604 F. Supp. 105, 108­09 (S.D. Ohio); and Dunn v. Midwestern Indemnity American Fire and Casualty , 472 F. Supp. 1106, 1111­12 (S.D. Ohio 1979).  En cada uno de estos casos, las cortes han sostenido que la Ley prohíbe la discriminación en el suministro de dicho seguro. Recientemente hemos tratado este asunto como un amicus en National Fair Housing Alliance, Inc. v. Liberty Mutual Insurance Co. , C.A. No. 1:98CV00928 TPJ (D.D.C.) (escrito judicial presentado el 29 de julio de 1998). La regulación del HUD que prohíbe la discriminación en el suministro de seguro de propietario se encuentra en 24 C.F.R. § 100.70(d)(4).

32. Nuestra demanda en  United States v. Nationwide Mutual Insurance Co., C.A. No. C2­97­291 (S.D. Ohio 10 de marzo de 1997), alegó, inter alia , que las reglas del proceso de evaluación de solicitud de crédito de Nationwide, que prohibían asegurar una vivienda si era màs antigua que cierto año o tenía un valor inferior a cierto valor, no tenían el sustento de consideraciones económicas. Alegamos que dichas reglas impedían de manera efectiva la cobertura en los vecindarios de minorías donde las viviendas son, por lo general, màs antiguas, y cuyo valor es desestimado, debido, en parte, a la discriminación del mercado de bienes raíces. Nuestra demanda ademàs alegó que, debido a estas reglas, Nationwide restringió los vecindarios donde se podía ofrecer el seguro de propietario según su composición étnica o racial, e instruyó a sus agentes a evitar hacer negocios en vecindarios de minorías.

33. La demanda en  United States v. American Family Mutual Insurance Co., C.A. No. 95­C­0327 (E.D. Wis. 30 de marzo de 1995), alegó, inter alia, que los empleados de American Family en algún momento:

  • Dieron instrucciones explícitas a los agentes y a los encargados del proceso de evaluación de solicitud crédito de tomar en consideración la raza al decidir, si o bajo qué términos se ofrecería el seguro de propietario.
  • Exigieron a los agentes y a los encargados del proceso de evaluación de solicitud crédito considerar la raza como factor al decidir inspeccionar o no una vivienda. Se usó los resultados de la inspección para negar la cobertura en algunos casos.
  • Pasaron por alto las deficiencias en la condición de las viviendas en vecindarios donde residían personas de raza blanca, pero se valieron de deficiencias similares para negar cobertura de seguro en vecindarios de afroamericanos.
  • Se refieron a los afroamericanos de manera peyorativa y estereotípica por tener riesgo de seguro pobre.
  • Criticaron a los agentes, incluyendo a afroamericanos que buscaban hacer negocio en la comunidad afroamericana y los desanimaron de llevar a cabo tales negocios. 

34. En conformidad con la orden por consentimiento en el caso American Family, se le exige a la compañía, entre otras cosas :

  • Dejar de excluir a las viviendas únicamente por motivo de su antigüedad o precio de venta.
  • Proporcionar una nueva política diseñada a hacer el seguro de costo de reemplazo mucho màs accesible.
  • Hacer publicidad en medios de comunicación que llegue a los afroamericanos.
  • Inspeccionar las viviendas en vecindarios afroamericanos usando los mismos criterios que se usan en las inspecciones de los vecindarios habitados por personas de raza blanca.
  • Hacer pruebas al azar de sus pràcticas.
  • Emitir una declaración que indique su política antidiscriminatoria.

El decreto judicial de  Nationwide obliga a la compañía a :

  • Dejar de solicitar que el valor del mercado de una vivienda sea un porcentaje mínimo del costo total del reemplazo.
  • Retirar las restricciones geogràficas que impiden el seguro de propietario en los vecindarios de minorías.
  • Inspeccionar la condición de una vivienda para decidir si debe tener cobertura, en lugar de simplemente rehusar dicha cobertura debido a que la vivienda es vieja o tiene determinado valor.
  • Incrementar la cobertura de seguro mediante el uso de una campaña publicitaria que llegue a la comunidad. 
  • Capacitar a sus empleados sobre la necesidad de tratar a los todos los solicitantes por igual, independientemente de su raza, y supervisar su desempeño a través de pruebas.

35. Ver, por ejemplo, Kennedy Park Homes Association v. City of Lackawanna, 436 F.2d 108 (2d Cir. 1970), cert. denegado, 401 U.S. 1010 (1971) (tercero interviniente en un juicio de los Estados Unidos); United States v. City of Black Jack , 508 F.2d 1179 (Cir.8 1974), cert. denegado, 422 U.S. 1042 (1975); United States v. Birmingham, 727 F.2d 560 (Cir.6 ), cert. denegado, 469 U.S. 821 (1984); United States v. Yonkers Board of Education, 624 F. Supp. 1276 (S.D.N.Y. 1985), aff'd, 837 F.2d 1181 (Cir. 2 1987), cert. denegado, 486 U.S. 1055 (1988); United States v. City of Philadelphia, 838 F. Supp. 223 (E.D. Pa. 1993). Las cortes sostuvieron que la Ley de Vivienda Justa, prohíbe  pràcticas municipales discriminatorias por motivo de raza en el uso de tierras.  Metropolitan Housing Development Corporation v. Village of Arlington Heights, 588 F.2d 1283 (Cir.7  1977), cert. denegado, 434 U.S. 1025 (1978); Resident Advisory Board v. Rizzo, 564 F.2d 126 (3rd Cir. 1977), cert. denegado, 422 U.S. 1022 (1978); Huntington Branch, NATIONAL ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE v. Town of Huntington , 844 F.2d 926 (Cir.2 1988), aff'd, 488 U.S. 15 (1988). Desde la aprobación de la Ley modificada de 1988, las cortes han afirmado el derecho de las personas con incapacidades en conformidad con la Sección 804(f), 42 U.S.C. §3604(f), "a escoger vivir en vecindarios con casas unifamiliares, dicho derecho sirve para poner fin a la exclusión de [tales] individuos del estilo de vida americano ... " Smith & Lee Associates, Inc. v. City of Taylor, Michigan , 102 F.3d 781, 794­95 (Cir.61996). Ver también  City of Edmonds v. Washington State Building Code Council , 18 F.3d 802, 806 (Cir.9 1994), aff'd , 514 U.S. 725 (1995) ("El Congreso tenía el propósito que FHAA protegiera el derecho de las personas incapacitadas de vivir en la residencia de su elección en la comunidad").

36. El litigio interpuesto por los Estados Unidos (C.A. No. 95­C­3926, N.D. Ill.) había sido fusionado con la acción entablada por Hispanos Unidos del condado DuPage (C.A. No. 94­C­6075).

37. Nuestra demanda en Village of Addison alegó que el pueblo había usado de manera inapropiada un programa de financiamiento del estado que le daba a las municipalidades la autoridad de demoler las àreas designadas como arruinadas y entregar las propiedades a urbanizadores privados. Ademàs, la demanda alegó que el  blanco del plan de Addison, intencionalemente, era seis de los ocho cuadras de censos que tenían mayormente población hispana, incluso después de que inspecciones repetitivas determinaran que la vivienda cumplía con los códigos de vivienda aplicables.  Demandamos que el municipio sabía que no habría suficiente vivienda para los residentes desplazados de aquellas àreas y que muchas familias hispanas se verían obligadas a salir.

38. Village of Addison, 988 F. Supp en 1170.

39. Este caso, United States v. City of Waukegan , C.A. No. 96­C­4996 (N.D. Ill.), fue resuelto el 20 de mayo de  1997. Dicha conciliación solicitó que la ciudad :

  • Pague 175.000 dólares en indemnización a las víctimas de la política discriminatoria y 25.000 dólares en penalidades civiles a los Estados Unidos.
  • Deje aplicar la ordenaza sobre la composición de familias.
  • Capacite a los empleados responsables de los asuntos relacionados con la zonificación y el uso de tierras sobre los requisitos de la Ley de Vivienda Justa.
  •  Contrate un consejero sobre vivienda justa, que hable inglés y español, para manejar las quejas sobre vivienda.
  • Lleve a cabo reuniones regulares para informar al público sobre las oportunidades de vivienda de la ciudad y los estàndares de salud y seguridad para las casas y departamentos. 

40. United States v. Town of Cicero, Illinois, C.A. No. 93­C­1805 (N.D. Ill. 11 de diciembre de 1997). La ordenanza objetada había restringido a dos el número de personas que podían ocupar algunas viviendas de tres habitaciones. Nuestro litigio alegó que el pueblo había aplicado esta ordenanza solo contra compradores nuevos de propiedad, la mayoría de los cuales eran hispanos, y no contra residentes actuales, la mayoría de los cuales eran de raza blanca. En conformidad con la conciliación, Cicero acordó:

  • Pagar 60.000 dólares para compensar a las personas que se vieron perjudicadas por la aplicación de la ordenanza por parte del pueblo. 
  • Abstenerse de hacer cumplir dicha ordenanza.
  • Abstenerse de adoptar un nuevo estàndar que determine el número de personas que deberían habitar una casa que y que sea màs restrictivo que los códigos de construcción reconocidos a nivel nacional. 

41. La Divisióm ha objetado esfuerzos recientes para modificar esta parte de la Ley. En una declaración ante el Subcomité sobre la Supervisión y Estructura del Senado del HUD, el Comités de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanísticos, Deval Partik, Procurador General Interino de la División de Derechos Civiles, dijo, "A la vez que reconocemos las preguntas y preocupaciones legítimas de las municipalidades con respecto a lo que la Ley [de Vivienda Justa] signiifca y exige, estamos convencidos que los cambios propuestos en S.1132 limitarían injustamente los derechos a la vivienda de personas con incapacidades." (Patrick, 1996.) Ver también el testimonio del Procurador General Interino en ejercicio, Paul F. Hancock, que se opone a la aprobación de H.R.589. (Hancock, 1997.)

42. Ver  por ejemplo, United States v. Borough of Audubon, 797 F. Supp. 353, 360­61 (D. N.J. 1991), aff'd mem ., 968 F.2d 14 (Cir.3 1992) (que concluye que "la motivación predominante detràs de las acciones de los funcionarios Audubon tenía intención discriminatoria" e indicó que los funcionarios locales actuaron juntos para "juntar"  a los propietarios de la vivienda del tema mediante el uso insistente de procedimientos que velan por el cumplimiento del código de zonificación ya que los residentes de la vivienda eran personas con incapacidades).

43. La Sección 804(f)(3)(B) de la Ley, 42 U.S.C. § 3604(f)(3)(B), establece que la discriminación ilegal incluye el incumplimiento de "modificar de manera razonable las normas, políticas, pràcticas o servicios...necesarios para brindar [a una persona con incapacidad] la misma oportunidad de usar y disfrutar una vivienda." Los casos en que hemos insistido en esta teoría incluyen City of Taylor, 102 F.3d at 795 (donde se afirma que las viviendas grupales para las personas de la tercera edad con incapacidades "necesitaban una adaptación y que dicha adaptación [era] razonable") (Los Estados Unidos co-demandante); and City of Philadelphia, 838 F. Supp. at 227­230 (donde se llegó a la conclusión que la ciudad había violado la Ley al rehusarse a permitir la sustitución de un patio lateral por un requisito de zonificación que el edificio tenga un patio trasero con respecto a una vivienda que iba a utilizarse como vivienda grupal para personas con incapacidades).

44. La Orden por Consentimiento en  City of Fresno también exigió que la ciudad :

  • Pagara 85.000 dólares en gastos legales incurridos por los demandantes privados.
  • Pagara 5.000 dólares para ayudar a cubrir los costos de vivienda para un presunto residente que no podía mudarse a su vivienda mientras que la remodelación estaba retrasada.
  • Capacitara a sus empleados y funcionarios para asegurar que no discriminen en el futuro a personas con incapacidades.
  • Llevara a cabo un programa de alcance a la comunidad para informar al público sobre los servicios y beneficios disponibles para los residentes de Fresno con incapacidades.
  • Revisara los programas para vivienda existentes para determinar si se tiene que hacer algún cambio para acomodar a los residentes con incapacidades.

45. Como se mencionó en el Informe del Comité Judicial de la Càmara de Representantes, que acompañó a las modificaciones de 1988 :

Debido a que las personas con impedimentos motrices necesitan entrar a la vivienda y movilizarse dentro de ella ( o bien son, en efecto, excluídos por motivo de su incapacidad), el proyecto de ley requiere que las viviendas multifamiliares cubiertas sean accesibles y adaptables, lo que significa que las puertas y pasillos deben ser lo suficientemente amplios para dejar pasar sillas de ruedas; los interruptores y otros controles deben estar ubicados convenientemente; la mayoría de habitaciones y espacios deben estar en una ruta accesible; y las personas con incapacidades deberían poder hacer adaptaciones adicionales fàcilmente de ser ser necesario, como por ejemplo, instalar varandas en el baño, sin necesidad de hacer cambios estructurales o remodelaciones. Informe de la Càmara de Representantes, en 18, impreso nuevamente en 1988 U.S.C.C.A.N. en 2179.

46. Las pruebas se realizaron en sociedad con John Marshall Law School Fair Housing Clinic and Access Living. Nuestras pruebas indicaron que el incumplimiento puede estar propagado. Por ejemplo, de los 49 sitios sometidos a prueba en el àrea de Chicago, 48 habían incurrido en algún tipo de violación. Determinamos que 29 de esos 48 sitios -- que consistían aproximadamente en 4,500 unidades-- tenían problemas relevantes de incumplimiento, que justificaron la acción del Ministro de Justicia incluyendo litigios o la negociación de acuerdos de conciliación extrajudiciales.

47. También recientemente comparecimos en calidad de amicus en otro caso que presentaba un problemas de cobertura similar. Baltimore Neighborhoods, Inc. v. Rommel Builders, Inc., 3 F. Supp. 2d 661, 664 (D. Md. 1998) (sostuvimos que una constructora podría ser responsable por no cumplir con construir viviendas en conformidad con la Ley).

48. En conformidad con la conciliación, Pulte :

  • Desarrollarà un programa educativo a nivel nacional para capacitar a otros urbanizadores y arquitectos sobre los requisitos de la Ley de Vivienda Justa.
  •  Construirà viviendas multifamiliares cubiertas en conformidad con la Ley.
  • Corregirà pràcticamente todas las violaciones a la ley en las seis propiedades en Illinois, Florida, y Virginia, que no estaban terminadas cuando el DOJ comenzó su investigación.
  • Volverà a diseñar las unidades que todavía no han sido construidas y retirarà las barreras en las àreas públicas y comunes de las unidades.
  • Informarà al propietario de cada unidad cubierta que modificarà, a solicitud y a expensas del propietario. 
  • Pagarà 7.500 dólares para compensar a cada persona perjudicada a quien se le impidió vivir en las unidades y 2.500 dólares a los propietarios que tuvieron que modificar sus propias unidades, màs el costo real razonable de hacer tales modificaciones.
  • Construirà por lo menos 100 unidades de reemplazo accesibles: viviendas unifamiliares, viviendas independientes que, de lo contrario, no se les habría requerido cumplir con la Ley de Vivienda Justa.

49. Ver la nota 8.

50. En conformidad con el programa de certificados de la Sección 8 para la vivienda existente, una autoridad de vivienda pública o municipal recibe fondos del HUD y entrega certificados a las personas de bajos ingresos que califiquen autorizàndolos a alquilar una unidad en una vivienda privada con la ayuda del subsidio de alquiler. El Congreso aprobó el programa de la Sección 8 con "la finalidad de ayudar a las familias de bajos ingresos a conseguir un lugar decente para vivir..." 42 U.S.C. §1437f. See generally 24 CFR Part 813.

51. ALJ concluyó que el arrendador había violado 42 U.S.C. § 3604(b), que prohíbe la discriminación por motivo de sexo "en los términos, condiciones o privilegios de venta o alquiler de una vivienda, o en la prestación de servicios o facilidades en conexión con ellos." y 42 U.S.C. §3617, que considera ilegal  "coaccionar, intimidar, amenazar, o interferir" con cualquier persona en el ejercicio de sus derechos garantizados por la Ley de Vivienda Justa.  Krueger, 115 F.3d en  491­92.

52. Ver  Trafficante, 409 U.S. en 211 (cita del Senador Mondale, 114 Cong. Rec. 3422 (1968).

53. Ver nota 24.

54. City of Parma, 494 F. Supp. en 1049.

55. Ver  The Cleveland Plain Dealer, (1998), que indica que "el interés es alto en un programa que ayuda con el pago inicial adoptado para atraer a los compradores de vivienda afroamericanos a este suburbio donde predominan las personas de raza blanca" y que "el suburbio està tratando de crear lazos de aproximaciónm con las personas a quienes en algún momento los líderes de la ciudad trataron de excluir, según un juez federal."

56. Los Estados Unidos presentó una demanda en  United States v. First Real Estate Corp., C.A. No. CV­98­N1212­S (N.D. Ala. 14 de mayo de 1998) al mismo tiempo que un decreto judicial.

57. Village of Addison, 988F. Supp en 1135.

58. 42 U.S.C. §3601.

Referencias

The Cleveland Plain Dealer. 1998. "Parma espera que los incentivos financieros animen a los afroamericanos a comprar vivienda ," 17 de agosto, pàgina 1B.

The Columbus Dispatch. 1997. "Parma abre una oficina para atraer a los afroamericanos a la iudad," 1 de abril, p. 4C.

Consejo de Vivienda Justa de la gran àrea de Washington. 1998. El Índice de la Vivienda Justa, una auditoría sobre la discriminación por motivo de raza u origen étnico en el mercado de préstamo hipotecario del àrea de Washington y sus suburbios. (Disponible en Internet en  http://www.fairhousing.org/Gateways/index_temmp.html).

Consejo Federal para la Supervisión de Instituciones Financieras. 1998. Comunicado de Prensa,  6 de agosto. (Disponible en Internet en http:www.FFIECG.OVv/pr080698.htm).

Hancock, Paul F. 1997. Testimonio ante el Subcomité sobre la Constitución, Comité sobre el Poder Judicial, Càmara de Representantes de los Estados Unidos, concerniente a H.R. 589 ("Ley de la Vivienda Justa y la Libertad de Expresión de 1997"), 105vo Cong., 1era Sesión. (17 de abril de 1997) (Disponible en Internet en http://www.house.gov/judiciary/549.htm (en inglés)).

Jet Magazine. 1994. "Arrendador de Chicago acepta pagar 180.000 dólares para resolver juicio que lo acusa de acosar sexualmente a seis arrendatarios femeninas," 19 de diciembre, pàgina 7.

Ladd, Christine Robitscher. 1997. en "Aplicación Federal de la Vivienda Justa. La crónica de Clinton al final del primer período," La Lucha Interminable: los Derechos Civiles y la Administración de Clinton --Informe  de la Comisión de Ciudadanos sobre Derechos Civiles.

Comisión Nacional Consultiva sobre Desórdenes Públicos. 1968. Informe de la Comisión Nacional Consultiva sobre desórdenes públicos.

Patrick, Deval. 1996. Declaración ante el Subcomité sobre Supervisión y Estructura de HUD, Comité sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, Senado de los Estados Unidos, concerniente a S. 1132: Un Proyecto de Ley para Modificar la Ley de Vivienda Justa y para Otros Fines ("Ley de Reforma de la Vivienda Justa y Libertad de Expresión de  1995"), Cong.104 , 1ra Sesión. (18 de setiembre de 1996), WL 10831070.

Schwemm, Robert G. 1988. "La Ley de Vivienda Justa después de Veinte Años: Aplicación Privada de la Ley y la Ley de Vivienda Justa," Ley 6 Yale y Revisión de Políticas 375, 376.

Wilke, John. 1996. "Préstamo Hipotecario a Minorías Registra un Aumento Intenso en 1994," The Wall Street Journal, 13 de febrero, pp. A1, A8.a

Updated August 6, 2015

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