Seccion Criminal Generalidades

Historia

Una de las unidades màs antiguas de la División de Derechos Civiles, la Sección Criminal, ejecuta leyes que datan de la Era de Reconstrucción posterior a la Guerra Civil. Originariamente, una parte de la División Criminal, la Sección Criminal y su autoridad de ejecución se mudó a la División de Derechos Civiles cuando se creó la CRD (por sus siglas en inglés) en 1957. En los primeros años, la División estaba organizada geogràficamente. Eventualmente, a medida que se aprobaron màs leyes de derechos civiles, la División fue reorganizada en àreas de temas funcionales. La Sección Criminal es única dentro de la División, entablando acciones judiciales mientras que el resto de la División se ocupa de asuntos civiles.

Algunas de las primeras acciones judiciales de la Sección Criminal involucraban el asesinato de minorías y de los trabajadores de derechos civiles en el Sur durante la década del ´60 antes de la desegregación. En 1968, el Congreso amplió el espectro de la protección brindada por los estatutos de derechos civiles aprobando una ley que convirtiera en delito el interferir por la fuerza o amenaza de fuerza ciertos derechos (tales como el empleo, la vivienda, el uso de instalaciones públicas, etc.) por la raza, religión, color u origen nacional de una persona. Esas protecciones aumentaron aun màs veinte años después cuando el Congreso promulgó una ley (enmendada en 1996) convirtiendo en un delito federal a la conducta violenta contra la propiedad religiosa y los que practican sus creencias religiosas. El Congreso también convirtió en delito federal, en 1994, el uso de la violencia para interferir con los proveedores de asistencia sanitaria reproductiva. Los casos manejados por la Sección siempre fueron de gran interés para el público y a veces se convirtieron en el tema de películas, documentales, libros y programas de televisión.

Algunos de los acontecimientos históricamente significativos en los cuales la Sección Criminal estuvo directamente involucrada incluyen los asesinatos de Martin Luther King, Jr. y Medgar Evers, los disparos por parte de la Guardia Nacional en la Universidad del Estado de Kentucky, las muertes de tres trabajadores de los derechos civiles (Chaney, Goodman y Schwerner) en Mississippi, y el apaleo policial de Rodney King en Los Ángeles.

Misión

La Sección Criminal entabla acciones judiciales que involucran la interferencia violenta con las libertades y los derechos definidos en la Constitución o las leyes federales. Los derechos de los ciudadanos y no ciudadanos estàn protegidos. En general, es el uso de la fuerza, amenazas, o intimidación lo que caracteriza a la violación criminal federal de los derechos civiles de un individuo. Nuestros casos con frecuencia involucran incidentes que son de interés público intenso. Mientras que algunas violaciones pueden ser encauzadas màs apropiadamente por el Gobierno federal, otras pueden ser abordadas o por el Gobierno federal o por los fiscales estatales o locales. Nuestro objetivo final es asegurar que los actos que constituyen violaciones de los derechos civiles criminales federales sean remediados suficientemente, ya sea entablando acciones judiciales federalmente o por autoridades locales. Los tipos de actos que pueden involucrar violaciones de las leyes de derechos civiles federales son: DELITOS POR ODIO (18 U.S.C. §§ 241, 18 U.S.C. §§ 245, 18 U.S.C. §§ 249, y 42 U.S.C. §§ 3631) Actos violentos e intimidatorios contra personas en razón de raza, origen nacional o étnico, religión, sexo, orientación sexual, o discapacidad.

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (18 U.S.C. §§ 241, 18 U.S.C. §§ 242) – Actos intencionales de funcionarios a cargo de la ejecución de la ley que hacen mal uso de sus cargos para privar ilegalmente a los individuos de sus derechos constitucionales, tales como el derecho a estar libre de agresiones injustificadas, arrestos y búsquedas ilegales y robo de propiedad.

TRATA HUMANA (18 U.S.C. §§ 1581 - 1591) – Uso de fuerza o amenazas de fuerza u otro tipos de coerción para obligar a las víctimas a trabajar o realizar otros servicios, como la actividad sexual con fines comerciales, contra su voluntad. La esclavitud moderna puede incluir a los trabajadores agricolos migrantes, trabajadores en las maquilas, trabajadores domésticos y trabajadores del sexo. Las víctimas pueden ser ciudadanos estadounidenses, migrantes indocumentados, adultos o niños.

INTERFERENCIA CON EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA REPRODUCTIVA (18 U.S.C. §§ 248) – Violencia dirigida a las clínicas de abortos o proveedores de asistencia sanitaria como médicos y enfermeras.

INTERFERENCIA CON EL EJERCICIO DE CREENCIAS RELIGIOSAS y DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD RELIGIOSA (18 U.S.C.§§ 247) – Conducta violenta dirigida a templos religiosos de veneración, que generalmente incluyen el incendio de iglesias o sinagogas.

INTERFERENCIA CON EL DERECHO A VOTAR (18 U.S.C. § 241, 18 U.S.C. § 242, 18 U.S.C. § 245, 18 U.S.C. § 594 and 42 U.S.C. § 1973gg-10(1) -- Intimidación del elector o estrategias para suprimir el derecho a votar en situaciónes donde la víctima es escogida por su raza, origen nacional, color o religión.

La pena impuesta por estos estatutos generalmente depende del daño sufrido por la víctima. Cuanto màs severo es el daño, màs severa es la pena. En algunos casos, cuando la víctima falleció como resultado de la conducta del acusado, se aplica la pena de muerte.

Qué Hacemos

Cada año, la Sección Criminal recibe y revisa varios miles de demandas de ciudadanos, agencias encargadas de la ejecución de la ley y organizaciones que describen posibles violaciones de los estatutos de derechos civiles criminales federales. Estas demandas pueden ser recibidas directamente por la Sección Criminal en el formulario de cartas y llamadas telefónicas o por referencia de las agencias de investigación, tales como el FBI, OIG, ICE, ATF, DEA, BOP (todas por sus siglas en inglés), y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. La mayoría de las demandas alegan incumplimiento de los deberes de los funcionarios a cargo de la ejecución de la ley tales como oficiales de policía estatales o locales, oficiales a cargo de la ejecución de la ley federal, superintendentes de prisiones, funcionarios correccionales, jueces estatales y de distrito u otros funcionarios públicos. Existen cinco etapas generales para llevar potenciales violaciones de los derechos civiles a acción judicial. La secuencia es:

  • recepción de la demanda
  • investigación
  • gran jurado
  • acusación
  • juicio

Cada demanda recibida se analiza para decidir si es apropiada una investigación. Si se recomienda una investigación, el FBI (la agencia de investigación primaria) lleva a cabo la investigación entrevistando a los testigos y recogiendo pruebas y envía su informe tanto al abogado responsable dentro de la Sección así como también a la oficina del Procurador de los Estados Unidos con responsabilidad de entablar acción judicial federal dentro del àrea geogràfica en la cual ocurrió el incidente. Cuando finaliza la investigación, los fiscales deben decidir si existen suficientes pruebas para demostrar una violación federal y autoridad legal para encauzar el caso en la corte federal. Las pruebas consideradas pueden incluir declaraciones de testigos y víctimas, registros médicos, evidencia física y registros oficiales que documenten el incidente. [Nota: las leyes de derechos civiles criminales federales tienen una ley de prescripción de cinco años a partir de la fecha del incidente, excepto en casos que involucran un homicidio intencional (generalmente no sujetos a la ley de prescripción) y los incidentes de interferencia religiosa (ley de prescripción de siete años)].

Para enjuiciar un caso de delito grave cuando el acusado podría enfrentar encarcelamiento de màs de un año, deben presentarse las pruebas primero a un gran jurado, que luego vota si debe informarse una acusación. Si se informara una acusación, la Sección criminal con frecuencia entabla una acción judicial del caso junto con el Procurador de los Estados Unidos en el Distrito federal en el que ocurrió el incidente. Algunas veces la Sección o el Procurador de los Estados Unidos pueden decidir entablar una acción judicial del caso sin un compromiso directo de la otra oficina. La Sección Criminal también entabla acción judicial contra delincuentes juveniles, que pueden estar involucrados en delitos por odio tales como la quema de crucifijos y el vandalismo de hogares o iglesias. En las àreas de incumplimiento de deberes de la policía, los derechos de vivienda, y acceso a la asistencia sanitaria, la Sección Criminal puede referir demandas que no presentan una violación criminal a otras Secciones dentro de la División de Derechos Civiles que tienen autoridad conforme a estatutos civiles separados para iniciar juicio cuando se descubre un patrón de abuso.

Mientras que no todas las demandas recibidas resultan en investigación y no todas las investigaciones conducen a un gran jurado o una eventual acción judicial, la Sección Criminal busca revisar todas las posibles violaciones para asegurarse de que las libertades individuales sean protegidas. Con frecuencia, las autoridades locales tomaràn la iniciativa en entablar acción judicial contra la conducta violenta conforme a los estatutos estatales aun cuando dicha conducta también constituye una violación de las leyes de derechos civiles criminales federales. En dichos casos, se presume que el esfuerzo de entablar acción judicial local reivindica los intereses federales.

Rara vez, sin embargo, aun si existió un juicio local, se puede determinar (a menudo con el apoyo de las autoridades locales) que una acción judicial federal posterior sea necesaria para remediar la ofensa criminal. La Corte Suprema ha sostenido esta política de “doble acción judicial” como no violadora del artículo de doble exposición por el mismo delito de la Constitución, ya que el Gobierno Federal es un soberano separado del estado, acusando por un delito bajo su autoridad única, aunque el caso se pueda basar en el mismo incidente. Ademàs de los casos en que entabla acción judicial, la Sección Criminal participa activamente en la provisión de asistencia técnica e información al público, la policía y otras agencias del Gobierno con respeto a las leyes de derechos civiles criminales federales asistiendo a conferencias, proveyendo capacitación y haciendo recomendaciones sobre la legislación para aumentar la protección de los derechos y libertades individuales.

Quiénes Somos

Fiscales, paralegales y otro personal de soporte trabajan juntos en la revisión de las demandas y en llevar las investigaciones a acción judicial. Nuestros abogados provienen de diversas formaciones y pueden tener experiencia previa como litigadores, ya sea como fiscales o como defensores públicos, a nivel federal, estatal o local. Ademàs, la Sección Criminal trabaja con numerosas organizaciones, tanto dentro como fuera del Departamento de Justicia que proveen recursos de investigación adicionales y experiencia sustantiva relacionada con las violaciones de los derechos civiles criminales federales y otros relacionados delitos federales potenciales o violaciones civiles.

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Updated August 6, 2015

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