Seccion De Oportunidades Educativas Si Usted Ha Sido Discriminado

Los casos de la Sección provienen de tres fuentes. En primer lugar, la Sección toma casos bajo leyes para las cuales tiene responsabilidad directa de coacción. En segundo lugar, la Sección toma casos remitidos por otras dependencias de gobierno. Por lo general, estos son casos que han sido investigados por otras dependencias según leyes por las que tienen responsabilidad directa de coacción, y que no se han podido resolver sin procedimientos judiciales. Finalmente, la Sección tiene autoridad para intervenir en casos pendientes que requieren amparos bajo la Catorceava Enmienda, y puede participar como amicus curiae ("amigo del tribunal") en casos que correspondan a temas importantes para las leyes federales de derechos civiles. Cada una de estas fuentes está explicada a grandes rasgos más abajo. Si usted cree que ha sido discriminado, por favor comuníquese con la Sección de Oportunidades Educativas por teléfono al (202) 514-4092 ó 1-877-292-3804 (gratuito), por fax al (202) 514-8337, o por correo postal a la siguiente dirección:

Departamento de Justicia
División de Derechos Civiles
950 Pennslyvania Avenue, N.W.
Sección de Oportunidades Educativas, PHB
Washington, D.C. 20530

I. Leyes por las que la Sección tiene responsabilidad directa de coacción

    R.El Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1994 [Civil Rights Act of 1964] que prohíbe la discriminación según ciertos criterios (especificados más abajo) por parte de los distritos escolares y universidades.

      1. Requisitos, para los Estados Unidos, para entablar demandas judiciales.

        a. Una denuncia escrita firmada. Todas las denuncias recibidas y sus fuentes son consideradas confidenciales. No es necesario proporcionar ningún tipo de análisis legal o usar algún lenguaje particular en la denuncia; sólo es preciso describir la conducta.
          Escuelas primarias y secundarias. Firmado por un padre o grupo de padres denunciando que un niño o varios, como miembros de una clase de niños de características similares, están siendo privados de la protección igualitaria de la ley por el consejo escolar.

          Universidades. Firmado por una persona o padre para denunciar que le ha sido denegado el ingreso o no se le ha permitido continuar atendiendo a una universidad pública debido a su raza, color, religión, sexo o nación de origen.

        b. El Procurador General debe creer que la denuncia es meritoria. Para que el Procurador General pueda determinarlo, puede resultar necesario que contactemos a la persona que realiza la denuncia a efectos de obtener información adicional. La denuncia debe, por lo tanto, incluir el domicilio y el número telefónico de una persona que pueda ser contactada para discutir la denuncia.

        c. El Procurador General debe informar de la denuncia al consejo escolar o autoridad universitaria pertinente.

        d. El Procurador General debe certificar:

          Que el firmante o los firmantes de la denuncia son incapaces, según la apreciación del Procurador General, de realizar los procedimientos legales de amparo.

          Que las personas son incapaces, de forma directa o mediante otras partes interesadas, de (1) solventar la interposición de una demanda judicial u (2) obtener representación legal eficaz.

          Que la institución de la acción pondría en peligro la salud, seguridad, empleo o situación económica de (1) dicha persona o (2) su propiedad.

          Que la institución de una acción promoverá materialmente una desagregación dentro de la ley (ordenada).

          Que el Procurador General esté satisfecho con que el consejo o autoridad ha tenido un lapso de tiempo razonable para corregir la situación alegada en la denuncia.

      2. Si las condiciones anteriormente mencionadas se cumplen, el Procurador General, en representación de los Estados Unidos, puede interponer una demanda en un tribunal federal del distrito contra las partes apropiadas, en busca de un amparo apropiado y completo.

    B. Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 [Equal Educational Opportunities Act of 1974 (EEOA)].

      1. La EEOA prohíbe las siguientes prácticas en las escuelas de niveles primario y secundario.

        a. No implementar medidas para superar barreras de lenguaje que impidan la participación igualitaria en los programas educativos de un distrito escolar.

        b. Segregación deliberada con base en raza, color o nación de origen.

        c. No intentar eliminar vestigios de segregación deliberada en un sistema escolar dual.

        b. Asignación de otra escuela que no sea la más cercana a la residencia dentro del distrito escolar de residencia, que resulte en una mayor segregación con base en raza, color, sexo o nación de origen.

        e. Discriminación con base en raza, color o nación de origen en el empleo, en las condiciones de empleo o en la asignación de profesores o personal.

        f. Transferencia de estudiantes, si el propósito y efecto es el de aumentar la segregación con base en raza, color o nación de origen entre las escuelas del distrito.

    2. No es necesaria la presentación de una demanda escrita.

      3. La Sección debe informar a la agencia apropiada de las condiciones que contravengan la EEOA, y debe certificar que la agencia educacional no ha tomado las acciones apropiadas para remediarlo dentro de un lapso razonable de tiempo posterior a esa notificación.

      4. La Sección puede interponer una demanda en representación de los Estados Unidos, o puede intervenir en una demanda presentada por una tercera parte.

    C. Ley para Personas con Discapacidades [Americans with Disabilities Act (ADA)]. La Sección hace valer el título III de la ADA, concerniente a los establecimientos de servicio público y servicios operados por entidades privadas. La Sección de Derechos en Razón a Discapacidad tiene responsabilidad de aplicación de otros títulos de la ADA.

      1. Una entidad privada es una entidad no pública. Las entidades privadas consideradas como establecimientos de servicio público incluyen jardines de infancia, escuelas privadas de niveles primario, secundario, grado y postgrado, y otros sitios educativos.

      2. El Procurador General tiene autoridad para interponer una demanda judicial en el tribunal de distrito apropiado si hay causas razonables para creer que:

        una persona o grupo de personas participen en un patrón o práctica discriminatorios bajo el Título III;

        se ha discriminado a cualquier persona o grupo de personas según el Título III; y

        la discriminación suscita una cuestión general de importancia pública.

      3. El Título III incluye la prohibición de los siguientes tipos de discriminación:

        a. La discriminación con base en discapacidad en el disfrute completo e igualitario de bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o comodidades en cualquier establecimiento de servicio público.

        b. El uso de criterios de selección que segreguen a personas con discapacidades del disfrute igualitario de cualquier tipo de bienes o servicios, a menos que pueda demostrarse que son necesarios.

        c. La no realización de modificaciones razonables de políticas y prácticas, a menos que pueda demostrarse que dichos cambios alterarían fundamentalmente la naturaleza de los bienes y servicios.

        d. La incapacidad de tomar medidas para asegurar que las personas con discapacidades no sean excluidas debido a la ausencia de servicios auxiliares, a menos que pueda demostrarse que dichas medidas alterarían fundamentalmente la naturaleza de los bienes y servicios o resultarían en una carga indebida.

        e. La incapacidad de eliminar barreras arquitectónicas cuando esa remoción sea fácilmente realizable.

II. Leyes de referencia

    A. Existen diversas leyes federales por cuyo cumplimiento somos responsables, ante una remisión de otra dependencia de gobierno. Estas leyes, por lo general, prohíben a los beneficiarios de asistencia financiera federal discriminar con base en cuestiones diversas. Las leyes son:

      El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 [Civil Rights Act of 1964], que prohíbe la exclusión, denegación de beneficios y discriminación con base en raza, color o nación de origen en programas o actividades receptoras de fondos federales;

      El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 [Education Amendments of 1972], que prohíbe la exclusión, denegación de beneficios y discriminación con base en sexo en programas o actividades receptoras de fondos federales;

      La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 [Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973], que prohíbe la exclusión, denegación de beneficios y discriminación con base en discapacidad en programas o actividades receptoras de fondos federales;

      El Título II de la ADA, que estipula que ninguna persona calificada con discapacidad podrá ser excluida de participar en, o podrán negársele los beneficios de, los servicios, programas o actividades de una entidad pública, ni ser sujetas a discriminación por alguna de tales entidades.

    B. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], que requiere que los estados y dependencias educativas locales proporcionen una educación pública gratuita y apropiada a los niños con discapacidades.

III. Intervención y participación como amigo del tribunal

    A. Intervención

      1. El Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 [Title IX of the Civil Rights Act of 1964] autoriza al Procurador General a intervenir en demandas judiciales en busca de amparo ante la denegación de leyes de protección igualitaria bajo la Catorceava Enmienda a la Constitución de EE.UU. con base en raza, color, religión, sexo o nación de origen. El Procurador General debe certificar que el caso es de importancia para el público en general, y que los Estados Unidos tienen derecho al mismo amparo que si hubieran instituido la acción.

      2. La Sección puede, además, intervenir en casos iniciados bajo las leyes que hace cumplir, cuando el gobierno tenga intereses o cuando una reclamación de defensa ha sido elevada con base en una ley o reglamento administrado por un oficial o una dependencia del gobierno federal.

    B. Amicus Curiae ("Amigo del tribunal"). La Sección puede presentar informes legales o de otra forma participar como amigo del tribunal en casos que se refieran a cuestiones que sean importantes al trabajo de la Sección o al cumplimiento general de leyes federales de derechos civiles en su relación con la educación.

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Updated August 6, 2015

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