El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder se dirige al Simposio Nacional sobre la Defensa de Indigentes del Departamento de Justicia: Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante, 2000–2010

Gracias, Laurie. Es un honor acompañarlos a ustedes y a mi viejo amigo, Tree, en la inauguración de la conferencia de hoy y en darles la bienvenida a los participantes. Muchos de ustedes han viajado de una punta a la otra del país para estar presentes aquí, y deseo agradecer a cada uno de ustedes por su dedicación, su servicio a sus comunidades, y su compromiso hacia los principios que definen quiénes somos, y quiénes podemos ser, como nación.

Hace más de dos siglos que nosotros, como pueblo, venimos luchando para construir una unión más perfecta - un Estados Unidos que cumpla con la visión de nuestros Fundadores. Un país donde las palabras de nuestra Constitución puedan, finalmente, alcanzar toda la medida de su intención.

Nada menos que esta labor en curso - el cumplimiento de nuestra Constitución - nos reúne aquí hoy. Estoy aquí para deliberar sobre una responsabilidad que todos nosotros, como representantes del sistema judicial criminal de nuestra nación, compartimos - la responsabilidad de asegurar la ecuanimidad e integridad de dicho sistema.

Diría que nuestro sistema de justicia criminal es uno de los aspectos más distintivos de nuestra individualidad nacional. También diría que es uno de los más loables. Habiendo dicho esto, debemos enfrentar los hechos. Y los hechos prueban que tenemos un problema grave en las manos.

Ha pasado casi medio siglo desde la decisión de la Corte Suprema en Gideon contra Wainwright. La Corte luego tomó otras decisiones reconociendo el derecho a representación legal en casos juveniles y de infracciones. Hoy, a pesar de las décadas que han pasado, estos casos aun no reflejan la realidad.

Pero ustedes ya saben esto. Todos ustedes han leído los informes y conocen los datos. Y muchos de ustedes han conocido esta verdad de la manera más difícil - viviéndola. Han visto como, en demasiados de nuestros condados y comunidades, algunas personas acusadas de delitos - incluidos jóvenes - pueden nunca tener un abogado, ya sea en todo el proceso o durante una etapa crítica del proceso contra ellas. De hecho, los jóvenes suelen renunciar a su derecho a un abogado sin jamás haber hablado con un abogado que les ayude a comprender a qué están renunciando. Y nuestros tribunales aceptan estas renuncias.

Mientras tanto, informes recientes que evalúan los sistemas de defensa pública estatales están repletos de ejemplos de demandados que han decaído en la cárcel por semanas, y hasta meses, antes de que se les designe un abogado.

Cuando sí se proveen abogados a los pobres, muchas veces no pueden representar a sus clientes como corresponde debido a recursos insuficientes o supervisión inadecuada - o sea, sin los bloques de construcción de un sistema de defensa pública que funcione bien, el tipo de sistema establecido en los diez principios de la Asociación Estadounidense de Abogados y el Centro Nacional de Defensores de Juveniles.

Como todos sabemos, los programas de defensa pública suelen contar con fondos insuficientes. Con demasiada frecuencia, los defensores en muchas jurisdicciones están a cargo de un enorme número de causas, lo que dificulta - si no imposibilita - que cumplan con sus responsabilidades legales y éticas hacia sus clientes. Los abogados enterrados en expedientes suelen no poder entrevistar a sus clientes correctamente, presentar recursos adecuados, conducir investigaciones de hechos, o dedicar el tiempo necesario para solicitar fondos de subsidio adicionales. Y el problema se refiere a más que solo recursos. En algunas partes del país, las instituciones principales para proveer defensa a los pobres - me refiero a sistemas de defensa pública básicos - simplemente no existen.

Sigo creyendo que, si nuestros conciudadanos supieran el tamaño de este problema, estarían tan preocupados como ustedes y yo. La educación pública sobre este problema es crítica. Pues, cuando se niega la justicia igualitaria, todos perdemos.

Como fiscal y ex juez, sé que la integridad fundamental de nuestro sistema de justicia criminal, y nuestra fe en el mismo, depende de una representación legal eficaz en ambos lados. Y reconozco que algunos pueden considerar los objetivos de quienes representan a nuestros gobiernos federal, estatales y locales y los objetivos de quienes representan a los acusados como siendo siempre incompatibles. Rechazo esa premisa. Aunque estén en lados distintos de un argumento, la acusación y la defensa pueden, y deben, compartir el mismo objetivo: No la victoria, sino la justicia. De lo contrario, pasamos a preguntarnos si realmente se está haciendo justicia, y si nuestra fe en nosotros mismos y en nuestros sistemas es infundada.

Sin embargos, los problemas en nuestro sistema de defensa criminal no son apenas moralmente inaceptables. También son económicamente insostenibles. Cada contribuyente debería estar seriamente preocupado con los costos sistémicos de la defensa inadecuada de los pobres. Cuando el sistema de justicia no logra acertar la primera vez, todos pagamos, muchas veces por años, por nuevas presentaciones, nuevos enjuiciamiento y apelaciones. Los sistemas de defensa deficientes no tienen sentido económico.

Por lo tanto, ¿cuál es el próximo paso?

Quiero hablarles claramente y francamente sobre esto. El año pasado, pensé al respecto, estudié y deliberé sobre la crisis actual en nuestro sistema de defensa criminal. Lo que he aprendido, y de lo que no tengo dudas, es que no existen soluciones fáciles. Ninguna institución por sí sola - ni el gobierno federal, ni el Departamento de Justicia, ni un único estado - puede resolver el problema. Solo se puede lograr el progreso a partir de un compromiso sostenido hacia la colaboración con diversos asociados.

Espero que cada persona en esta sala cumpla un papel en la promoción de la causa de la justicia. Sí, todos. Y, sí, digo esto con el conocimiento de que tenemos algunos asociados improbables entre nosotros. Algunos pueden preguntarse qué está haciendo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos en una conferencia mayormente sobre la defensa que reciben los pobres en tribunales estatales y locales.

De la misma manera, muchos de ustedes - los funcionarios locales, funcionarios de presupuesto y los fiscales reunidos aquí - no han participado tradicionalmente en debates sobre el derecho a representación legal. Sin embargo, todos nosotros deberíamos compartir estas inquietudes. Debe ser la inquietud de cada persona que trabaje en nombre del bien público y en la búsqueda de la justicia. De eso se trata esta conferencia - de ampliar y mejorar esta labor; aprender los unos de los otros; reclutar asociados nuevos; y asegurar que, para nuestra comunidad de defensa criminal, el gobierno se considere un aliado y no un adversario.

En particular, creo que nuestra labor común debe tener tres áreas de concentración. He hablado sobre cada uno de estos objetivos a lo largo del año pasado. Sin embargo, vale la pena mencionarlos nuevamente aquí hoy.

En primer lugar, debemos comprometernos a sostener un diálogo permanente sobre estos problemas. Necesitamos la participación de asociados en el ámbito federal, estatal y local, tanto dentro como fuera del gobierno. Al compartir información y trabajar unidos, creo que podemos aprovechar las bases del buen trabajo realizado en desarrollar estándares modelo para nuestros sistemas de defensa pública.

En segundo lugar, debemos elevar la concienciación sobre a qué nos enfrentamos. Al enterarse los ciudadanos estadounidenses de cómo algunos de sus conciudadanos viven el sistema de justicia criminal, estarán asombrados y se sentirán enojados - sentimientos que espero los lleven a hacerse defensores de un cambio y aliados en nuestra labor.

En tercer lugar, debemos ampliar el papel del defensor público. Debemos animar a los defensores a buscar soluciones más allá de sus tribunales y asegurar que participen en la formación de políticas que faculten a las comunidades que sirven. Me comprometo a asegurarme de que los defensores públicos estén presentes cuando nos reunamos con otras partes interesadas en el sistema de justicia criminal. He dado al liderazgo del Departamento la responsabilidad de llamar a nuestros componentes a que incluyan a miembros del sistema de defensa pública en una serie de reuniones. También haremos a los defensores partícipes en conferencias, paneles de revisión de solicitudes y otros lugares en los que pueda ser valiosa una perspectiva de defensa pública. Y, debemos mencionar que cada estado debe tener un sistema de defensa pública. Cada estado.

En todo esto, estoy al lado de ustedes y de cualquiera que se comprometa a asegurar el derecho a la representación legal dispuesto por la Sexta Enmienda. El año pasado, cuando asumí el cargo de Secretario de Justicia de los Estados Unidos, juré apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. También hice una promesa. Una promesa a los ciudadanos que sirvo y a los compañeros con quienes trabajo. La promesa de proteger los derechos de todos los ciudadanos estadounidenses y asegurar que, en este país, los indigentes no sean invisibles.

Por lo tanto, permítanme asegurarles hoy que este no un problema pasajero para el Departamento. Le he pedido al Departamento de Justicia entero - en mi oficina, en la de Laurie Robinson, y en componentes tan diversos como la Oficina de Política Legal y la División Criminal - que se concentren en los problemas asociados a la defensa de indigentes con un sentido de urgencia y un compromiso de desarrollar e implementar las soluciones que necesitamos.

En las próximas semanas, tomaremos pasos concretos para hacer que el acceso a la justicia sea una parte permanente del trabajo del Departamento de Justicia, con un esfuerzo concentrado de las oficinas de nuestro liderazgo de asegurar que el problema reciba la atención que merece. El gobierno debe ser parte de la solución - no simplemente al actuar como convocante, sino también como colaborador.

Nuevamente, nos encontramos al comienzo de una nueva década. Debemos aprovechar esta oportunidad para volver a las creencias que orientaron la fundación de nuestra nación y renovar la fuerza de nuestro sistema de justicia.

Tengo todas las expectativas de que nuestro sistema de defensa pueda, y sea, una fuente de enorme orgullo nacional. Y sé que lograr esto requiere lo mejor que nosotros, como profesión y como personas, tenemos para ofrecer.

Prometo poner lo mejor de mí. Y, hoy, les pido a ustedes que hagan lo mismo.

Gracias.