Comentarios del Secretario de Justicia de los EE.UU. Holder para el Simposio del Instituto para la Raza y la Justicia Charles Hamilton Houston y el Comite Parlamentario de Dirigentes Afroestadounidenses

Congresista Conyers, gracias por su amable presentación.  Me complace unirme a este estimado grupo de jueces federales, académicos, profesionales de sentencias, defensores y Miembros del Congreso.  El Comité Parlamentario de Dirigentes Afroestadounidenses [Congressional Black Caucus (CBC)] y el Instituto para la Raza y la Justicia Charles Hamilton Houston de la Escuela de Abogacía de Harvard merecen ser felicitados calurosamente por organizar este evento tan importante y oportuno.  Hace mucho que el CBC encabeza el movimiento para reanalizar nuestro sistema de justicia criminal para asegurarnos de que sea más justo.   Quienes trabajamos en el Departamento de Justicia esperamos volver a analizar con ustedes la política de emisión de sentencias y correcciones.  También desearía reconocer las grandes contribuciones del Juez Breyer, que fue uno de los miembros originales de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.  Breyer ha jugado un papel clave en la reforma de la política federal de emisión de sentencias criminales y procedimientos a lo largo de su carrera.  De hecho, muchos de quienes están hoy aquí han contribuido incansablemente a la evolución de la ley federal de emisión de sentencias, y todos tenemos el mismo objetivo: crear un sistema de sentencias que sea predecible y justo.  

El sistema federal de sentencias, que incluye directrices y estatutos obligatorios mínimos para sentencias, ha sufrido cambios significativos desde la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Booker.  Las directrices siguen brindando una referencia para la emisión de sentencias en todos los casos criminales federales.  Sin embargo, datos de los Comisión de Sentencias muestran que el porcentaje de demandados sentenciados dentro de las directrices ha disminuido desde la decisión.  Si bien todavía no queda claro el impacto total de tendencias recientes en jurisprudencia de sentencias, estas novedades deben controlarse detenidamente.  Por ejemplo, debemos evaluar si las prácticas actuales de emisión de sentencias muestran un aumento de las disparidades injustificadas de sentencias basadas en diferencias regionales o hasta diferencias en la filosofía jurídica entre jueces que trabajan en el mismo tribunal.  Pero también debemos estar preparados para aceptar el hecho de que no todas las disparidades deben ser rechazadas.  El deseo de tener un sistema de sentencias casi mecánico nos ha alejado de determinaciones individualizadas basadas en los hechos, lo que considero, que dentro de lo razonable, debe ser nuestro objetivo.

También debemos ser concientes del hecho de que la población carcelaria federal sigue aumentando.  Este hecho ejerce una gran presión sobre los recursos correccionales.  El número de presidiarios en las prisiones federales, estatales o locales se ha cuadruplicado desde 1980, alcanzando más de 2.2 millones de presos en la actualidad.  Un dato especialmente preocupante es que la creciente población carcelaria limita la capacidad de los agentes correccionales de brindar tratamiento contra las drogas y otros servicios necesarios para minimizar la reincidencia.  Un estudio de 2002 del Buró de Estadísticas Judiciales realizó un seguimiento de una muestra de más de un cuarto de millón de presos liberados en 15 estados en 1994.  En los tres años posteriores, dos tercios de estos delincuentes fueron arrestados al menos una vez por un nuevo delito, casi la mitad fueron condenados por un nuevo delito y otro cuarto fueron sentenciados nuevamente a prisión por una nueva condena.  

El sistema federal de sentencias actual sigue siendo blanco de críticas de jueces, académicos y abogados en todo el país.  Estas críticas van desde inquietudes sobre sentencias mínimas obligatorias hasta el uso de conducta absuelta en decisiones de sentencias.  En consecuencia, una revisión exhaustiva de políticas federales de emisión de sentencias y correcciones, teniendo en cuenta posibles reformas, es un hecho bienvenido y necesario.  

El vigésimo quinto aniversario de la Ley de Reforma de Sentencias brinda una buena oportunidad para reflexionar sobre el estado de las sentencias federales.  La Comisión de Sentencias de los EE.UU. ha comenzado una revisión del impacto de Booker y del sistema federal de sentencias en su totalidad solicitando testimonios en audiencias regionales.  Esas audiencias identificaran las prácticas que contribuyen a los objetivos de la Ley de Reforma de Sentencias y las que no.  

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha comenzado su propia revisión interna de políticas de emisión de sentencias y correcciones.  Les he pedido a miembros de la comunidad del Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] – tanto en Washington, DC, como en las Fiscalías Federales de todo el país – que participen en el Grupo de Trabajo de Emisión de Sentencias y Correcciones encabezado por el Secretario de Justicia Adjunto de los EE.UU.   Nuestra revisión considerará:

·  la estructura de la emisión de sentencias federales, lo que incluye el papel de las sentencias mínimas obligatorias;

·  las políticas de acusación y sentencia del propio Departamento;

·  alternativas al encarcelamiento y el reingreso;

·  eliminación de la disparidad en la emisión de sentencias por crack y cocaína en polvo; y

·  un análisis de otras disparidades injustificadasen las sentencias federales.  

            Como parte de esa revisión, estamos solicitando la opinión de partes interesadas clave como las fuerzas del orden público, miembros del Congreso, la comunidad de defensa y apoyo, y jueces.  

Estamos encarando esta tarea con un conjunto específico de valores básicos.  Aplicaremos esos principios para crear un sistema de emisión de sentencias y correcciones que proteja al público, sea justo con las víctimas y los demandados, elimine las disparidades injustificadas en las sentencias, reduzca la reincidencia y controle la población de las prisiones federales.  Al hacerlo, debemos crear un sistema que nos permita desmantelar pandillas y organizaciones de narcotráfico que plagan a tantas de las calles de nuestro país, y que también nos permita combatir con eficacia delitos tan variados como los delitos violentos, la explotación infantil, el tráfico sexual y el fraude financiero.  Pero no alcanza con enfocarse en el castigo.  El sistema federal de sentencias también debe adoptar el compromiso del Presidente respecto de reducir la reincidencia y brindar oportunidades a los delincuentes para que se conviertan en miembros activos de la sociedad al cumplir su sentencia.

La confianza pública también es un elemento esencial de un sistema de justicia criminal eficiente.  Nuestras leyes y su aplicación no solo deben ser justas, sino que también deben ser percibidas de esa manera.   Una percepción de injusticia debilita la autoridad gubernamental en el proceso de justicia criminal.  Lleva a víctimas y testigos de delitos a pensarlo dos veces antes de cooperar con las fuerzas del orden público, tienta a los jurados a ignorar la ley y los hechos al decidir en un caso criminal, y hace que el público cuestione los motivos de los funcionarios gubernamentales.  Por lo tanto, debemos crear un sistema en que la base actual de la sentencia de un caso en particular sea clara para todas las partes y el público, y en que las propias sentencias correspondan verdaderamente al delito cometido.  

Una cosa me queda muy clara: debemos revisar nuestra política federal de emisión de sentencias por cocaína.  Hace quince años, la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informó por primera vez sobre las diferencias entre la emisión de sentencias en casos de crack y de cocaína en polvo. Desde ese entonces, la necesidad de reevaluar las leyes federales de emisión de sentencias por cocaína solo se ha hecho más fuerte.  Este gobierno cree firmemente que la disparidad en las sentencias por delitos asociados al crack y la cocaína en polvo es injustificada, crea una percepción de injusticia y debe ser eliminada.  Este cambio debe ser tratado en el Congreso.

Muchos de ustedes que trabajan en el Congreso ya han presentado y co-patrocinado legislación para tratar la disparidad entre delitos asociados al crack y la cocaína en polvo.  Esperamos trabajar con ustedes y otros Miembros del Congreso en los próximos meses para tratar este tema.  

No existe ninguna tensión entre un esquema de emisión de sentencias que es eficiente y justo y uno que es severo y equitativo.  Debemos trabajar con estos objetivos idénticos en mente y lo debemos hacer ahora.  Ha pasado demasiado tiempo, demasiadas personas han sido tratadas con desigualdad y demasiados de nuestros ciudadanos han empezado a dudar de nuestro sistema de justicia criminal.  Debemos ser honestos los unos con los otros y tener la valentía de hacer preguntas difíciles sobre nosotros mismos y nuestro sistema.  Debemos romper con las posturas partidarias anticuadas y agotadas que se han interpuesto en el camino del progreso y las reformas que se necesitan.  Tenemos un momento que se debe aprovechar para asegurarnos de que todos nuestros ciudadanos sean tratados de manera coherente con los ideales representados en nuestros documentos fundacionales.  Este Departamento de Justicia está preparado para actuar.  Esperamos trabajar con todos ustedes.     

Gracias.  

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