Sello del Departamento de Justicia

Declaración de Eric H. Holder Jr., Secretario de Justicia de los Estados Unidos, ante el Comité sobre el Poder Judicial del Senado de los Estados Unidos

Washington, D.C.
Miércoles, 17 de junio de 2009

Buenos días, Presidente Leahy, Miembro Sessions y Miembros del Comité. Gracias por la oportunidad de comparecer ante ustedes hoy para destacar la labor y las prioridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  También deseo agradecerles por el apoyo que le brindan al Departamento. Sé que puedo contar con su apoyo continuo y valoro su reconocimiento a la misión del Departamento y el trabajo importante que realizamos.

Durante mis audiencias de confirmación hace unos meses, atestigüé que, bajo mi liderazgo, el Departamento tendría un conjunto muy específico de objetivos: garantizar la seguridad pública contra amenazas tanto extranjeras como domésticas; asegurar que se administre justicia de manera justa e imparcial para todos los ciudadanos de los Estados Unidos; prestar asistencia a nuestros asociados estatales y locales, y defender los intereses de los Estados Unidos de acuerdo con la ley. Creo que estamos en el camino correcto para alcanzar esos objetivos.

Primero, estamos trabajando en fortalecer las actividades del gobierno federal que protegen al pueblo estadounidense contra el terrorismo, y lo estamos haciendo de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución. Permítanme aclarar: no necesitamos sacrificar nuestros principales valores para garantizar nuestra seguridad. La adherencia a los Principios de la Ley fortalece a la seguridad al privar a las organizaciones terroristas de sus principales herramientas de reclutamiento. Los Estados Unidos deben ser un modelo para el mundo. Podemos liderar y estamos liderando a través de la fortaleza, la sabiduría y el ejemplo.

En segundo lugar, estamos trabajando para asegurar que el Departamento de Justicia siempre sirva a la causa de la justicia, y no a los intereses efímeros de la política. Por ejemplo, las decisiones asociadas a la ejecución legal y las acciones personales no deben estar contaminadas por el partidismo.

Tercero, estamos trabajando para dar nuevo ímpetu a las misiones tradicionales del Departamento. Sin jamás bajar la guardia en la lucha contra el terrorismo global, el Departamento también está abrazando su papel histórico en la lucha contra la delincuencia, la protección de los derechos civiles, la preservación del medio ambiente y en asegurar la justicia en el mercado.

Iniciativas Contra el Terrorismo

La más alta prioridad del Departamento es proteger a los Estados Unidos contra actos de terrorismo. El Departamento de Justicia ha mejorado significativamente su capacidad de identificar, penetrar y desmantelar complots terroristas como resultado de una serie de reformas estructurales, el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia y ejecución legal, y una nueva mentalidad que valora la información compartida, la comunicación y la prevención.

Me comprometo a seguir ampliando nuestra capacidad de disuadir, detectar y desmantelar complots terroristas e identificar a células terroristas que buscarían perjudicarnos. Y me comprometo a hacerlo de acuerdo con los Principios de la Ley y los valores estadounidenses. Seguiremos desarrollando inteligencia, identificando amenazas nuevas y emergentes y utilizando la gama completa de herramientas y capacidades que el Departamento posee en sus componentes de inteligencia y ejecución legal.

Las amenazas que enfrentamos no conocen fronteras. Por lo tanto, si bien la concentración está puesta en proteger la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos aquí, en nuestro país, ahora más que nunca, existe una conexión crítica entre nuestra seguridad nacional y la creación de instituciones sostenibles en estados emergentes, insolventes o fallidos y en ambientes de pos-conflicto. Nuestras iniciativas contra el terrorismo se ven beneficiadas por la promoción de la cooperación internacional, la maximización de la influencia estadounidense con relación al desarrollo de políticas y procedimientos legales extranjeros, y el establecimiento de lazos directos y relaciones personales con nuestros asociados de todo el mundo.

Trabajando con nuestros asociados federales, estatales y locales, así como internacionales, el Departamento ha trabajado incansablemente para proteger a los Estados Unidos y seguirá haciéndolo. A lo largo de los últimos años, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] ha transformado sus operaciones para mejor detectar y desmantelar a organizaciones terroristas - como parte de un énfasis mayor por parte del FBI en la inteligencia impulsada por amenazas. Como parte de este cambio estratégico, el FBI ha puesto a punto sus operaciones antiterroristas, ampliado sus capacidades de inteligencia, modernizado sus prácticas comerciales y tecnología, y mejorado la coordinación con sus asociados. Desde los Equipos Especiales Conjuntos contra el Terrorismo, donde agentes trabajan lado a lado con sus asociados estatales y locales para asegurar que no se deje ninguna amenaza de terrorismo sin atender, hasta la formación de un equipo analítico profesional de expertos para identificar amenazas emergentes, he asumido el compromiso de asegurar que el FBI siga ampliando sus capacidades como organización nacional de seguridad.

La División de Seguridad Nacional del Departamento asegura que los elementos de enjuiciamiento e inteligencia en el ámbito del edificio principal del poder judicial del Departamento de Justicia cuenten con gestión centralizada. Desde el 20 de enero, la División de Seguridad Nacional del Departamento ha marcado varios logros cruciales en el enjuiciamiento de casos de terrorismo y asociados al terrorismo, incluidos:

Implementación de las Órdenes Ejecutivas del Presidente de cerrar Guantánamo

En concordancia con nuestro compromiso hacia la seguridad nacional como la principal prioridad del Departamento, el Departamento de Justicia está encabezando la labor ordenada por el Presidente de cerrar Guantánamo y asegurar que las políticas aplicadas de aquí en más para la detención, interrogación y traslado estén de acuerdo con los valores de nuestra nación. Como dijo el Presidente en su discurso en los Archivos Nacionales, en lugar de actuar como herramienta contra el terrorismo, Guantánamo se volvió un símbolo que ayudó a al-Qaeda a reclutar a terroristas para su causa.

El 22 de enero, el Presidente Obama emitió tres Órdenes Ejecutivas y un Memorando Presidencial que otorgaron responsabilidad significativa al Departamento. El Departamento está coordinando una iniciativa inter-agencias para llevar a cabo el trabajo arduo de implementar estas importantes iniciativas presidenciales. Se les ha pedido a las autoridades enumeradas en las Órdenes Ejecutivas y el Memorando Presidencial las siguientes acciones:

El Departamento, junto con los Departamentos de Defensa, Estado, Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la Agencia de Inteligencia Central, los Jefes de Estado Mayor Conjunto y otros, está implementando estas Órdenes; y con la acusación formal y la declaración de culpabilidad del Sr. al-Marri a fines de abril, hemos logrado una resolución justa de la causa.

Con respecto a las Órdenes Ejecutivas del Presidente, he designado un Director Ejecutivo para que encabece el Equipo Especial de Detenidos de Guantánamo. También he nombrado a dos directivos para que coordinen las Revisiones del Equipo Especial de la Política de Interrogación y Detención.

El Equipo Especial de Revisión de Detenidos de Guantánamo es responsable por reunir y examinar información relevante y hacer recomendaciones con relación a la disposición correcta de cada persona actualmente detenida en la Bahía de Guantánamo. El Equipo Especial está considerando si es posible trasladar o liberar a personas detenidas, de acuerdo con los intereses de seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos; evaluar si el gobierno debe buscar enjuiciar a personas detenidas por delitos que puedan haber cometido; y, si ninguna de estas opciones es posible, recomendará otros medios lícitos de disposición de personas detenidas.

El Equipo Especial de Políticas de Interrogación y Traslado tiene a su cargo realizar una revisión para determinar si las prácticas y técnicas para interrogación del Manual de Campo del Ejército, cuando empleadas por departamentos o dependencias no militares, proveen un medio adecuado de adquisición de la inteligencia necesaria para proteger a la nación, y si son necesarias orientaciones para la interrogación distintas o adicionales. Este equipo especial también es responsable por examinar las prácticas de traslado de individuos a otras naciones para asegurar que dichas prácticas cumplan con todas las obligaciones legales y domésticas e internacionales y políticas de los Estados Unidos y sean suficientes para asegurar que dichos individuos no sean sometidos a tortura o tratamiento inhumano.

El Equipo Especial de Política de Detención tiene a su cargo conducir una revisión de las opciones lícitas disponibles al gobierno federal para la aprehensión, detención, el enjuiciamiento, traslado, la liberación u otro tipo de disposición de personas capturas o aprehendidas en conexión con conflictos armados y operaciones de contraterrorismo.

Estas Órdenes Ejecutivas y el Memorando Presidencial exigen que yo coordine o co-presida cada una de estas actividades inter-agenciales. Los líderes de otros departamentos y dependencias del gobierno de EE.UU. están participando en estos equipos especiales, incluidos las Secretarías de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, el Director de Inteligencia Nacional, el Director de la Agencia de Inteligencia Central, el Presidente de los Jefes del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios.

Al implementar estas órdenes, el Departamento tomará las precauciones necesarias para asegurar que las decisiones asociadas a los detenidos en Guantánamo tengan en cuenta las inquietudes de todos los ciudadanos de los Estados Unidos con respecto a la seguridad. Con respecto a la tarea de la revisión de la detención de Ali Saleh Kahlah al-Marri, me complace informarles que el 30 de abril al-Marri se declaró culpable de conspiración para proveer apoyo material a la red terrorista al-Qaeda. Al realizar dicho acuerdo, al-Marri admitió que trabajó para, y proveyó apoyo material a al-Qaeda con la intención de promover sus objetivos y actividades terroristas aquí, en los Estados Unidos. Cuando el Presidente Obama me instruyó que liderara una revisión inter-agencias de su caso, al-Marri estaba detenido en una brigada naval en Carolina del Sur hacía más de cinco años sin que se formularan cargos contra él. La resolución de este asunto en el sistema de justicia criminal es el resultado del trabajo dedicado de fiscales e investigadores de carrera en el Departamento de Justicia y otras dependencias. Como resultado, el Departamento ha demostrado que nuestro sistema de justicia criminal puede responsabilizar a los terroristas por sus acciones, y lo hará, protegiendo al pueblo de los Estados Unidos de manera compatible con nuestros valores y enjuiciando a los presuntos terroristas con toda la fuerza de la ley.

El enjuiciamiento de terroristas acusados en el sistema federal de justicia criminal ha sino un enfoque común y exitoso del Departamento desde la década del 90. El Departamento ha enjuiciado y condenado a personas que planearon dichos ataques terroristas, tales como los bombardeos del World Trade Center en 1993, las embajadas estadounidenses en África Oriental, y el U.S.S. Cole. Un análisis independiente encontró que los fiscales federales lograron una tasa de condenas de más del 90 por ciento en por lo menos un cargo entre un grupo de 160 demandados cuyos casos fueron resueltos. Desde el comienzo de este año, más de 30 personas acusadas de violaciones asociadas al terrorismo han sido enjuiciadas y/o sentenciadas con éxito en tribunales federales de todo el país.

También es importante citar que existen actualmente 216 presidiarios en custodia del Buró de Prisiones [Bureau of Prisons (BOP)] con antecedentes o conexiones con el terrorismo internacional. Las prisiones federales son consideradas algunas de las más seguras del mundo. El establecimiento "Supermax" en Florence, Colorado (ADX Florence), el cual es el establecimiento más seguro del BOP, aloja a 33 terroristas internacionales. Nunca ha habido un escape del ADX Florence, el BOP ha albergado a algunos de estos terroristas internacionales desde principios de la década del 90. Además del ADX Florence, el BOP alberga a dichos individuos en Unidades de Gestión de Comunicaciones en Terre Haute, Ind., y Marion, Ill., así como en otras instalaciones en distintas instituciones del país.

Bajo la ley, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos puede instruir al BOP que inicie Medidas Administrativas Especiales con respecto a un presidiario en particular (incluidos los detenidos esperando juicio o durante el juicio) cuando exista riesgo sustancial de que las comunicaciones o contactos del prisionero con personas podría resultar en muerte o lesión corporal grave a personas, o daños significativos a propiedad que podrían acarrear riesgo de muerte o lesión corporal grave a personas. En general, estas medidas pueden iniciarse para prevenir actos de terrorismo, actos de violencia o la revelación de información clasificada.

Los Carteles Mexicanos y la Seguridad de la Frontera Sudoeste

El Departamento ha realizado una labor significativa recientemente para enfrentar la amenaza de los carteles del narcotráfico mexicanos y garantizar la seguridad de nuestra frontera sudoeste.

Esta iniciativa es liderada por el Secretario de Justicia Adjunto David Ogden. Esta estrategia utiliza equipos especiales liderados por fiscales federales que reúnen a las dependencias federales, estatales y locales de las fuerzas del orden público para identificar, desmantelar y acabar con los carteles de narcotráfico mexicanos a través de la investigación, el enjuiciamiento y la extradición de sus principales líderes y facilitadores, y la confiscación de sus activos. El Departamento también co-presidió una iniciativa inter-agencias con el Departamento de Seguridad Nacional, en nombre de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, para desarrollar la Estrategia Nacional contra los Narcóticos en la Frontera Sudoeste. Dicha estrategia fue divulgada recientemente, el 5 de junio de 2009, e identifica acciones recomendadas para combatir el narcotráfico ilegal, el flujo de dinero en efectivo ilegal hacia el exterior, y de armas a través de la frontera con México. El Departamento también está acentuando su concentración en investigaciones y enjuiciamientos del contrabando de armas y dinero que se dirige al sur y que alimenta a la violencia y la corrupción, y en atacar a los carteles en México en si, en asociación con la Oficina del Procurador General de México y la Secretaría de Seguridad Pública de México.

La lucha contra los carteles mexicanos, junto con nuestros asociados en el gobierno mexicano, es una importante preocupación para los Estados Unidos y el Departamento. La frontera sudoeste, en particular, es un área vulnerable para la inmigración ilegal, el narcotráfico y el contrabando de armas de fuego ilegales. Para implementar una estrategia completa para la lucha contra los carteles y la seguridad de las fronteras se requiere colaboración y coordinación en diversos niveles del gobierno.

El tratamiento del problema de la seguridad de la frontera sudoeste comprende dos elementos básicos: vigilar la frontera en sí para prohibir y disuadir con respecto al cruce ilegal de personas indocumentadas o mercaderías contrabandeadas, y combatir a las grandes organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. Con tal fin, el Departamento de Justicia está luchando contra los carteles mexicanos como lo hizo en el caso de La Cosa Nostra o cualquier otra gran organización criminal organizada. Las iniciativas de los componentes de las fuerzas del orden público del Departamento de Justicia - la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)], el FBI, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF)], el Servicio de Alguaciles Federales [U.S. Marshals Service (USMS)], los Fiscales Federales, la División Criminal y el Equipo Especial de Control de Drogas contra la Delincuencia Organizada [Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)]] junto con el Departamento de Seguridad Nacional y otras dependencias federales, ya han logrado importantes resultados.

En febrero, anuncié el arresto de más de 750 individuos por cargos asociados al narcotráfico y la confiscación de más de 23 toneladas de narcóticos bajo la Operación Xcellerator, una iniciativa multi-agencias multinacional contra la organización de narcotráfico mexicana conocida como el Cartel de Sinaloa. También se cree que el Cartel de Sinaloa es responsable por el lavado de múltiples millones de dólares del producto de actividades de narcotráfico ilegales. Este cartel es responsable por traer toneladas de cocaína a los Estados Unidos a través de una amplia red de células de distribución en los Estados Unidos y Canadá. A través de la Operación Xcellerator, dependencias de las fuerzas del orden público federales, junto con miembros de las fuerzas del orden público de los gobiernos de México y Canadá y autoridades estatales y locales en los Estados Unidos, impartieron un fuerte golpe contra el Cartel de Sinaloa.

Además de los arrestos, las autoridades confiscaron más de 59 millones de dólares estadounidenses, más de 12,000 kilogramos de cocaína, más de 1,200 libras de metanfetamina, aproximadamente 1.3 millones de píldoras de éxtasis, y otras drogas ilegales. También se realizó una importante confiscación de 169 armas, 3 aeronaves y 3 naves marítimas.

En marzo, el Departamento anunció más métodos a ser utilizados en la lucha contra los carteles mexicanos de narcotráfico. El Departamento y el DHS están trabajando en relación estrecha en apoyo al Departamento de Estado en iniciativas contra los carteles en México a través de la Iniciativa Mérida. La coordinación del Departamento incluirá al FBI, la DEA, el ATF, el USMS, la OCDETF y la División Criminal, quienes trabajarán con colegas de las fuerzas del orden público en investigar y enjuiciar a miembros de carteles por sus actividades ilegales en los Estados Unidos y en desmantelar el flujo ilegal de armas y de dinero en efectivo en grandes cantidades a México.

A lo largo de los últimos nueve meses, el USMS ha destacado a 94 Alguaciles Federales Adjuntos adicionales a oficinas de distrito y enviará cuatro delegados adicionales para que brinden asistencia a la Oficina Local de la Ciudad de México, a fin de intensificar las tareas a lo largo de la frontera sudoeste. Además, en los últimos tres meses, se designaron cuatro nuevos Investigadores Criminales en unidades de campo de confiscación de bienes a lo largo de la frontera sudoeste. Estos nuevos cargos prestarán apoyo a las Fiscalías Federales y dependencias de las fuerzas del orden público en sus iniciativas contra los carteles y contribuirán para otras investigaciones de gran porte.

Nuestra estrategia para tratar del problema de los carteles mexicanos le permitirá al Departamento destinar 100 miembros del ATF a la frontera sudoeste para complementar nuestro Proyecto Gunrunner en curso. La DEA agregará 16 cargos nuevos en la frontera, así como Equipos de Ejecución Móvil recién reconstituidos, y el FBI está creando un nuevo grupo de inteligencia que se concentrará en pandillas/organizaciones de narcotráfico, corrupción pública, secuestros, extorsión y otros temas de investigación relacionados con la frontera sudoeste. Asimismo, he realizado una serie de reuniones con el Secretario Napolitano para deliberar sobre una mayor coordinación en diversos temas entre el Departamento de Justicia y el DHS.

Este abril, junto con la Secretaria Napolitano, participé en la Conferencia de Tráfico de Armas entre México y EE.UU. en Cuernavaca, México. Éste fue mi primer viaje al exterior como Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Mi presencia en esta conferencia es un reflejo de mi compromiso de seguir adelante con esta lucha contra los carteles del narcotráfico. Los Estados Unidos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones para este problema y acompañaremos a nuestros asociados mexicanos en cada paso en esta lucha.

Derechos Civiles

El Departamento está plenamente empeñado en defender los derechos civiles de cada ciudadano de los Estados Unidos. En los últimos ocho años, leyes federales vitales diseñadas para proteger los derechos en el lugar de trabajo, el mercado de vivienda y la cabina electoral se han debilitado. Asimismo, consideraciones políticas inadecuadas contaminaron ciertas decisiones de contratación y debilitaron esta importante misión. Esto está cambiando ahora, y he hecho de restaurar el funcionamiento correcto de la División de Derechos Civiles una prioridad como Secretario de Justicia de los Estados Unidos. La División de Derechos Civiles ya ha incrementado sus actividades de ejecución.

En primer lugar, el Departamento sigue adelante su tradición de utilizar la participación de amicus como una parte integral de su programa de ejecución. La presentación de amicus curiae en demandas entabladas por partes privadas permite a la División promover su interpretación de las leyes y reglamentos que hace valer ante tribunales en casos importantes, asistiendo a los tribunales y ayudando a asegurar que el público reciba la medida plena de las protecciones provistas. Desde el 21 de enero, el Departamento ha presentado amicus curiae en nueve casos de derechos civiles y pidió permiso para interponer un escrito en otros dos. Los temas asociados a estos casos incluyen, entre otros, discriminación en el empleo, derechos de discapacitados y acoso sexual en violación de la Ley de Vivienda Justa.

La División de Derechos Civiles también ha incrementado su labor de ejecución asociada a la vivienda justa para tratar de la discriminación sistémica en la vivienda. La División ha entablado 16 demandas bajo la Ley de Vivienda Justa, incluidos 7 casos de patrón o práctica, y ha obtenido 8 decretos por consentimiento que proveen amplio desagravio.

Otro elemento importante del fortalecimiento de los derechos civiles es asegurar la justicia en la administración de las leyes criminales. El Departamento cree firmemente que nuestras leyes criminales y de emisión de sentencias deben ser rigurosas, previsibles, justas y estar libres de disparidades raciales y éticas injustificadas. La confianza y certidumbre públicas son elementos esenciales de un sistema de justicia criminal eficiente - nuestras leyes y su aplicación no sólo deben ser justas, sino que también deben ser percibidas como siendo justas. La percepción de injusticia debilita la autoridad gubernamental en el proceso de justicia criminal. Este gobierno se compromete a analizar los problemas de justicia criminal para asegurar que nuestros agentes de las fuerzas del orden público y fiscales cuenten con las herramientas que necesitan para combatir la delincuencia y asegurar la seguridad pública, trabajando simultáneamente para acabar con cualquier disparidad injustificada e involuntaria que pueda existir en el proceso de justicia criminal. La labor del Departamento en este sentido ya ha comenzado con un grupo de trabajo de sentencias liderado por el Secretario de Justicia Adjunto. El derecho a un defensor también es un elemento esencial de un sistema de justicia criminal efectivo y justo. Le preocupa al Departamento la calidad y disponibilidad de defensores para indigentes, especialmente en esta época difícil de la economía, y ha comenzado a estudiar propuestas de mejora.

Otro tema relativo a los derechos civiles que es una clara prioridad para el Departamento es la promulgación de una legislación eficaz sobre los delitos por odio. Los delitos por odio victimizan no solo a las personas, sino a comunidades enteras. Dicha violencia motivada por el prejuicio simplemente no puede tolerarse, y necesitamos herramientas para tratar de los peores casos en el ámbito federal.

Asociaciones Federales y Estatales Contra el Fraude Financiero e Hipotecario

En un momento en que muchos ciudadanos de EE.UU. enfrentan los efectos adversos de una economía devastadora y un mercado de vivienda inestable, el gobierno ha anunciado una nueva labor coordinada entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el sector privado para combatir el fraude de modificación de préstamos hipotecarios y los ardides de rescate de ejecución hipotecaria. Estas actividades fraudulentas amenazan perjudicar a los propietarios estadounidenses y privarlos de obtener la ayuda que necesitan en estos tiempos tan difíciles. La nueva iniciativa alinea respuestas de agencias de las fuerzas del orden público federales, investigadores y fiscales estatales, autoridades de control civil y el sector privado para proteger a propietarios de viviendas que busquen asistencia bajo el programa "Haciendo Accesible la Vivienda" ("Making Home Affordable") del gobierno contra delincuentes que buscan cometer conspiraciones depredadoras.

El Departamento, en asociación con el Departamento del Tesoro de EE.UU., el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano [Department of Housing and Urban Development (HUD)], la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] y el Secretario de Justicia de Illinois, coordinarán información y recursos de diversas agencias para maximizar la eficiencia y el direccionamiento en investigaciones de fraude, alertar a instituciones financieras sobre ardides emergentes e intensificar las acciones de ejecución. Como parte de esta iniciativa con la participación de varias dependencias, el Departamento ha establecido maneras de desmantelar los ardides de fraude hipotecario. El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] está investigando más de 2,500 casos de fraude hipotecario al 31 de mayo de 2009. Este número representa casi un 400 por ciento más que hace cinco años. El Buró ha más que duplicado el número de agentes que investigan ardides hipotecarios, ha creado un Equipo Nacional de Fraude Hipotecario, y está trabajando de manos dadas con nuestros asociados de otras dependencias.

Agradezco el trabajo realizado por el Comité con nosotros en promulgar legislación para mejorar las herramientas y recursos criminales y civiles del Departamento para combatir el fraude hipotecario, el fraude de títulos y bienes económicos, el lavado de dinero, y para proteger al dinero de los contribuyentes que se ha gastado en los paquetes de estímulo económico y rescate recientes. La Ley de Ejecución y Recuperación contra el Fraude revertirá fallos judiciales lamentables que obstaculizaran la capacidad de enjuiciar el lavado de dinero al permitirle al Departamento obtener todo el producto de la actividad ilegal. La nueva ley también autoriza a investigadores y fiscales nuevos a facilitar entablar demandas por fraude financiero. Estos recursos adicionales proveerán una devolución sobre la inversión a través de multas, penalidades, restitución, daños y perjuicios y confiscaciones adicionales. Con las herramientas proporcionadas por el proyecto de ley, el Departamento de Justicia y otros estarán mejor equipados para enfrentar los desafíos impuestos a esta nación en tiempos económicos difíciles y hacer su parte para ayudar a la nación a responder a este desafío. Asimismo, esta nueva ley modifica la Ley de Reclamos Falsos en varios aspectos importantes para asegurar que la legislación siga siendo un arma potente y útil contra el uso indebido de fondos de los contribuyentes.

Además de concentrarnos en ardides fraudulentos, también me comprometo a asegurar que los propietarios que tengan dificultad para realizar sus pagos de hipoteca no enfrenten discriminación y puedan beneficiarse en igual medida con los programas legítimos de modificación de préstamos y otros programas federales para proveer asistencia hipotecaria y estabilizar los precios de las viviendas. La discriminación en el préstamo con base en raza, origen nacional u otros factores prohibidos es destructiva, moralmente repugnante y contra la ley. La discriminación en el préstamo impide que los discriminados disfruten de los beneficios del acceso al crédito, incluidos pagos razonables de hipoteca, de modo que puedan permanecer en sus hogares y proveer la estabilidad tan necesaria a sus vecindarios. Estamos utilizando toda la extensión de nuestro poder de ejecución para investigar y enjuiciar este tipo de discriminación inaceptable en el préstamo.

El Departamento viene investigando y enjuiciando enérgicamente los delitos financieros y ha tenido enorme éxito en identificar, investigar y enjuiciar a ardides de fraudes financieros masivos, incluidos la manipulación del mercado de títulos y bienes económicos y los ardides Ponzi. El Departamento ha buscado asegurar que se emitan sentencias estrictas para los autores. Por ejemplo:

Transparencia

El Departamento se compromete a una gestión abierta, transparente y responsable. Estos valores son esenciales para nuestra revitalización de las tradiciones básicas del Departamento y son características vitales de nuestra labor de reforma. Hemos emitido nuevas y completas Directrices de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] que instruyen a todos los departamentos y dependencias del poder ejecutivo a que apliquen una presunción de abertura al administrar la FOIA. Las nuevas Directrices, anunciadas en un memorando a los líderes de departamentos del ejecutivo, se basan en los principios de abertura y rescinden las directrices emitidas por el gobierno anterior.

Al aplicar la presunción de abertura y revelación, las nuevas Directrices destacan que las dependencias no deben retener registros simplemente porque pueden hacerlo legalmente, sino que deben considerar si su revelación podría causar algún daño real.

Asimismo, las Directrices establecieron una nueva norma para cuando el Departamento de Justicia defienda a una dependencia que rechace una solicitud de FOIA. Bajo la nueva norma, el Departamento defenderá a la dependencia "sólo si (1) la agencia prevé razonablemente que la revelación perjudicaría un interés protegido por una de las exenciones legales, o (2) la revelación está prohibida por la ley". Las nuevas Directrices también prevén que un gobierno abierto es la responsabilidad de todos. Las dependencias deben trabajar en conjunto con solicitantes de la FOIA y deben responder en tiempo hábil.

Además de emitir estas nuevas Directrices de la FOIA, el Departamento divulgó varios memorandos y opiniones de la Oficina de Asesoría Legal [Office of Legal Counsel (OLC)] no reveladas con anterioridad. El 16 de abril, por ejemplo, el Departamento divulgó al público cuatro opiniones de la OLC de 2002 y 2005, no divulgadas con anterioridad, que trataban del uso de diversas técnicas de investigación. Al divulgar estas opiniones, expliqué que "el Presidente ha suspendido el uso de técnicas de investigación descritas en estas opiniones, y este gobierno ha dejado claro desde el primer día que no aceptará torturas. Estamos divulgando estos memorandos de acuerdo con nuestro compromiso hacia los Principios de la Ley”. Después de haber analizado estas opiniones, la Oficina de Asesoría legal las retiró: ya no representan las opiniones del Departamento. La divulgación de estos memorandos y opiniones siguieron a la divulgación de otras siete opiniones no divulgados con anterioridad y dos memorandos de la OLC no divulgados con anterioridad.

De acuerdo con el compromiso del Departamento hacia la transparencia, recientemente anulé la orden del Secretario de Justicia Mukasey en el asunto de Compean, e instruí a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigraciones que comience un proceso de reglamentación para evaluar procedimientos para presentar demandas de asistencia inefectiva de defensor legal en procesos de inmigración. La orden Compean anterior había realizado cambios significativos a dichos procedimientos, los cuales son críticos para la integridad de los procesos inmigratorios, sin el beneficio de aviso previo adecuado y comentario. En la nueva reglamentación, el público tendrá oportunidad justa y plena de participar en la formulación de dichos procedimientos. Mi orden no revirtió la orden anterior en los méritos, restaura el status quo ante, y no afectará las posiciones de litigio del Departamento.

Ley de Recuperación

La Ley Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009 incluyó 4 mil millones de dólares en subsidios del Departamento de Justicia para mejorar la labor de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales, incluida la contratación de nuevos agentes de la policía, la lucha contra la violencia contra las mujeres, y para combatir a los delitos en Internet cometidos contra los niños. Estos fondos no solo ayudarán a revigorizar nuestra economía y crear y salvar millones de empleos, sino que también ayudarán a dar nuevo impulso a la misión tradicional de ejecución del Departamento de Justicia, un elemento clave en sus asociación con dependencias de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales. Estoy personalmente empeñado en reconstruir la asociación tradicional del Departamento con nuestros asociados de las fuerzas del orden público a través de concordancias operativas y mayores recursos. Estos fondos son vitales para mantener fuertes a nuestras comunidades. Mientras gobernadores, alcaldes y profesionales locales de las fuerzas del orden público luchan con la crisis económica actual, no podemos darnos el lujo de debilitar nuestro compromiso con la lucha contra el delito y la seguridad de nuestras comunidades.

La Ley de Recuperación provee 4 billones de dólares en subsidios a ser distribuidos por las tres oficinas principales emisoras de subsidios del Departamento de Justicia: la Oficina de Programas Judiciales [Office of Justice Programs (OJP)], la Oficina sobre Violencia contra la Mujer [Office on Violence Against Women (OVW)] y los Servicios Policiales con Orientación Comunitaria [Community Oriented Policing Services (COPS)]. Los subsidios proporcionados por la Ley de Recuperación han sido distribuidos entre estas oficinas de la siguiente manera:

Los anuncios del programa pidiendo solicitudes bajo estos programas de subsidios de la Ley de Recuperación han sido publicados en el portal de Internet de la Ley de Recuperación del Departamento y el portal de Internet de Oportunidades de Fondos de Subsidios, Grants.gov. Algunos plazos ya se han vencido, y todas las solicitudes para dichos programas están siendo actualmente analizadas. Hasta la fecha, el OJP ya ha otorgado casi 1.54 billones en subsidios. Subsidios de fórmula a estados, localidades, equipos especiales estatales y gobiernos tribales han sido provistos en forma consecutiva a través de 51 subsidios bajo el Programa Byrne/JPA, así como subsidios de Víctimas del Delito para Asistencia y Compensación a Víctimas, subsidios a Coaliciones Estatales en Delitos en Internet contra Menores, y subsidios de capacitación de STOP y subsidios a la Coalición contra la Agresión Sexual y la Violencia Doméstica de la Oficina sobre Violencia contra la Mujer. El personal y docenas de paneles de compañeros examinadores están considerando solicitudes de subsidios competitivos para otros programas, incluido el COPS.

Casi todos los fondos de subsidio deben haber sido otorgados hasta fines de julio de 2009. El Departamento también ha trabajado para asegurar que los subsidios sean otorgados dentro de un marco de transparencia y obligación de rendir cuentas y que se mitigue el riesgo de desperdicio, fraude, error o abuso. Representantes de los componentes otorgantes de subsidios del Departamento, incluidos OJP, OVW y COPS, han participado en capacitación específica sobre la prevención y detección de fraudes asociados a subsidios. Además, los componentes adjudicadores de subsidios han creado nuevas páginas en Internet de la Ley de Recuperación que permitirán al público acceso fácil a información sobre la Ley de Recuperación.

Estas páginas en Internet sobre la Ley de Recuperación incluyen información detallada sobre cada uno de los programas de subsidios y enlaces a aplicaciones, preguntas frecuentes y otros materiales relevantes. De esta manera, el Departamento espera facilitar el proceso de solicitud de subsidios de la Ley de Recuperación para que estos fondos importantes puedan distribuirse de forma rápida y eficiente.

Fraude de Servicios Médicos

Como parte del compromiso permanente del gobierno hacia la responsabilidad fiscal, el Departamento está trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para combatir las decenas de billones de dólares que se pierden cada año debido al fraude contra Medicare y Medicaid. Dichos billones representan dólares de salud que podrían gastarse en servicios para beneficiarios de Medicare y Medicaid pero que, en lugar de ello, son desperdiciados en el fraude y el abuso. Esto es inaceptable. Nuestras agencias han sido asociadas hace más de una década en la iniciativa de combate al fraude de servicios médicos. Desde 1997, cuando el Congreso estableció el programa de Fraude de Servicios Médicos y Control de Abuso, nuestros Departamentos han devuelto más de 14.3 billones de dólares al gobierno federal. Más de 12 billones de dólares de dicha suma volvieron al Fondo Fiduciario de Medicare.

Nuestra División de lo Civil, trabajando con nuestros Fiscales Federales en toda la nación, ha utilizado eficazmente la Ley de Reclamos Falsos para devolver estos billones de dólares al gobierno. Sólo el año pasado, recuperamos más de 1.12 billones de dólares en asuntos de fraude de servicios médicos, como indicamos en noviembre pasado (http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/November/08-civ-992.html), y sólo en los primero meses de este año fiscal ya hemos devuelto casi esa misma cantidad y tenemos más devoluciones en el conducto.

Penalidades civiles y criminales estrictas y estrategias preventivas son fuertes elementos disuasores para quienes contemplen cometer fraude contra programas de servicios médicos gubernamentales. Es por eso que el mes pasado, acompañé a la Secretaria de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, en el lanzamiento de una nueva iniciativa para combatir el fraude que aumentará las herramientas y los recursos, y logrará una concentración sostenida por el más alto liderazgo en ambas dependencias. El Equipo de Prevención de Fraude de servicios médicos y Acción de Ejecución [Health Care Fraud Prevention & Enforcement Action Team (HEAT)] es un equipo de líderes claves en los más altos niveles del Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] y Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)] que maximizará nuestra eficacia a través de coordinación mejorada, información compartida y capacitación entre nuestros investigadores, agentes, fiscales, abogados de fraude civil y administradores de programas. Como principal prioridad, este equipo examinará cómo podemos compartir mejor inteligencia en tiempo actual sobre los patrones y prácticas del fraude de servicios médicos. Este equipo también asegurará que información crítica y actualizada sobre servicios de servicios médicos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos sea intercambiada prontamente entre el HHS y el DOJ, aumentando la eficiencia y la pronta resolución de casos complejos de fraude de servicios médicos. También se esforzará en implementar mejoras en la tecnología y capacitación que provean a nuestros analistas y agentes las mejores herramientas para prevenir el fraude y el abuso de forma eficaz.

La coordinación DOJ-HHS ya ha tenido éxito demostrado en Equipos Especiales contra el Fraude contra Medicare que hemos distribuido en ciudades y regiones claves de todo el país. Los dos departamentos lanzaron el primer equipo especial en el Sur de Florida en 2007, y los fiscales del lugar han presentado 87 acusaciones formales contra 159 demandados por delitos de fraude.

El año pasado, el equipo especial se extendió a Los Ángeles, y ahora hemos extendido el equipo especial a Houston, Detroit y otras áreas de fraude contra Medicare concentrado. Creo que una estrategia de control civil y criminal específica en dichas localidades tendrá un impacto significativo en disuadir el fraude y el abuso, protegiendo a pacientes y a personas de la tercera edad contra los ardides, y asegurando que los fondos del contribuyente no se roben.

Reconocemos que el fraude de servicios médicos tiene un impacto debilitante en nuestros ciudadanos más vulnerables - los ancianos y las personas en establecimientos de cuidados prolongados. Nuestra Iniciativa Justicia y Asilos para Ancianos coordina las actividades de nuestros abogados y agentes de todo el país para mejor comprender y tratar del abuso, la negligencia y la explotación financiera de dichas víctimas y para hacer valer todo el peso de mi Departamento para asegurar que estos tipos de delitos sean prevenidos y/o enjuiciados. También nos complacerá trabajar con el Congreso en identificar y buscar la realización de reformas legislativas y reguladoras necesarias para prevenir, disuadir y enjuiciar el fraude de servicios médicos, tales como autoridades de prevenciónes adicionales, políticas de pago adecuadas y mayores sanciones y penalidades.

Nominaciones

Valoro el gran trabajo realizado por este comité al recomendar la confirmación de muchos funcionarios principales en el Departamento de Justicia. Existen otras nominaciones pendientes para estas posiciones, y los insto a que las confirmen lo antes posible para que el Departamento pueda realizar su misión plenamente en nombre del pueblo de los Estados Unidos.

Y, por supuesto, me complace inmensamente que el Presidente Obama haya nombrado a la Jueza Sonia Sotomayor del Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito como Jueza Asociada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Jueza Sotomayor ha establecido antecedentes muy impresionantes como juez a lo largo de los últimos 17 años, y cuenta con más experiencia en la justicia federal que cualquier nominado para la Corte Suprema en, por lo menos, un siglo. Su historia personal - la cual la llevó de un proyecto de vivienda pública en el Bronx al éxito en algunas de las principales instituciones financieras de nuestro país y luego a empleos como fiscal, abogada privada, y jueza - es una verdadera inspiración. Expreso mi gratitud al Comité por programar la audiencia de su nombramiento en julio, para que pueda ser confirmada por el Senado pleno antes de agosto y asumir a tiempo para la próxima sesión del Tribunal en octubre.

Además, el Departamento sigue trabajando con la Casa Blanca en identificar a personas de alta calidad para cargos como Jueces Federales, Fiscales Federales y Alguaciles Federales.

Conclusión

Presidente Leahy, Miembro Sessions y Miembros del Comité, quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar sobre mis prioridades para el Departamento. Tendré gusto en responder a cualquier pregunta que puedan tener.

 

 

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