USDOJ: PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL DISTRITO NORTE DE ILLINOIS

PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL

DISTRITO NORTE DE ILLINOIS

La Procuraduría de Justicia del Distrito Norte de Illinois se ha distinguido recientemente por una serie de procesos con desenlaces favorables, como los juicios de ex gobernadores corruptos del estado, de servidores públicos de Chicago inmiscuidos en el manejo fraudulento de las contrataciones de la ciudad, de sujetos que apoyaron al terrorismo en el exterior y mintieron al respecto, de ejecutivos de corporaciones que estafaron al público inversionista y de tradicionales capos de la delincuencia organizada responsables de sonados homicidios. La Procuraduría de Justicia de Chicago, que se ha ganado su reputación por combatir el crimen organizado y perseguir agresivamente la corrupción pública durante el transcurso de varias décadas, sigue respetando esa tradición a la vez que incorpora otras prioridades principales como la lucha contra el terrorismo; contra los delitos violentos relacionados con drogas y pandillas callejeras; contra el fraude al sector salud; y contra los delitos cibernéticos. En el ámbito civil, la procuraduría ha recaudado cientos de millones de dólares de compañías aseguradoras que han discriminado a la mujer embarazada y de farmacias que han defraudado al programa Medicare. Igualmente, la procuraduría ha dedicado innumerables esfuerzos a auxiliar e indemnizar a las víctimas del delito.

El 1 de julio de 2012, Gary S. Shapiro, quien cuenta con 40 años de experiencia como agente del ministerio público federal, asumió el cargo de Fiscal Federal Interino tras la partida de Patrick J. Fitzgerald. Éste último desempeñó el cargo de Fiscal Federal por 11 años, convirtiéndose así en la persona que mayor tiempo ha ocupado dicho puesto en Chicago. En las oficinas laboran más de 300 empleados, entre ellos aproximadamente 170 Fiscales Federales Auxiliares y más de dos docenas de asistentes técnico-jurídicos, así como el resto del personal administrativo y de apoyo. El Distrito Norte de Illinois abarca 18 condados ubicados en la franja norte del estado y tiene una población de unos nueve millones de habitantes. El distrito cuenta con una oficina divisional en Rockford a la que están adscritos siete abogados. Tanto los abogados como el resto del personal se han abocado a mantener una larga tradición de servicio público y participación en la comunidad en todo el norte de Illinois. Cada año, donan cientos de juguetes y prendas de vestir a niños indigentes, imparten programas educativos dirigidos a la niñez en escuelas públicas y sirven como mentores a estudiantes de derecho.

En la División Penal, los Fiscales Federales Auxiliares de nuevo ingreso son asignados a la Sección de Delitos Generales, en donde obtienen capacitación tanto formal como práctica en materia de derecho y procedimientos penales federales, adquieren práctica ante jurados de acusación y en juicios, y participan en investigaciones con diversas dependencias federales de procuración de justicia. A los nuevos Fiscales Federales Auxiliares rápidamente se les atribuyen responsabilidades en investigaciones y juicios bajo la supervisión de otros más experimentados. Esto les permite tener un contacto directo con toda la gama de delitos federales, como son el fraude fiscal, el robo a bancos, la malversación de fondos, y la tenencia y venta ilícitas de estupefacientes y armas de fuego. Una vez que dominan las investigaciones y la persecución de asuntos menos complejos se les asigna a otras secciones, tales como la Sección de Estupefacientes y Pandillas, cuyo enfoque es la investigación y sujeción a proceso de las principales organizaciones de distribución de estupefacientes, en particular de las pandillas callejeras y los carteles internacionales de la droga. Al mismo tiempo que persiguen delitos que involucran armas de fuego, los Fiscales Federales Auxiliares de toda la oficina participan en foros para convictos que reciben libertad condic ional en un intento por prevenir este tipo de delitos como parte del Proyecto Vecindarios Seguros (Project Safe Neighborhoods) –una iniciativa nacional contra la violencia que se adapta a las comunidades locales.

Otras secciones de la División Penal que requieren mayor experiencia son las Secciones de Seguridad Nacional, de Delitos Financieros y de Procesos Especiales, las cuales se encargan de asuntos más complejos, como el fraude con valores y productos, el fraude hipotecario o relacionado con quiebras y el fraude al sector salud. A principios de 2011, el Departamento de Justicia expandió a Chicago las operaciones del Grupo para Combatir el Fraude a Medicare (Medicare Fraud Strike Force). La Sección de Corrupción Pública y Delincuencia Organizada continúa desmantelando los pilares del crimen que han dado a la procuraduría su reputación. La “delincuencia organizada” incluye La Cosa Nostra (también conocida como el “hampa” de Chicago), así como otros grupos en surgimiento, como son las organizaciones delictivas de Europa del Este y Asia. Los fiscales adscritos a estas secciones con frecuencia usan herramientas federales de procuración de justicia –como la vigilancia electrónica aprobada por un juez o la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como Ley “RICO” (por Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)– para sujetar a proceso a organizaciones por delitos perpetrados a lo largo de muchos años.

Varios de los Fiscales Federales Auxiliares se especializan en casos de lavado de dinero y asisten al resto de los abogados de la oficina para incautar y decomisar a los imputados los bienes vinculados a la delincuencia. Con esto pretenden “convertir a la delincuencia en ‘no rentable’” mediante el rastreo de los bienes de narcotraficantes y otros delincuentes y la enajenación de sus ganancias a fin de indemnizar a las víctimas del delito y al gobierno. Algunos se especializan en procesos de apelación y orientan a otros fiscales sobre la redacción de escritos y la presentación de argumentos orales. Asimismo, hay un grupo selecto de abogados que actúan como Abogados Litigantes Senior y ayudan a los equipos asignados a un juicio a despejar la maleza propia del litigio en un juzgado.

Cerca de dos docenas de Fiscales Federales Auxiliares han sido asignados a la División Civil, donde están a cargo de una gran variedad de juicios y apelaciones en los que representan al gobierno federal y sus dependencias. Estas causas pueden versar sobre derechos humanos, el medio ambiente, alimentos y drogas, o fraudes civiles. La División Civil se encarga además de defender a funcionarios públicos federales en demandas relativas a lesiones personales, negligencia médica y discriminación laboral, así como en demandas colectivas y fallos administrativos relacionados con políticas o programas del gobierno. Los abogados de la Unidad de Litigio Financiero se encargan de rastrear bienes que se usan para indemnizar a las víctimas del delito y para recaudar deudas a favor de las dependencias federales. Ellos también representan al gobierno en casos de quiebra y lo defienden en juicios hipotecarios.

Los abogados de la procuraduría trabajan en estrecha colaboración con agentes de todas las dependencias federales de investigación, tales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Servicio Secreto (USSS) , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-ICE), el Servicio de Inspección Postal, la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y las oficinas de los inspectores generales de distintas instituciones federales y entidades del Poder Ejecutivo (p. ej.: los Departamentos de Defensa, del Trabajo, de Estado, y de Vivienda y Desarrollo Urbano). De igual forma, la procuraduría fomenta una extensa colaboración entre las dependencias locales, estatales y federales de impartición de justicia.

Normalmente, la procuraduría recibe cientos de solicitudes de empleo de abogados que aspiran a llenar una vacante cada año, por lo que la obtención de un puesto es extremadamente competitiva. Los abogados aspirantes son evaluados por su experiencia jurídica, su aprovechamiento en la facultad de derecho, sus aptitudes de comunicación oral y escrita, y su dedicación al servicio público, entre otros factores. Los candidatos elegidos deben comprometerse a trabajar en la procuraduría durante un mínimo de cuatro años.

La procuraduría cuenta con un vasto programa de prácticas profesionales para estudiantes de derecho que les permite entrar en contacto directo con todos los aspectos del ejercicio del derecho tanto penal como civil a nivel federal. Los estudiantes que realizan estas prácticas tienen la oportunidad de observar y participar en conferencias, declaraciones bajo protesta, audiencias, juicios y apelaciones.

Si desea más información, sírvase escribir a la oficina de la Procuraduría de Justicia del Distrito Norte de Illinois o comuníquese al (312) 353-5300.