Iniciativa en Contra del Acoso Sexual en la Vivienda - Algunos Casos Recientes

Dos Santos

Salazar Dos Santos administró múltiples propiedades residenciales de alquiler en Chicopee, Massachusetts. La investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), reveló que Dos Santos había acosado sexualmente a inquilinas en múltiples ocasiones desde al menos el 2008. Según la demanda, Dos Santos coaccionó a las inquilinas para que practicaran sexo oral, tocó partes íntimas de sus cuerpos, expuso sus genitales a las inquilinas, las encerró en su oficina, ofreció implícitamente darles cosas como planes de pago de alquiler a cambio de sexo, y amenazó a las inquilinas que se resistieron o se opusieron a su acoso sexual no deseado. La demanda también alegó que dos fideicomisos familiares que poseen las propiedades que administraba Dos Santos son responsables de su conducta. Las partes llegaron a un acuerdo y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Massachusetts entró un decreto por consentimiento el 3 de mayo de 2023. Bajo el decreto por consentimiento, los acusados ​​deben pagar $425,000 en daños y perjuicios a las personas acosadas por Dos Santos y una penalidad civil de $25,000 a los Estados Unidos. El decreto por consentimiento también prohíbe futura discriminación y represalias, requiere que la responsabilidad administrativa de las propiedades se entregue a un administrador independiente, ordena la implementación de una política de acoso sexual, un procedimiento de quejas, y capacitación sobre la ley de Vivienda Justa. También requiere informes detallados sobre las actividades administrativas de las propiedades y el cumplimiento con los términos del decreto por consentimiento. El decreto por consentimiento prohíbe permanentemente que Dos Santos participe de toda responsabilidad administrativa de propiedades en cualquier propiedad residencial de alquiler.
 

Richard Bruno

Richard Bruno administró propiedades residenciales de alquiler en New London, Connecticut. El 8 de mayo de 2017, se declaró culpable y fue sentenciado el 28 de septiembre de 2017, a 16 años de prisión federal por producir pornografía infantil en una de las propiedades que él administraba, con uno de los menores que vivía en una de las propiedades que él administraba. El 25 de febrero de 2019, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), presentó una demanda civil en virtud de la Ley de Vivienda Justa contra Bruno y los dueños de las propiedades que él administraba, alegando que Bruno había acosado sexualmente a inquilinas y solicitantes desde al menos el 2011 hasta el 2016. Específicamente, los Estados Unidos alegó que Bruno incurrió en acoso; que incluía exigir o presionar a las solicitantes de alquiler para que participaran en actos sexuales para obtener privilegios en la renta, pedir que se tomaran y tomar fotografías y videos de los cuerpos de sus inquilinas y de sus menores hijas, y establecer, mantener y obligar a sus inquilinas y a sus hijas menores de edad a ver "calabozos" o "salas de sexo" en las propiedades de alquiler. Las partes llegaron a un acuerdo y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Connecticut entró un decreto por consentimiento el 21 de abril de 2023. El decreto por consentimiento requiere que los demandados paguen $350,000 para compensar a las personas acosadas por Bruno y una penalidad civil de $50,000 a los Estados Unidos. Bajo el acuerdo, a Bruno también se le prohíbe permanentemente administrar en el futuro propiedades residenciales de alquiler. Los demandados ​​deben contratar a un administrador independiente para administrar sus propiedades, obtener capacitación sobre vivienda justa e implementar políticas de no discriminación y procedimientos de quejas para prevenir en el futuro acoso sexual en sus propiedades.
 

Jones

Darrell Jones poseía y administraba más de 30 propiedades de alquiler en el área de Muskegon, Michigan. La investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), reveló que Jones, en repetidas ocasiones desde al menos 2008, había acosado sexualmente a varias inquilinas y prospecto de inquilinas. Las antiguas y posibles inquilinas acusaron a Jones de ofrecer reducir los pagos mensuales de alquiler a cambio de sexo, hacer comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, ofrecer favores y obsequios a cambio de sexo o citas, pedir fotos explícitas y de desalojar o amenazar con desalojar a las inquilinas que se opusieran o rechazaran sus avances sexuales. DOJ radicó una demanda contra Jones y su esposa, Fátima Jones, y Jones Investing, LLC, quienes juntos poseían algunas de las propiedades de alquiler que administraba Jones. Las partes llegaron a un acuerdo y el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Michigan entró un decreto por consentimiento el 7 de marzo de 2023. El decreto por consentimiento requiere que los demandados paguen $155,000 a los inquilinos y posibles inquilinos acosados por Jones, una penalidad civil de $10,000 para los Estados Unidos y otras medidas de reparación, incluyendo la contratación de un administrador independiente para administrar sus propiedades de alquiler. Este caso fue remitido al Departamento de Justicia por Fair Housing Center of West Michigan (Centro de Vivienda Justa del Oeste de Michigan).
 

Ables

Chad David Ables es dueño de propiedades de alquiler en Lexington, Tennessee. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), recibió quejas presentadas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de que Ables había acosado sexualmente a sus inquilinas. DOJ presentó una demanda en diciembre de 2018 y una demanda enmendada en abril de 2019. Los Estados Unidos alegó que desde el 2012, Ables sometió a las inquilinas a una cantidad constante de comentarios sexuales vulgares, toques físicos no deseados, propuestas de sexo y ofertas para reducir el alquiler a cambio de sexo. El 13 de diciembre de 2022, luego de un juicio de cuatro días, un jurado federal encontró que Ables acosó sexualmente a las inquilinas en sus propiedades y otorgó $70,500 en daños y perjuicios a seis mujeres que alquilaron casas a Ables. El Departamento de Justicia está solicitando una penalidad civil contra Ables para reivindicar el interés público y una orden judicial que prohíba a Ables administrar las propiedades de alquiler o tener contacto con los residentes o posibles inquilinos.

Centanni

Joseph Centanni era dueño y administraba cientos de unidades de alquiler en y alrededor de Elizabeth, New Jersey. DOJ abrió una investigación sobre Centanni en el 2019, luego de recibir un referido de la Oficina del Inspector General en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Muchos, pero no todos, los inquilinos de Centanni participaban en el programa federal de bonos de selección de vivienda, también conocido como sección 8. DOJ radicó una demanda el 5 de agosto de 2020, alegando que Centanni participó en un patrón o práctica de acoso sexual durante un período de al menos 15 años.  La demanda del DOJ alegaba que Centanni se aprovechaba de inquilinos y solicitantes de vivienda, exigiéndoles que participaran en actos sexuales para obtener o mantener una vivienda. Muchas de estos individuos no tenían hogar o habían estado sin hogar anteriormente, estaban pasando por dificultades financieras, y/o tenían una necesidad extrema de vivienda para ellos y sus hijos. La demanda del DOJ allegaba además que él inició o amenazó con iniciar procedimientos de desalojo contra inquilinos que objetaran o se negaran a sus avances sexuales. La corte emitió la orden por consentimiento el 17 de diciembre de 2021. La orden por consentimiento refleja que Centanni ha vendido todas sus propiedades residenciales. Bajo los términos de la orden por consentimiento, a Centanni le está permanentemente prohibido poseer y administrar propiedades residenciales de alquiler en el futuro. Bajo la orden por consentimiento, Centanni tendrá además que desestimar los fallos obtenidos en la corte de vivienda, incluyendo órdenes de desalojo, obtenidas en procedimientos considerados como represalias y tomar pasos para reparar el crédito de cualquier inquilino afectado. Bajo los términos de la orden por consentimiento, Centanni pagará $4,392,950 en daños monetarios a los inquilinos e inquilinos prospectivos que sufrieron daños por su acoso y una penalidad civil a los Estados Unidos de $107,050.

Pfeiffer

Reese Pfeiffer es dueño y administrador de propiedades de alquiler en el área de Minneapolis. Múltiples inquilinas e inquilinas prospectivas alegaron que él ofrecía beneficios a cambio de sexo y que incurría en contacto sexual severo y no deseado en conexión con su vivienda. El Departamento de Justicia radicó una demanda el 16 de septiembre de 2020, en contra de Pfeiffer y los copropietarios de las propiedades envueltas. El caso se resolvió cuando la corte emitió una orden por consentimiento el 25 de octubre de 2021. La orden por consentimiento le requiere a los demandados pagar $750,000 en compensación monetaria, incluyendo $736,000 a 23 personas agraviadas, y una penalidad civil de $14,000 a los Estados Unidos. También requiere la contratación de un administrador de propiedad independiente y le prohíbe permanentemente a Pfeiffer administrar propiedades de alquiler en el futuro.

Hubbard

Anthony Hubbard era dueño y administraba propiedades residenciales en y alrededor de Toledo, Ohio. El DOJ recibió un reporte de que Hubbard había acosado sexualmente a una inquilina. La investigación del DOJ reveló que Hubbard había, en repetidas ocasiones, desde al menos el 2007, acosado sexualmente a múltiples inquilinas al, entre otras cosas enviarles mensajes de texto, videos y fotos sexuales no deseados, ofrecerles reducir o excusar el alquiler mensual, la fianza, y los pagos de utilidades a cambio de actos sexuales y entrar a las casas de sus inquilinas sin su consentimiento ni aviso anticipado. El DOJ radicó una demanda en contra de Hubbard, su madre, su hermano, y dos compañías de administración- quienes empleaban a Hubbard como administrador de alquiler. La corte federal del distrito norte de Ohio emitió una  orden por consentimiento el 23 de julio de 2021. La orden le requiere a los demandados a pagar $90,000 en daños monetarios a las tres víctimas del acoso de Hubbard, y $10,000 en penalidad civil. 

Pelfrey

Walter Pelfrey, quien falleció en julio de 2018, era dueño y operaba más de 80 propiedades de alquiler en y alrededor de Oklahoma City, Oklahoma. El DOJ recibió querellas sometidas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otros reportes de que Pelfrey había estado acosando sexualmente a sus inquilinas, incluyendo ofreciendo el alquiler o la reducción de alquiler a cambio actos sexuales, exponiendo su cuerpo desnudo al frente de inquilinas o inquilinas prospectivas, entrando a la casa de las inquilinas y tocándolas mientras dormían, toqueteando a las inquilinas o a las inquilinas prospectivas, haciendo comentarios sexuales no deseados o avances a inquilinas o a inquilinas prospectivas, y desahuciando o amenazando con desahuciar a inquilinas que se negaran a participar en actos sexuales.  El DOJ presentó una demanda en contra de la esposa de Pelfrey, Rosemarie Pelfrey, quien también estaba envuelta en el negocio de alquiler, como la representante personal del patrimonio de Pelfrey y fideicomisaria de los fideicomisos que son dueños de las propiedades, y de dos compañías de responsabilidad limitada las cuales eran dueñas de algunas de las propiedades de alquiler, Omega Enterprises, LLC y Pelfrey Investment Company, LLC. Las partes llegaron un acuerdo, y la corte de Distrito Federal para el Distrito Oeste de Oklahoma emitió una orden por consentimiento el 3 de agosto de 2021. La orden por consentimiento le requiere a los demandados pagar $1.2 millones a las inquilinas e inquilinas prospectivas que Pelfrey acosó, una multa civil de $50,000 para los Estados Unidos, y otras reparaciones, incluyendo radicar ordenes de liberación y satisfacción de las sentencias en todos los desahucios injustificados.

Hernandez

Hernandez - Filomeno Hernández administraba un edificio de apartamentos residenciales cerca de MacArthur Park en Los Angeles, California. DOJ recibió reportes de que por más de una década, Hernández había hostigado sexualmente a sus inquilinas con contacto no deseado, incluyendo agresión sexual, avances sexuales frecuentes y comentarios sexuales no deseados, ofertas de reducir el alquiler o excusar el pago tardío o total del alquiler a cambio de sexo y visitas sin anunciar a los hogares de inquilinas sin su consentimiento para hacerles avances sexuales no deseados. DOJ radicó una demanda el 13 de enero de 2020 en contra de Hernández y de los dueños de las propiedades, Ramin Akhavan, Bonnie Brae Investments LLC y Westlake Property Services LLC. Este caso se resolvió el 10 de agosto de 2021. El acuerdo le prohíbe a Hernández de participar en el alquiler o la administración de propiedades residenciales en el futuro y requiere que desaloje la propiedad y abandone su puesto como administrador de la propiedad presencial. A los demandados también se les requiere que paguen $100,000 en daños monetarios a las mujeres que sufrieron daños como resultado del acoso sexual.

Nelson

Larry Nelson poseía y administraba propiedades de alquiler en y alrededor de San Diego, California. El DOJ recibió quejas de que él había estado acosando sexualmente a sus inquilinas. Inquilinas anteriores lo acusaron de contacto sexual no deseado, de ofrecer reducción de alquiler a cambio de sexo, de hacer comentarios y avances sexuales no deseados, de mirar en los cuartos por las ventanas y de hacer visitas intrusivas y sin anunciar a los hogares de sus inquilinas para promover sus avances sexuales. Las víctimas también reportaron haber sido desahuciadas, o amenazadas con ser desahuciadas por rehusar sus avances. El DOJ radicó una demanda contra Nelson. Él resolvió el caso en mayo del 2021. El acuerdo le requiere que acceda a la radicación de una adjudicación de $580,000, la cual incluye que se le pague al menos $205,000 a 13 víctimas de su acoso.

Klosterman

John Klosterman poseía y alquilaba propiedades en Cincinnati, Ohio. El DOJ recibió quejas de que Klosterman había estado acosando sexualmente a sus inquilinas, incluyendo haciendo comentarios sexuales no deseados sobre sus cuerpos, tocando sus cuerpos de forma no deseada y pidiéndoles sexo. Algunas víctimas también reportaron que Klosterman les ofreció reducir o eximirles el pago de alquiler a cambio de sexo, y que él se rehusaba a hacer reparaciones necesarias a la propiedad, o comenzaba acciones de desahucio, si rehusaban sus avances sexuales. El DOJ radicó una demanda en contra de Klosterman y su esposa, Susan Klosterman, quien junto con él era dueña de algunas de las propiedades que Klosterman administraba. Los Klosterman resolvieron el caso en octubre del 2020. El acuerdo le prohíbe a los Klosterman participar en la administración de viviendas en cualquier responsabilidad administrativa en el futuro y a pagar $167,125 a las inquilinas que Klosterman acosó.

Price

Gary Price administraba propiedades de alquiler poseídas por GTP Investment Properties, LLC (GTP) y Alberta Lowery en y alrededor de Harrisonburg, Virginia. El DOJ recibió reportes y se enteró tras investigación adicional que Price había cometido acoso sexual y discriminación racial en contra de múltiples inquilinas a lo largo de un período de apróximadamente veinte años. El acoso sexual incluía hacer comentarios de naturaleza sexual no deseados, ofrecer el alquiler o la reducción de alquiler a cambio de favores sexuales, pedirles a las inquilinas que participaran en actos sexuales para continuar alquilando un apartamento, forzar a las inquilinas a tener sexo con él y terminar los alquileres de las inquilinas que se rehusaran a proveerle favores sexuales. El DOJ radicó una demanda contra Price, GTP y Lowery el 29 de septiembre de 2020, y la Corte de Distrito Federal del Distrito Oeste de Virginia emitió una orden por consentimiento en este caso el 2 de octubre de 2020. La orden por consentimiento requiere que los demandados retengan a un administrador independiente, le prohíbe a Price entrar a las propiedades sujetas al caso y tener contacto con inquilinos actuales, anteriores o prospectivos, le requiere a los demandados desestimar o desestimar sentencias de ocupación ilegal o demandas relacionadas en cortes locales en contra de inquilinas quienes fueron discriminadas por Price y a pagar $300,000 en daños a las personas agraviadas.

Cao

Thong Cao era dueño y alquilaba propiedades en Wichita, Kansas. El DOJ (por sus siglas en inglés) recibió quejas presentadas al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y otros reportes de que Cao había estado acosando sexualmente a sus inquilinas con conducta que incluía tocar y toquetear sus cuerpos, senos y nalgas, hacer comentarios no deseados sobre sus cuerpos, y pedirle que tuvieran sexo con él. Algunas víctimas también reportaron que si estaban en mora en el pago de su alquiler, Cao les ofrecía reducir o excusar su alquiler tardío a cambio de sexo, y que desahució a inquilinas que se negaron a sus avances sexuales. El DOJ radicó una demanda en contra de Cao y su esposa, Mai, quien era dueña de alguna de las propiedades que Cao administraba. Los Cao transaron el caso en enero de 2020. El acuerdo le requiere a los Cao que vendan sus propiedades de alquiler y que paguen $155, 000 a las inquilinas que él acosó.  (todos los enlaces son solo en inglés)

Waterbury

Douglas Waterbury alquilaba propiedades en y cerca de Oswego, New York. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) recibió quejas de que él le hizo comentarios sexuales no deseados a mujeres que solicitaban vivienda y a inquilinas, tocó o toqueteó a mujeres que solicitaban vivienda o a inquilinas, exigió a mujeres que solicitaban vivienda o a inquilinas que participaran en actos sexuales con él para poder alquilar o continuar alquilando un apartamento, ofreció reducir la renta o la fianza a cambio de actos sexuales, se negó a hacer reparaciones en unidades de inquilinas que rechazaron sus avances y obligó a mujeres que solicitaban vivienda y a inquilinas a tener relaciones sexuales con él. DOJ radicó una demanda en su contra. Él resolvió el caso en agosto del 2019. El acuerdo le requiere que contrate a otra persona para que administre las propiedades de alquiler y que pague $400,000 a las inquilinas a quien acosó. Una demanda similar requiere que le pague $400,000 a ocho mujeres adicionales y a una organización de vivienda justa.

Hatfield

Robert N. Hatfield, alquiló, vendió y financió hogares en el condado de Wilkes en Carolina del Norte. El DOJ (por sus siglas en inglés) recibió quejas de que él le hizo comentarios sexuales no deseados a mujeres que solicitaban vivienda y a inquilinas, toqueteó a mujeres que solicitaban vivienda y a inquilinas, y les quitó o amenazó con quitarles beneficios de vivienda a residentes que se negaron a sus avances. DOJ radicó la demanda en su contra el 13 de julio de 2017. Él llegó a un acuerdo en el caso el 12 de abril de 2019. El acuerdo le prohíbe a Hatfield, alquilar, vender o financiar propiedades residenciales y le requiere pagar $ 550,000 a 17 residentes y solicitantes a quienes él hostigó.

Webb

Hezekiah Webb poseía y alquilaba propiedades en St. Louis, Missouri y en East St. Louis, Illinois. El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) recibió una queja presentada ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) que Webb había hecho comentarios sobre el cuerpo de una inquilina, le hizo preguntas sexuales, intentó tocarle los senos y le ofreció reducir el alquiler a cambio de sexo. Víctimas adicionales se presentaron ante HUD y DOJ e indicaron que Webb les hizo comentarios sexuales no deseados, tocó sus cuerpos, se desnudó ante ellas, ofreció excusar pagos de alquiler atrasado o redujo el alquiler a cambio de sexo y deshaució a inquilinas que rechazaron sus avances sexuales. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Webb y su esposa, Jameseva, que era copropietaria de propiedades con él. Los Webb resolvieron el caso en marzo de 2018. El acuerdo conciliatorio prohíbe que los Webb trabajen como administradores de propiedades y les exige que paguen $ 600,000 a las inquilinas que fueron acosadas.

Tjoelker

Frank Tjoelker posee propiedades de alquiler en Grand Rapids, Michigan. El DOJ recibió informes de que él hizo comentarios sexuales no deseados a mujeres solicitantes e inquilinos. Tocó sus cuerpos sin su consentimiento. Dijo que reduciría el alquiler, ignoraría la renta atrasada o no pagada, o detendría los desahucios si los inquilinos aceptaban realizar actos sexuales. También amenazó con desahuciar a las mujeres que no aceptaran realizar actos sexuales. El DOJ presentó una demanda en contra de él. Él resolvió el caso en octubre del 2017; el acuerdo conciliatorio le requiere contratar a otra persona para que administre las propiedades de alquiler, y que pague $140,000 a los solicitantes y arrendatarios que acosó.

Kansas City, Kansas Autoridad De Vivienda

La Autoridad de Vivienda de Kansas City, Kansas opera la vivienda pública de la ciudad. El Departamento de Justicia recibió denuncias presentadas ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otros informes, que los empleados de la Autoridad de Vivienda acosaban sexualmente a los residentes y solicitantes de viviendas públicas. Las víctimas informaron que un empleado les dio vivienda a los solicitantes que apelaban las negaciones de vivienda, e ignoraba las multas y tarifas que los residentes debían a las autoridades de vivienda, si podía mostrarles sus genitales, mostrarles pornografía o hacerles preguntas sexuales. Más víctimas se presentaron con informes de que otro empleado de la Autoridad de Vivienda les pidió a los inquilinos sexo a cambio de entrar en las viviendas públicas o conseguir una transferencia de vivienda. Las víctimas también informaron que un tercer empleado expulsó a los residentes que rechazaron sus insinuaciones sexuales. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra los empleados y la Autoridad de Vivienda. Resolvieron el caso en septiembre del 2017. El acuerdo requiere que los empleados y la Autoridad de Vivienda paguen $360,000 a los residentes y solicitantes que los empleados acosaron.

Walden

Gary Walden poseía y alquilaba propiedades en Morgantown, West Virginia. El Departamento de Justicia recibió informes de que tocó cuerpos de mujeres inquilinas o trató de obligarlas a tocarlo. Hizo comentarios e insinuaciones sexuales no deseadas. Les dijo que no tenían que pagar la renta si tenían relaciones sexuales con él o con uno de sus empleados. Desalojó a inquilinos por decir que no y reportar su comportamiento. El estado de West Virginia lo procesó criminalmente por abuso sexual; se declaró culpable en mayo del 2015. El Departamento de Justicia presentó una demanda en contra de él. Él resolvió el caso en julio del 2017. El acuerdo requiere que pague $500,000 a los inquilinos que acosó.

Wygul

Jeffrey Wygul poseía y alquilaba casas en Henry, Tennessee. El DOJ recibió una queja presentada ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, de que Wygul acosaba sexualmente a una inquilina. Le envió mensajes de texto repetidas veces, exigiendo que le mandara fotos de ella. Luego le exigió que posara para él con ropa reveladora. Finalmente, le exigió que posara desnuda. Dijo que le bajaría o no exigiría su renta si ella posaba para él. Cuando la inquilina le dijo que no posaría desnuda para las fotos, él la desahució. El DOJ presentó una demanda en contra de él; él resolvió el caso en diciembre del 2016. El acuerdo requiere que pague $15,000 a la inquilina que acosó y que abandone el negocio de alquiler.

Southeastern Community and Family Services, Inc.

Southeastern Community and Family Services, Inc. (SCFS, por sus siglas en inglés) ejecuta el programa de “vouchers” (vales) de vivienda de la Sección 8 en el condado de Scotland, de Carolina del Norte. El DOJ recibió informes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Oficina de Asistencia Legal de Carolina del Norte, que el administrador e inspector del programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8 acosaba sexualmente a las candidatas y participantes del programa de vales. Hicieron comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, tocaron a las mujeres sexualmente y exigieron actos sexuales a cambio de pasar una inspección de la casa o pasar a la lista de espera. También se negaron a dar un vale a un solicitante que no realizó actos sexuales. DOJ presentó una demanda; esa demanda se combinó con otra demanda presentada por mujeres solicitantes y participantes. Después de que el DOJ entabló su demanda, SCFS despidió a los dos empleados. En el 2015, SCFS pagó $2.7 millones para resolver las demandas. El acuerdo requiere que SCFS pague $1 millón (de esos $2.7 millones) a un fondo que compensará a las 71 personas que los empleados de SCFS acosaron.