Ex contralor de empresa de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade fue sentenciado a 24 meses en prisión por su papel en un ardid de cohecho en el extranjero

WASHINGTON - El ex contralor de una empresa de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade, Fla., fue sentenciado a 24 meses en prisión por su participación en una conspiración para pagar y ocultar sobornos a funcionarios gubernamentales haitianos, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División de lo Penal; el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; y Daniel W. Auer, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, Oficina Local de Miami de Investigaciones Penales (IRS-CI).

Antonio Perez, 52, de Miami, también fue condenado por el Juez Federal de Distrito Jose E. Martinez a dos años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia en prisión, y a entregar $36,375 al gobierno. Perez se declaró culpable el 27 de abril de 2009, de conspirar para realizar pagos corruptos para una compañía de telecomunicaciones del Condado de Miami-Dade a funcionarios de la compañía de telecomunicaciones estatal de la República de Haití, Telecommunications D'Haiti, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y leyes de lavado de dinero.

En su declaración de culpabilidad, Perez admitió haber conspirado para realizar pagos corruptos a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener ventajas comerciales para la empresa de telecomunicaciones por parte de Telecommunications D'Haiti. De acuerdo con el expediente judicial, Perez conspiró con Robert Antoine, el ex director de relaciones internacionales para Telecommunications D'Haiti y Juan Diaz, el propietario de J.D. Locator Services, junto con otros. Perez y sus coconspiradores ocultaros los pagos de sobornos en parte al conducir transacciones financieras en las que se realizaron transferencias telegráficas de dinero a empresas fantasma y a través de denominaciones falsas en facturas, cheques y libros contables. Perez admitió que él mismo estuvo involucrado en dos pagos de sobornos por un total de aproximadamente 36,375 dólares.

El 30 de julio de 2010, Diaz fue sentenciado a 57 meses en prisión después de haberse declarado culpable de pagar y ocultar 1,028,851 dólares en sobornos a ex funcionarios del gobierno de Haití mientras actuaba como intermediario para tres empresas privadas de telecomunicaciones. Antoine admitió que aceptó los sobornos, incluidos sobornos de Diaz, y se declaró culpable el 12 de marzo de 2010 a conspiración para cometer lavado de dinero. Antoine fue sentenciado a cuatro años en prisión.

Joel Esquenazi y Carlos Rodriguez, los propietarios de la empresa de telecomunicaciones en la que trabajaba Perez, así como Jean Rene Duperval, quien fue director de relaciones internacionales de Telecommunications D´'Haiti de junio de 2003 a abril de 2004, y la hermana de Duperval, Marguerite Grandison, fueron acusados formalmente junto con Antoine, el 4 de diciembre de 2009. El enjuiciamiento de los demás demandados tiene su inicio programado para el 28 de febrero de 2011 en el Tribunal Federal de Distrito en Miami. Una acusación formal es apenas una acusación, y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario más allá de la duda razonable.

El Departamento de Justicia agradece al gobierno de Haití por su importante asistencia en recabar pruebas durante esta investigación. En particular, la unidad de inteligencia financiera de Haiti, la Unite Centrale de Renseignements Financiers, el Bureau des Affaires Financieres et Economiques, el cual es un componente especializado de la Policía Nacional Haitiana, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brindar importante cooperación y coordinación en la investigación.

Están a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Aurora Fagan de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, la Abogada Litigante Sénior Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y el Abogado Litigante Kevin Gerrity de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de lo Penal. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal también brindó asistencia en este asunto. El caso fue investigado por la Oficina Local de Miami del IRS-CI.