Tres hombres fueron sentenciados en Puerto Rico en un enjuiciamiento de la Operación 'Guard Shack'

Dos ex agentes de la Policía de Puerto Rico y otra persona fueron sentenciados a prisión ayer por sus papeles en brindar seguridad para transacciones de narcotráfico.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Mythili Raman de la División Penal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Rosa E. Rodriguez-Velez del Distrito de Puerto Rico y el Agente Especial a Cargo Carlos Cases de la Oficina Local de San Juan del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] realizaron un anuncio después de emitida la sentencia por la Juez Federal de Distrito Consuelo Cerezo en el Distrito de Puerto Rico.

Los ex agentes de la Policía de Puerto Rico Daviel Salinas-Acevedo, 29, de Bayamon, Puerto Rico, y Miguel Santiago-Cordero, 30, de Lares, Puerto Rico, fueron ambos sentenciados el 30 de julio de 2013 a 181 meses de prisión. Asimismo, Wendell Rivera-Ruperto, 38, de Las Marías, Puerto Rico, también fue sentenciado ayer a 420 meses en prisión.

El 10 de enero de 2013, Salinas-Acevedo y Santiago-Cordero fueron ambos condenados en juicio por un cargo de conspirar para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y un cargo de posesión de arma de fuego para promover una transacción de drogas. Rivera-Ruperto fue condenado por un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, intento de posesión con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína y posesión de arma de fuego para promover una transacción de drogas. Rivera-Ruperto había sido condenado anteriormente por 15 otros cargos derivados de su participación en otras transacciones de narcotráfico relacionadas.

El caso contra los tres demandados surgió de la operación encubierta del FBI conocida como "Operación Guard Shack". Hasta la fecha, 131 demandados se han declarado culpables o han sido condenados en juicio, y 123 demandados han sido sentenciados como resultado de la operación.

De acuerdo con pruebas presentadas en el tribunal, Salinas-Acevedo, Santiago-Cordero y Rivera-Ruperto brindaron, cada uno, seguridad para lo que creían ser transacciones ilegales de cocaína que ocurrieron el 24 de marzo, el 9 de abril y el 8 de julio, respectivamente. De hecho, cada supuesta transacción de narcotráfico fue una de docenas de transacciones simuladas llevadas a cabo como parte de la operación encubierta del FBI. Los tres hombres prestaron servicios de seguridad armada para las transacciones de cocaína de múltiples kilogramos al registrar al comprador, mantenerse de guardia a medida que se contaron los kilos e inspeccionar y escoltar al comprador al llegar y salir del lugar de la transacción.

A cambio por la seguridad que brindaron, Salinas-Acevedo, Santiago-Cordero y Rivera-Ruperto recibieron un pago en efectivo de 2,000 dólares cada uno. Ninguno de los demandados devolvió el dinero y ninguno de ellos jamás denunció las transacciones.

El caso fue investigado por el FBI. El Departamento de Justicia de Puerto Rico también brindó asistencia en este caso.

El caso fue enjuiciado por los Abogados Litigantes Anthony J. Phillips y Edward J. Loya Jr. de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico participó en la investigación y el enjuiciamiento de este caso.