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Case

Investigación de J.H. Baxter & Co LLC – Tratamiento de Residuos Peligrosos en las Instalaciones de Eugene

Docket Number
6:24-mc-387
Overview

 

 

Descripción General

Los Estados Unidos están llevando a cabo una investigación penal sobre el tratamiento ilegal de residuos peligrosos en las instalaciones de tratamiento de madera de J.H. Baxter en Eugene, Oregón, que puede haber causado la contaminación de propiedades cercanas a las instalaciones. El Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ, por sus siglas en inglés) de Oregón resumió los resultados de su investigación previa en una “Notificación enmendada de sanción civil y orden de evaluación” dirigida al demandado J.H. Baxter disponible al público:

En todo momento relevante, el demandado generó más de 2,200 libras de residuos peligrosos por mes en la instalación y se reportó anualmente al DEQ como generador de grandes cantidades de residuos peligrosos desde al menos 1991.

En todo momento relevante, el demandado operó cinco retortas en las instalaciones para tratar a presión productos de madera con diversos productos químicos.

En todo momento relevante, como resultado de la fabricación de productos de madera tratada a presión por parte del demandado, el demandado genera residuos líquidos del proceso que contienen mezclas de al menos las siguientes sustancias químicas: pentaclorofenol (PCP, por sus siglas en inglés), creosota y mezclas de creosota y aceite, arsénico, Chemonite y cobre zinc amoniacal (ACZA, por sus siglas en inglés).

El demandado opera un evaporador dedicado para tratar los residuos líquidos del proceso en las instalaciones. Desde aproximadamente marzo hasta octubre de 2019, y en otros momentos intermitentes, el evaporador dedicado de las instalaciones no funcionó.

En 175 días desde aproximadamente diciembre de 2015 hasta octubre de 2019, el demandado bombeó aproximadamente 1.7 millones de galones de residuos líquidos del proceso que contenían las mezclas químicas descritas anteriormente a las retortas 81, 82, 83 y 85 de las instalaciones, eludió los controles de contaminación de las retortas y operó las retortas para calentar y “hervir”, o evaporar, los residuos. El demandado llenó las retortas entre la mitad y dos tercios con residuos en cada caso, y en 24 de los 175 días el demandado evaporó residuos en múltiples retortas el mismo día. La retorta 81 tiene una capacidad de 50,766 galones, la retorta 82 tiene una capacidad de 45,903 galones, la retorta 83 tiene una capacidad de 32,999 galones y la retorta 85 tiene una capacidad de 30,081 galones.

En todo momento relevante, las retortas no se utilizaron para la evaporación de residuos del proceso. Entre un caso y otro de evaporación de residuos, las retortas se utilizaban para el tratamiento de la madera.

El demandado no tiene permiso de tratamiento de residuos peligrosos para las instalaciones.1

J.H. Baxter y la presidenta de la empresa, Georgia Baxter-Krause, han informado públicamente de la existencia de la investigación penal sobre el tratamiento de residuos peligrosos como parte de dos demandas colectivas pendientes. Véase Hart v. J.H. Baxter & Co., Inc., Caso núm. 6:21-CV-663-MK (D. Or.); véase también Bell-Alanis contra J.H. Baxter & Co., Caso núm. 6:21-CV-885-MK (D. Or.). A finales de 2023, los abogados que representaban a J.H. Baxter y Baxter-Krause indicaron en escritos casi idénticos que ambas entidades eran objeto de una investigación llevada a cabo por la Agencia de Protección Ambiental, División de Investigaciones Penales. Hart v. J.H. Baxter & Co., Inc., ECF Núm. 73, 74; Bell-Alanis contra J.H. Baxter & Co., ECF Núm. 60, 61.

Derechos de las Víctimas de Delitos

Una víctima es “una persona que ha sufrido un daño físico, emocional o pecuniario directo como resultado de la comisión de un delito”. S. 20141(e)(2), tít. 34 C. EE. UU. En virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos (CVRA, por sus siglas en inglés, s. 3771, tít. 18 C. EE. UU.), una “víctima de delito” se define como “una persona perjudicada directa y próximamente como consecuencia de la comisión de un delito federal o de un delito en el Distrito de Columbia”. S. 3771(e)(2)(A), tít.18 C. EE. UU. La CVRA otorga a las víctimas los siguientes derechos:

  • A ser protegidas razonablemente del acusado;
  • A una notificación razonable, exacta y oportuna de cualquier procedimiento público del tribunal, o de cualquier procedimiento de libertad supervisada, que implique el delito o de cualquier liberación o fuga del acusado;
  • A no ser excluidas de ningún procedimiento judicial público, a menos que el tribunal, tras recibir pruebas claras y convincentes, determine que el testimonio de la víctima se vería materialmente alterado si la víctima escuchara otro testimonio en el procedimiento;
  • A ser razonablemente escuchadas en cualquier procedimiento público del tribunal de distrito que implique la puesta en libertad, la declaración de culpabilidad, la sentencia o cualquier procedimiento de libertad supervisada; 
  • A consultar con el abogado del Gobierno en el caso;
  • A una restitución completa y oportuna según lo autorizado por la ley;
  • A procedimientos libres de retrasos injustificados;
  • A ser tratadas con justicia y respeto por la dignidad e intimidad de la víctima;
  • A ser informadas oportunamente de cualquier acuerdo de culpabilidad o de procesamiento diferido; y 
  • A que se les informe de estos derechos en virtud de esta sección y de los servicios descritos en la sección 503(c) de la Ley de Derechos de las Víctimas y Restitución de 1990 (s. 10607(c), tít. 42 C. EE. UU., actualmente s. 20141, tít. 34 C. EE. UU.) y se le comunique la información de contacto de la Oficina de la Defensora de los Derechos de las Víctimas del Departamento de Justicia de los EE. UU.2

Es importante destacar que la CVRA prohíbe rotundamente cualquier limitación a la discrecionalidad procesal del poder ejecutivo, indicando: “Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de menoscabar la discrecionalidad procesal del fiscal general o de cualquier agente bajo su dirección”. § 3771(d)(6), tít. 18 C. EE. UU.

Además, en virtud de la Ley de Derechos de las Víctimas y Restitución (VRRA, por sus siglas en inglés), s. 20141, tít. 34 C. EE. UU., las víctimas de delitos federales tienen derecho a:

  • Recibir una protección razonable frente al presunto delincuente y las personas que actúen en concierto con él o a instancias suyas;
  • Ser informadas del estatus de la investigación del delito en la medida en que sea apropiado y no interfiera con la investigación;
  • Ser informadas del estatus del presunto delincuente, incluido el arresto, la detención, la puesta en libertad, la aceptación de la declaración de culpabilidad, el veredicto y la sentencia;
  • Ser informadas del lugar donde puede recibir servicios médicos y sociales de urgencia;
  • Ser informadas de cualquier restitución u otra ayuda a la que puedan tener derecho en virtud de la ley;
  • Ser informadas de los programas públicos y privados disponibles para el asesoramiento, tratamiento y otro tipo de apoyo a las víctimas;
  • Recibir asistencia para comunicarse con proveedores de servicios para víctimas; y
  • Que los bienes personales retenidos con fines probatorios se mantengan en buen estado y se devuelvan tan pronto como ya no se necesiten.

Para comunicarse con el Departamento de Justicia

Si usted cree que es una víctima relacionada con esta investigación, puede enviar información y/o material complementario haciendo clic aquí: Declaración de impacto a la víctima. Por favor, complete cualquier presentación antes del 31 de mayo de 2024.  Este sitio web también se utilizará para futuras actualizaciones de casos.

También puede comunicarse con el Departamento por correo electrónico, en la dirección crimevictimprogram.enrd@usdoj.gov.

Nota: Nuestra oficina no puede actuar como su abogado ni proporcionarle asesoramiento legal. Puede solicitar el asesoramiento de un abogado en relación con la posibilidad de que usted pueda ser víctima, los derechos descritos anteriormente u otras cuestiones legales relacionadas.

Posibilidad de acuerdos de Culpabilidad

Además, tenga en cuenta que los casos penales federales pueden resolverse mediante un acuerdo de culpabilidad entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el acusado. Si desea informar a un fiscal asignado a esta investigación de su opinión sobre posibles acuerdos de culpabilidad, o sobre cualquier otro aspecto del caso, póngase en contacto con la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente por uno de los medios descritos anteriormente.

Nota Importante

Esta notificación se proporciona para asegurar un derecho razonable a consultar con los abogados del Gobierno en este asunto de conformidad con la CVRA. Todos los individuos y empresas, incluidos J.H. Baxter & Co., LLC, y Georgia Baxter-Krause, mantienen su presunción de inocencia, y no se deduce culpabilidad alguna por la existencia de esta investigación o de esta notificación.

Autorización del Tribunal

La presente Notificación se ha emitido en virtud de la “Orden por la que se autoriza la notificación a las posibles víctimas de delitos”, dictada el 10 de abril de 2024 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Oregón (Caso misceláneo núm. 6:24-mc-387).


1 Departamento de Calidad Medioambiental de Oregón, Notificación enmendada de sanción civil y orden de evaluación, Caso DEQ núm. LQ/HW-WR-2020-204, Caso OAH núm. 2021-ABC-04953 (mayo de 2022) en 2-3, disponible en https://www.oregon.gov/deq/nr/050422jhbaxter.pdf.

2 La información de contacto de la Defensora de los Derechos de las Víctimas, Ella M. Fitzgerald, es la siguiente:

Dirección:  RFK Main Justice Building 950 Pennsylvania Ave., N.W., Room 2261, Washington, DC 20530-0001;

Teléfono sin cargo: (877) 574-9302; Teléfono: (202) 252-1010; Fax: (202) 252-1011 Correo electrónicousaeo.VictimOmbudsman@usdoj.gov; Sitio web: https://www.justice.gov/usao/office-victims-rights-ombuds


Case Name
J.H. Baxter & Co LLC Investigation
Actualizado 15 de mayo de 2024