Ciudadano peruano extraditado por facilitar una red de centros de atención telefónica que amenazaban y estafaban a consumidores estadounidenses de habla hispana

El Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy que un residente de Lima, Perú, fue extraditado a los Estados Unidos y fue procesado ante un tribunal federal de Miami en el día de la fecha, tras ser acusado de facilitar redes de fraude en las que actuaron varios centros de atención telefónica peruanos y que estafaron a víctimas de todos los Estados Unidos.

David Cornejo Fernández, de 36 años y natural de Lima, Perú, enfrentará cargos federales de fraude electrónico, extorsión y conspiración. Las autoridades peruanas detuvieron a Cornejo el 17 de mayo en virtud de una solicitud de extradición estadounidense, momento desde el cual se encuentra detenido.

Según la acusación formal presentada, desde noviembre de 2012 hasta junio de 2019, el acusado suministró líneas telefónicas a través de internet, servicios de suplantación de identidad de llamadas y funciones de grabación a centros de llamadas fraudulentos. Cornejo facilitó a sus cómplices en Perú la tecnología necesaria para hacer llamadas fraudulentas y extorsivas a personas vulnerables de habla hispana en los Estados Unidos. Los cómplices mentían a las víctimas diciéndoles que habían sido elegidas para recibir un premio, por ejemplo, una tablet que incluía un curso de inglés. Muchas víctimas manifestaron su interés en recibir los premios. En llamadas posteriores, se exigía a las víctimas pagos cuantiosos para recibir los premios. Ante la negación de las víctimas, las personas que llamaban afirmaban falsamente que, si no pagaban, afrontarían graves consecuencias, como procesos judiciales, detenciones o perjuicios a su condición migratoria. Los autores de las llamadas fingían ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y policías para amenazar e intimidar a las víctimas y obligarlas a realizar los pagos.

Cornejo facilitó a sus cómplices el software (y, en ocasiones, la capacitación) para fingir, de manera convincente, que eran funcionarios públicos y extorsionar a las víctimas. Con la tecnología aportada por Cornejo, los cómplices manipularon los números de teléfono de los identificadores de llamadas de las víctimas, lo que les permitió hacer llamadas intimidatorias que simulaban proceder de agencias federales estadounidenses, funcionarios judiciales o autoridades policiales. Cornejo también instaló grabaciones en las líneas telefónicas entrantes de sus cómplices que aparentaban ser grabaciones genuinas de tribunales, departamentos de policía y agencias federales estadounidenses, incluido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Estas grabaciones aumentaban la supuesta legitimidad de las llamadas intimidatorias y se utilizaban para extorsionar a consumidores vulnerables del Distrito Sur de Florida y de todos los Estados Unidos.   

El fiscal general interino de los Estados Unidos, Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, declaró: «La Subdivisión de Protección del Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y procesará a los delincuentes transnacionales que intenten aprovecharse de los consumidores vulnerables de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia y las autoridades policiales estadounidenses seguirán colaborando estrechamente con sus socios policiales en todo el mundo para frustrar a los delincuentes que estafan y extorsionan a víctimas estadounidenses desde fuera de Estados Unidos. Agradezco a la República del Perú y a su policía nacional por ayudarnos en la extradición de esta persona a fin de que afronte los cargos aquí en los Estados Unidos».

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, manifestó que «la jurisdicción extraterritorial de la justicia de nuestro país no conoce límites a la hora de encontrar a los estafadores que se aprovechan de los habitantes más vulnerables de nuestra nación, entre ellos, las personas mayores y los nuevos inmigrantes. No permitiremos que los delincuentes transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar el dinero de los ciudadanos a los que prestamos servicio. Aquellos que defrauden a los consumidores estadounidenses responderán ante la justicia, sin importar dónde se encuentren».

Según las declaraciones del inspector a cargo de la División Miami del USPIS, Juan A. Vargas, «la comparecencia inicial de David Cornejo Fernández en el día de la fecha es una prueba contundente del compromiso conjunto del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, que no se detendrán ante nada para juzgar a quienes atentan contra nuestros ciudadanos. Quisiera agradecer a la República de Perú y a todos nuestros colaboradores en las fuerzas del orden que trabajan sin descanso para combatir estas redes transnacionales que buscan estafar a los consumidores estadounidenses. Juntos seguimos enviando un mensaje firme: la justicia no tiene fronteras y esta colaboración entre países demuestra los esfuerzos por preservar el Estado de derecho».

En febrero de 2023, se presentó una acusación formal federal de seis cargos contra el acusado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el distrito Sur de Florida, cuyo contenido fue revelado tras la extradición a los Estados Unidos. Los cargos contra el acusado son de conspiración, fraude electrónico y extorsión. Una acusación formal se limita a alegar que se han cometido delitos; de ser declarado culpable, Cornejo enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito dictará sentencia después de evaluar las directrices federales para la imposición de penas de los Estados Unidos y demás cuestiones legales.

Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

El caso está a cargo de Phil Toomajian, abogado litigante sénior y coordinador de litigios penales transnacionales, junto con la abogada litigante Carolyn Rice, de la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia.

El USPIS investigó el caso y contó con la ayuda fundamental de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Marshals de Estados Unidos, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público del Perú.

El Departamento de Justicia continúa investigando y presentando cargos en otros casos similares relacionados con amenazas contra residentes hispanohablantes de los Estados Unidos. Si usted o alguien que conoce es mayor de 60 y ha sido víctima de fraude financiero, puede comunicarse con la línea directa nacional contra el fraude a personas mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311), donde tendrá a su disposición profesionales experimentados en este tipo de delitos. La línea directa del Departamento de Justicia, gestionada por la Oficina para las Víctimas de Delitos, puede brindar ayuda personalizada a las víctimas mediane la evaluación de las necesidades de la víctima e identificación de los pasos que se deben seguir. Los coordinadores de casos identificarán los organismos de denuncia adecuados, brindarán información a las víctimas para ayudarlas a presentar la denuncia, las pondrán en contacto directamente con los organismos correspondientes y les brindarán recursos y referencias, según cada caso en particular. El primer paso es presentar una denuncia; esto puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude. La denuncia inmediata de las pérdidas económicas por fraude puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10.00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, y está disponible en inglés, español y otros idiomas.

Puede consultar la página web de la Iniciativa de Justicia para Personas Mayores para obtener más información sobre las medidas del Departamento a fin de ayudar a las personas mayores estadounidenses. Para obtener más información sobre la División de Protección al Consumidor y las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de la normativa, visite el sitio web www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Los consumidores pueden presentar las denuncias ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en reportfraud.ftc.gov/ o llamando al 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece una variedad de recursos relacionados con la victimización por fraude de personas mayores a través de su Oficina para las Víctimas de Delitos, a la que se puede acceder en www.ovc.gov

Para más información sobre la División de Protección al Consumidor y sus medidas de lucha contra el fraude, visite su sitio web en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.