Comentarios del Secretario de Justicia de los EE.UU. Holder en la Convención de los Defensores de la Justicia de Carolina del Norte

Gracias, Jim Coleman por esa cálida bienvenida. Es un honor estar hoy con ustedes y celebrar el gran trabajo que los Defensores de la Justicia de Carolina del Norte apoyan e inspiran. Durante casi medio siglo, los líderes de esta organización han trabajado para proteger los derechos de todos los ciudadanos, para mejorar la comprensión pública de nuestro sistema legal y para ayudar a los abogados de todo el estado a desarrollar y mejorar sus destrezas.

Esta organización también sirve como punto de encuentro para la comunidad jurídica de Carolina del Norte para analizar los desafíos que enfrenta cada miembro de nuestra profesión y para comentar las responsabilidades que todos compartimos: responsabilidades de proteger la seguridad, los intereses y los valores de nuestro país.

Esta tarde, me complace formar parte del debate. Y agradezco esta oportunidad de decirles a todos, en persona, cuánto aprecio su compromiso con la causa de la justicia y la promesa de igualdad en la justicia.

Estoy hoy aquí para hablar de nuestra obligación, y oportunidad, en común de cumplir con esta promesa y para comentar los desafíos sin precedentes que – juntos – podemos, y debemos superar.

Al igual que a muchos de ustedes, a mí me enorgullece servir al sistema de justicia criminal de nuestro país, y tengo una gran fe en su integridad y eficacia. Si bien creo que este sistema merece elogios, también reconozco que tiene algunos problemas. Y es momento de enfrentar, tratar y resolver estos problemas.

Casi ha pasado medio siglo desde la decisión de la Corte Suprema en Gideon contra Wainwright. La Corte siguió la línea de otras decisiones que reconocían el derecho de asesoramiento en casos juveniles y de delitos menores. Hoy en día, a pesar de las décadas transcurridas, estos casos todavía tienen que hacerse realidad. Actualmente, el derecho a la defensa de la Sexta Enmienda, sencillamente, no es un derecho de todos.

Pero ustedes ya lo saben: especialmente los jueces, fiscales, abogados demandantes y, sobre todo, los miembros de la asociación de abogados criminalistas que están aquí. Muchos de ustedes han revisado los informes más recientes que señalan brechas en la financiación y los servicios. O han leído desoladoras noticias de justicia demorada y, en algunos casos, negada. Y algunos de ustedes han conocido esta verdad de la manera más dura: viviéndola.

Han visto cómo, en muchísimas comunidades y condados dentro y fuera de las fronteras de Carolina del Norte, algunas personas acusadas de delitos – entre ellas menores – quizás nunca tengan un abogado, en ninguna parte de los procesos en su contra o durante una etapa crucial. De hecho, los menores a veces ceden su derecho a la defensa sin hablar nunca con un abogado para ayudarlos a entender lo que están cediendo. Y muchísimos de nuestros tribunales aceptan estas cesiones de derechos.

Cuando sí se proveen abogados a los pobres, muchas veces no pueden representar a sus clientes como corresponde debido a recursos insuficientes o supervisión inadecuada, o sea, sin los pilares de un sistema de defensa pública que funcione bien, el tipo de sistema establecido en los diez principios de la Asociación Estadounidense de Abogados y el Centro Nacional de Defensores de Menores.

Lamentablemente, los desafíos que enfrenta el programa de defensores públicos de Carolina del Norte – falta de personal y recursos cada vez más limitados – son la norma, no la excepción. En todo el país, muchísimos defensores públicos se encargan de una enorme cantidad de casos, lo que hace que les sea difícil, si no imposible, cumplir sus responsabilidades legales y éticas para con sus clientes. Los abogados enterrados bajo montañas de expedientes a menudo no pueden entrevistar a sus clientes correctamente o realizar investigaciones de hechos adecuadas.

En Raleigh, hemos visto el caso de un preso condenado a muerte cuyo abogado no entrevistó a ningún testigo, presentó ninguna moción, solicitó una evaluación de su cliente, obtuvo acceso a los registros del fiscal ni realizó ninguna investigación de fondo hasta muy poco antes del juicio. Y el problema no solo se trata de recursos. En algunas partes del país, las instituciones primarias de suministro de defensa a los pobres – hablo de sistemas básicos de defensores públicos – sencillamente no existen.

Destacar estos problemas es importante: y a menudo impulsa reformas. Ese ha sido el caso aquí en Carolina del Norte. En los tres años que transcurrieron desde que su auditor estatal determinó que Carolina del Norte estaba: "quedándose corta respecto de sus responsabilidades de brindar defensa legal independiente, competente y adecuada para los pobres", abogados de todo el estado, y de distintas áreas de la abogacía, han estado solicitando un cambio en el sistema. También han estado pidiendo a los legisladores del estado que hagan que los servicios de defensa a indigentes sean una prioridad de financiación, aun en este difícil período de la economía.

Así como ustedes deben sostener esta labor, todos debemos reconocer que los recursos, por sí mismos, no son suficientes. Ya sabemos que, cuando el sistema de justicia no hace las cosas bien la primera vez, todos pagamos, a menudo por años, por nuevas demandas, nuevos enjuiciamientos y apelaciones. Pero para demostrar de manera más eficaz la necesidad de financiamiento adicional, debemos demostrar primero claramente el alcance de lo que se necesita y lo que esperamos lograr. Los datos concretos ayudarán a transformar el campo y mejorar nuestra capacidad, no solo de hacer justicia, sino también de garantizar la integridad de nuestro sistema judicial.

Como fiscal y ex juez, sé que un sistema de justicia criminal justo, y nuestra fe en él, dependen de la representación eficaz de ambos lados. Y reconozco que hay quienes podrían percibir los objetivos de quienes representan a nuestros gobiernos federales, estatales y locales y los objetivos de quienes representan a los acusados siempre se opondrán. Pero yo rechazo esa premisa. Si bien pueden estar en lados opuestos de un debate, tanto la fiscalía como la defensa tienen un papel, y una responsabilidad, en el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia.

Por lo tanto, ¿cuál es el próximo paso?

De más está decir que no soy la única persona en este salón que hace mucho que lucha con este tema. Aquí en Carolina del Norte, ustedes han enfrentado algunos importantes desafíos. También han logrado un progreso significativo: especialmente desde el año 2000, cuando se fundó la agencia de Servicios de Defensa para Indigentes. Pero todavía queda más trabajo por delante. Y eso se aplica a todo el país.

No es una exageración decir que actualmente enfrentamos una crisis nacional en nuestro sistema de defensa criminal. En el último año, he analizado, estudiado y comentado esta crisis en gran detalle. Lo que he aprendido, y lo que sé sin lugar a dudas, es que no existen soluciones fáciles. Ninguna institución – ni el gobierno federal, el Departamento de Justicia, una legislatura estatal, un colegio estatal de abogados o una organización profesional – puede resolver este problema por sí misma. El progreso solo se puede producir mediante un compromiso sostenido con la colaboración con distintos asociados. Necesitamos que el gobierno y el sector privado trabajen juntos. Y necesitamos que los abogados y los legisladores se comuniquen con mayor frecuencia respecto de los problemas que enfrentamos.

Les pido a todos ustedes – de hecho, cuento con cada uno de ustedes – que incorporen a más personas a sus debates sobre nuestra crisis en la defensa de indigentes. No recurran únicamente a otros abogados y jueces. Hablen con funcionarios locales, funcionarios estatales de presupuesto, y líderes empresariales y comunitarios. El derecho a la defensa es un derecho de todos los ciudadanos: y debe ser la preocupación de todos los ciudadanos y especialmente de todas las personas que trabajan en nombre del bien público y en pos de la justicia.

Como he dicho una y otra vez en el último año, creo que el tratamiento de nuestra crisis en la defensa de indigentes debe tener tres áreas de enfoque.

Primero, debemos comprometernos a debatir constantemente sobre estos temas: con asociados a nivel federal, estatal y local, tanto dentro como fuera del gobierno. Compartiendo información y alentando nuevas ideas y perspectivas, creo que podemos desarrollar aún más el buen trabajo que se ha realizado para crear estándares modelos para nuestros sistemas de defensa pública.

Segundo, debemos incrementar la conciencia sobre el problema que enfrentamos. A medida de que los ciudadanos estadounidenses se enteren de cómo algunos de sus conciudadanos viven el sistema de justicia criminal, se asombrarán y se sentirán enojados: sentimientos que espero los lleven a hacerse defensores de un cambio y aliados en nuestra labor.

Tercero, debemos expandir el papel del defensor público. Debemos alentar a los defensores a buscar soluciones más allá de nuestros tribunales y asegurarnos de que participen en la creación de políticas que le darán poder a las comunidades a las que sirven. Estoy comprometido a asegurarme de que los defensores públicos estén presentes cuando nos reunamos con otros participantes del sistema de justicia criminal. Y estoy decidido a intentar asegurarme de que cada estado posea un programa de defensores públicos. Como parte de esta labor, he prometido reunirme periódicamente con miembros de la asociación de abogados criminalistas. Y la convención de hoy es solo una parte del cumplimiento de esa promesa.

También le he encargado a los líderes del Departamento de Justicia que soliciten a nuestros componentes que incluyan a miembros del sistema de defensa pública en diversas reuniones. También haremos a los defensores partícipes en conferencias, paneles de revisión de solicitudes y otros lugares en los que pueda ser valiosa una perspectiva de defensa pública.

Quiero asegurarles a todos los presentes que este no es un tema pasajero para el Departamento de Justicia. Le he pedido a todo el Departamento que se dedique a temas de defensa de indigentes con urgencia y con el compromiso de desarrollar e implementar las soluciones que necesitamos. Como muchos de ustedes saben, recientemente dimos un paso histórico para hacer que el acceso a la justicia sea una parte permanente del trabajo del Departamento, con un trabajo enfocado de nuestras oficinas de liderazgo para asegurarse de que este tema reciba la atención que merece.

En marzo, el Departamento de Justicia lanzó una histórica Iniciativa de Acceso a la Justicia, liderada por el famoso Profesor de Abogacía de Harvard Larry Tribe. La iniciativa fue creada para cumplir con nuestra responsabilidad de mejorar la justicia e integridad de nuestro sistema legal, y refleja una garantía histórica de que la expansión del acceso a los servicios legales es, y seguirá siendo, una prioridad nacional. Me complace informar que esta nueva oficina ha comenzado a trabajar a toda velocidad con una ambiciosa agenda.

El equipo de Acceso se ha reunido con importantes funcionarios de todos los campos jurídicos, desde el Juez Principal Lippman de Nueva York hasta jueces de circuito en ambas costas y el Consejero de Política Doméstica de la Casa Blanca, para formar asociaciones que comenzarán a abrir a todos las puertas de la justicia: sin importar sus ingresos. El Profesor Tribe participó recientemente en la Cumbre de Derecho Constitucional a la Defensa organizado por el Presidente Conyers del Comité Judicial de la Cámara. Y, hace algunos días, la oficina anunció que había obtenido una solicitud conjunta de subsidio con el Instituto Nacional de Justicia para financiar investigaciones relacionadas al acceso a la justicia: un primer paso, muy necesario, hacia un país más justo. Con la misma dedicación que muchos de ustedes demostraron al solicitar una iniciativa de esta índole, no tengo dudas de que muchos de los abogados y defensores reunidos en este salón contribuirán a su éxito.

Tenerlos como asociados es, y seguirá siendo, crucial para la labor del Departamento de Justicia. Nunca ha sido más difícil cumplir con nuestras responsabilidades – como servidores y representantes del sistema de justicia de nuestro país – que en esta época de crecientes necesidades y demandas y recursos cada vez más limitados. Pero tengo fe en que, juntos, podemos lograr un progreso extraordinario y muy necesario.

Creo que nuestro sistema de defensa criminal puede convertirse en fuente de gran orgullo nacional, y sé que lo hará. Espero trabajar con todos ustedes para lograr este objetivo. Y agradezco su orientación, su participación y su compromiso. Pero todos debemos hacer más. Como abogados, es nuestra obligación hacer realidad la promesa de un sistema en que todos estén representados correctamente. Les pido a todos ustedes que se unan a mí en esta labor. Juntos, no tengo dudas de que tendremos éxito y nos acercaremos a lograr esa unión más perfecta que todos buscamos.

Gracias.