Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la cena de los Premios del Proyecto Constitución de los EE.UU.

Gracias, Ginny [Sloan].  Me complace estar con ustedes y es un privilegio estar aquí para celebrar las extraordinarias contribuciones y logros de los homenajeados de esta noche, George Kendall y el Embajador Thomas Pickering.  Felicitaciones a ambos.

Agradezco especialmente esta oportunidad de decirles a los líderes y miembros del Proyecto Constitución cuánto aprecio su compromiso con la causa de la justicia, la promesa de la igualdad en la justicia y los valores más esenciales y perdurables de nuestro país.

En nombre del Departamento de Justicia, permítanme agradecerles especialmente por su fuerte apoyo a la Iniciativa de Acceso a la Justicia que lanzamos el mes pasado.  Este nueva oficina – encabezada por el Profesor de Abogacía de Harvard Larry Tribe – refleja una garantía histórica de que la expansión del acceso a los servicios legales es, y seguirá siendo, una prioridad nacional.  Con la misma dedicación que ustedes demostraron al reclamar esta iniciativa, no tengo dudas de que muchos de los abogados y defensores reunidos en este salón contribuirán a su éxito.

De cara a este futuro, y al progreso que buscamos realizar, hoy me gustaría hablarles sobre los desafíos sin precedentes que – juntos – debemos superar.

Ayer mismo, tuve la oportunidad de comentar algunos de estos desafíos con los miembros del Comité Judicial del Senado.  El Departamento de Justicia tiene importantes responsabilidades – la más importante es mantener seguros a los estadounidenses – y nuestro enfoque hacia estas responsabilidades, como es de esperarse, provoca grandes debates y hasta críticas.  Ahora bien, al recorrer este salón con la mirada, me doy cuenta, al igual que ayer, de que algunos de ustedes no siempre han estado de acuerdo con la totalidad de nuestro enfoque a la hora de proteger la seguridad nacional.   De hecho, una de las cosas que he aprendido en el último año es que simplemente es imposible, como Secretario de Justicia de los Estados Unidos, hacer feliz a todo el mundo.  Pero, a pesar de esto, también sé que todos los presentes en este salón comparten un objetivo en común: el objetivo de proteger la seguridad, los intereses y los valores de los Estados Unidos cumpliendo con los Principios de la Ley.   Por eso esta noche quiero expresarles mi posición exacta para cumplir con este objetivo esencial.

Empecemos con un hecho crudo: Somos una nación en guerra.  En esta guerra, enfrentamos a un enemigo inteligente, flexible y decidido.

Permítanme asegurarles: Conozco la gravedad de la amenaza que enfrentamos.  Sé que – tanto en países distantes como dentro de nuestras propias fronteras – existen personas que traman matar estadounidenses.  Comienzo cada día con un informe sobre las últimas amenazas más urgentes contra nosotros de las últimas 24 horas.  Y me voy a dormir todas las noches pensando cómo hacer para mantener seguro a nuestro pueblo.  

Al igual que todas las personas que están en este salón, al igual que el Presidente y quienes sirven en este gobierno, y al igual que cada Miembro que sirve en el Congreso, estoy decidido a ganar esta guerra.  Sé que podemos hacerlo y estoy seguro de que lo haremos.  Pero la victoria y la seguridad no serán fáciles de alcanzar.  Y no se alcanzarán si enfocamos esta labor adhiriendo a una ideología rígida o una metodología estrecha.

Pero del mismo modo en que somos una nación en guerra, también somos una nación de leyes.  Esto significa que los poderes del gobierno son definidos tanto por nuestras leyes tangibles – la Constitución, los estatutos, los precedentes judiciales – como por el principio básico de los Principios de la Ley.  Dentro de este marco, creo que debemos hacer todo lo que tengamos en nuestro poder legal para proteger al pueblo estadounidense.  Al igual que en un campo de batalla, cada poder del gobierno debe usar todas las armas correspondientes disponibles para ganar esta guerra.  Sé que algunas de esas armas pueden no ser populares.  Pero a la hora de proteger al pueblo estadounidense, el argumento de que estamos “mimando a los terroristas” no es más cierto que el igualmente vehemente de que hemos “archivado las políticas de contraterrorismo del gobierno de Bush”.  De hecho, estaríamos abandonando nuestros deberes más básicos si no confiáramos en el espectro completo de nuestras capacidades de las fuerzas del orden público, de inteligencia, militares y diplomáticas para mantener seguro al pueblo estadounidense.  Esto significa que debemos usar tanto el arte de gobernar como el arte de la guerra, tanto nuestro sistema de justicia criminal como nuestras autoridades militares, y tanto nuestros tribunales civiles como nuestras autoridades militares, para derrotar a nuestros enemigos.  Las mejores tradiciones de nuestro país – de un gobierno responsable y respetuoso, de los Principios de la Ley, de la administración neutral de justicia – lo exigen.  

El compromiso del gobierno – y el Departamento de Justicia – para usar todas las herramientas disponibles para luchar contra el terrorismo también refleja un hecho simple sobre la guerra en la que participamos: enfrentamos diversas amenazas, amenazas que exigen que seamos agresivos e innovadores.  

No es una exageración describir a nuestro sistema federal de justicia, que fue establecido por el Artículo III de nuestra Constitución, y a nuestras autoridades militares no solo como herramientas, sino también como armas contra quienes buscan dañarnos.  Ambos nos permiten atacar e incapacitar a los terroristas.   Ambos también nos permiten hacer justicia y garantizar que los autores de actos violentos en nuestra contra sean responsabilizados.  Al elegir entre estas dos armas, la elección debería basarse en una evaluación específica del caso de la amenaza en cuestión, la evidencia que se posee y un análisis exhaustivo de la mejor manera de hacer justicia.  Esa elección no siempre es fácil de hacer o fácil de explicar públicamente, en especial porque las normas judiciales y los capitales de inteligencia a veces hacen que sea imposible comentar en un foro abierto el razonamiento detrás de una decisión en particular.  Pero esta noche les puedo contar algunas diferencias entre los dos foros.  

Pero habla de la calidad del debate el hecho de que la idea de usar tanto el sistema judicial del Artículo III como autoridades militares haya pasado a ser algo tan controversial. Este gobierno rechaza la elección falsa que los críticos querrían que hiciéramos porque si siguiéramos exclusivamente un solo camino y bloqueáramos el uso del otro, sin lugar a dudas fallaríamos en nuestro deber fundamental de llevar a todos los terroristas ante la justicia.  Ese simplemente no es un resultado que podamos aceptar.

Por ejemplo, la propuesta de algunos miembros respetados del Congreso de prohibir completamente el uso de tribunales civiles en enjuiciamientos de actividades relacionadas con el terrorismo oculta algunos hechos básicos y permite que los eslóganes de campaña superen la realidad legal.  La realidad es la siguiente: Desde el 11 de septiembre, más de 400 personas han sido condenadas de crímenes de terrorismo o relacionados con el terrorismo en tribunales civiles.  Sin fuerzas del orden público civiles y tribunales civiles, se nos negaría el uso de lo que ha sido nuestra arma más eficaz para desbaratar, desmantelar y derrotar complots terroristas.  Dificultaría nuestra capacidad de asegurar inteligencia procesable y obtener cooperación internacional en nuestra lucha contra el terrorismo.  Nos quitaría los medios para castigar a los culpables y disuadir a quienes cometerían delitos en nuestra contra.  E iría en contra de la historia de nuestro sistema de justicia civil.  No cabe duda de que si un plan de esta índole avanza, dañaría gravemente nuestra seguridad nacional.

Nada más observen lo que nuestros tribunales civiles han ayudado a lograr.  En el último año, me enorgullece decir que el Departamento de Justicia, trabajando de cerca con nuestros asociados en la comunidad de inteligencia, tuvo un éxito extraordinario en el desbaratamiento de complots, la obtención de inteligencia y la incapacitación de terroristas.  Y nuestra capacidad de usar nuestro sistema de justicia criminal – que incluye tribunales civiles – fue una parte clave de este éxito.  

Por ejemplo, detectamos y desbaratamos un complot para detonar explosivos en el sistema de trenes subterráneos de Manhattan.  Najibullah Zazi ya se ha declarado culpable de cargos de terrorismo en este caso y también hemos acusado a varios de sus asociados por participar en este complot y en delitos relacionados.

Aseguramos una declaración de culpabilidad de David Headley por asistir en los ataques mortales en Mumbai en 2008 y por tramar otro ataque en Dinamarca.  Como parte de su declaración de culpabilidad, Headley ya ha brindado inteligencia muy valiosa al gobierno sobre actividades terroristas en el extranjero.

A través del trabajo duro de nuestros agentes federales de las fuerzas del orden público, hemos obtenido la cooperación de Umar Farouk Abdulmutallab, quien fue acusado en un tribunal civil de intentar hacer explotar una aeronave que estaba por aterrizar en Detroit en la Navidad del año pasado.  Si bien obviamente no puedo comentar la inteligencia que brindó, sí les puedo decir que no solo ha sido valiosa, si no que también produjo pistas procesables.

Condenamos a Aafia Siddiqui por intento de asesinar a agentes del Ejército y las fuerzas del orden público de los Estados Unidos en Afganistán.  Siddiqui es una física paquistaní a quien, cuando fue capturada en Afganistán, se le encontraron explosivos e información sobre armas nucleares, químicas y biológicas y descripciones de monumentos estadounidenses.  Luego abrió fuego contra personal estadounidense.  El Departamento de Justicia bajo el gobierno de Bush la acusó formalmente en un tribunal civil en 2008.  Siddiqui fue condenada hace dos meses en Nueva York.

Estos solo son algunos de los muchos éxitos logrados gracias a la labor combinada de fiscales experimentados, agentes de inteligencia y el equipo de seguridad nacional del Presidente.  Cada uno de ellos ha hecho que los Estados Unidos sean más seguros.

Por otra parte, las autoridades militares también son útiles en las circunstancias adecuadas, y también las necesitamos.  Quienes denigran a estas autoridades deben recordar que, si bien los tribunales federales pueden tratar la mayoría de los enjuiciamientos por terrorismo, en algunos casos, las autoridades militares no solo son apropiadas, sino también necesarias para condenar y neutralizar a terroristas.  El año pasado, el gobierno de Obama invirtió mucho tiempo y esfuerzo en trabajar con el Congreso para revisar las normas de la comisión para asegurarse de que sean coherentes con los Principios de la Ley.  El Congreso ha tomado medidas extraordinarias para reformar y mejorar estas comisiones desde que fueron creadas.  

La verdad es que las comisiones reformadas toman elementos de las mismas protecciones constitucionales que dan base a nuestros tribunales civiles: la diferencia clave es que, en las comisiones, las normas probatorias reflejan las realidades del campo de batalla y las dificultades de realizar investigaciones en una zona de guerra.  Confío en el marco y la promesa de nuestras autoridades militares y es por eso que he referido seis casos a las comisiones reformadas para su enjuiciamiento.  Y espero referir otros casos.  

En pocas palabras, no existe ninguna contradicción inherente entre usar autoridades militares en casos determinados y de todos modos enjuiciar a terroristas en tribunales civiles.  Como he dicho, sin importar qué se piensa sobre las cuestiones más generales relacionadas con el debate sobre tribunales y comisiones, es importante comprender sus diferencias prácticas y cómo deben afectar la elección del foro.

En primer lugar, las comisiones solo tienen jurisdicción para enjuiciar a personas afiliadas a al Qaeda, el Talibán o fuerzas afiliadas.  Eso significa que miembros de otros grupos terroristas – como Hamas, Hizbollah o las FARC – no pueden ser enjuiciados en autoridades militares.  Ni tampoco pueden ser enjuiciados Hosam Smadi o Michael Finton, dos terroristas solitarios que, si bien fueron inspirados por al Qaeda, no eran parte de este grupo cuando intentaron hacer volar edificios en nuestro país el año pasado.  Y, bajo el estatuto actual, las autoridades militares no pueden ser usadas contra ciudadanos estadounidenses como Anwar Awlaki o José Padilla, sin importar qué tipo de actos atroces cometan.

En segundo lugar, nuestros tribunales civiles abarcan un conjunto de delitos mucho más amplio que las autoridades militares, que solo pueden enjuiciar algunas violaciones a las leyes de guerra.  Además de los diversos estatutos federales para delitos relacionados con el terrorismo, los fiscales también pueden usar otros cargos – como hacer declaraciones falsas a investigadores, fraude con pasaportes o documentos o delitos con armas de fuego – para condenar a sospechosos de terrorismo.  Esto significa que se pueden desbaratar complots terroristas aun cuando todavía se está recolectando evidencia para probar cargos de terrorismo.  Lo que significa que el gobierno puede confiar en un rango de palancas para asegurar la cooperación de sospechosos de terrorismo: algo que ya ha producido en numerosas ocasiones inteligencia útil y procesables.  Y significa que los tribunales civiles pueden brindar un castigo justo a un rango más amplio de actos indebidos.

En tercer lugar, nuestros tribunales civiles tienen normas bien establecidas, experiencia significativa y más de 200 años de precedentes.  En pocas palabras, tienen una confiabilidad que establece credibilidad.  Si bien confío en que hemos hecho un buen trabajo en la reforma y la optimización de las autoridades militares, todavía no tienen el mismo historial probado que los tribunales civiles.  

En cuarto lugar, está el tema de la cooperación internacional.  Nuestros tribunales civiles son respetados a nivel internacional.  Nuestros aliados están cómodos con los mecanismos formales e informales para transferir a sospechosos de terrorismo a los Estados Unidos para que sean juzgados en un tribunal civil.  A medida que probemos la eficacia y justicia de las autoridades militares, espero que nuestros aliados lo adviertan.  Y espero que estén más dispuestos a cooperar con los juicios en comisión militar.  

Resulta desafortunado y de poca ayuda que algunos de estos hechos hayan sido ocultados en el debate nacional sobre la mejor manera de enjuiciar delitos de terrorismo.  Como he dicho, sé que hay diferentes opiniones en la mejor forma de cómo enfocar nuestro trabajo de seguridad nacional.  Pero al escuchar el debate reciente, he escuchado terminología que, francamente, parece intencionada para asustar a las personas en vez de educarlas. Este tipo de distorsión es injusta hacia los hombres y mujeres dedicados que sirven en nuestras comunidades de las fuerzas del orden público y de inteligencia.  No debemos quedarnos callados mientras el duro trabajo del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y otros agentes federales y estatales de las fuerzas del orden público, así como también el de fiscales de carrera, es marginalizado y difamado.  Estos hombres y mujeres sirven honradamente a nuestro país: al igual que lo hace el personal militar en el extranjero en lugares como Irak y Afganistán.  Su trabajo ayuda a proteger a nuestro país de terroristas y ellos merecen nuestra gratitud y nuestro respeto.  Sin ellos, el gobierno simplemente no podría cumplir con su responsabilidad más crucial y básica de proteger la vida de los estadounidenses.

Cumplir con esta responsabilidad nunca ha sido tan difícil.  En este período de guerra, debemos buscar la victoria de una manera pragmática, enérgica y fiel a los principios consagrados en nuestros documentos fundadores.  La seguridad de nuestro país – y la protección de sus valores e ideales – es nuestra inquietud en común.  Y debe convertirse en nuestra causa en común: una que nos una, nos fortalezca y extienda las mejores tradiciones de nuestro país.   Ustedes pueden, y deben, seguir siendo líderes en esa labor.

Gracias.