Estados Unidos contra Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso

CASOS PENDIENTES DE LA DIVISIÓN PENAL

Estados Unidos contra Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso  
Expediente judicial No.: 25-CR-284

Asignado por el tribunal: caso asignado al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Raúl M. Arias-Marxuach para el Distrito de Puerto Rico, Palacio de Justicia de los Estados Unidos José V. Toledo, 300 Recinto Sur St., San Juan, Puerto Rico 00901.

Últimas actualizaciones:

La audiencia de lectura de cargos y detención del acusado Juan Carlos Reynoso está programada para el 23 de julio de 2025 a las 2:00 p.m. en la Sala 5 del Tribunal de Hato Rey ante el Juez Magistrado Héctor L. Ramos-Vega.

Cargos penales:

El 1 de julio de 2025, se publicó una acusación formal contra Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso acusándolos de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y asociación delictuosa para cometer lavado de dinero por su presunta participación en la operación y promoción de OmegaPro, un ardid de inversión internacional que defraudó a los inversores víctimas por más de $650 millones de dólares estadounidenses.

Según documentos judiciales, Sims, que fue fundador, consultor estratégico y promotor de OmegaPro, y Reynoso, que dirigió las operaciones de OmegaPro en América Latina y partes de los EE. UU., incluido Puerto Rico, operaron y promovieron OmegaPro como un plan de marketing multinivel (MLM, por sus siglas en inglés) para que los inversores compraran “paquetes de inversión”, que los acusados y otras personas prometieron falsamente que generarían una rentabilidad del 300 por ciento en 16 meses a través de transacciones bursátiles en divisas extranjeras (Forex) manejadas por agentes de élite.  Los inversores recibieron instrucciones de comprar estos paquetes de inversión utilizando moneda virtual.

La acusación formal alega que, a través de las tergiversaciones de los acusados y de otras personas, OmegaPro recaudó más de 650 millones de dólares en moneda virtual de miles de inversores.  Después de que OmegaPro anunciara que había sufrido un hackeo de red, en enero de 2023 o alrededor de esa fecha Reynoso y otros dijeron a las víctimas que sus inversiones estaban seguras y que OmegaPro estaba transfiriendo sus inversiones a otra plataforma llamada Broker Group.  A pesar de estas declaraciones, las víctimas no han podido retirar dinero ni de sus cuentas de OmegaPro ni de sus cuentas en Broker Group, lo que ha provocado pérdidas millonarias para las víctimas.

Los más de $650 millones de dólares estadounidenses recaudados de las víctimas se enviaron primero a direcciones de billeteras virtuales controladas por ejecutivos de OmegaPro y luego supuestamente se transfirieron a personas con información privilegiada y promotores de alto rango de OmegaPro para dispersar los fondos y ocultar su origen.  Tanto Sims como Reynoso se beneficiaron por millones de este ardid.

Para obtener más información sobre los cargos en este caso, consulte a continuación:

Acusación formal
Comunicado de prensa

Impacto en las víctimas:

Si cree haber sido víctima de OmegaPro o tiene información relevante para esta investigación, visite el sitio web de Víctimas y Testigos del FBI en forms.fbi.gov/victims/omegaprovictims o escriba a OmegaProVictims@fbi.gov.

Presunción de inocencia: es importante tener en cuenta que una acusación formal penal es simplemente una alegación, y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, y esa presunción requiere que tanto el tribunal como nuestra oficina tomen ciertas medidas para garantizar que se haga justicia.

Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos y Derecho a Contratar un Abogado: como se han presentado cargos en este caso ante un tribunal federal, es posible que también tenga el beneficio de los siguientes derechos, de acuerdo con la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos, sección 3771, Título 18 del Código de los Estados Unidos: (1) El derecho a estar razonablemente protegido del acusado; (2) El derecho a recibir una notificación razonable, precisa y oportuna de cualquier procedimiento judicial público, o de cualquier procedimiento de libertad condicional, que involucre el delito o de cualquier liberación o fuga del acusado; (3) El derecho a no ser excluido de ningún procedimiento judicial público de este tipo, a menos que el tribunal, tras recibir pruebas claras y convincentes, determine que el testimonio de la víctima se alteraría materialmente si la víctima escuchara otro testimonio en ese procedimiento; (4) El derecho a ser escuchado razonablemente en cualquier procedimiento público en el tribunal de distrito que implique la liberación, la declaración de culpabilidad, la sentencia o cualquier procedimiento de libertad condicional; (5) El derecho razonable a consultar con el fiscal del caso; (6) El derecho a una restitución total y puntual según lo dispuesto en la ley; (7) El derecho a un proceso sin demoras irrazonables; (8) El derecho a ser tratado con equidad y respeto por la dignidad y la privacidad de la víctima; (9) El derecho a ser informado de manera oportuna sobre cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad o acuerdo de procesamiento diferido; y (10) El derecho a ser informado de los derechos en virtud de esta sección y los servicios descritos en la sección 503(c) de la Ley de Derechos y Restitución de las Víctimas de 1990  (S.10607(c), T. 42, C. EE.UU.) y a recibir la información de contacto del Defensor de los Derechos de las Víctimas del Departamento de Justicia. La Ley de derechos de las víctimas de delitos (S.3771, T.18, C. EE.UU.) se aplica únicamente a las víctimas de cargos imputados en un tribunal federal y, por lo tanto, es posible que las personas no puedan ejercer todos estos derechos si no se imputó el delito del que son víctimas.

La sección 3771(c)(2) de esta Ley exige que le informemos de su derecho a contratar a un abogado. Si bien la ley establece específicamente su derecho a solicitar el asesoramiento de un abogado con respecto a sus derechos en virtud de la ley, no existe requisito alguno de que contrate a un abogado. El Gobierno no puede recomendar ningún abogado específico, ni puede el Gobierno (o el Tribunal) pagar a un abogado para que lo represente. Los fiscales representan a los Estados Unidos.

Si decide contratar a un abogado para que represente sus intereses, pídale a su abogado notificar a esta oficina por escrito a: U.S. Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, 4th Floor, Washington, DC 20530, Attention: Victim Witness Unit; fax: (202) 514-3708; o correo electrónico: victimassistance.fraud@usdoj.gov. Si decide no contratar a un abogado para que represente sus intereses, no necesita hacer nada.

Acuerdos de declaración de culpabilidad: tenga en cuenta que muchos casos penales se resuelven mediante un acuerdo de declaración de culpabilidad entre el Departamento de Justicia y el acusado. También debe saber que no es inusual que un acusado busque negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad poco antes de que comience el juicio. Los acuerdos de declaración de culpabilidad se pueden hacer en cualquier momento e incluso hasta en la misma mañana del juicio, lo que deja poca o ninguna oportunidad de notificarle la fecha y hora de la audiencia de declaración de culpabilidad. Si el tribunal programa una audiencia de declaración de culpabilidad en este caso, haremos todo lo posible para notificarle la información disponible tan pronto como sea posible. Si desea informar al fiscal sobre sus puntos de vista sobre posibles acuerdos de declaración de culpabilidad o cualquier otro aspecto del caso, comuníquese con el fiscal asignado a este caso o llame a la línea gratuita de asistencia para víctimas al (888) 549-3945 o envíenos un correo electrónico a victimassistance.fraud@usdoj.gov.