Condenan a un ciudadano peruano por un entramado transnacional para estafar a consumidores de habla hispana de los Estados Unidos

WASHINGTON – Un ciudadano peruano fue condenado hoy a 98 meses de prisión por su participación en la supervisión de una organización de fraude transnacional dirigida contra inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos.

Según los documentos judiciales, Jose Alejandro Zuñiga Cano, de 40 años de edad y oriundo de Lima (Perú), era el operador de un centro de llamadas peruano a través del cual estafaba y extorsionaba a residentes de habla hispana de los Estados Unidos con falsas amenazas de arresto, procesos judiciales y consecuencias inmigratorias. Zuñiga fue extraditado desde Perú en marzo para enfrentar cargos relacionados con el entramado y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio.

Al declararse culpable, Zuñiga admitió que poseía y operaba un centro de llamadas en Lima, Perú, a través del cual realizaba llamadas no solicitadas a consumidores de habla hispana en los Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o reunido los requisitos para productos gratuitos, que incluían tabletas informáticas y cursos de idioma inglés. En llamadas posteriores, Zuñiga y sus cómplices afirmaban falsamente que las víctimas estaban obligadas por contrato a pagar grandes sumas para recibir los productos. Zuñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto “Tribunal de Delitos Menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar los pagos. Además, Zuñiga y sus cómplices preguntaban a las víctimas potenciales sobre su país de origen y las amenazaban con procedimientos judiciales, arrestos y consecuencias inmigratorias si no pagaban.

Muchas de las víctimas que efectuaron pagos a raíz de estas mentiras y amenazas fueron revictimizadas con frecuencia por Zuñiga y sus cómplices con un plan de devolución relacionado. El acusado y sus cómplices hicieron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado y, mientras se hacían pasar por abogados de un tribunal estadounidense, afirmaban falsamente que las víctimas tenían derecho al pago de devoluciones y que recibirían su dinero de vuelta si abonaban honorarios adicionales. En realidad, no había abogado, ni orden de devolución, ni fondos devueltos a las víctimas que hicieron esos pagos adicionales; sino que Zuñiga se quedó con esos pagos adicionales de las víctimas.

“La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia se dedica a proteger a los consumidores estadounidenses vulnerables de los estafadores, sin importar dónde residan”, dijo Brian M. Boynton, subprocurador general adjunto principal, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “La sentencia de hoy demuestra que las personas que defraudan a nuestras comunidades de inmigrantes responderán ante los tribunales estadounidenses. Continuaremos trabajando con nuestros socios para garantizar que las personas que se hagan pasar por funcionarios del Gobierno y del tribunal sean llevados ante la justicia”.

“El brazo largo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, que incluyen a las personas mayores y los inmigrantes recién llegados”, dijo el abogado estadounidense Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “No permitiremos que los criminales transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero al público al que atendemos. Las personas que defrauden a los consumidores estadounidenses serán llevadas ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”.

“La sentencia dictada hoy contra José Alejandro Zuñiga Cano es una prueba de la dedicación entre el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para no detenerse ante nada para llevar ante la justicia a los sospechosos que victimizan a nuestros ciudadanos”, dijo el inspector a cargo, Juan A. Vargas, de la División de Miami del USPIS.

Con la sentencia de hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, doce acusados han sido condenados y sentenciados en relación con un entramado de fraude transnacional de $15 millones que estafó y amenazó a los consumidores estadounidenses de habla hispana, alegando que sufrirían consecuencias legales si no pagaban por productos de aprendizaje del inglés que nunca solicitaron. En conjunto, el entramado fue responsable de estafar a más de 30,000 residentes de habla hispana de los Estados Unidos. Muchas de las víctimas son inmigrantes recién llegados que simplemente habían expresado su interés por aprender inglés.

Entre los doce acusados figuran ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaban pagos, distribuían productos y posibilitaban el fraude en los Estados Unidos. Muchos de los acusados compartieron estrategias sobre cómo estafar a los residentes de habla hispana de los Estados Unidos.

Zuñiga es el octavo acusado extraditado desde Perú que se declara culpable ante un tribunal federal de cargos de fraude relacionados con los centros de llamadas peruanos implicados en la estafa del aprendizaje del inglés. En 2021 y 2022, el juez de distrito, Robert N. Scola, Jr. condenó a Henry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Renteria, Fernan Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a penas de entre 88 y 110 meses de prisión.

Además de condenar a Zuñiga a una pena de prisión federal, la jueza de distrito, Kathleen M. Williams, también ordenó a Zuñiga el pago de casi $700,000 dólares en concepto de indemnización a sus más de 1,100 víctimas.

USPIS y la Subdivisión de Protección al Consumidor investigaron el caso.

El fiscal principal y coordinador de Litigios Penales Transnacionales, Phil Toomajian, y la fiscal Carolyn Rice, de la Subdivisión de Protección de los Consumidores, llevan el caso, y la fiscal adjunta, Annika Miranda, del Distrito Sur de Florida, se ocupa del decomiso de bienes. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Nacional de Perú y la Policía Nacional de Perú prestaron una ayuda fundamental. El Servicio de Alguaciles, la Oficina del Fiscal General de la Nación y la Policía Nacional de Perú prestaron una ayuda fundamental.

El Departamento de Justicia sigue investigando y presentando cargos en otros asuntos similares relacionados con amenazas contra residentes de habla hispana de los Estados Unidos.

Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de un fraude financiero, tiene a su disposición a profesionales experimentados en la Línea Directa Nacional contra el Fraude a Personas Mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, gestionada por la Oficina para las Víctimas de Delitos, puede prestar apoyo personalizado a quienes llaman, evaluando las necesidades de la víctima e identificando los siguientes pasos pertinentes. Los administradores del caso indicarán los organismos de denuncia pertinentes, facilitarán información a las personas que llamen para ayudarlas a denunciar, comunicarán directamente a las personas que llamen con los organismos adecuados y les ofrecerán recursos y remisiones, en función de cada caso. Denunciar es el primer paso. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. ET. Se ofrece en inglés, español y otros idiomas.

Para obtener más información sobre las iniciativas del departamento para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ancianos, visite la página web de la Iniciativa para la Justicia de Personas Mayores. Para obtener más información sobre la Subdivisión de Protección del Consumidor y sus iniciativas de aplicación, visite www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Las quejas de fraude contra personas mayores se pueden presentar ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov/ o en 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece diversos recursos relacionados con la victimización por fraude de ancianos a través de su Oficina para las Víctimas de Delitos, que puede consultarse en www.ovc.gov.