El Departamento de Justicia llega a un acuerdo histórico con la Ciudad y el Departamento de Policía para suspender el programa de vivienda de alquiler “libre de delitos” en Hesperia, California

El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo histórico para resolver una demanda de discriminación racial y de origen nacional contra la Ciudad de Hesperia, California y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino. La demanda del Departamento alegó que la Ciudad y el Departamento del Alguacil incurrieron en un patrón o práctica de discriminación contra individuos y comunidades afroestadounidenses y latinos en Hesperia, en contra de la ley de Vivienda Justa y el título VI de la ley de Derechos Civiles de 1964, mediante la adopción y aplicación de un llamado programa de vivienda de alquiler “libre de delitos”. Esta es la primera resolución del Departamento de Justicia que requiere la suspensión total de un programa de vivienda de alquiler “libre de delitos”.

“El Departamento de Justicia está comprometido a garantizar que las políticas de vivienda no discriminen contra individuos por motivos raciales, incluyendo los llamados programas ‘libre de delitos’”, afirmó la Fiscal General Asociada Vanita Gupta. “Además de promover el acceso justo a vivienda, la resolución del día de hoy protegerá a los individuos que solicitan ayuda de emergencia o la asistencia de las fuerzas del orden público ante las represalias”.

“Las llamadas ordenanzas ‘libre de delitos’ a menudo son impulsadas por objetivos discriminatorios, desestabilizan a comunidades y promueven la segregación racial actual”, manifestó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Estas ordenanzas pueden desarraigar las vidas de las personas, empujar a familias a quedarse sin hogar y dar lugar a la pérdida del empleo, la escuela y las oportunidades para las personas que son, de manera desproporcionada, personas de color de bajos ingresos. Las ordenanzas “libre de delitos” podrían también constituir una solución discriminatoria en busca de un problema y contravenir los objetivos principales que fundamentan la ley de Vivienda Justa. Como deja claro este acuerdo, el Departamento de Justicia seguirá luchando contra las ordenanzas discriminatorias e ilegales “libre de delitos” en todo el país y trabajando para garantizar que todos tengan acceso justo y equitativo a la vivienda”.

“El derecho a una vivienda justa es fundamental y no debe vulnerarse”, declaró el Fiscal Federal del Distrito Central de California, Martin Estrada. “Este importante acuerdo con Hesperia evita que el llamado programa ‘libre de delitos’ devaste a individuos y familias con la conmoción emocional y las dificultades financieras que acompañan a los desalojos que se producen con poca antelación. El acuerdo de hoy y la orden por consentimiento traerán un cambio real a Hesperia y más allá”.

“Las políticas de vivienda discriminatorias con base en la raza y el origen nacional, incluyendo las sancionadas y aplicadas por los gobiernos locales, no tienen lugar en nuestra sociedad”, expresó Demetria L. McCain, la Secretaria Auxiliar Adjunta Principal de la Oficina de Vivienda Justa y Equidad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). “Este acuerdo envía un fuerte mensaje que HUD y DOJ seguirán trabajando juntos para enérgicamente aplicar las leyes de vivienda justa de nuestra nación”.

La demanda de los Estados Unidos

La demanda del Departamento, presentada en 2019 con base en una investigación de HUD, alegó que la Ciudad de Hesperia, con el apoyo sustancial del Departamento del Alguacil, promulgó un programa “libre de delitos” con la intención de abordar lo que un concejal de la Ciudad llamó un “problema demográfico”: la población creciente de afroestadounidenses y latinos en Hesperia.

El programa obligaba a todos los propietarios de viviendas de alquiler a desalojar a inquilinos cuando el Departamento del Alguacil les notificara que éstos habían participado en cualquier presunta “actividad delictiva” en la propiedad o en sus inmediaciones, independientemente de que esas alegaciones hubieran dado lugar a una detención, imputación o condena. Además, el programa animaba a los proveedores de vivienda a desalojar a familias enteras cuando solo un miembro de la unidad familiar participara en una supuesta actividad delictiva e incluso notificaba a los propietarios que debían desalojar a los supervivientes de violencia doméstica. También exigía a todos los propietarios que investigaran a los posibles inquilinos a través del Departamento del Alguacil, que notificaría a los propietarios si el solicitante había “violado” las normas del programa en el pasado. La Ciudad de Hesperia también aprobó posteriormente una ordenanza relativa a las licencias comerciales para viviendas de alquiler que hacía obligatoria la inscripción en el programa “libre de delitos” e imponía honorarios excesivos.

La demanda del Departamento se basó en parte en el análisis realizado por HUD, que mostró que los inquilinos afroestadounidenses tenían casi cuatro veces más probabilidades, y los inquilinos latinos un 29% más, de ser desalojados en virtud del programa que los inquilinos blancos. El análisis de HUD también mostró que más del 96% de las personas y los hogares desalojados en virtud de la ordenanza “libre de delitos” vivían en bloques censales de minorías mayoritarias, a pesar de que solo el 79% de los hogares de alquiler en Hesperia viven en tales bloques.

La demanda del Departamento alegó que cientos de personas fueron objeto de la ordenanza “libre de delitos” de Hesperia.

El programa tuvo impactos reales y devastadores en las familias de toda la Ciudad de Hesperia:

• Por ejemplo, una mujer afroestadounidense que vivía en Hesperia llamó repetidamente a la policía para que acudiera a su casa porque no se sentía segura con su novio. El Departamento del Alguacil le notificó al propietario de las numerosas llamadas por disturbios domésticos y le amenazó con un delito menor. El propietario obligó entonces a la mujer y a sus hijos a abandonar su casa. Sin ningún lugar a donde ir, la familia se mudó a un motel e intentó alquilar otra vivienda en Hesperia, pero las solicitudes fueron denegadas repetidamente. Al no poder alquilar otra vivienda para su familia en Hesperia, se vio obligada a desarraigar su vida, dejar atrás una casa llena de muebles y mudarse al otro lado del país.
• El programa también afectó a una mujer latina residente en Hesperia que llamó a la policía para pedir ayuda para su novio, que estaba sufriendo una crisis de salud mental en su casa. Cuando el Departamento del Alguacil llegó antes que los paramédicos, su novio fue detenido. La mujer recibió entonces un aviso de desalojo con base en la supuesta violación de la ordenanza, y se vio obligada a trasladarse temporalmente a un motel.
• Una familia afroestadounidense se vio separada después de que la llamada de ayuda de una madre a la policía contribuyera a que fueran desalojados de su hogar y enumerados en la lista de infractores, lo que hizo que les fuera imposible encontrar otro alquiler en Hesperia. Los padres se mudaron del área y tomaron la imposible decisión de dejar atrás a su hija adolescente para que finalizara la escuela superior.

Orden de consentimiento 

Como parte de la resolución de este caso, Hesperia ya ha revocado su ordenanza “libre de delitos”, ha modificado la ordenanza de licencias de negocios de alquiler de viviendas y ha reducido los honorarios asociados con las licencias de negocios de alquiler de viviendas. El Departamento del Alguacil también ha acordado poner fin a la aplicación del programa “libre de delitos” de Hesperia.

Según la orden por consentimiento propuesta, que aún debe ser aprobada por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, los demandados gastarán $950,000 y se comprometerán a importantes medidas cautelares para remediar los efectos de los programas “libre de delitos” y de licencias comerciales, entre las que se incluyen: un fondo de conciliación de $670,000 para compensar a las personas perjudicadas por el programa; el pago de $100,000 en sanción civil; financiación de $95,000 para mercadeo afirmativo con el fin de promover la vivienda justa en Hesperia; financiación de $85,000 dólares para asociaciones con organizaciones comunitarias; notificaciones a los administradores de propiedades, arrendadores y propietarios de los cambios en las ordenanzas y en la lista de honorarios; presentación de determinadas políticas, procedimientos y ordenanzas para su revisión y aprobación por los Estados Unidos antes de su adopción; adopción de políticas de no discriminación y procedimientos de queja; designación de coordinadores de derechos civiles; capacitación contra la discriminación; evaluación de las necesidades de vivienda justa; e informes periódicos al tribunal y a los Estados Unidos durante los cinco años de vigencia de la orden.

Las personas que crean haber sido perjudicadas por el programa “libre de delitos” de Hesperia pueden tener derecho a una indemnización con cargo al fondo de conciliación y deben ponerse en contacto con el Departamento de Justicia en Hesperia.Investigation@usdoj.gov o en 1-833-223-1571.

La Ley federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, género, condición familiar, origen nacional o discapacidad. El título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color de piel u origen nacional en los programas y actividades que reciben ayuda financiera federal. Para más información acerca de la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, vaya a https://www.justice.gov/espanol. Las personas pueden reportar incidentes de discriminación en la vivienda en línea en https://civilrights.justice.gov/, llamando a la línea informativa del Departamento de Justicia al 1-833-591-0291, enviando un correo electrónico a fairhousing@usdoj.gov. También se puede reportar tal discriminación llamando a HUD al 1-800-669-9777 o sometiendo un formulario de queja en https://portalapps.hud.gov/FHEO903/Form903/Form903Start.action?lang=es.

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