El Departamento de Justicia obtiene compensación en un pleito que alega que propietarios hispanos se convirtieron en el objeto de discriminación

El Departamento de Justicia anunció hoy que el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de Florida ha firmado una orden por consentimiento que resuelve las reclamaciones al amparo de la ley de Vivienda Justa contra Advocate Law Groups of Florida, P.A. (ALGF); Jon B. Lindeman, Jr.; Ephigenia K. Lindeman; Summit Development Solutions USA LLC (SDS) y Haralampos “Bob” Kourouklis. El pleito del Departamento alegó que los demandados habían discriminado por motivos de origen nacional al señalar como blanco a propietarios hispanos para servicios abusivos de modificación de préstamos hipotecarios e interferir en la capacidad de tales individuos de conservar sus casas.

En su demanda, el Departamento alegó que los demandados habían señalado como blanco a propietarios hispanos mediante anuncios en español que les hacían la promesa falsa de reducir sus pagos hipotecarios a la mitad. Los demandados indicaron lo mismo en persona ante cientos de propietarios hispanos, prometiéndoles pagos más bajos a cambio de miles de dólares por concepto de comisiones iniciales y cuotas mensuales regulares de hasta $550, lo que los demandados mantenían que “no era reembolsable”. Muchos de los propietarios seleccionados tenían un dominio limitado del inglés. Más aún, la demanda del Departamento alegó que los demandados les indicaron a estos propietarios que no se comunicaran como sus prestamistas y que dejaran de efectuar sus pagos hipotecarios mensuales. Según consta en la demanda, los demandados no hicieron nada o hicieron poco para obtener las prometidas modificaciones de préstamo para los propietarios, muchos de los que incumplieron en los pagos hipotecarios y que, finalmente, perdieron sus hogares.

“Señalar como blanco a propietarios mediante anuncios engañosos y planes abusivos debido a su origen nacional y dominio limitado del inglés es reprobable e ilegal”, declaró Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles. “Los propietarios de color y otros grupos protegidos deben quedarse protegidos de focalización discriminatoria que puede llevar a pérdidas financieras graves, incluyendo la pérdida de la casa de uno. Nosotros seguiremos empleando nuestras leyes federales de derechos civiles para proteger los derechos de los propietarios”.
 

“Este acuerdo, alcanzado con la colaboración de la Sección de Vivienda de la División de Derechos Civiles, representa un gran logro para nuestra División Civil y su Unidad de Derechos Civiles”, afirmó el Fiscal Federal para el Distrito Central de Florida, Roger B. Handberg. “Estamos comprometidos a usar cada herramienta legal que tengamos a nuestra disposición, incluyendo la ley de Vivienda Justa, para garantizar que nuestros residentes puedan disfrutar de sus derechos a la vivienda sin ser sometidos a prácticas discriminatorias de esta naturaleza”.

El Departamento de Justicia entabló este pleito después de que Lucía Hurtado, Noemí Román, Argentina Roque y miembros de sus familias presentaron quejas de discriminación ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Después de investigar las quejas, HUD emitió denuncias de discriminación y refirió el caso al Departamento de Justicia para litigio. Más adelante, Hurtado, Román y Roque intervinieron como demandantes en el pleito del Departamento.

“Es increíble que estos demandados emplearan prácticas empresariales que no solo eran ilícitas y discriminatorias sino que también resultaron en el incumplimiento por parte de propietarios trabajadores en sus hipotecas y tales personas perdieron sus casas a la ejecución hipotecaria”, comentó Demetria McCain, la Secretaria Adjunta Auxiliar Principal del HUD para la Vivienda Justa y la Igualdad de Oportunidades. “HUD elogia al Departamento de Justicia por su compromiso a hacer cumplir la ley de Vivienda Justa y por proteger los derechos de vivienda justa de todos los que viven en este país”.

La orden por consentimiento registra una sentencia contra los demandados que asciende a $4,595,000 para indemnizar a las personas perjudicadas por la conducta de los demandados. De ese monto, los demandados deberán pagar un total de $95,000 a los tres interventores, además de una sanción civil a los Estados Unidos. La mayoría de la sentencia monetaria se ha suspendido debido a pruebas del patrimonio neto limitado de los demandados, incluyendo extractos financieros firmados por los demandados bajo pena de perjurio. La orden por consentimiento requiere que los demandados entreguen extractos financieros actualizados cada año durante el plazo de cinco años de vigencia del acuerdo. Si el tribunal determina que los demandados han tergiversado u omitido algo en sus extractos financieros originales o en sus actualizaciones anuales, la sentencia completa se reinstalará y los demandados serán inmediatamente responsables por el monto completo.

Además de la indemnización, la orden por consentimiento prohíbe de modo permanente que los demandados presten servicios de ayuda hipotecaria, tales como servicios de modificación de hipoteca o protección contra la ejecución hipotecaria e impone requisitos de declaración y mantenimiento de registros para las demás actividades inmobiliarias de los demandados.

Este caso fue litigado por abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento y de la Fiscalía Federal para el Distrito Central de Florida.

La División de Derechos Civiles hace cumplir la ley de Vivienda Justa, la cual prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional, género, discapacidad o situación familiar. Para más información acerca de la División de Derechos Civiles y las leyes que hace cumplir, vaya a https://www.justice.gov/crt-espanol. Los individuos pueden reportar incidentes de acoso sexual u otras formas de discriminación llamando a la línea informativa del Departamento de Justicia para discriminación en la vivienda al 1-833-591-0291 o entregando un informe en línea. También se puede denunciar tal discriminación llamando a HUD, al 1-800-669-9777 o rellenando un formulario de demanda en línea.