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Comunicado de prensa

Tres hombres acusados formalmente de un ardid internacional de cohecho y lavado de activos

Para Divulgacion Inmediata
Oficina de Asuntos Públicos

El miércoles se dio a conocer una acusación formal de cinco cargos que imputa a un hombre de negocios de Georgia, a un antiguo funcionario del gobierno de Honduras y a un antiguo residente de Florida por su presunta participación en un ardid internacional para pagar y ocultar pagos de cohecho efectuados a funcionarios del gobierno de Honduras a fin de garantizar la obtención de contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional de Honduras.

Según los documentos del tribunal, Carl Alan Zaglin, de 68 años, es el dueño de una empresa de fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas con sede en el estado de Georgia, e hizo su comparecencia inicial ante el tribunal federal el miércoles; Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años, es el antiguo director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), un organismo del gobierno de Honduras que adquiría suministros para la Policía Nacional de Honduras; y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, era residente de Boca Ratón, Florida.

Entre marzo de 2015, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta noviembre de 2019, o alrededor de esa fecha, Zaglin, Marchena y otros presuntamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno de Honduras, entre ellos Cosenza, a fin de garantizar contratos con TASA por un valor de más de $10 millones de dólares estadounidenses. A cambio de los pagos de cohecho, Cosenza y otros funcionarios del gobierno de Honduras supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a obtener contratos para la venta de uniformes y otros artículos para la Policía Nacional de Honduras y asegurar el pago de los contratos. Zaglin, Marchena y sus cómplices presuntamente utilizaron las ganancias de los contratos corruptos del gobierno de Honduras para efectuar pagos de cohecho a funcionarios del gobierno de Honduras. Para promover el ardid y ocultar los pagos de cohecho, Zaglin, Marchena, Cosenza y otros presuntamente lavaron las ganancias del ardid corrupto por medio de cuentas bancarias y empresas testaferro en los Estados Unidos y Belice. Según se alega en la acusación formal, para promover el ardid, los conspiradores enviaron más de $166,000 dólares estadounidenses a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero hondureño.

A todos los acusados se les imputa conspiración para cometer lavado de activos. Cosenza y Marchena también han sido acusados, cada uno, de un cargo de lavado de activos y un cargo de participación en transacciones con bienes derivados del delito. Zaglin y Marchena también han sido acusados, cada uno, de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Además, a Zaglin se le imputa un cargo de violar la FCPA. De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los delitos de lavado de activos, 10 años de prisión por el cargo de participación en transacciones con bienes derivados del delito y cinco años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con la ley FCPA.

  

La fiscal general auxiliar en funciones Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia, el fiscal de los EE. UU. Markenzy Lapointe del Distrito Sur de Florida y el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami hicieron el anuncio.

La oficina de HSI de Miami investiga el caso con la asistencia de la oficina de HSI de Atlanta.

Los abogados litigantes Peter L. Cooch y Anthony Scarpelli de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal auxiliar de los EE. UU. Eli S. Rubin del Distrito Sur de Florida procesan el caso.

En junio de 2021, el Departamento de Justicia anunció la creación de una Fuerza de Tareas Anticorrupción para centrarse en investigaciones, procesamientos y recuperaciones de activos relacionados con corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador por medio del programa de cumplimiento de la ley FCPA, procesamientos antinarcóticos y la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia. Cualquier persona con información sobre autores corruptos en estos países que estén quebrantando las leyes de los EE. UU. o trasladando las ganancias de sus delitos en o a través de los Estados Unidos pueden informar sobre la conducta, en español o inglés, en combatiendocorrupcion@fbi.gov. Las pistas sobre posible corrupción o traslados de fondos procedentes del delito que se reciban en la dirección de correo electrónico serán revisadas por la Fuerza de Tareas Anticorrupción. Los informantes que deseen reportar actividades sospechosas o delictivas también pueden comunicarse con la línea de pistas de HSI llamando al (866) 347-2423.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la ley FCPA. Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la ley FCPA por parte del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Una acusación formal es meramente una alegación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta tanto se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Actualizado 10 de enero de 2024

Tema
Foreign Corruption
Número de comunicado de prensa: 23-1474