Un Jurado Condena a un Hombre Peruano por Defraudar y Extorsionar a Clientes de Habla Hispana por Medio de Centros de Llamadas Fraudulentos

Un jurado en Miami condenó a un hombre de Lima, Perú, por 26 cargos de delitos mayores de conspiración, fraude e intento de extorsión, cometidos a partir de sus centros de llamadas en Perú, que mintieron y amenazaron a víctimas de habla hispana para que pagaran arreglos fraudulentos, anunció hoy el Departamento de Justicia.

Juan Alejandro Rodríguez Cuya, 35, fue condenado por un jurado después de menos de dos horas de deliberación después de un juicio de dos semanas de duración ante la Jueza Federal de Distrito Patricia A. Seitz en el tribunal federal de Miami. A mitad del enjuiciamiento, su codemandada en el juicio, María Luzula, 52, de Miami, se declaró culpable de todos los cargos contra su persona. Luzula es la madre de Cuya.

Cuya y Luzula ambos enfrentan un máximo legal de 20 años en prisión por cada cargo. Ambos demandados deben permanecer detenidos hasta que se dicten sus sentencias el 22 de enero de 2015 y el 18 de diciembre, respectivamente.

"Los demandados se aprovecharon de la comunidad de habla hispana específicamente – y el daño causado a las víctimas individuales por el fraude cometido es desgarrador", señaló la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Joyce R. Branda de la División Civil del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia se compromete a enjuiciar a quienes defrauden a los consumidores para su propio lucro personal".

De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio, los empleados de los demandados en Perú utilizaron llamadas telefónicas para amenazar a víctimas de habla hispana en los Estados Unidos. Los llamantes peruanos falsamente acusaron a las víctimas de haberse negado al envío de ciertos productos y alegaron que las víctimas debían miles de dólares en multas y que serían enjuiciadas. En realidad, las víctimas nunca habían pedido estos productos y no se les había enviado nada.

Pruebas adicionales en el juicio establecieron que los empleados de Luzula y Cuya alegaron que los consumidores podían resolver las multas si pagaban de inmediato un "cargo de resolución". Se les dijo a los clientes que disputaron estos cargos de resolución que, si no pagaban, podrían ser arrestados, deportados o su propiedad podría ser confiscada. Miles de víctimas sucumbieron ante estas amenazas y pagaron cargos que no debían. Una sala telefónica en Miami cobró los cargos.

Las víctimas que atestiguaron en el enjuiciamiento mencionaron el nivel de ansiedad que las llamadas les provocaron. Las víctimas tenían tanto miedo de las amenazas que pagaron cargos a los que ni siquiera podían hacer frente.

La Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Branda elogió al Servicio de Inspección Postal de EE.UU. por su labor de investigación y agradeció a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida por sus aportes al caso. El caso penal fue enjuiciado por el Abogado Litigante Phil Toomajian y el Director Auxiliar Richard Goldberg de la Oficina de Protección del Consumidor de la División Civil.