Comentarios de la Fiscal General Auxiliar Kristen Clarke para anunciar un acuerdo histórico con la ciudad y el departamento de policía que pone fin al programa de viviendas de alquiler “libre de delitos” en Hesperia, California

Hola. Me llamo Kristen Clarke y soy la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Tengo el honor de estar acompañada hoy por el Fiscal Federal E. Martin Estrada del Distrito Central de California.

Toda persona en este país tiene derecho a buscar y acceder a una vivienda libre de discriminación. Sin embargo, el reciente aumento de las llamadas ordenanzas “libre de delitos” amenaza esta promesa para demasiadas personas. Las ordenanzas “libre de delitos” son políticas que a menudo animan o exigen que los propietarios desalojen a inquilinos –y a sus familias– por una supuesta actividad delictiva, aunque el delito sea menor, o incluso en ausencia de detención, denuncia o condena. Según algunas estimaciones, aproximadamente 2,000 comunidades de al menos 48 estados han promulgado algún tipo de programa “libre de delitos”. Por lo general, estos programas no fomentan la seguridad pública. Más bien, a veces se han promulgado en respuesta a la creciente diversidad racial en las comunidades. Estos programas pueden dar lugar a la exclusión racial y reforzar la segregación racial residencial, socavando así los objetivos de la ley de Vivienda Justa y otras leyes federales de derechos civiles. De hecho, estos programas “libre de delitos” a menudo amplifican las marcadas disparidades raciales documentadas en nuestro sistema jurídico penal –en el que, por ejemplo, se detiene a los afroestadounidenses cinco veces más que a los blancos– y trasladan esas disparidades al mercado de la vivienda. Estos programas pueden desarraigar vidas y desestabilizar comunidades, a menudo obligando injustamente a las personas a quedarse sin hogar y provocando la pérdida de empleos, estudios y oportunidades.

Hesperia, California, promulgó uno de estos programas de viviendas de alquiler “libre de delitos” en 2015. Y hoy, me complace anunciar que el Departamento de Justicia ha presentado una orden por consentimiento para resolver las acusaciones de discriminación por raza y origen nacional por parte de la Ciudad de Hesperia y el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino en relación con la adopción y aplicación de ese programa. La orden por consentimiento de hoy resuelve una demanda federal de 2019 presentada por el Departamento de Justicia que alegó que la ordenanza “libre de delitos” de la ciudad de Hesperia violaba la ley de Vivienda Justa y el título VI de la ley de Derechos Civiles de 1964. Este acuerdo importante es histórico: es el primer acuerdo del Departamento de Justicia en un caso que impugna una ordenanza “libre de delitos” y tiene como resultado la revocación total del programa y casi $1 millón de dólares en compromisos monetarios. El Fiscal Estrada, nuestro socio en este asunto, hablará en breve con más detalle de las disposiciones específicas del acuerdo.

Ahora, permítanme compartir un poco más sobre este caso.

Nuestra demanda alegó que la Ciudad de Hesperia, con el apoyo sustancial del Departamento del Alguacil de San Bernardino, promulgó y aplicó su ordenanza para expulsar a inquilinos afroestadounidenses y latinos de sus hogares y de Hesperia, y para disuadir a los solicitantes afroestadounidenses y latinos de mudarse a Hesperia. Un concejal de la ciudad dijo que el objetivo del programa era “corregir un problema demográfico” y que las personas a las que iba dirigida la ordenanza “no aportaban nada y no tenían ningún valor para esta comunidad, punto”. Otro concejal explicó que el objetivo de la ordenanza era conseguir que los propietarios eliminaran la “plaga” de sus viviendas de alquiler, y lo comparó con “llamar a un exterminador para que mate cucarachas”. Como deja claro nuestra denuncia, la ordenanza de Hesperia era una solución abiertamente discriminatoria a un problema que no existía.

El programa “libre de delitos” de Hesperia obligaba a todos los propietarios de viviendas de alquiler a desalojar a inquilinos que, según los informes del Departamento del Alguacil, hubieran participado en cualquier supuesta “actividad delictiva” en la vivienda de alquiler o en sus inmediaciones, independientemente de que esas alegaciones dieran lugar a una detención, denuncia o condena. Esto significaba el desalojo de familias enteras por conductas relacionadas con un inquilino o incluso con invitados o familiares distanciados, el desalojo de supervivientes de violencia doméstica y el desalojo en ausencia de pruebas concretas de actividad delictiva. El programa también exigía a todos los propietarios que investigaran a los posibles inquilinos a través del Departamento del Alguacil por cualquier “violación” de las normas del programa en el pasado.

El programa confió al Departamento del Sheriff un enorme poder, latitud y discreción, todo lo cual se utilizó para perturbar la vida de los residentes de Hesperia, muchos de los cuales eran afroestadounidenses y latinos. Como se expone en nuestra demanda, al aplicar el programa “libre de delitos”, el Departamento del Alguacil se centró en las personas y los vecindarios afroestadounidenses y latinos. De hecho, los inquilinos afroestadounidenses tenían casi cuatro veces más probabilidades, y los inquilinos latinos 29% más probabilidades, de ser desalojados bajo el programa que los inquilinos blancos.

Aunque posteriormente Hesperia hizo voluntaria la participación en el programa, las características clave del mismo se mantuvieron.

El programa tuvo impactos reales y devastadores en las familias de toda la Ciudad de Hesperia.

Por ejemplo, una mujer afroestadounidense que vivía en Hesperia llamó repetidamente a la policía para que acudiera a su casa porque no se sentía segura con su novio. El Departamento del Alguacil le notificó al propietario de las numerosas llamadas por disturbios domésticos y le amenazó con un delito menor. El propietario obligó entonces a la mujer y a sus hijos a abandonar su casa. Sin ningún lugar a donde ir, la familia se mudó a un motel e intentó alquilar otra vivienda en Hesperia, pero las solicitudes fueron denegadas repetidamente. Al no poder alquilar otra vivienda para su familia en Hesperia, se vio obligada a desarraigar su vida, dejar atrás una casa llena de muebles y mudarse al otro lado del país.

Otra mujer se vio igualmente obligada a abandonar su casa después de llamar al 911 para pedir asistencia médica para su novio, lo que la llevó a la lista de infractores del Departamento del Alguacil.

Y una familia se vio destrozada después de que la llamada de ayuda de una madre a la policía contribuyera a que fueran desalojados de su hogar y enumerados en la lista de infractores, lo que hizo que les fuera imposible encontrar otro alquiler en Hesperia. Los padres se mudaron del área y tomaron la imposible decisión de dejar atrás a su hija adolescente para que finalizara la escuela superior.

Estos ejemplos no son aislados ni únicos, y ponen de relieve las formas en que el programa perjudica a las familias sin mejorar la seguridad pública. Como se ha señalado anteriormente, el uso de este tipo de ordenanzas “libre de delitos” no se limita a la ciudad de Hesperia. Esperamos que el acuerdo de hoy envíe un fuerte mensaje a otras jurisdicciones con programas “libre de delitos” en todo el país, haciéndoles saber que tendrán que rendir cuentas si sus programas son discriminatorios. Animamos a los municipios y a las agencias de orden público a que evalúen de forma proactiva sus programas “libre de delitos” para determinar si se dirigen ilegalmente a las comunidades de color o violan de otro modo las leyes federales. De hecho, además de la ley de Vivienda Justa, muchos de estos programas pueden plantear problemas en virtud de la recientemente enmendada ley de Violencia contra la Mujer, que prohíbe el desalojo de inquilinos debido a sus solicitudes de asistencia de las fuerzas del orden público, estén o no relacionadas con la violencia doméstica. Las jurisdicciones deberían acoger la diversidad, no recurrir a presunciones racistas, estereotipos o tácticas ilegales para echar a la gente. El Departamento de Justicia seguirá luchando contra las ordenanzas “libre de delitos” discriminatorias e ilegales, y trabajando para garantizar que todo el mundo –independientemente de sus antecedentes penales y de su experiencia vital– tenga un acceso justo y equitativo a la vivienda.

Ahora doy la palabra al Fiscal Estrada.

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