Onceavo acusado sentenciado por estafar a miles de inmigrantes estadounidenses de habla hispana en un esquema de $15 millones de dólares

Un hombre de California fue sentenciado a 65 meses de prisión por su papel en la conspiración en centros de llamadas con sede en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana, que los amenazaba falsamente con arresto, deportación y otras consecuencias legales. Es el onceavo acusado en ser sentenciado a prisión en el esquema.

De acuerdo con documentos judiciales, Luis Rendón, 60, de Harbor City, California, operaba en un centro de distribución que ayudaba a operadores del centro de llamadas a ejecutar un esquema de fraude desde Perú. Formaba parte de un esquema de fraude internacional centrado en defraudar residentes de habla hispana en Estados Unidos amenazándolos fraudulentamente con consecuencias legales si no pagaban productos de aprendizaje del idioma inglés (productos que las víctimas nunca solicitaron) o si no pagaban “tarifas de liquidación” falsas. Defraudaron a más de 30,000 residentes de habla hispana de Estados Unidos.

“Estos casos demuestran que la Rama de Protección al Consumidor perseguirá enérgicamente y procesará a los delincuentes internacionales que defraudan a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Fiscal General Principal Adjunto, General Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Las personas que defraudan a miembros de nuestras comunidades de inmigrantes se presentarán ante la justicia y rendirán cuentas ante los tribunales estadounidenses”.

“El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos trabaja arduamente para interrumpir y desmantelar las empresas delictivas dirigidas a los consumidores estadounidenses”, dijo Juan A. Vargas, Inspector a Cargo, División del Servicio de Inspección de Estados Unidos en Miami. “Junto con nuestros socios encargados de que se cumpla la ley, estamos enviando un claro mensaje a los delincuentes que crean que están a salvo porque no se encuentran en Estados Unidos: Continuaremos persiguiendo, arrestando y extraditando firmemente a quienes estén centrados en defraudar a los consumidores estadounidenses”.

Según documentos judiciales, Rendón era dueño y operaba International Latin Market, un centro de distribución con sede en California que facilitó el esquema de extorsión y fraude de telemercadeo a gran escala desde el 2011 hasta finales del 2017. Rendón ayudó y fue cómplice del esquema al proporcionar listas de posibles víctimas a los centros de llamadas en Perú, procesó pagos de tarjetas a las víctimas y envió tabletas con cursos de inglés precargados a las víctimas en el área de Miami y en todo Estados Unidos. Los centros de llamadas luego amenazaban y hostigaban a las víctimas para que pagaran clases fraudulentas, pretendiendo ser abogados y agentes del orden.

Con la sentencia de hoy, ya fueron sentenciados siete operadores y propietarios de centros de llamadas peruanos y cuatro operadores de centros de distribución que procesaron pagos y facilitaron el frauden en Estados Unidos. Los siete acusados, propietarios y operadores del centro de llamadas fueron extraditados de Perú y se declararon culpables de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en un tribunal federal y recibieron importantes sentencias a prisión. El Juez Federal de Distrito, Robert N. Scola Jr., condenó a Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Rentería, Fernán Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a sentencias que van de 88 a 110 meses en prisión. Dos acusados que facilitaron las operaciones de estos centros de llamadas fraudulentos, Milagros Urmeneta y Gonzalo Bazán, fueron sentenciados el año pasado por un asunto relacionado. Ángel Adrianzen, quien también operaba un centro de distribución con sede en Estados Unidos que facilitó un grupo adicional de centros de llamadas peruanos fraudulentos que estafaron a residentes de habla hispana en Estados Unidos, fue sentenciado a 121 meses en prisión por el Juez Scola en 2021.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la Rama de Protección al Consumidor investigaron el caso. El Abogado Superior Litigante, Phil Toomajian, y el Abogado Litigante, Max Goldman, de la Rama de Protección al Consumidor, están procesando los casos y la Fiscal Federal Adjunta, Annika Miranda, se encarga del decomiso de bienes. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional de Perú proporcionaron asistencia crítica.

El Departamento de Justicia continúa investigando y presentando cargos en otros asuntos similares relacionados con amenazas contra residentes de habla hispana en Estados Unidos. Si usted, o alguien que conoce, tiene 60 años o más y fue víctima de fraude financiero, tiene ayuda disponible en la Línea Directa Nacional de Fraude a Ancianos: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).

Puede encontrar información adicional sobre la Rama de Protección al Consumidor y sus esfuerzos para combatir el fraude en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.