El Departamento de Justicia Divulga Averiguaciones en la Investigación del Departamento de Policía de Puerto Rico

WASHINGTON - Después de una investigación exhaustiva, el Departamento de Justicia anunció hoy sus averiguaciones acerca de que el Departamento de Policía de Puerto Rico [Puerto Rico Police Department (PRPD)] ha exhibido un patrón y prácticas de conducta indebida en violación de la Constitución y la ley federal. La investigación iniciada en julio de 2008 fue llevada a cabo de acuerdo con la Ley de Control de Delitos Violentos y Coacción Legal de 1994 y la Ley Amplia de Control de la Delincuencia y Calles Seguras de 1968.

La investigación exhaustiva e independiente del Departamento de Justicia consistió en un análisis de las prácticas del PRPD, así como participación extensa de la comunidad. Abogados e investigadores del Departamento realizaron entrevistas exhaustivas con el personal de comando y funcionarios comunes en la sede central del PRPD y diez de las 13 áreas policiales del PRPD; participaron en recorridos con agentes y supervisores; participaron en cursos de capacitación en la academia de policías, y analizaron miles de páginas de documentos. La división también se reunió con, y entrevistó, partes interesadas externas, entre las que se incluyeron miembros de la comunidad y de organizaciones locales de derechos civiles.

El Departamento de Justicia encontró causa razonable para creer que ocurrieron patrones y prácticas de conducta inconstitucional y/o violaciones de la ley federal en varias áreas, entre los que se incluyen:

• Uso de fuerza excesiva;
• Uso de fuerza irrazonable y otros tipos de conducta indebida, dise�ados para suprimir el ejercicio de derechos protegidos asociados a la Primera Enmienda; y
• �rdenes de alto, allanamientos y arrestos inconstitucionales.

También surgieron de la investigación pruebas perturbadoras de que, con frecuencia, el PRPD omite actuar ante delitos sexuales e incidentes de violencia doméstica y exhibe prácticas policiales discriminatorias contra personas de ascendencia dominicana, en violación de la Constitución y/o ley federal.

El Departamento de Justicia encontró una serie de deficiencias sistémicas antiguas y enraizadas que provocaron o contribuyeron para estos patrones de conducta ilícita, incluidos:

• La omisión por parte del PRPD de implementar políticas para orientar a los agentes respecto de prácticas policiales lícitas, incluida la aplicación de fuerza;
• Unidades tácticas, a las que se les ha permitido desarrollar subculturas violentas;
• Capacitación insuficiente previa al servicio y durante el servicio;
• Supervisión inadecuada;>
• Sistemas ineficaces de toma de denuncias, investigación y adjudicación;
• Un sistema disciplinario ineficaz;
• Gestión de riesgos limitada; y
• Falta de supervisión y responsabilización externas.

"Hace demasiado tiempo que el Departamento de Policía de Puerto Rico falla en la protección del pueblo de Puerto Rico. Este fracaso es el resultado de deficiencias sistémicas e institucionales profundas y crónicas", dijo Thomas E. Perez, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. "Nuestras conclusiones deben servir como cimientos para la transformación del departamento de policía y para ayudar a restaurar la fe de la comunidad en una coacción legal equitativa, justa y efectiva. Nuestro equipo espera con interés trabajar con el pueblo de Puerto Rico, el Gobernador Fortu�o, el Superintendente Emilio Díaz Colón y sus funcionarios en la creación e implementación de un anteproyecto amplio para una reforma sustentable".

A lo largo de la investigación, la división brindó información y ofreció asistencia técnica al PRPD, y el PRPD ha tomado ciertas medidas correctivas. Las conclusiones alcanzadas en la investigación del Departamento de Justicia demuestran que los problemas que enfrenta el PRPD son amplios y están profundamente arraigados en la cultura del PRPD. Para crear una reforma duradera, Puerto Rico debe actuar de forma decisiva, transparente e inmediata. El PRPD debe desarrollar e implementar nuevas políticas y protocolos y capacitar a sus agentes en servicios policiales eficaces y constitucionales. Además, el PRPD debe implementar sistemas que garanticen la responsabilización, promuevan asociaciones entre la policía y la comunidad, mejoren la calidad de los servicios policiales en todo el Estado Libre Asociado y eliminen la parcialidad ilícita en todos los niveles de las decisiones policiales.

El departamento buscará obtener un decreto por consentimiento y trabajará con el PRPD, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la comunidad en el desarrollo y la implementación de un plan de reforma integral con la supervisión judicial necesaria para corregir las violaciones de la Constitución y la ley federal. Un proceso de reforma transparente, en el que las partes interesadas de la comunidad ocupen un papel integral, renovará el respeto por la Constitución y el imperio de la ley, y restaurará la confianza pública en el PRPD.

Esta investigación fue llevada a cabo por la Sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles con la asistencia de profesionales de las fuerzas del orden público, incluidos ex jefes de policía y supervisores que brindaron sus conocimientos profundos y su experiencia.

Se encuentra el resumen ejecutivo y el informe completo en www.justice.gov/crt/about/spl/pr.php. Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, visite www.justice.gov/crt.