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Comunicado de prensa
El Departamento de Justicia [Department of Justice (DOJ)] realizó hoy un acuerdo global con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobernador Luis Fortuaño en resolución de su investigación civil del Departamento de Policía de Puerto Rico [Puerto Rico Police Department (PRPD)]. La demanda y el acuerdo fueron presentados hoy al Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, junto con una petición conjunta para el aplazamiento temporal del proceso hasta el 15 de abril de 2013, para brindarle al gobierno entrante del Gobernador electo Alejandro García Padilla tiempo suficiente para examinar el acuerdo.
El acuerdo integral se ocupa de violaciones constitucionales amplias y constantes cometidas por el PRPD que fueron documentadas en una denuncia larga del DOJ emitida en septiembre de 2011. El departamento encontró justificación razonable para creer que el PRPD exhibe un patrón o una práctica de uso de fuerza excesiva, uso de fuerza irrazonable diseñada para suprimir la libertad de expresión, y allanamientos y confiscaciones inconstitucionales. El acuerdo también trata de alegatos de que el PRPD deja de investigar delitos sexuales y violencia doméstica, y realiza acciones policiales discriminatorias.
"Valoramos el arduo trabajo del Gobernador Fortuaño, el Superintendente Héctor Pesquera y los equipos de los mismos. Juntos, y con gran participación del público, hemos diseñado una huella integral para la reforma que brinda una base sólida que profesionalizará y brindará apoyo a los hombres y mujeres trabajadores del PRPD en sus tareas de protección del pueblo de Puerto Rico", dijo Thomas E. Perez, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. "También nos hemos reunido con el Gobernador electo García Padilla, quien reconoce que la acción policial constitucional va de la mano con la acción policial efectiva. Nos complacerá trabajar con el Gobernador electo García Padilla y su equipo en finalizar el acuerdo y comenzar la tarea crítica de reconstruir el PRPD. El garantizar una acción policial efectiva y constitucional no es una cuestión partidaria, y valoramos el compromiso asumido por el Gobernador Fortuaño y el Gobernador electo García Padilla para con las reformas reflejadas en el acuerdo. La implementación exitosa de las reformas que contiene este acuerdo ayudarán a reducir la delincuencia, asegurarán el respeto por la Constitución y restaurarán la confianza pública en el PRPD".
El acuerdo de hoy fue alcanzado después de negociaciones amplias con autoridades del estado y sus consultores policiales. El acuerdo brinda una huella integral para una reforma significativa y sostenible y refleja las opiniones de muchos actores de la comunidad de todo el estado, incluidos grupos con afinidad policial, miembros de la comunidad empresaria de Puerto Rico, estudiantes, representantes de la comunidad dominicana y miembros de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero.
El acuerdo trata de los procedimientos, políticas, capacitación, supervisión interna y externa, sistemas disciplinarios y mecanismos de integridad de la información y de datos que causaron o contribuyeron para el patrón o la práctica de conducta indebida. También detalla cambios necesarios para garantizar que los servicios policiales sean brindados al pueblo de Puerto Rico de manera efectiva, que cumpla con la Constitución y promueva la confianza de la comunidad en el PRPD. Por ejemplo, el acuerdo contiene disposiciones diseñadas para aumentar la transparencia y promover el grado de reacción policial respecto de la comunidad, incluidas medidas que requieren reuniones periódicas con representantes comunitarios para facilitar la cooperación y la comunicación; la recolección y diseminación de estadísticas de delincuencia precisas y actualizadas; programas de extensión comunitaria en cada región del PRPD; y evaluaciones de cumplimiento independientes y periódicas que estén disponibles al público.
La finalidad de la petición conjunta que solicita un aplazamiento temporal del proceso es brindarle al próximo gobierno una oportunidad significativa de examinar el acuerdo. El departamento y representantes del Gobernador Fortuaño se han reunido de manera independiente con el Gobernador electo García Padilla y su equipo de transición para informarles acerca de las conclusiones de la investigación y sobre el acuerdo. El aplazamiento, solicitado hasta el 15 de abril de 2013, le brindará al Gobernador electo García Padilla y su gobierno entrante una oportunidad significativa de examinar el acuerdo y aceptarlo o negociar cambios necesarios, antes de que el departamento y el estado soliciten la aprobación y el asiento del acuerdo en forma de orden. Durante este período, el departamento continuará con sus iniciativas de extensión comunitaria en curso en todo Puerto Rico para pedir opiniones y comentarios. Una vez aprobado y asentado por el tribunal de distrito, el acuerdo resolverá la acción civil entablada por el departamento, y comenzará la fase de implementación de inmediato.
Se encuentra una copia de la demanda, del acuerdo y de la petición conjunta para el aplazamiento del proceso, y la carta de conclusiones de septiembre de 2011 en www.justice.gov/crt.
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