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Comunicado de prensa
WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia llegó hoy a un acuerdo con Villa Rancho Bernardo Care Center (VRB, por sus siglas en inglés), un centro de ancianos y rehabilitación en San Diego. El acuerdo resuelve la investigación de VRB liderada por el Departamento de Justicia en cuanto a su discriminación contra individuos que no son ciudadanos de los EE. UU. pero que sí cuentan con autorización para trabajar, lo cual representa una vulneración de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
La investigación del departamento encontró que VRB había discriminado a residentes permanentes legales al requerir que presentaran documentos específicos para demostrar su autorización para trabajar, mientras que permitía a ciudadanos estadounidenses que presentaran cualquier documento válido de autorización para trabajar que quisieran. En concreto, durante los procesos de entrevista y contratación, incluyendo en ciertos anuncios de trabajo virtuales, VRB exigió a residentes permanentes legales que presentaran una tarjeta de residencia permanente (a la que se suele llamar “tarjeta verde”). Los residentes permanentes legales no están obligados a enseñar sus tarjetas de residencia permanentes a empleadores para poder trabajar. Como todo trabajador, pueden presentar los documentos válidos de su libre elección de las listas de documentos aceptables del Departamento de Seguridad Nacional para establecer su identidad y autorización para trabajar. Por ejemplo, los residentes permanentes legales pueden establecer su autorización para trabajar al presentar un documento de identificación estatal o federal y una tarjeta de seguro social sin restricciones.
En virtud del acuerdo de resolución, VRB pagará $24,000 en sanciones civiles a los Estados Unidos, participará en la capacitación sobre la disposición antidiscriminatoria de la INA brindada por el departamento y se someterá a los requisitos de supervisión.
“La División de Derechos Civiles se compromete a asegurar que los individuos con autorización para trabajar en los Estados Unidos no se enfrenten a barreras ilícitas o discriminatorias,” declaró la Secretaria de Justicia Auxiliar Adjunta Principal, Vanita Gupta, Directora de la División de Derechos Civiles. “Es esencial que los empleadores revisen sus prácticas de verificación de la elegibilidad para trabajar para asegurarse de que éstas cumplan con la Ley.”
La Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas con la Inmigración (OSC, por sus siglas en inglés) es responsable de aplicar la disposición antidiscriminatoria de la INA. Entre otras cosas, esta ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía, estatus migratorio y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; la discriminación en el proceso de verificación de la elegibilidad de empleo; las represalias y la intimidación.
Para más información sobre protecciones contra la discriminación en el empleo en virtud de las leyes migratorias federales, llame a la línea directa de la OSC para trabajadores al 1‑800‑255‑7688 (1‑800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llame a la línea directa de la OSC para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); matricúlese para un seminario virtual gratuito en www.justice.gov/crt/about/osc/webinars.php; mande un correo electrónico a osccrt@usdoj.gov o visite la página web de la OSC en www.justice.gov/crt/about/osc.
Los aspirantes o empleados que creen haber sido víctimas de: requisitos documentales diferentes por motivos de su estatus de ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen; o discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión deben comunicarse con la línea directa de la OSC para trabajadores para pedir ayuda.