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Viernes, 9 de julio de 2021

Ciudadano peruano sentenciado a 90 meses en prisión por conspirar para defraudar a miles de inmigrantes de habla hispana

Dos cómplices se declaran culpables y otros dos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos

WASHINGTON – Un ciudadano peruano fue sentenciado a 90 meses en prisión por operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana, amenazándolos falsamente con arresto, deportación y otras consecuencias legales. En ese mismo caso, otros dos cómplices peruanos se declararon culpables y otros dos fueron extraditados al Distrito Sur de Florida para ser procesados por su papel en el plan.

Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquín, de 32 años, de Lima, Perú, fue sentenciado por conspirar para cometer fraude postal y fraude electrónico por medio de una serie de centros de llamadas peruanos que utilizaban declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de personas de habla hispana en todo Estados Unidos. Cuzcano y otros le dijeron falsamente a las víctimas que debían aceptar y pagar cursos de inglés y otros productos educativos y que si no lo hacían se pondrían en peligro legal.

Cuzcano admitió que él y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado “tribunal de delitos menores”, que no existe. Las personas que llamaban amenazaban a las víctimas con falsos procedimiento judiciales, marcas negativas en sus informes crediticios, encarcelamiento y consecuencias migratorias si no pagaban de inmediato los productos que supuestamente entregaron y las tarifas de liquidación. Entre abril de 2011 y julio de 2019 miles de víctimas estadounidenses realizaron pagos basados en llamadas de sus centros de llamadas. Cuzcano y sus cómplices acumularon millones de dólares de las víctimas.

“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará firmemente a los delincuentes transnacionales que defrauden a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo Brian M. Boynton, Secretario Interino de Justicia Auxiliar. “Los acusados en este caso defraudaron descaradamente a personas recién inmigradas prometiéndoles productos gratuitos para mejorar su inglés. En realidad los acusados atarían a sus víctimas a una trampa de intimidación y miedo, que los dejaba mucho peor, con importantes pérdidas financieras y, muchas veces, cicatrices emocionales por estos crímenes. La sentencia de hoy demuestra que los acusados que se aprovechan de los consumidores estadounidenses desde otros países no quedan impunes”.

“La sentencia de hoy no sólo sirve como un castigo para este acusado, pero como aviso a otras personas que busquen aprovecharse de víctimas vulnerables en Estados Unidos”, dijo el Fiscal Federal Interino, Juan Antonio González, del Distrito Sur de Florida. “Sepan que el Departamento de Justicia y sus socios investigarán agresivamente dicha actividad criminal. Dondequiera que estén, los encontraremos y los haremos responsables”.

“En este esquema de telemarketing internacional, se usaron tácticas engañosas que provocan miedo para amenazar a miles de consumidores estadounidenses vulnerables para que compraran productos que no se iban a entregar, al pretender usar falsamente el sistema legal de Estados Unidos en su contra y coaccionarlos con millones de dólares”, dijo el Inspector a Cargo, Joseph Cronin del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos División de Miami. “Se espera que la sentencia de hoy le brinde alivio a los residentes estadounidenses que fueron víctimas de este fraudulento esquema transnacional. El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, junto con la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina Fiscal de Estados Unidos están comprometidos con responsabilizar a las personas que utilizan el correo de Estados Unidos para defraudar a consumidores”.

Recientemente dos de los cómplices de Cuzcano también se declararon culpables de su participación en el plan. Henrry Adrián Milla Campuzano, de 37 años, de Lima Perú hoy se declaró culpable de conspiración al cometer fraude postal y electrónico. De acuerdo con los documentos judiciales, Mills era propietario y operador de fraudulentos centros de llamadas que se llaman “Latinos en Acción” y “Acción Latino” localizados en Perú, que de forma similar extorsionaban a inmigrantes en Estados Unidos cuando de falsa se identificaban como abogados de empresas privadas y funcionaros judiciales o de inmigración”.

Otro cómplice, Fernán Huerta Haro, de 34 años, de Lima, Perú, el 11 de junio se declaró culpable de conspiración al cometer fraude postal y electrónico. Según los documentos judiciales, Huerta operaba y era propietario de los centros de llamadas “Camino Al Progreso” y “Neshuer Corporation” en Perú. Al declararse culpable, Huerta admitió que, desde 2011 hasta su arresto en 2019, él y sus empleados amenazaron y defraudaron a muchas personas de habla hispana recién inmigradas a Estados Unidos como parte del plan.

Milla y Huerta serán sentenciados por el Juez Federal de Distrito, Robert N. Scola Jr. este otoño, y ambos enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. El Juez Scola determinará sus sentencias después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Cuzcano, Milla y Huerta formaban parte de un grupo de cinco acusados que las autoridades peruanas arrestaron el 2 de julio de 2019 basado en una solicitud de extradición de Estados Unidos, y cada uno de ellos ha permanecido encarcelado desde ese momento. Los acusados fueron extraditados al Distrito Sur de Florida el 23 de octubre de 2020. Los cinco acusados ya fueron condenados por conspirar para cometer fraude postal y electrónico. Otros dos acusados en el caso, Carlos Alberto Espinoza Huerta y Josmell Arturo Espinoza Huerta, eludieron el arresto en el momento de la detención de sus cinco cómplices en Perú. La policía peruana finalmente los localizó y arrestó, los extraditaron a Estados Unidos el 25 de junio y están detenidos en el Centro de Detención Federal en Miami.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la División de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso. Los abogados litigantes Phil Toomajian y Max Goldman, de la Rama de Protección al Consumidor, está procesando el caso. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional de Perú brindaron asistencia crítica.

Para más información sobre la Rama de Protección al Consumidor, visite la página web en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch

Una dictamen acusatorio simplemente es una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable en un tribunal de justicia.

Número de comunicado de prensa: 
21-637
Actualizado 9 de julio de 2021