El Departamento de Justicia encuentra condiciones anticonstitucionales en las prisiones de Georgia

El Departamento de Justicia anunció hoy sus hallazgos de condiciones de confinamiento en las prisiones de Georgia que vulneran la 8ª Enmienda de la Constitución.

«Nuestro informe de hallazgos expone las condiciones horribles e inhumanas a las que las personas están confinadas dentro del sistema penitenciario estatal de Georgia», comentó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Nuestra investigación a nivel estatal expone infracciones sistémicas desde hace mucho tiempo derivadas de la indiferencia completa y la falta de atención a la seguridad de las personas que Georgia mantiene en sus prisiones. Las personas son asaltadas, apuñaladas, y asesinadas o dejadas para languidecer dentro de instalaciones que, lamentablemente, no tienen personal suficiente. Los presos son castigados y torturados, relegados a una existencia de miedo, suciedad y una negligencia no tan benigna. Estas condiciones peligrosas no solo dañan a las personas encarceladas por Georgia, sino que ponen en riesgo a los empleados de la prisión y a la comunidad en general. El Departamento de Justicia se compromete a utilizar su autoridad para lograr condiciones humanas de confinamiento que sean coherentes con los estándares contemporáneos de decencia y respeto por la dignidad humana básica».

El informe de 93 páginas del Departamento detalla sus hallazgos de una investigación exhaustiva de las instalaciones penitenciarias privadas y operadas por el Estado de Georgia.  Georgia tiene la cuarta población penitenciaria estatal más alta del país, con aproximadamente 50,000 personas encarceladas. El informe concluye que:

• El Estado de Georgia incurre en un patrón o una práctica de vulneración de los derechos constitucionales de las personas encarceladas, al no proteger a las personas que se encuentran en instalaciones de seguridad media y cerrada de la violencia física generalizada y someter a las personas encarceladas a un riesgo irrazonable de daño por abuso sexual en todas sus instalaciones. En concreto, Georgia no protege a las personas encarceladas, incluidas las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), de daños causados por violencia sexual o abuso sexual.
• La falta crítica de personal y las deficiencias sistémicas en la planta física, la vivienda y la clasificación, el control de contrabando, la notificación de incidentes y las investigaciones contribuyen a la violencia generalizada.
• Georgia permite que las pandillas ejerzan una influencia indebida sobre la vida en la prisión, incluido el control de unidades de vivienda enteras y la operación de maquinaciones ilegales y peligrosas dentro y fuera de las prisiones, así perjudicando tanto a las personas encarceladas como al público.

«Las personas encarceladas por el Departamento Penitenciario de Georgia no deben ser sometidas a violencia potencialmente mortal y otras formas de privación grave mientras cumplen sus penas de prisión», afirmó Ryan K. Buchanan, el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia. «Nuestra constitución requiere condiciones humanas en prisiones que, como mínimo, garanticen que las personas encarceladas estén seguras. Los hallazgos de la investigación de la ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas del Departamento Penitenciario de Georgia revelan fallos graves y difusos en lo que se refiere a la protección de los hombres y mujeres alojados en sus instalaciones, lo que incluye muertes perturbadores y cada vez más frecuentes entre las personas encarceladas. Esperamos que el Estado de Georgia comparta nuestro sentido de urgencia en cuanto a la gravedad de las infracciones descritas en este informe y que colabore con el Departamento de Justicia, nuestra oficina y nuestro socio en las Fiscalías para los Distritos Centro y Sur para remediar estas deficiencias sistémicas en las prisiones de Georgia».

«Esperamos que estos resultados sean una llamada de atención. Las personas encarceladas y el personal del Departamento Penitenciario de Georgia se enfrentan a riesgos inaceptables y sistémicos, y el impacto afecta a todas nuestras comunidades», afirmó Peter Leary, el Fiscal Federal para el Distrito Centro de Georgia. «Esperamos trabajar en colaboración con el estado de Georgia para mejorar estas condiciones mortales; de hecho, la Constitución lo requiere».

«La seguridad y protección de las prisiones de Georgia están inequívocamente vinculadas a la seguridad general de nuestras comunidades», declaró Jill E. Steinberg, la Fiscal Federal para el Distrito Sur de Georgia. «La disfunción a largo plazo en la gestión del sistema penitenciario ha llevado a la proliferación de redes criminales dentro de esas instalaciones que ponen en peligro a los ciudadanos privados, al personal y a las personas encarceladas y conducen directamente a violencia y abuso inaceptables y evitables contra las personas encarceladas. Nos comprometemos a trabajar con el Departamento de Correcciones de Georgia para crear un entorno más seguro dentro y fuera de las prisiones de Georgia».

Las conclusiones anunciadas hoy son el resultado de la investigación civil del Departamento de Justicia y son independientes de cualquier caso penal presentado por el Departamento de Justicia.

La Sección de Litigios Especiales de la División de Derechos Civiles y las Fiscalías Federales para los Distritos Norte, Centro y Sur de Georgia llevaron a cabo la investigación.

Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles y la Sección de Litigios Especiales, visite www.justice.gov/crt/special-litigation-section. También se puede informar a la Sección de vulneraciones de derechos civiles mediante el formulario de quejas, disponible en civilrights.justice.gov/. Para proporcionar información relacionada con la investigación del Departamento de las prisiones de Georgia, llame al 1-844-401-3736 o envíe un correo electrónico a l Departamento a Community.GeorgiaDOC@usdoj.gov.