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Lunes, 24 de enero de 2022

El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con una agencia de seguros que resuelve unas acusaciones de discriminación relacionada con la inmigración

WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con James A. Scott & Son, Inc., una agencia de seguros que opera bajo el nombre de Scott Insurance, con sede en Lynchburg, Virginia. El acuerdo resuelve las acusaciones del Departamento de que Scott Insurance discriminó, por motivos de estatus de ciudadanía, a un no ciudadano estadounidense al pedirle que presentara un documento específico para demostrar su permiso para trabajar y al rechazar el documento válido que el trabajador presentó. Asimismo, el Departamento halló que Scott Insurance discriminaba, de forma rutinaria, a no ciudadanos estadounidenses al negarse a considerar o contratarlo debido a su estatus de ciudadanía.

«Los empleadores no pueden negarse a contratar a candidatos con base en su estatus de ciudadanía salvo cuando por ley están autorizados a hacerlo», declaró Kristen Clarke, la Fiscal Federal Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Además, se les prohíbe a los empleadores discriminar a trabajadores a la hora de verificar su permiso para trabajar. La División de Derechos Civiles se ha comprometido a proteger a los trabajadores de la discriminación ilícita por motivos de ciudadanía».

La investigación del Departamento determinó que Scott Insurance discriminó a un residente permanente legal al pedir que presentase su Tarjeta de Residente Permanente para demostrar su permiso para trabajar y luego rechazar la documentación válida que él presentó. Más aún, el Departamento determinó que, a más tardar, el 1 de junio del 2017 hasta al menos el 1 de agosto del 2020, Scott Insurance discriminó a no ciudadanos de los EE. UU. al negarse a considerar o contratarlos para puestos, por motivos de su estatus de ciudadanía.

La disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) protege a ciudadanos estadounidenses, nacionales no ciudadanos, refugiados, asilados y residentes permanentes legales recientes de la discriminación por motivos de su estatus de ciudadanía. La ley tiene una excepción que permite que empleadores o reclutadores restrinjan puestos con base en el estatus de ciudadanía si cuentan con la debida autorización para hacerlo bajo alguna ley, un reglamento, una orden ejecutiva o un contrato gubernamental. A los empleadores se les prohíbe restringir o especificar los tipos de documentación que se le permite al trabajador presentar para demostrar que cuenta con permiso para trabajar, por motivos de la ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen de tal trabajador. Los empleadores deben permitir que sus trabajadores presenten cualquier documentación válida que dichos trabajadores quieran y no pueden rechazar documentación válida que parece ser genuina.

Conforme el acuerdo, Scott Insurance pagará una sanción civil a los Estados Unidos que asciende a $9,500 y $70,000 en pagos retroactivos a los trabajadores afectados. Por otra parte, el acuerdo requiere que Scott Insurance capacite sus empleados en cuanto a los requisitos de la disposición antidiscriminatoria de la INA y que se someta a los requisitos de supervisión y declaración del Departamento.

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias o la intimidación.   

Aprenda más sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía en el sitio web de la IER. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.

Número de comunicado de prensa: 
22-55
Actualizado 24 de enero de 2022