El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con una compañía nacional de atención médica domiciliaria que resuelve acusaciones de discriminación relacionada con la inmigración

El Departamento de Justicia ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con Maxim Healthcare Services (Maxim), una empresa de atención médica domiciliaria con sede en Columbia, Maryland, con operaciones en 35 estados. El acuerdo resuelve la determinación del Departamento que Maxim infringió la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) en su oficina de Gardena, California al discriminar a una trabajadora no ciudadana de los EE. UU. cuando rechazó su documento válido que mostraba su permiso para trabajar y exigir que los residentes legales permanentes que trabajan para la empresa demostraran su permiso continuo para trabajar, aunque fuera innecesario.

«Los empleadores no pueden tratar a los empleados de una forma diferente en función de su estatus de ciudadanía a la hora de verificar su permiso para trabajar», declaró Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «El Departamento se compromete a garantizar que los empleadores no nieguen a los trabajadores el trato igualitario en el lugar de trabajo, ya sea en la contratación, la comprobación del permiso de trabajo de los empleados o de otro modo».

Después de iniciar una investigación basada en la queja de una trabajadora, la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés,) de la División de Derechos Civiles, concluyó que Maxim rechazó indebidamente el documento válido de la trabajadora en función de su estatus de ciudadanía. En concreto, el Departamento determinó que la compañía rechazó el Documento de Autorización para Trabajar (EAD, por sus siglas en inglés) de la trabajadora porque el apellido que figuraba en él era diferente del apellido que figura en su licencia de conducir y tarjeta de Seguro Social, a pesar de que la compañía aceptó documentos de ciudadanos de los EE. UU. en circunstancias similares y creían que el EAD parecía razonablemente ser genuino y estar relacionado con el trabajador, que es todo lo que las Normas del Departamento de Seguridad Nacional requieren.

La investigación también determinó que Maxim exigía, de forma rutinaria, que los residentes permanentes legales presentaran documentación innecesaria cuando sus tarjetas de residencia permanente vencieran, lo cual no es requerido por ley. La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores rechacen documentos válidos o que pidan documentos innecesarios por motivos del estatus migratorio o ciudadanía de un trabajador. Si un residente permanente legal proporciona una tarjeta de residencia permanente en vigor para demostrar su permiso para trabajar, a los empleadores no se les permite solicitar documentación nueva si posteriormente, la tarjeta de residencia permanente se vence.

Conforme los términos del acuerdo, Maxim pagará una sanción civil a los Estados Unidos y el salario perdido al trabajador afectado, capacitará a sus empleados en cuanto a los requisitos antidiscriminatorios de la INA, revisará sus políticas de empleo y se someterá a la supervisión por parte del Departamento.

La IER es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. Entre otras cosas, la ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión, prácticas documentales injustas y represalias e intimidación. 

Puede obtener más información sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminar al verificar el permiso para trabajar de alguien en el sitio web de la IER.  Más información sobre cómo los empleadores pueden manejar las discrepancias en los nombres que aparecen en los documentos del Formulario I-9 de los empleados está disponible también. Aprenda más sobre el trabajo de la IER y cómo conseguir ayuda mediante este vídeo corto. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1‑800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; visualizar una presentación a la carta o visitar los sitios web de la IER en inglés y español. Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico de la IER.