El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con una organización grande de atención sanitaria que resuelve acusaciones de discriminación relacionada con la inmigración basadas en software

WASHINGTON - El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Ascension Health Alliance (Ascension), una organización de atención sanitaria radicada en Missouri con más de 2.600 locales, entre ellos 146 hospitales y más de 40 residencias de tercera edad, en 19 estados y el Distrito de Columbia. El acuerdo resuelve las acusaciones del Departamento de que Ascension vulneró la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés) cuando discriminó a trabajadores no ciudadanos de los EE. UU. que contaban con autorización para trabajar al pedirles documentos adicionales o diferentes a los que eran necesarios a la hora de intentar reverificar que seguían siendo autorizados para trabajar.

Con base en su investigación, el Departamento determinó que Ascension solicitó automáticamente que sus empleados no ciudadanos de los EE. UU. presentasen documentos nuevos para demostrar que seguían contando con autorización para trabajar, incluso en situaciones cuando esto no se les requería. Ascension utilizó un programa de software personalizado de verificación de la elegibilidad para trabajar para completar electrónicamente el Formulario I-9 y monitorizar las fechas de vencimiento de los documentos de empleados no ciudadanos de los EE. UU. La investigación halló que Ascensión programó el software, de manera incorrecta, para que enviara correos electrónicos automáticos pidiendo pruebas de una autorización continua para trabajar a todos los empleados no ciudadanos de los EE. UU., incluyendo nacionales de los EE. UU., residentes permanentes legales, asilados y refugiados cuando se acercaba la fecha de vencimiento de los documentos que ellos habían presentado en el momento de completar en Formulario I-9. En muchos casos, estos empleados no ciudadanos de los EE. UU. habían presentado documentos que no requerían una reverificación de su elegibilidad para trabajar. Más aún, en algunas instancias después de enviar esos correos electrónicos, Ascension también requirió que sus empleados no ciudadanos de los EE. UU. presentasen nuevos documentos para poder seguir trabajando. En cambio, Ascension no programó el software para enviar correos electrónicos a ciudadanos de los EE. UU. y, por lo tanto, no notificó a trabajadores que son ciudadanos de los EE. UU. cuando se acercaba la fecha de vencimiento de sus documentos.

«Se les recuerda a los empleadores que, aunque los programas de software parecen eficientes, todavía existe la responsabilidad de asegurar que las decisiones relacionadas con la programación no resulten en discriminación», declaró la Fiscal General Auxiliar, Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «El acuerdo hace claro que el Departamento de Justicia hará cumplir con firmeza las leyes federales de derechos civiles y hacer responsables a los empleadores si su software resulta en discriminación ilegal».

Las leyes federales permiten a todo individuo con autorización para trabajar, independientemente de su estatus de ciudadanía, elegir los documentos válidos y legalmente aceptables que desea presentar para demostrar su autorización para trabajar en los Estados Unidos. Muchas personas que no son ciudadanos de los EE. UU., incluyendo a residentes permanentes legales, refugiados y asilados, entre otros, tienen una autorización para trabajar que no vence y son elegibles para varios de los mismos tipos de documentos como lo son los ciudadanos de los EE. UU. (tales como carnets de conducir y tarjetas de seguro social sin restricciones) para demostrar su autorización para trabajar. La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores pidan documentos adicionales o diferentes a los necesarios para demostrar la autorización para trabajar con base en el estatus migratorio o de ciudadanía del empleado o bien por su nacionalidad de origen.

Conforme los términos del acuerdo conciliatorio, Ascension pagará una sanción civil a los Estados Unidos que asciende a 84.832,00 $. Asimismo, Ascension capacitará a sus empleados en cuanto a los requisitos de la disposición antidiscriminatoria de la INA, incluyendo una capacitación dirigida por la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados («IER», por sus siglas en inglés), y será supervisado durante un período de tres años para garantizar que la compañía esté cumpliendo con el acuerdo.  

La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus migratorio o de ciudadanía o bien por la nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión, prácticas documentales injustas y represalias e intimidación. 

Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sujetos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688; llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.