Discursos, Declaraciones y Testimonio

Buenos días, Presidente Leahy, Miembro Sessions y Miembros del Comité. Gracias por la oportunidad de comparecer ante ustedes hoy para destacar la labor y las prioridades del Departamento de Justicia.   También deseo agradecerles por el apoyo que le brindan al Departamento. Sé que puedo contar con su apoyo continuo y valoro su reconocimiento a la misión del Departamento y el trabajo importante que realizamos.

Como les he comentado en diversas ocasiones anteriores, el Departamento sigue concentrándose en sus misiones y objetivos vitales: proteger al pueblo de los Estados Unidos contra amenazas terroristas y dar nuevo vigor a su papel tradicional en la lucha contra la delincuencia, la protección de los derechos civiles, la protección del medio ambiente y en asegurar la justicia en el mercado.

 

 

Iniciativas contra el terrorismo

 

Proteger a los Estados Unidos contra actos de terrorismo es la más alta prioridad del Departamento. El Departamento de Justicia está esforzándose constantemente para mejorar su capacidad de identificar, penetrar y desmantelar complots terroristas como resultado de una serie de reformas estructurales, el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia y coacción legal, y una nueva mentalidad que valora la información compartida, la comunicación y la prevención.

Me comprometo a seguir optimizando nuestra capacidad de disuadir, detectar y desmantelar los complots terroristas e identificar a quienes nos perjudicarían; y me comprometo a hacerlo de acuerdo con el imperio de la ley y los valores estadounidenses. Seguiremos desarrollando inteligencia, identificando amenazas nuevas y emergentes y utilizando la gama completa de herramientas y capacidades que el Departamento posee en sus componentes de inteligencia y coacción legal.

Trabajando con nuestros asociados federales, estatales y locales, así como con nuestros homólogos internacionales, el Departamento de Justicia no se ha permitido descanso en su labor de proteger a los Estados Unidos, y seguirá trabajando incansablemente. Por ejemplo, trabajando con nuestros asociados en Nueva York y Colorado, y en conjunto con otras dependencias federales, el Departamento logró recientemente frustrar una de las amenazas más graves desde el 11 de septiembre de 2001, culminando con el arresto de Najibullah Zazi.

Continuamos con la investigación de Zazi, quien hasta el momento sólo ha sido acusado de un delito y, por lo tanto, se ve beneficiado por la presunción de su inocencia. Sin embargo, la amenaza que representan las redes de terrorismo internacionales a este país, incluida al-Qaeda, sigue siendo real. La respuesta a dicha amenaza depende del trabajo de las fuerzas del orden público en todos los niveles y de nuestros asociados en la comunidad de inteligencia, quienes desmantelan los complots antes de que se conviertan efectivamente en ataques. La buena noticia es que el sistema funcionó: una labor coordinada logró desmantelar el supuesto complot antes de que se causara daño.

Pero, el sistema tiene que funcionar siempre. No podemos descansar un solo minuto - y no lo haremos. La investigación en curso en Colorado y Nueva York nos recuerda que existen personas que viven en este país cuya radicalización lleva a un deseo de cometer ataques terroristas contra el mismísimo país que los alberga. Pueden convertirse en seguidores de al-Qaeda o pueden transformarse en radicales antigubernamentales como Timothy McVeigh. La presencia de pseudo-terroristas destaca aun más la necesidad de colaboración entre las fuerzas del orden público y las agencias de inteligencia en todos los ámbitos del gobierno.

Como indicamos en los documentos que presentamos en el caso Zazi, utilizamos las herramientas disponibles bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act ("FISA")] para obtener gran parte de la información que permitió desenredar ese complot. Las herramientas existentes son valiosas en un sentido real y práctico, y hemos discutido sus usos con ustedes detalladamente. Me complacerá seguir trabajando con ustedes para asegurar que estas herramientas sean utilizadas plenamente, de manera compatible con el imperio de la ley y nuestros valores centrales asociados a la privacidad y las libertades civiles.

 

 

Contrainteligencia y contraespionaje

 

El Departamento también está llevando a cabo una estrategia enérgica para desmantelar las actividades de servicios de inteligencia extranjeros y redes de compras ilícitas extranjeras, aquí, en los Estados Unidos. En el otoño de 2007, el Departamento anunció una iniciativa para mejor hacer valer nuestras leyes de control de exportación y embargo nacionalmente. Existen aproximadamente 25 grupos de coacción interagencias actualmente en todo el país, los cuales trabajan bajo la orientación de fiscales federales, con la cooperación integral de la comunidad de inteligencia, para proteger el uso doble y tecnologías militares contra adversarios que las utilizarían potencialmente contra nosotros y para mantener nuestra ventaja competitiva. El aumento significativo de los enjuiciamiento demuestra muy claramente que nuestros adversarios y otros cuentan con programas de adquisición sofisticados para tecnologías directamente relacionadas con nuestra ventaja en el campo de batalla, tales como visión nocturna militar, software criptográfico, vehículos aéreos no pilotados y componentes de aeronaves militares.

También hemos visto que el espionaje no es una simple reliquia de la Guerra Fría. Hace unos meses, un empleado retirado del Departamento de Estado y su esposa fueron acusados de participar en una conspiración prolongada con el servicio de inteligencia cubano para proveer información clasificada y muy delicada a través de comunicaciones codificadas y reuniones clandestinas. Más recientemente, un científico con acceso a información clasificada sobre satélites y programas del Departamento de Defensa, fue acusado de intento de espionaje después de que le brindó parte de esa información a un agente del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] encubierto que se hizo pasar por un funcionario de inteligencia extranjero. Permanecemos atentos en la identificación de estas actividades y seguiremos desmantelándolas siempre que sea posible.

 

 

Control de drogas

 

El Departamento está dando nuevo vigor a su rol tradicional en la lucha contra la delincuencia, y el control de drogas es un aspecto importante de esta labor. Hemos renovado nuestro compromiso de identificar y atacar a las organizaciones de narcotráfico de más alto nivel que representan la mayor amenaza a nuestras comunidades. La estrategia general de control de drogas del Departamento aprovecha el talento colectivo y los conocimientos de múltiples dependencias de las fuerzas del orden público federales. Juntos, estamos identificando y atacando a las más importantes organizaciones de narcotráfico del mundo que contribuyen al suministro de drogas ilegales en los Estados Unidos. Estamos atacando a la infraestructura financiera que respalda a estas empresas, desestabilizándolas y, finalmente, desmantelándolas.

Primero, deseo homenajear el coraje de nuestros empleados de la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration ("DEA")], que luchan contra estas empresas en todo el mundo, muchas veces asumiendo riesgos personales. Lamentablemente, el 26 de octubre de 2009, tres agentes de la DEA - Agente Especial Forrest Leamon, Agente Especial Chad Michael y Agente Especial Michael Weston - pagaron el más alto de los precios como resultado de la caída de un helicóptero en Afganistán. En Afganistán, la DEA ha asumido una extensa labor contra los narcotraficantes de alto valor, tanto a través de una mayor presencia operativa como al instruir a fuerzas afganas antinarcóticos de elite. Les debemos toda nuestra gratitud a estos agentes, y a todos sus compañeros alrededor del mundo.

Más cerca de casa, en años recientes, ha habido una elevación marcada de la violencia en México y a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos - debido, en gran parte, a la valiente decisión del presidente mexicano Calderón de atacar de frente a los carteles. En respuesta a este hecho, el Departamento ha establecido que es una de sus prioridades reducir la violencia creciente y las actividades delictivas asociadas a través del uso de todos los recursos disponibles, guiados por un plan estratégico coherente que maximice la eficacia de dichos recursos. Un aspecto esencial de nuestro plan es asegurar una asociación productiva con el gobierno de México - inclusive a través de la Iniciativa Mérida - así como fortalecer nuestras asociaciones con nuestros homólogos de las fuerzas del orden público estatales y locales. Igualmente importante, el plan del Departamento evita el desperdicio de la superposición y duplicación con las actividades de nuestros otros asociados federales, especialmente las agencias de las fuerzas del orden público en el Departamento de Seguridad Nacional [Department of Homeland Security ("DHS")].

La causa-raíz de la explosión de la violencia en México y las actividades delictivas asociadas a lo largo de la frontera sudoeste son los conflictos internos y entre un número limitado de sofisticadas organizaciones delictivas transnacionales. Estos carteles jerárquicos con sede en México son responsables por contrabandear a los Estados Unidos la mayor parte de las drogas ilegales producidas en el extranjero, las cuales son luego transportadas a organizaciones de distribución en casi todos los estados. Mientras que el negocio principal de los carteles es el narcotráfico, también patrocinan un sinfín de otros delitos que sirven de apoyo a sus operaciones ilegales. Estos otros delitos incluyen la extorsión, el asesinato, la corrupción de funcionarios públicos, secuestros y contrabando de personas, lavado del producto delictivo ilícito a través del sistema financiero existente y del contrabando de dinero en efectivo en grandes cantidades, y la adquisición ilegal, tráfico y uso de armas de fuego y otras armas.

La visión del Departamento - con base en nuestras décadas de experiencia en investigar, enjuiciar y desmantelar grupos delictivos organizados, tales como la Mafia, grupos terroristas internacionales y pandillas domésticas y transnacionales - es que la mejor manera de combatir estas organizaciones delictivas de gran escala es a través de fuerzas de tarea multiagencias, lideradas por fiscales y basadas en la inteligencia, las cuales combinan las fuerzas, los recursos y los conocimientos del espectro completo de dependencias de investigación y enjuiciamiento federales, estatales, locales e internacionales. A través de su participación en dichas fuerzas de tarea, nuestros fiscales en las Fiscalías Federales y la División de lo Penal, junto con las dependencias de coacción legal del Departamento - la DEA, el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF)], el FBI y el Servicio de Alguaciles Federales [U.S. Marshalls Service (USMS)] - y otras agencias de las fuerzas del orden público federales (incluidos el DHS y el Tesoro) y las fuerzas del orden público estatales y locales, nos brindan la capacidad para llevar a cabo un espectro completo de actividades necesarias para tener éxito contra estas organizaciones.

El Departamento ha adoptado un modelo para alcanzar nuestros objetivos integrales que es proactivo, y en el cual desarrollamos blancos prioritarios a través del uso amplio de la inteligencia. Compartiendo información, desarrollamos casos, coordinando investigaciones amplias y prolongadas para identificar a todos los tentáculos de una organización específica. A través de la coordinación sostenida de estas operaciones, podemos ejecutar una acción de coacción coordinada, arrestando la mayor cantidad de miembros de alto de nivel de la organización, desestabilizando y desmantelando las células de transporte y distribución domésticas de la organización, y confiscando la mayor cantidad de activos de la organización posible, ya sea en la forma de cuentas bancarias, inmuebles, dinero en efectivo, drogas o armas. Finalmente, enjuiciamos a los líderes de los carteles y sus principales facilitadores, ubicando, arrestando y extraditándolos del extranjero, según resulte necesario.

El Programa de Fuerzas de Tarea de Coacción contra el Narcotráfico y el Delito Organizado [Organized Crime Drug Enforcement Task Forces ("OCDETF")] del Departamento, el cual está bajo la supervisión directa del Secretario de Justicia Adjunto, coordina la provisión de recursos y apoyo logístico asociado a muchas de estas fuerzas de tarea multiagencias lideradas por fiscales. La División de Operaciones Especiales del Departamento coordina todas las investigaciones y operaciones contra los carteles y otras organizaciones de narcotráfico de alto valor en múltiples distritos de todo el país y coordina la inteligencia táctica y operativa compartida, asegurando que dichas investigaciones se realicen de manera coordinada y concentrada, para lograr el mayor impacto posible en estas organizaciones y sus operaciones. En ciertos locales clave, OCDETF ha establecido Fuerzas de Ataque Co-localizadas contra los traficantes del más alto nivel de drogas, armas y dinero. Por ejemplo, la Fuerza de Ataque de San Diego fue responsable por coordinar la labor exitosa del gobierno federal contra la organización Arellano-Félix, también conocida como el Cartel de Tijuana, y la Fuerza de Ataque OCDETF de Houston ha dirigido algunos de nuestros golpes más fuertes contra el Cartel del Golfo.

Como se les había informado con anterioridad, hace unos meses el Departamento golpeó fuertemente a dos de los carteles de narcotráfico mexicanos más grandes, el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo, en la Operación Xcellerator y el Proyecto Reckoning, ambas operaciones multiagencias y multinacionales, las cuales, hasta el momento, han logrado en conjunto el arresto de más de 1350 narcotraficantes y la confiscación de más de 137 millones de dólares en moneda nacional estadounidense, 32,000 kilogramos de cocaína, miles de libras de metanfetamina y varios cientos de armas de fuego.

Hace apenas unas semanas, más de 3,000 agentes y funcionarios se unieron en todos los Estados Unidos para realizar más de 300 arrestos en 19 estados como parte del Proyecto Coronado, una investigación multiagencias de las fuerzas del orden público con la participación de Fuerzas de Ataque, contra una red de distribución de un importante cartel mexicano conocido como La Familia. Hasta la fecha, el Proyecto Coronado ha logrado más de 1,186 arrestos y la confiscación de más de 33 millones de dólares en moneda nacional estadounidense, 2,000 kilogramos de cocaína, 2,710 libras de metanfetamina, 29 libras de heroína y casi 400 armas.

Justamente este mes, me reuní con el Secretario de Justicia de México Arturo Chávez Chávez y miembros de su equipo para conversar sobre cómo nuestros respectivos departamentos podrían coordinar mejor nuestro ataque contra los carteles mexicanos. El nivel de cooperación entre nuestros dos departamentos no tiene precedentes y, como demuestra nuestra reciente reunión, seguiremos esforzándonos por encontrar maneras de atacar juntos a estas organizaciones depravadas. Un ejemplo de nuestros niveles crecientes de cooperación con México es el número récord de fugitivos que México ha extraditado a los Estados Unidos a lo largo de los años. Solo este año, recibimos a 100 fugitivos de México, en comparación con solo 12 en 2000.

Al seguir trabajando juntos, basados en lo que hemos hecho bien hasta el momento y desarrollando nuevas ideas para refrescar nuestras estrategias, el Departamento está a la altura de combatir a las organizaciones de narcotráfico del más alto nivel que amenacen a nuestra nación.

 

 

Delincuencia organizada internacional

 

La globalización confiere grandes beneficios a personas de todo el mundo. Sin embargo, también genera oportunidades enormes e imprevistas para el crecimiento de la delincuencia. Delincuentes de muchos países notaron rápidamente como la mejora en los transportes y las comunicaciones podría facilitar sus negocios ilegales. Se han vuelto adeptos al uso de computadoras y herramientas de finanzas internacionales para acechar a víctimas de todo el mundo. El resultado lamentable de estas tendencias es que ahora nos encontramos frente a una explosión sin precedentes en la delincuencia organizada, la cual representa una amenaza para todas las naciones. En algunas partes del mundo, líderes de empresas delictivas, a través de fortunas mal habidas, tienen más influencia que líderes de estados o empresas legítimas. Los delincuentes organizados buscan obtener o solidificar puntos de apoyo aquí, en los Estados Unidos, con un ojo puesto en algunas de nuestras industrias y nuestros mercados más estratégicos, nuestras instituciones financieras y nuestra infraestructura. Cooperan secretamente con estados hostiles, servicios de inteligencia y terroristas.

En una fase temprana de mi periodo en el cargo, determiné que la delincuencia organizada internacional debería ser una prioridad del Departamento. Con ese fin, reunimos a nueve de las agencias de las fuerzas del orden público federales más importantes bajo los auspicios del Consejo contra la Delincuencia Organizada del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, para crear e implementar una estrategia nacional unificada, en respuesta a la delincuencia organizada internacional.

Uno de los pasos más significativos que hemos tomado para implementar la estrategia es establecer el Centro Internacional de Inteligencia y Operaciones contra la Delincuencia Organizada, o IOC-2, el cual ya está en funcionamiento y permite a agencias asociadas que trabajan en todo el territorio de los Estados Unidos concentrarse y establecer prioridades en iniciativas conjuntas, unir datos y producir pistas accionables para investigadores y fiscales. El IOC-2 también provee un foro para la coordinación de investigaciones y enjuiciamientos multijurisdiccionales que resulten de estas pistas. El IOC-2 es un paso importante en nuestra estrategia para aprovechar toda la inteligencia disponible sobre organizaciones delictivas internacionales, incluida información de las fuerzas del orden público, nuestros asociados internacionales y el sector privado para combatir esta amenaza creciente.

 

 

Desarrollo del imperio de la ley en el extranjero

 

Dada la globalización de la delincuencia, también resulta esencial que extendamos nuestra primera línea de defensa al exterior, a fin de proteger mejor a nuestros propios ciudadanos. El gobierno de Obama está tomando tres pasos para lograr este objetivo. Primero, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal, en trabajo conjunto con el Departamento de Estado, sigue creando un marco internacional crítico de tratados de extradición y asistencia legal mutua - incluido un conjunto de tratados que son un hito con la Unión Europea, para los cuales intercambié los instrumentos de ratificación el mes pasado. Segundo, seguimos ampliando nuestra red de asociaciones de coacción en el extranjero, incluidos la realización de investigaciones entre países y el envío de fiscales y agentes de las fuerzas del orden público del Departamento de Justicia como agregados en nuestras embajadas. Y tercero, en estados frágiles y pos conflicto de todo el mundo, estamos trabajando para crear agencias policiales y de enjuiciamiento comprometidas con el imperio de la ley.

De hecho, el Departamento de Justicia se compromete a respetar el imperio de la ley en todas nuestras acciones -- y creemos que el imperio de la ley es una de las más grandiosas exportaciones de los Estados Unidos. Donde existe el imperio de la ley, los ciudadanos pueden tener la expectativa de seguridad, justicia, proceso debido y responsabilización. Sin embargo, no solo los ciudadanos de otros países se benefician con nuestro trabajo asociado al imperio de la ley en el exterior. El desarrollo del imperio de la ley ayuda a promover a asociados capaces y fuertes en la lucha contra la delincuencia, la corrupción y el terrorismo transnacionales, y al hacerlo, ayuda a desmantelar a la delincuencia antes de que llegue a los Estados Unidos. Por lo tanto, la seguridad y la prosperidad futura de los Estados Unidos, no menos que los de países extranjeros, depende del fortalecimiento del imperio de la ley en el extranjero.

Para lograr este objetivo, el Departamento de Justicia tiene dos oficinas en la División de lo Penal dedicadas únicamente al desarrollo del imperio de la ley en el extranjero: el Programa Internacional de Asistencia de Capacitación en Investigaciones Penales [International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)] y la Oficina de Desarrollo del Proceso Judicial, Asistencia y Capacitación [Office of Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)]. Estas dos oficinas, con financiamiento del Departamento de Estado, destinan a fiscales federales y asesores mayores de las fuerzas del orden público en el país a proveer asistencia personalizada asociada al imperio de la ley en una variedad de temas, desde el tráfico de personas a la seguridad de fronteras en más de 30 países de todo el mundo - desde Indonesia y Pakistán a los Balcanes y Colombia.

El Departamento de Justicia también ha asumido un amplio compromiso de brindar apoyo a las misiones en Afganistán e Irak. En Afganistán, además de la labor de la DEA, el FBI sigue realizando una labor contra el terrorismo y de recolecta de inteligencia, y también brinda apoyo a la Fuerza de Tarea de Delitos Mayores capacitando detalladamente a investigadores de Afganistán. El USMS asesora y capacita a la policía antinarcóticos de Afganistán en seguridad judicial y de testigos, y agentes del ATF integrados a los militares están realizando capacitación en investigación pos explosión. Finalmente, el Programa de Fiscales Federales Mayores de la División de lo Penal, ubicado en Kabul, Afganistán provee capacitación, tutoría y orientación a una Fuerza de Tarea de fiscales e investigadores policiales de Afganistán responsables por la investigación y el enjuiciamiento de delitos de alto nivel asociados a narcóticos, corrupción y lavado de dinero. Estos fiscales del Departamento también asesoran e instruyen a fiscales e investigadores afganos en la Unidad Anticorrupción del Secretario de Justicia de Afganistán y la Fuerza de Tarea de Delitos Mayores.

En Irak, el Departamento de Justicia ha participado en la asistencia en el desarrollo del imperio de la ley desde 2003. En 2007, el Embajador Khalilzhad creó la Oficina del Coordinador del Imperio de la Ley - el primero de su tipo en cualquier embajada en el extranjero - e instruyó que dicha oficina fuera liderada por el Departamento de Justicia. Desde entonces, tres fiscales mayores del Departamento de Justicia, todos con experiencia anterior en desarrollo de Departamento de Justicia en Irak, fueron Coordinadores del Imperio de la Ley y coordinaron todos los programas de asistencia del Imperio de la Ley de EE.UU. en Irak.

 

 

Derechos civiles

 

A lo largo de los últimos nueve meses, el Departamento ha tomado pasos decisivos para enfatizar las prioridades de coacción tradicionales de la División de Derechos Civiles. Pero eso no es suficiente. También me comprometo a fortalecer a la División y equiparla mejor para ocuparse de los desafíos de hoy asociados a los derechos civiles.

La reciente promulgación de la Ley de Prevención de Delitos asociados al Odio Matthew Shepard y James Byrd, Jr. lidera nuestra labor de fortalecer nuestra coacción asociada a los derechos civiles. Como indiqué al atestiguar en apoyo a esta legislación ante ustedes en junio, una de mis más altas prioridades personales al regresar al Departamento de Justicia ha sido hacer todo lo posible para asegurar que esta legislación finalmente se convirtiera en ley. Agradezco al Congreso por haber aprobado esta legislación importante, la cual llevó más de una década para crearse. En particular, todos le debemos enorme gratitud al fallecido Senador Kennedy, quien defendió esta ley desde su creación, y a usted, Presidente Leahy, por su liderazgo.

Se trata de una legislación que representa un hito. Por primera vez en la historia de esta nación, el gobierno federal tiene autoridad para enjuiciar los delitos violentos por odio cometidos debido a la orientación sexual, sexo, identidad sexual o discapacidad de la víctima. La nueva ley también mejora nuestra capacidad de enjuiciar a los delitos por odio cometidos por la raza, religión, u origen nacional, o situación militar de la víctima, y nos permite proveer asistencia a funcionarios estatales, locales y tribales en sus investigaciones y en el enjuiciamiento de los delitos por odio. Esta es la primera expansión importante de leyes penales federales de derechos civiles en más de una década, desde la aprobación de la ley Church-Arson a mediados de la década de 1990, y hacía mucho tiempo que era necesaria.

El Departamento está listo para utilizar todas las herramientas a su disposición para llevar a los autores de delitos por odio ante la justicia. De hecho, inmediatamente después de la promulgación de la ley, el Departamento comenzó a tomar pasos para implementarla, emitiendo una directiva a fiscales en el campo y preparando orientación y capacitación para los responsables por hacerla valer. También seguimos enjuiciando casos enérgicamente bajo otras leyes federales de delitos por odio. Este verano, por ejemplo, un gran jurado acusó formalmente a James von Brunn, un antisemita de 88 años de edad, negador del Holocausto y supremacista blanco, por abrir fuego en el Museo del Holocausto de EE.UU., matando a Stephen T. Johns, un guarda de seguridad.

Les he dicho que reforzaríamos nuestra coacción asociada a los derechos civiles, y lo hemos hecho a lo largo de una gama de otras áreas. Hemos estado trabajando para proteger los derechos electorales de todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Actualmente, nos estamos preparando para un flujo masivo de presentaciones de divisiones en nuevos distritos que resultarán del Censo de 2010. En septiembre, logramos una importante victoria en nombre del personal militar estadounidense y otros ciudadanos en el extranjero cuando el tribunal federal en Virginia falló que el Estado violaba los derechos electorales de estos ciudadanos al dejar de enviar papeletas electorales por correo con tiempo suficiente para ser contadas en la elección general de noviembre de 2008, como requería la Ley Electoral de Ausentes para Ciudadanos Uniformados y Ciudadanos en el Exterior. Los hombres y las mujeres valientes que arriesgan sus vidas para proteger a nuestra nación deben tener la oportunidad de votar y que sus votos sean contados.

También hemos mejorado la coacción asociada a los derechos electorales en nuestras tierras indígenas. En octubre, la División notificó al Condado de Shannon, Dakota del Sur, que pretende hacer juicio bajo la Sección 203 de la Ley de Derechos Electorales, para proteger los derechos electorales de los indígenas estadounidenses que hablan el idioma Lakota y tienen conocimiento limitados del idioma inglés. Esta sería la primera demanda para proteger a los derechos electorales de los indígenas estadounidenses desde 2000.

La División de Derechos Civiles está trabajando para cumplir con la vitalidad continua de la Ley para Personas con Discapacidades a través de la implementación de la decisión de la Corte Suprema en el caso Olmstead . En Olmstead, se sostuvo que la Ley para Personas con Discapacidades [Americans with Disabilities Act (ADA)] exige que las dependencias públicas coloquen servicios a disposición en los ambientes más integrados, adecuados para atender a las necesidades de personas calificadas con discapacidades. Estamos considerando activamente oportunidades de litigio en los que el Departamento, a través de la intervención y de presentaciones de amicus, buscará poner fin a la segregación ilícita de personas discapacitadas y asegurar que tengan disponibles ambientes integrados adecuados.

También estamos entablando demandas para hacer valer la Ley de Vivienda Justa. En los últimos diez meses, hemos entablado 30 demandas bajo la Ley, incluidos 17 casos de patrón o práctica. Este mes, anunciamos que los propietarios de numerosos edificios de apartamentos en Los Ángeles ubicados en la sección coreana de la ciudad, acordaron pagar 2.7 millones de dólares en resolución de alegatos de que discriminaron a afroestadounidenses, hispanos y familias con hijos, prefiriendo alquilar las unidades a inquilinos coreanos. Este fue el mayor acuerdo conciliatorio monetario ya obtenido por el Departamento de Justicia en un caso asociado a la Ley de Vivienda Justa en que se alegó la discriminación en el alquiler de apartamentos. El Departamento también ha obtenido 14 decretos por consentimiento asociados a la Ley de Vivienda Justa en los últimos 10 meses, incluidos 11 decretos por consentimiento por patrón o práctica.

En casos de préstamos justos, estamos actualmente monitorizando el cumplimiento de casos y, recientemente, firmamos dos decretos por consentimiento con prestamistas que exhibieron un patrón o práctica de concesión discriminatoria de préstamos. Estamos realizando activamente investigaciones de otros prestamistas asociados a violaciones de las leyes de préstamos justos.

En el área laboral, la División de Derechos Civiles está haciendo valer el Título VII enérgicamente. Desde enero de este año, hemos entablado tres demandas por patrón o práctica asociadas al Título VII y obtenido decretos por consentimiento en cinco casas. También hemos abierto seis investigaciones nuevas de empleadores gubernamentales estatales o locales con respecto a oportunidades de empleo para mujeres, afroestadounidenses e hispanos.

También seguimos entablando un número creciente de demandas bajo la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformizados [Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act ("USERRA")] en nombre de miembros de las fuerzas armadas que vuelven a integrarse al mercado laboral. En el año fiscal 2009, recibimos 175 remisiones del Departamento de Trabajo asociado a la USERRA, lo cual representa un aumento del 75% con relación al año anterior, y hemos establecido un programa "rápido" para tratar administrativamente de casos aptos, eliminando, por lo tanto, la acumulación de casos.

Finalmente, en nuestro trabajo para proteger a los derechos civiles en la educación, presentamos un amicus en apoyo de padres de Florida que entablaron una demanda bajo el Título IX después de que la asociación atlética de la escuela secundaria del estado adoptó reducciones discriminatorias en la programación de partidos para atletas estudiantiles del sexo femenino. Nuestra labor ayudó a que se lograra una resolución, a través de la cual la asociación atlética escolar aceptó restaurar la programación completa y dejar de realizar cambios en políticas que traten a un sexo de manera distinta al otro.

Al celebrar las herramientas nuevas y tratar de estos desafíos modernos, estamos siempre concientes de la responsabilidad inicial de la División de Derechos Civiles: la promesa duradera de la 13a. Enmienda. Mientras exista la esclavitud o el tráfico de personas, como se la llama con frecuencia, la Unidad de Esclavitud Humana y Enjuiciamiento del Tráfico estará lista para asegurar la protección de este derecho civil tan fundamental.

 

Confío en que la División de Derechos Civiles pueda aprovechar este récord de los últimos diez meses y lograr aun más en el futuro debido a la llegada del Secretario de Justicia Auxiliar Tom Perez. Les agradezco por confirmarlo en este puesto importante.

 

 

Equidad e integridad en el Sistema de Justicia Penal

 

Asegurar la justicia requiere la confianza del público en el sistema de justicia penal. Me comprometo a utilizar todas las herramientas a mi disposición para optimizar la equidad y la integridad del sistema de justicia penal de muchas maneras.

Nuestras leyes de emisión de sentencias tienen un papel clave en nuestro sistema de justicia penal. Estas leyes deben ser exigentes, previsibles y justas, y deben ser consideradas justas por el público. Como saben, he formado un grupo de trabajo que está analizando el espectro de problemas de emisión de sentencias - desde la estructura general de la emisión de sentencias federales a la reincorporación de prisioneros y disparidades injustificadas en las sentencias - para poder identificar a las políticas de sentencias que funcionan y las que necesitan ser reformadas.

Existen algunas áreas de la ley que piden la reforma a gritos, más que la política de sentencias federales por delitos asociados a la cocaína. Existe poco bipartidismo en Washington, pero sobre esta cuestión existe acuerdo en la necesidad de realizar cambios. Este gobierno sigue creyendo que podemos eliminar la disparidad en sentencias entre el crack y la cocaína en polvo asegurando, al mismo tiempo, que los delincuentes violentos y peligrosos del crack reciban sentencias de prisión duras y ciertas, como debe ser. Los riesgos son simplemente demasiado grandes para permitir que la reforma en esta área siga esperando.

Me comprometo a tratar de dos otras áreas para ayudar a asegurar la equidad y la integridad del sistema de justicia penal: ayudar a resolver la crisis de defensa de indigentes y acabar con la caracterización racial.

Con anterioridad hablé sobre la crisis de defensa de indigentes que existe en todo el país, y seguiré destacándola. Nuestros sistemas de justicia penal y juvenil fallan cuando los demandados no tienen acceso a representación legal independiente y efectiva. Debido a la falta de fondos y supervisión, muchas jurisdicciones dejan de cumplir su promesa hecha en Gideon contra Wainwright hace más de 45 años. Con esa promesa en mente, he formado un grupo de trabajo en el Departamento responsable por identificar cada herramienta a nuestra disposición para ayudar a resolver este problema. Simplemente, la justicia no debe depender de si el demandado puede pagar por un abogado.

En el área de la caracterización racial, la Orientación sobre el Uso de la Raza por las Agencias Federales de las Fuerzas del Orden Público del Departamento, emitida en 2003, ha sido objeto de algunas críticas. Debemos asegurar que nuestra política nos permita realizar nuestras principales responsabilidades de coacción legal y seguridad nacional con legitimidad, responsabilidad asumida y transparencia. Por lo tanto, he iniciado una revisión interna para evaluar la Orientación de 2003 y recomendar todo cambio justificable.

 

 

Transparencia

 

El Departamento se compromete a una gestión abierta que responda por sus actos. He prometido una mayor transparencia y el Departamento ha seguido lográndola. Como ustedes ya saben, hemos emitido nuevas e integrales Directrices de la Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] que instruyen a todos los departamentos y dependencias del poder ejecutivo a que apliquen una presunción de abertura al administrar la FOIA. El Departamento ha proporcionado orientación y capacitación exhaustivas para educar a nuestros asociados de agencias en lo que esta presunción exige, y nuestros abogados trabajan regularmente con las agencias en identificar documentos que la agencia ha ocultado bajo la aseveración legítima de una exención de la FOIA, pero que podrían ser revelados bajo las nuevas directrices. Además de emitir estas nuevas directrices de la FOIA, el Departamento ha divulgado más de dos docenas de memorandos y opiniones de la Oficina de Consejo Legal, previamente no revelados, asociados a temas de seguridad nacional.

Mi compromiso con la transparencia incluye la franqueza con relación a asuntos difíciles. Por ejemplo, mis decisiones sobre las interrogaciones - para mencionar una revisión limitada de diversas decisiones - han dejado infelices a algunas personas en ambos lados. Pero hice lo que me parecía necesario y expliqué qué motivó mis decisiones. He tomado una serie de decisiones que no les han gustado a todos, pero tomé las decisiones que creo que son correctas según los hechos y según la ley.

El Departamento también ha rediseñado su portal en Internet, en parte para promover nuestro interés en la transparencia. El portal del Departamento contiene informaciones útiles para ciudadanos sobre nuestras actividades, y lo estamos utilizando para cumplir con la promesa de la transparencia que he hecho aquí y en otros lugares en el pasado.

 

 

Violencia juvenil

 

Los arrestos por delitos violentos juveniles crecieron significativamente a fines de la década de 1980 y alcanzaron su pico en 1994; en los siguientes diez años los números cayeron drásticamente, y han seguido cayendo, aunque menos vertiginosamente, desde entonces. Por ejemplo, hubo un 3% menos de arrestos juveniles en 2008 que en 2007, y los arrestos por delitos violentos juveniles cayeron un 2%. Sin embargo, como vi en mi viaje reciente a Chicago, algunas áreas están sufriendo aumentos en el nivel y la gravedad de la violencia juvenil. En el última año escolar, 24 alumnos fueron asesinados y otros 240 baleados en las calles de Chicago. En el año escolar anterior, 23 estudiantes fueron asesinados y 211 baleados. Si bien ninguno de los homicidios ocurrió dentro de las escuelas, lo que ocurre dentro y cerca de las escuelas afecta a la seguridad de nuestros hijos y su ambiente de aprendizaje.

Problemas sociales complejos como la violencia juvenil y problemas asociados a pandillas callejeras delictivas son más eficazmente reducidos a través de estrategias colaborativas que incluyen a las fuerzas del orden público, los servicios sociales, organizaciones comunitarias y religiosas, organizaciones de salud pública y la comunidad empresarial, entre otros. Se deben planear cuidadosamente las estrategias contra la violencia y las pandillas, aprovechando datos locales y pruebas de iniciativas efectivas anteriores. Las investigaciones indican que la implementación de alta calidad es tan importante como los diseños de programas de alta calidad. Estrategias clave que han demostrado eficacia en la reducción de las pandillas y la violencia juvenil son la prevención, la intervención para cambiar normas sobre la violencia y la coacción dirigida.

El Departamento apoya las actividades de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo y de alto riesgo, tales como las que implementan programas de consejos y creación de destrezas, los cuales son componentes necesarios de un enfoque integral a la reducción sostenible de la violencia. Las actividades de prevención temprana que se ocupan del ambiente familiar y de destrezas para la crianza de hijos tienden a tener efectos más prolongados que las dirigidas a jóvenes de más edad y excluyen a los padres. Algunos programas de prevención exitosos incluyen a la asociación de enfermeros y la familia, en la que enfermeros habilitados visitan a madres en riesgo durante el embarazo y en los primeros dos años de la niñez; Hermanos Mayores/Hermanas Mayores (Big Brothers/Big Sisters) y otros programas de mentores; y la terapia comportamental cognitiva, la cual utiliza un ambiente de objetivos estructurado y planificación para reducir la reincidencia.

La intervención para cambiar las normas sobre la violencia incluye estrategias que utilizan la disuasión dirigida. En una estrategia de este tipo liderada por el Departamento, se reúne a delincuentes conocidos con funcionarios de la justicia penal, delincuentes de la comunidad y proveedores de servicios. Los delincuentes son expuestos a pruebas y testimonios sobre el efecto de sus acciones violentas, se los advierte de las consecuencias graves de la violencia continua, y se les brindan oportunidades, servicios y apoyo. Esta estrategia fue utilizada en Boston, Chicago y el localidades del Proyecto Vecindarios Seguros [Project Safe Neighborhoods ("PSN") ] en todo el país. Si bien no se diseñó nacionalmente al PSN para combatir la violencia juvenil, esta estrategia de disuasión dirigida - adoptada por la iniciativa PSN - produjo una reducción del 63% en los homicidios juveniles mensuales en Boston y una reducción del 37% en el índice mensual de homicidios en Chicago.

Con demasiada frecuencia, los jóvenes son llevados por el camino de la criminalidad por adultos que los explotan por ganancias personales. El Departamento no tolera ni tolerará a delincuentes que acechan a los jóvenes, ya sea al involucrarlos directamente en la delincuencia o al crear ambientes poco seguros y saludables para los jóvenes. En esos casos, el Departamento trabaja para eliminar esas influencias en las comunidades que socavan a través de iniciativas de coacción dirigidas, donde agentes de las fuerzas del orden público, fiscales y profesionales de libertad condicional y libertad bajo palabra coordinan para ocuparse de los delincuentes más importantes en lugares con actividades pandilleras concentradas. Se identifican los delincuentes violentos con altos índices y personajes centrales de redes de pandillas. Se crean casos fuertes, utilizando los enjuiciamientos federales cuando corresponde.

 

 

Explotación de menores

 

Los niños no solo están expuestos a la violencia a través de pandillas y armas. Cada día, niños de todo el país enfrentan los peligros y sufren las consecuencias de la explotación. Ningún niño debería tener que soportar el daño resultante de predadores y pornógrafos infantiles en Internet, el secuestro, la prostitución (una forma de tráfico sexual), el abuso sexual y físico, y el "turismo de sexo infantil" en el cual viajantes del exterior buscan cometer abusos sexuales contra niños extranjeros.

El Departamento está desarrollando una Estrategia Nacional para la Prevención e Interdicción de la Explotación Infantil para promover este objetivo crítico, de acuerdo con la Ley Proteger nuestros Niños aprobada por el Congreso el año pasado. La Estrategia Nacional establecerá objetivos de gran alcance para prevenir la explotación infantil, incluidos objetivos anuales para medir el progreso del gobierno en su cumplimiento de estos objetivos. Al desarrollar una Estrategia Nacional eficaz, el Departamento determinó que era necesario primero realizar una evaluación detallada de las amenazas de explotación infantil que enfrentan nuestros menores. La información que el Departamento está reuniendo y analizando en esta evaluación inicial de amenazas es un requisito previo vital para desarrollar una estrategia futura eficaz e integral basada en hechos. Pronto nombraremos a un funcionario principal de la Oficina del Secretario de Justicia Adjunto para que supervise esta iniciativa.

El Proyecto Niñez Segura [Project Safe Childhood ("PSC")] es una iniciativa existente en todo el ámbito del Departamento con la finalidad de enjuiciar a quienes utilicen el Internet y otras tecnologías modernas para distribuir pornografía infantil o buscar a niños para que realicen actividades sexuales. El PSC coordina la labor de las agencias de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales para proteger a nuestros niños contra los predadores sexuales en Internet. Hoy, una fuerza de tarea del PSC encabezada por el Fiscal Federal, funciona en cada distrito federal. El PSC recibe el apoyo de especialistas de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantiles de la División de lo Penal, y su Unidad de Investigación de Alta Tecnología. En el año fiscal 2007, la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia [Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)] del Departamento proveyó 4 millones de dólares en subsidios para promover los objetivos del Proyecto Niñez Segura. Como parte de esta labor, la OJJDP proporcionó 2.5 millones de dólares para financiar una campaña nacional de educación pública y concienciación. Hasta la fecha, la campaña nacional de medios ha generado una audiencia estimada de más de 185 millones. La OJJDP también proporcionó 1.5 millones de dólares para financiar proyectos en los ámbitos locales, estatales o multiestatales, incluidas iniciativas de extensión comunitaria y programaciones innovadoras para escuelas, organizaciones juveniles y comunitarias, empresas y diversos grupos de padres. Estos proyectos locales han proporcionado capacitación e información a un total de casi 10,000 participantes.

La OJJDP también administra el Programa de Fuerza de Tarea ICAC. El programa ICAC es una red nacional de 61 fuerzas de tarea coordinadas que representan a más de 2,000 dependencias de las fuerzas del orden público y de enjuiciamiento federales, estatales, locales y tribales. Al ayudar a las agencias de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales a desarrollar respuestas eficaces y sostenibles a la victimización y pornografía infantiles en Internet, estamos ayudando a crear capacidad local para tratar de estos delitos.

En el ámbito del tráfico sexual infantil, la Sección de Explotación y Obscenidad Infantiles, la Unidad de Delitos contra Menores del FBI, y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se han reunido contra los individuos responsables por la prostitución de menores en las calles de nuestras propias ciudades, a través de una iniciativa denominada Innocence Lost. Desde su creación en 2003, 34 Fuerzas de Tarea y Grupos de Trabajo de Inocencia Perdida han recuperado a casi 900 niños de las calles. Las investigaciones y las 510 condenas subsiguientes resultaron en sentencias prolongadas, incluidas sentencias múltiples de 25 años a prisión perpetua, y la confiscación de más de 3.1 millones en activos. Las fuerzas de tarea incluyen a Fiscales Federales, fuerzas del orden público estatales y locales y proveedores de servicios para víctimas menores de edad. El FBI, a través de la Operación "Cross Country", ha encabezado cuatro iniciativas de desbaratamiento diseñadas para reunir inteligencia sobre esta forma de tráfico sexual infantil y para identificar a víctimas menores de edad y retirarlas del comercio sexual. El último desbaratamiento en octubre de 2009, resultó en acciones de coacción en 36 ciudades en 30 divisiones del FBI en todo el país y llevaron a la recuperación de 52 niños que estaban siendo victimizados a través de la prostitución. Ochenta y cuatro proxenetas se encontraban entre los arrestados por cargos estatales y locales.

 

 

Fraude de atención médica

 

Cada año, se pierden miles de millones de dólares debido al fraude contra Medicare y Medicaid. Dichos miles de millones representan dólares de salud que podrían gastarse en servicios para beneficiarios de Medicare y Medicaid pero que, en lugar de ello, son desperdiciados en el fraude y el abuso. Esto es inaceptable. El Departamento está combatiendo el fraude atención médica activamente en todas las áreas del país, a través de iniciativas de coacción civil y enjuiciamiento penal fuertes.

Este trabajo importante es realizado a través de una serie de iniciativas colaborativas. En cada región del país, Fiscalías Federales, la División Penal del Departamento y otros componentes de litigio y el FBI trabajan junto con el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, otras agencias federales (tales como la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Trabajo y la Oficina de Gestión de Personal), agencias de las fuerzas del orden público estatales y locales, y unidades de investigación especiales de compañías de seguro privadas para disuadir, detectar y enjuiciar el fraude de atención médica. Además, nuestra Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare utiliza equipos interagencias para identificar los puntos de mayor incidencia de niveles de alta facturación en áreas concentradas analizando datos de Medicare para poder atacar a ardides emergentes o migratorios junto con el fraude crónico cometidos por delincuentes que se hacen pasar por proveedores o profesionales médicos. Trabajando con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y estas otras dependencias, la labor de coacción civil y penal del Departamento ha devuelto más de 15 mil millones de dólares al gobierno federal, de los cuales 13.1 miles de millones volvieron al Fondo Fiduciario de Medicare.

Debido a que la coordinación entre agencias es una parte integral de la prevención y el enjuiciamiento del fraude de atención médica, el Secretario Sebelius y yo hemos prometido trabajar juntos para combatir el desperdicio, el fraude y el abuso en Medicare y Medicaid. En mayo de 2009, anunciamos la creación del Equipo de Acción de Prevención y Coacción contra el Fraude de atención médica [Health Care Fraud Prevention and Enforcement Action Team ("HEAT")]. En conexión con la iniciativa HEAT, el Departamento de Justicia e investigadores del HHS están utilizando análisis de datos integral y recolección de inteligencia para identificar el fraude potencial, con agilidad y eficiencia sin precedentes. También hemos optimizado a programas de capacitación en medidas de coacción para fiscales e investigadores, y hemos incrementado la capacitación en cumplimiento para proveedores para evitar errores honestos y ayudar a acabar con el fraude potencial antes de que ocurra.

La iniciativa HEAT ha logrado algunos éxitos importantes hasta el momento. Ampliamos la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare a Houston y Detroit, llevando el número total de ciudades/regiones donde opera la Fuerza de Ataque a cuatro: Sur de Florida, Los Ángeles, Detroit y Houston. Esta labor ampliada ya ha tenido resultados. El 24 de junio de 2009, la División de lo Penal y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan anunciaron siete acusaciones formales contra 53 personas por presentar más de 50 millones de dólares en facturas falsas a Medicare, en ardides asociados a la fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia de infusión. El 29 de julio, el Departamento y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas anunciaron que 32 personas fueron acusadas formalmente en Houston de ardides para presentar más de 16 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare por equipos médicos durables. De hecho, solo en los casos de la Fuerza de Ataque desde que se anunció la iniciativa HEAT en mayo, fiscales del Departamento han presentado o revelado acusaciones formales en 25 casos que acusan a 128 demandados que supuestamente presentaron más de 123 millones de dólares en reclamos falsos a Medicare, negociaron 24 declaraciones de culpabilidad y realizaron dos enjuiciamientos con jurado que lograron las condenas de tres demandados por múltiples cargos. Sabemos que estas fuerzas de ataque funcionan, y en los próximos meses, planeamos ampliar las fuerzas de ataque a varias otras áreas del país que presentan concentración de fraude contra Medicare y entre regiones.

Además de los enjuiciamientos penales, el Departamento ha buscado la coacción civil para el fraude de atención médica. Hemos trabajado en relación estrecha con el Congreso en la recientemente aprobada Ley de Coacción y Recuperación contra el Fraude [Fraud Enforcement and Recovery Act ("FERA")] para fortalecer la capacidad del gobierno de combatir el fraude. Partes privadas también entablan demandas bajo la Ley de Reclamos Falsos, alegando fraude contra programas de salud del gobierno, y el gobierno luego puede intervenir en los casos apropiados para lograr el litigio y la recuperación contra el demandado.

Si bien estoy personalmente recusado en este asunto, las recuperaciones importantes del Departamento en este año calendario incluyen el acuerdo conciliatorio histórico con Pfizer y su subsidiaria, el cual resultó en la aceptación por parte de Pfizer de pagar 2.3 miles de millones de dólares, el mayor acuerdo conciliatorio por fraude asociado a la salud en la historia del Departamento de Justicia. Pfizer pagó 1.195 mil millones de dólares en multas penales, renunciando a 105 millones de dólares, y pagó mil millones de dólares en resolución de reclamos civiles de que la empresa promovió ilegalmente cuatro fármacos y causó la presentación de reclamos falsos a programas de salud gubernamentales por indicaciones de los fármacos que no estaban cubiertos. El acuerdo conciliatorio civil también resolvió reclamos de que Pfizer pagó comisiones ilícitas a proveedores de atención médica para inducirlos a prescribir estos y otros medicamentos.

El Departamento recientemente completó acuerdos conciliatorios civiles importantes contra empresas farmacéuticas bajo la Ley de Reclamos Falsos. Por ejemplo, en enero de 2009, Eli Lilly se declaró culpable de comercialización ilegal de uno de sus fármacos para usos no aprobados, y pagó 1.415 mil millones de dólares, incluidos 800 millones en daños y perjuicios civiles recuperados bajo la Ley de Reclamos Falsos y de leyes estatales, además de una multa penal de 515 millones de dólares y 100 millones en activos confiscados. Y en octubre, Mylan Pharmaceuticals, Inc. pagó 118 millones de dólares en resolución de alegatos de que vendió fármacos innovadores fabricados por otras empresas y que clasificó a dichos fármacos como fármacos no innovadores para fines de descuentos de Medicaid.

Desde la enmienda significativa de la Ley de Reclamos Falsos en 1986 y hasta el año fiscal 2008, hemos recuperado más de 14.3 miles de millones de dólares de fraudes cometidos contra programas de salud federales, principalmente Medicare. Apenas durante el año fiscal 2008, la labor enérgica del Departamento de Justicia para combatir el fraude de salud fue responsable por 1.2 mil millones de dólares en acuerdos conciliatorios y juicios civiles. Durante el mismo periodo, el Departamento abrió 849 nuevos casos civiles de fraude de salud y entabló demandas o intervino en 226 casos civiles de fraude de salud. Asimismo, durante dicho periodo, fiscales federales presentaron cargos penales en 503 casos de fraude de salud asociados a cargos contra 797 demandados y obtuvieron 588 condenas por delitos de fraude de salud. Además, abrieron 957 nuevas investigaciones penales de fraude de salud asociadas a 1641 demandados. Nuestras recuperaciones monetarias en el año fiscal 2009 ya han superado las del año anterior. Acabamos de anunciar que obtuvimos más de 2.4 miles de millones de dólares en acuerdos conciliatorios y enjuiciamientos asociados a la Ley de Reclamos Falsos, y que más de 1.6 mil millones de dicha suma fue en casos de fraude de salud.

Seguimos combatiendo enérgicamente el fraude de salud a través de los medios penales y civiles a nuestra disposición. Los estafadores potenciales deben estar concientes de que el HEAT atacará.

 

 

Justicia tribal y seguridad pública para las comunidades tribales

 

Otra alta prioridad para el Departamento de Justicia es mejorar la seguridad pública y la coacción legal en las comunidades tribales. Por ley y debido a su relación de gobierno a gobierno con las tribus, los Estados Unidos tienen el deber legal y la obligación moral de ocuparse de la delincuencia violenta en territorios indígenas y ayudar a las tribus en su labor para lograr comunidades tribales seguras. El Departamento toma esta obligación muy en serio y está trabajando activamente con las tribus y las dependencias federales en mejorar todos los aspectos de la coacción legal en territorios indígenas.

El mes pasado, el Secretario de Justicia Adjunto, el Vicesecretario de Justicia y yo nos reunimos con líderes tribales de todos los Estados Unidos para discutir los problemas de seguridad pública más urgentes que enfrentan los indígenas estadounidenses y los indígenas de Alaska, y para escuchar sus opiniones sobre las estrategias más eficaces para lograr la seguridad en las comunidades tribales. El 30 de octubre, el Departamento también realizó la consulta oficial requerida bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, para obtener información específicamente sobre el problema de la violencia contra mujeres indígenas estadounidenses.

Trágicamente, en muchas partes de los territorios indígenas, la situación es extrema. La delincuencia violenta ha alcanzado proporciones de crisis en muchas reservas y está teniendo efectos negativos devastadores en las vidas cotidianas de los indígenas estadounidenses. Con base en datos informados por tribus al Buró de Asuntos Indígenas, hemos visto crecer los índices de delitos violentos en algunas partes de los territorios indígenas que son dos, cuatro y, a veces, más de diez veces la media nacional. Cuando me reuní con los líderes tribales, dejaron muy claro que también están enfrentando problemas graves de violencia contra niños, mujeres y ancianos, y que desean y necesitan la ayuda del gobierno federal para lograr el enjuiciamiento de los delincuentes.

El Departamento tiene un deber legal y moral singular de responder a la crisis de seguridad pública en las comunidades tribales. Bajo la ley actual, el Departamento tiene la responsabilidad de enjuiciar los delitos mayores, incluidos los violentos, en la mayoría de los territorios indígenas. En muchos casos, solo el Departamento puede lograr una sentencia adecuada para ciertos delitos graves cometidos en territorios indígenas. Si dejamos de actuar, no se hace justicia. Tomo en serio el deber del Departamento en esta área, y pretendo asegurar que el Departamento haga todo lo posible para hacer valer la ley donde tengamos jurisdicción. Debido a que el gobierno federal tiene la obligación legal de consultar a las naciones tribales antes de tomar decisiones importantes que afecten sus intereses, el Departamento formará un Consejo de Liderazgo de Naciones Tribales, compuesto por autoridades electas de naciones tribales para que asesoren sobre asuntos críticos para los indígenas estadounidenses y los indígenas de Alaska.

Para cumplir las responsabilidades básicas gubernamentales del departamento en esta área, hemos lanzado una iniciativa integral asociada a la seguridad pública en comunidades tribales, con dos objetivos principales. El primero es encontrar soluciones inmediatas para reducir los índices de delincuencia, incluidos el homicidio, las drogas y la violencia contra mujeres y niños, y para establecer políticas que ayuden a las comunidades tribales a mejorar su situación. El otro es desarrollar respuestas de largo plazo a los problemas que enfrentan las comunidades tribales. También estamos reevaluando nuestros subsidios a los tribunales tribales y a iniciativas de justicia tribal para asegurar hacer todo lo que podamos para responder al desafío. Hemos pedido la ayuda de otras dependencias federales - incluidos los Departamentos del Interior y Salud y Servicios Humanos, entre otros - para intentar desarrollar un enfoque unificado e integral a los desafíos de seguridad pública en territorios indígenas.

Si bien ya hemos comenzado a actuar en mejorar la eficacia del Departamento en cumplir con nuestras responsabilidades hacia los indígenas estadounidenses, debe hacerse mucho más. Estamos trabajando para asegurar que estas deliberaciones con las tribus provean los cimientos para un cambio duradero en esta área.

 

 

Ley de Recuperación

 

La Ley Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos [American Recovery and Reinvestment Act ("ARRA")] de 2009 incluyó 4 mil millones de dólares en subsidios del Departamento de Justicia para optimizar la labor de las fuerzas del orden público estatales, locales y tribales, incluida la contratación de nuevos agentes de la policía, la lucha contra la violencia contra las mujeres, y para combatir los delitos en Internet cometidos contra los niños. La crisis económica ha afectado a nuestros asociados estatales, locales y de justicia tribal con especial fuerza. La seguridad pública fue un tema esencial en las decisiones del Departamento sobre el uso del dinero que nos fue proporcionado por la ARRA. A partir de fines del año fiscal 2009, el 30 de septiembre, nuestra Oficina de Programas Judiciales [Office of Justice Programs ("OJP")] entregó 3,883 subsidios de la ARRA por un total de 2.74 miles de millones de dólares a dependencias de justicia penal estatales, locales y tribales. Estos fondos son además de nuestros 4,346 subsidios del año fiscal por un total de casi 2.2 miles de millones.

La OJP concentró sus iniciativas de financiación en el apoyo a programas innovadores basados en pruebas, que ayudan a las comunidades con una amplio espectro de iniciativas para la prevención de la delincuencia, su enjuiciamiento y labor asociada a la reincorporación a la sociedad. Algunos de estos programas han tratado específicamente de las necesidades de las comunidades particularmente afectadas por la crisis económica. Por ejemplo, el Buró de Asistencia Judicial [Bureau of Justice Assistance ("BJA")] de la OJP utilizó fondos de la ARRA para proveer más de 123 millones de dólares a agencias de las fuerzas del orden público rurales para ayudarlas a prevenir y combatir la delincuencia, especialmente los delitos asociados a narcóticos, los cuales tienen un efecto devastador en estas comunidades pequeñas.

El Departamento reconoce que las agencias estatales y locales necesitan flexibilidad para evaluar sus propias necesidades de justicia penal y la capacidad de concentrar su financiación según esas necesidades. El BJA administra el Programa de Subsidios de Asistencia Judicial en Memoria de Edward Byrne [Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program ("JAG")], el cual provee subsidios en bloque de fórmula a estados y localidades. En el año fiscal 2009, el BJA otorgó más de 480 millones de dólares en subsidios del JAG. Además de la financiación de JAG regular del año fiscal, el BJA también administró financiación de JAG de la Ley de Recuperación en 2009, otorgando más de 1.9 miles de millones de dólares en fondos de JAG de Recuperación.

Además, el Departamento se compromete a asegurar que todos los fondos otorgados bajo la Ley de Recuperación sean protegidos contra el fraude. Haremos valer enérgicamente la Ley de Reclamos Falsos y otras leyes federales para asegurar que recuperemos dólares vitales que sean obtenidos fraudulentamente y que los responsables por robar fondos de recuperación del gobierno paguen por sus actos. El Departamento trabajó en relación estrecha con este Comité en la Ley de Coacción y Recuperación contra el Fraude para realizar la enmienda de la principal ley de fraude, la 18 U.S.C. § 1031, de modo que incluyera el fraude asociado a fondos puestos a disposición bajo la Ley de Recuperación y el Programa de Asistencia de Activos en Dificultades [Troubled Assets Relief Program]. Esta enmienda importante asegurará que fiscales federales tengan jurisdicción para utilizar una ley potente contra el fraude para proteger la asistencia gubernamental proporcionada durante esta más reciente crisis económica. El Departamento está brindando capacitación a la comunidad de IG sobre las nuevas enmiendas y su papel en el fortalecimiento de la capacidad del gobierno de combatir el fraude asociado a la Ley de Recuperación,y está trabajando con la Junta de Responsabilidad y Transparencia de Recuperación para asegurar que los asuntos sean remitidos al Departamento en tiempo hábil. Asimismo, la División Antimonopolios lanzó una Iniciativa de Recuperación Económica con la finalidad de capacitar a funcionarios público en la prevención, detección y denuncia de ganancias ilícitas obtenidas de la asistencia federal. Nos aseguramos que esta iniciativa estuviera en pleno funcionamiento apenas un mes después de la promulgación de la Ley de Recuperación, para que el público recibiera el beneficio máximo de estas iniciativas de prevención y detección de fraude antes de que se otorgaran los fondos de estímulo. El Departamento está en posición singular para brindar dicha capacitación debido a sus conocimientos en la investigación y el enjuiciamiento de ardides de fraude de compras. Pretendemos utilizar todos los recursos y conocimientos del Departamento, junto con nuestras agencias asociadas y autoridades reguladoras de todo el Poder Ejecutivo, para asegurar que los fondos de los contribuyentes estén protegidos contra el fraude y el abuso y que el esfuerzo de recuperación se realice de manera abierta, competitiva y no discriminatoria.

 

 

Delitos económicos

 

Los delitos económicos representan una amenaza continua a la vitalidad de nuestra economía. Los fraudes financieros, empresariales e hipotecarios son problemas significativos y una principal concentración del Departamento de Justicia. Por ejemplo, la integridad de nuestros mercados de capital depende de la capacidad de inversores de recibir, y confiar en, informaciones financieras precisas. Similarmente, abusos asociados a ardides de fraude financiero, tales como los fraudes hipotecarios o titularización, ardides de rescate de ejecuciones hipotecarias, ardides hipotecarios invertidos y ardides de quiebras, han afectado la salud de nuestros mercados de vivienda. Además, 15 Fiscalías Federales ya han informado que han abierto casos asociados a entidades que recibieron fondos de recuperación económica. Fondos vitales asignados a nuestras fuerzas armadas en el exterior están siendo desviados.

El Departamento tiene un récord impresionante de éxitos en la identificación, investigación y el enjuiciamiento de delitos económicos, incluidos ardides masivos de fraude financiero y empresarial. Por ejemplo, el 17 de octubre, el gerente del fondo de cobertura Galleon Group multimillonario fue arrestado por cargos de uso indebido de información privilegiada junto con cinco otros, incluido un ejecutivo de IBM, en lo que se describió como el mayor ardid de uso indebido de información privilegiada en fondo de cobertura ya acusado por el Departamento. También hemos tenido éxito similar en la lucha contra el fraude hipotecario. Por ejemplo, el 22 de abril de 2009, un gran jurado federal acusó formalmente a cuatro demandados de su participación en un ardid de fraude hipotecario masivo que prometía pagar las hipotecas de propietarios sobre sus "viviendas soñadas", dejándolos a la deriva. El ardid incluyó a más de 1,000 inversores que invirtieron aproximadamente 70 millones de dólares.

Recientemente, reuní al Secretario del Tesoro Geithner, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Donovan, el Presidente de la Comisión Federal de Comercio Leibowitz y un grupo de secretarios de justicia estatales para anunciar la creación de cuatro grupos de trabajo estatales/federales contra el fraude hipotecario que se concentrarán en la información compartida, la coacción penal, la coacción civil y en hacer valer los derechos civiles en la lucha contra el fraude hipotecario, incluidos ardides de ejecución y rescate y la discriminación en el otorgamiento de préstamos. Estos grupos de trabajo están presididos por un Secretario de Justicia Estatal y un Secretario de Justicia Auxiliar del Departamento de Justicia e incluyen a participantes de alto nivel del Tesoro, Viviendas y Desarrollo Urbano [Housing and Urban Development (HUD)], la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)], el FBI y autoridades bancarias estatales.

El Departamento de Justicia también ha establecido un enfoque coordinado y unificado para combatir el fraude de compras, incluidos los fraudes asociados a las guerras en Irak y Afganistán y la labor de reconstrucción en dichos países. El Departamento ha dedicado una gama de recursos y conocimientos a esta importante misión. La División Antimonopolios, la División de lo Civil y numerosas

Fiscalías Federales han dedicado significativos recursos y coordinado su labor con la Sección de Fraude de la División de lo Penal, la Sección de Integridad Pública, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero.

El Departamento está trabajando en relación estrecha con y a través de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción en Contratos Internacionales [International Contract Corruption Task Force ("ICCTF")], diversos inspectores generales y otros asociados de las fuerzas del orden público en la investigación y enjuiciamiento del fraude de compras asociada a las guerras en Irak y Afganistán, y la reconstrucción de esos países. Establecida en octubre de 2006, la ICCTF es una fuerza de tarea conjunta de agencias que distribuye activos penales de investigación e inteligencia para detectar e investigar la corrupción y el fraude contractual resultante principalmente de guerras y la labor de reconstrucción en Irak y Afganistán (también conocido como "fraude contractual asociado a guerras"). Esta fuerza de tarea está liderada por una junta de gobernadores compuesta por representantes mayores de agencias que se ocupan de todos los casos importantes de fraude contractual asociado a guerras para defender los intereses de los Estados Unidos en el exterior.

Los casos de fraude de compras, especialmente los asociados a las guerras en Irak y Afganistán, suelen ser muy complejos y requieren muchos recursos. Los casos suelen incluir conducción extraterritorial así como doméstica, y requieren coordinación entre las agencias de las fuerzas del orden público correspondientes. A fin de mejorar la coordinación y la información compartida, la ICCTF ha establecido un Centro Operaciones Conjuntas [Joint Operations Center (JOC)] con sede en Washington, D.C. El JOC sirve de centro principal para recolectar y compartir inteligencia sobre casos de fraude contractual asociado a guerras. El Centro de Operaciones Conjuntas coordina la recolección de inteligencia y provee apoyo analítico y logístico para dependencias de la ICCTF. Como resultado de esta concentración de esfuerzos, el Departamento ha aumentado significativamente el número de enjuiciamientos asociados al fraude contractual asociado a guerras.

Actualmente, el FBI cuenta con agentes especiales destacados en Irak, Afganistán y Kuwait para proveer apoyo de tiempo integral a la Iniciativa Internacional de Corrupción Contractual, la cual se ocupa de casos de fraude y corrupción importantes en las guerras y en la labor de reconstrucción de Irak y Afganistán. Estos destacamentos son realizados en ciclos rotativos de 120 días y agentes especiales trabajan en conjunto con el Servicio de Investigaciones Penales de Defensa, la Unidad de Fraude Mayor de Compras del Comando de Investigaciones Penales del Ejército, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak y la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU., los cuales también han destacado agentes para tratar de este problema delictivo.

Hasta la fecha, el Departamento ha presentado cargos penales contra más de 100 demandados (incluidos principalmente individuos y algunas empresas) por fraude contractual asociado a guerras, además de demandas civiles entabladas o con acuerdo conciliatorio contra una serie de contratistas. Esta cifra representa más del triple de casos penales similares iniciados hasta junio de 2007.

Debemos hacer más y estamos haciendo más. Recientemente, anunciamos una labor intensificada para combatir el fraude financiero y empresarial. Nuestra nueva Fuerza de Tarea de Coacción contra el Fraude Financiero se ocupará de todos los aspectos del delito financiero, incluido el tipo de fraude hipotecario que fue un importante catalizador de la crisis reciente en el mercado financiero mundial.

 

 

Protección de los consumidores y un mercado competitivo

 

La coacción antimonopolios enérgica es crítica para proteger a los consumidores de los Estados Unidos y asegurar las condiciones para un mercado competitivo. Estamos cumpliendo con nuestros planes de enfatizar la coacción enérgica asociada a las leyes antimonopolios.

Nos comprometemos a combatir las fusiones que perjudiquen a consumidores y empresas. Desde el comienzo del año, se reestructuraron cuatro transacciones o las mismas fueron abandonadas por las partes en respuesta a una investigación de la División Antimonopolios, y la División obtuvo desinversiones y otros recursos en dos acciones de coacción adicionales. Además, el Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio, anunció el 22 de septiembre de 2009, que pedirá comentarios públicos y realizará talleres públicos conjuntos para explorar la posibilidad de actualizar las Directrices de Fusión Horizontal utilizadas por ambas agencias para evaluar los efectos competitivos potenciales de fusiones y adquisiciones. Directrices que ofrezcan más claridad y reflejen mejor la práctica de la agencia brindan una mayor transparencia y dan a las empresas más seguridad al tomar decisiones sobre fusiones, resultando en un mercado más competitivo que beneficie a los consumidores.

Como parte de la labor cooperativa del Departamento con otras dependencias, anunciamos en agosto una asociación con el Departamento de Agricultura para realizar una serie de talleres conjuntos en todo el país, en estados con industrias agrícolas importantes, para examinar el estado de la competencia en los mercados agrícolas. La División Antimonopolios está pidiendo activamente de granjeros, agricultores, economistas, abogados y grupos de consumidores y procesadores sus opiniones e información sobre sus experiencias. Estos talleres le brindarán al Departamento la oportunidad de aprender en forma directa sobre estos temas, tales como los efectos sobre la competencia de la concentración en sectores relevantes, inquietudes sobre el poder de compra, y el impacto económico de la integración vertical.

 

 

Protección del medio ambiente

 

El Departamento sigue haciendo valer enérgicamente las leyes ambientales a través de su División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual celebró el 100° aniversario el 16 de noviembre de su fundación como División de Tierras Públicas. Nuestras prioridades de coacción incluyen la reducción de emisiones nocivas de centrales eléctricas a carbón, la limpieza de sitios ambientales y la prevención de la contaminación del agua, especialmente en la forma de escurrimiento de aguas de tormenta. Durante este gobierno, hemos presentado demandas o logrado acuerdos conciliatorios importantes en las tres áreas.

El Departamento también continúa con sus otras iniciativas para proteger al medio ambiente. Por ejemplo, la División de Medio Ambiente ha tenido participación en la quiebra en curso de una gran empresa minera, Asarco, a fin de asegurar que más de 1.6 mil millones de dólares estén disponibles para la limpieza de los sitios contaminados que la empresa está dejando atrás. El Departamento también realizó un acuerdo sin precedentes para la limpieza del sitio nuclear de Hanford, un asunto en el cual tanto el Secretario de Energía Chu como yo participamos en forma personal. Y, hemos enjuiciado penalmente a una serie de empresas y personas que han vertido intencionalmente contaminantes de barcos que se dirigían a puertos estadounidenses.

La División de Medio Ambiente también está trabajando con la Agencia de Protección Ambiental para lograr que se limpien cuerpos fluviales importantes en los Estados Unidos, incluidos el Río Fox (Wisconsin), el Río Kalamazoo (Michigan) y el Río Hudson (Nueva York). Asimismo, hemos defendido enérgicamente a acciones importantes de agencias federales contra una variedad de disputas legales, incluida la defensa de las actividades multifacéticas del Ejército de EE.UU. para la eliminación de armas químicas y la defensa de la inclusión del oso polar en la lista de especies en peligro de extinción por el Departamento del Interior, bajo la Ley de Especies en Extinción.

 

 

Nombramientos

 

El Departamento valora el trabajo del Comité y del Senado en confirmar a los nombrados presentados por el Presidente para cargos en el Departamento y en el Poder Judicial Federal. A estas alturas en el primer año del gobierno del Presidente Bush, el Senado había confirmado a 12 de sus nombrados judiciales para el tribunal bajo; al 16 de noviembre de 2009, el Senado ha aprobado solo seis, mientras que ocho permanecen en el Calendario Ejecutivo, esperando aun la confirmación del Senado entero. Similarmente, al 16 de noviembre de 2009, tres de los once Secretarios de Justicia Auxiliares aun aguardan confirmación. Espero que el Comité siga aprobando estos nombramientos, y es imperativo que el Senado completo actúe en tal sentido con la mayor agilidad posible.

 

 

Conclusión

 

Presidente Leahy, Miembro Sessions y Miembros del Comité, quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar sobre mis prioridades para el Departamento. Tendré gusto en responder a cualquier pregunta que puedan tener.