Memphis, Tenn. - Ageless Salud de los Hombres, LLC (AMH) pagarà $1.6 millones al gobierno para resolver las acusaciones en la que se le facturó al Medicare y Tricare por servicios de evaluación y manejo (consultas) médicas innecesarias mientras administraba inyecciones de testosterona. AMH tiene aproximadamente 30 localidades en todo Estados Unidos donde opera clínicas con testosterona.

Bajo la ley federal, Medicare y Tricare se le reembolsa a los proveedores médicos sólo por los procedimientos que son médicamente necesarios. Los Estados Unidos sostiene que desde 2009 hasta el 2013, AMH facturó por visitas innecesarias al consultorio médico cada vez que se administraba una inyección de testosterona.

Las denuncias se resolvieron mediante el acuerdo donde se plantearon hoy por primera vez en una demanda presentada en contra del acusado en virtud de qui tam, o del denunciante, de la Ley de Reclamos Falsos. La ley permite a los ciudadanos privados con conocimiento de fraude a interponer una demanda civil en nombre del gobierno y contribuir en cualquier recuperación.

Ademàs del pago de $1.6 millones, AMH entró en un acuerdo de integridad corporativa con el Departamento de la Oficina del Inspector General de Servicios Humanos y de Salud destinado a impedir la conducta ilegal en el futuro. El acuerdo requiere mejorar la rendición de cuentas y monitoreo de actividades para ser llevadas a cabo por revisores internos y externos independientes.

"Este acuerdo demuestra nuestro compromiso de asegurar que los fondos de Medicare y Tricare no sean desviados por las empresas tomando màs en consideración las ganancias que la atención legítima del paciente", declaró el Fiscal Federal Stanton. "Junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, vamos a seguir para hacer de la Ley de Reclamos Falsos una prioridad."

El caso se subtitula Estados Unidos ex rel Booth y Scallorn vs. Ageless Salud de los Hombres, LLC, Caso No. 13-CV-02490-SHL (W.D. Tenn.) Las reclamaciones resueltas por este acuerdo son sólo imputaciones, y no ha habido ninguna determinación del cargo.

Esta investigación fue realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Inspector General, la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Defensa Servicio de Investigación Criminal de los Estados Unidos. Este caso fue procesado por el gobierno por los Fiscales Federales Auxiliares Stuart Canale y William Siler.