Cinco acusados ​​adicionales acusados ​​de conspiración de tráfico de armas de fuego que involucra más de 500 armas de fuego enviadas desde Georgia a California y vendidas en el mercado negro de California

SACRAMENTO, Calif. — Un gran jurado federal emitió una acusación formal de 12 cargos el jueves, agregando a Andre Warren Jr., de 24 años, de Sacramento; Jjuan Brown, 32, de San Francisco; Kenyatta Alexander, de 37 años, de Sacramento; Jarren Meek, 24, de Stockton; y Keino Brue, de 28 años, de Georgia, como acusados, y acusándolos de conspiración para traficar ilegalmente con armas de fuego sin licencia y traficar ilegalmente con armas de fuego sin licencia, anunció el fiscal federal Phillip A. Talbert. Alexander también está acusado de tres cargos de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.

Según documentos judiciales, el 24 de marzo de 2022, Jerrell Lawson, de 32 años, de Sacramento; Aisha Hoggatt, 30, de Sacramento; Terrence Phillips, 40, de Union City; James Gordley, 33, de Modesto; y Malek Williams, de 29 años, de Georgia, fueron acusados ​​de un esquema de tráfico de armas de fuego en el que las armas de fuego se adquirieron en Georgia y se enviaron a California para venderlas en el mercado negro.

Entre noviembre de 2019 y octubre de 2021, Lawson y sus cómplices trajeron más de 500 armas de fuego de Georgia a California y enviaron más de $300,000 en transferencias de dinero para comprar esas armas de fuego. Lawson negociaba transacciones de armas de fuego en Georgia a través de Internet, y Williams, un residente de Georgia con licencia para portar un arma de fuego oculta, recogía las armas de fuego en persona y las enviaba por correo a varios lugares de California siguiendo las instrucciones de Lawson. Algunas de las armas de fuego fueron para personas que tienen prohibido poseer armas de fuego debido a condenas por delitos graves anteriores. Hoggatt trabajó con Lawson para coordinar la compra, el envío y la distribución de las armas de fuego. Phillips y Gordley también distribuyeron las armas de fuego en California.

Investigaciones adicionales han revelado que Warren Jr., Alexander, Brown y Meek son miembros de la organización de tráfico de armas de fuego de Lawson y subdistribuidores de armas de fuego. Bruce también realizó transacciones de armas de fuego mano a mano y recibió más de $23,000 en transferencias de dinero para comprar armas de fuego para la organización de tráfico de armas de Lawson. Warren Jr., Alexander, Brown y Meek hablaron sobre la adquisición y venta de armas de fuego y dispositivos de conversión de ametralladoras con Lawson. En una ocasión, Brown le indicó a Lawson que las personas en Oakland a las que Brown les estaba suministrando armas de fuego eran “aterradoras”. Lawson, Phillips, Gordley, Warren Jr. y Alexander tienen prohibido poseer armas de fuego porque cada uno tiene una o más condenas por delitos graves.

La investigación comenzó cuando un arma de fuego utilizada en un tiroteo en Sacramento fue rastreada hasta la última venta conocida por un distribuidor con licencia federal en Georgia. Una venta posterior del arma de fuego condujo a la organización de tráfico de armas de fuego de Lawson. Lawson y sus co-conspiradores usaron lenguaje codificado para traficar armas de fuego y movieron dinero usando una variedad de instituciones financieras. Durante la investigación, se encontraron paquetes interceptados destinados a Lawson y otros co-conspiradores que contenían armas de fuego, municiones, cuchillos y manoplas, entre otras cosas.

Este caso es producto de una investigación realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y la Iniciativa de la Fuerza de Ataque contra el Tráfico de Armas de Fuego Interjurisdiccional de la Región de Sacramento/Área de la Bahía de San Francisco. El fiscal federal adjunto Alexis Klein está procesando el caso.

La Fuerza de Ataque contra el Tráfico de Armas de Fuego Interjurisdiccional de la Región de Sacramento/Área de la Bahía de San Francisco es una de las cinco fuerzas de ataque interjurisdiccionales lanzadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. en julio de 2021 para interrumpir el tráfico ilegal de armas de fuego en regiones clave de todo el país. Cada fuerza de choque está dirigida por abogados estadounidenses designados, que colaboran con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y con socios policiales estatales y locales dentro de su propia jurisdicción, así como socios policiales en áreas donde se trafica ilegalmente. se originan las armas. Las fuerzas de ataque utilizan los últimos datos, pruebas e inteligencia de las escenas del crimen para identificar patrones, pistas y posibles sospechosos en delitos violentos con armas de fuego, y son una parte importante de la Estrategia Integral de Reducción de Delitos Violentos del Departamento.

Williams se declaró culpable de tráfico ilegal de armas de fuego sin licencia y está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito Dale A. Drozd el 31 de enero de 2023. Williams enfrenta una pena máxima legal de cinco años de prisión por tráfico ilegal de armas de fuego. Los cargos están pendientes contra los restantes acusados. Los cargos en su contra son solo alegatos; se presumen inocentes hasta ya menos que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.

Este esfuerzo es parte de una operación de las Fuerzas de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en www.justice.gov/OCDETF.

Este caso es parte del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN), un programa que reúne a todos los niveles de las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven para reducir los delitos violentos y la violencia armada, y hacer que nuestros vecindarios sean más seguros para todos. El 26 de mayo de 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó una estrategia de reducción de delitos violentos que fortalece a PSN con base en estos principios básicos: fomentar la confianza y la legitimidad en nuestras comunidades, apoyar a las organizaciones comunitarias que ayudan a prevenir que ocurra la violencia en primer lugar, establecer prioridades de aplicación enfocadas y estratégicas, y la medición de los resultados.